Actualidad normativa, análisis jurisprudencial y herramientas de automatización para el Graduado Social.
El RD 847/2026 sustituye al RD 396/2006: baja el valor límite a 0,01 fibras/cm³, prioriza la retirada del amianto, obliga a identificarlo antes de demoler, mantener o rehabilitar y exige renovar la inscripción en el RERA en seis meses.
El Real Decreto 855/2026 sustituye al Estatuto del Estudiante de 2010. Su artículo 21 fija el contenido del proyecto formativo, la doble tutoría con tres reuniones, la prohibición de cubrir puestos de trabajo con becarios y la inclusión en la Seguridad Social. Qué debe revisar la empresa.
El RDL 31/2026 crea la IT especial por menopausia y por violencia de género, cambia desde diciembre el mes que se toma para la base reguladora de la IT, amplía la CUME y facilita la viudedad de las parejas de hecho con hijos. Fechas de efectos y qué revisar en el despacho.
Actualizado el 21 de octubre: guía práctica para antes, durante y después del día 11. Quién puede secundarla, qué puede hacer la empresa, servicios mínimos, descuento en nómina con ejemplo, Seguridad Social, quien quiere trabajar y no puede llegar, piquetes y lista de comprobación.
La Ley 4/2026 permite prolongar la reducción de jornada del art. 37.6 ET en casos de gran discapacidad, impide denegar la CUME solo porque el menor vaya al colegio y exige certificado de antecedentes a quien trabaje en cuidados. En vigor el 23 de octubre.
El SEPE ya tiene el modelo oficial para informar de los elementos esenciales del contrato: algoritmos, retribución variable, fijos discontinuos, periodo de prueba, igualdad, convenio y extinción. Qué contiene, qué admite remisión y cómo entregarlo.
Desde el 1 de enero de 2027 el Mecanismo de Equidad Intergeneracional sube al 1,00%: el trabajador pasa a aportar el 0,17% y la empresa el 0,83%. Qué es, por qué no genera pensión y cuánto supone de verdad en el neto de cada nómina.
La Proposición de Ley que suprimía los coeficientes reductores con 40 años cotizados caducó el 6 de octubre con la disolución de las Cortes. Qué dice hoy la norma, qué proponía el texto y qué haría falta para retomarla.
El BOE publica el Real Decreto 723/2026, que culmina la transposición de la Directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles: desaparece el plazo de dos meses para informar del puesto, se exige un detalle inédito en los contratos y entra en vigor el 5 de octubre de 2026.
El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que transpone la Directiva (UE) 2019/1152 y sustituye al RD 1659/1998: desaparece el plazo de dos meses para informar por escrito de las condiciones esenciales del contrato, se amplía el catálogo de información obligatoria y se garantiza el acceso a los criterios algorítmicos que afectan al empleo.
El BOE del 4 de septiembre publica la modificación del VI Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030: exige por primera vez dar audiencia previa al trabajador antes de un despido disciplinario, y fija un marco disciplinario específico para el uso de redes sociales.
Trabajo prepara un Real Decreto que obligará a que los contratos detallen la duración concreta del periodo de prueba y qué capacidades o elementos del desempeño están sujetos a examen. La falta de concreción abrirá la puerta a que el cese durante los primeros meses de la relación laboral se impugne judicialmente por ausencia de causa objetiva.
Desde el 1 de septiembre está abierto el plazo, hasta el 30 de septiembre, para que los pensionistas del INSS o el ISM residentes fuera de España acrediten su fe de vida por segunda vez este año —marzo y septiembre—, algo que nunca había ocurrido hasta ahora. A partir de 2027 el trámite pasará a ser tres veces al año.
El BOE publica el Real Decreto 707/2026, que aprueba el Reglamento de accesibilidad cognitiva y proyecta sobre la empresa, a través de su artículo 14, obligaciones tasadas de formación, PRL, selección, herramientas digitales y comunicación interna para las personas trabajadoras con discapacidad intelectual igual o superior al 33%. Entra en vigor el 2 de enero de 2027.
El Consejo de Ministros del 1 de septiembre ha aprobado un paquete de medidas urgentes para oxigenar el tejido productivo de Ceuta: bonificación del 75% en las cuotas empresariales, ERTE por fuerza mayor con exoneración total de cotizaciones hasta el 31 de diciembre y protección reforzada por desempleo.
La campaña #NoAlSecuestroDeMiVida de la firma BK Legal ha puesto sobre la mesa el debate de la jornada partida. Analizamos por qué una prohibición legal de un día para otro chocaría con la libertad de empresa, y por qué la verdadera solución pasa por la negociación colectiva y la organización inteligente de turnos.
Desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notifica exclusivamente por vía electrónica los procedimientos de Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente y lesiones permanentes no incapacitantes. El trabajador dispone de solo 10 días naturales para acceder a la notificación en la Sede Electrónica antes de que se entienda rechazada y el expediente siga su curso.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y el despliegue de los Tribunales de Instancia han generado fricciones severas en las fases piloto. El CGPJ publica una Guía de Buenas Prácticas que incorpora, con carácter de obligado cumplimiento para las gerencias territoriales, las reivindicaciones trasladadas por el Consejo General de Graduados Sociales de España: ventanillas especializadas, canales telemáticos preferentes y acceso íntegro a los expedientes.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pone en marcha el Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, un sistema que cruza en tiempo real los datos de absentismo, reincidencia por patología y sectores con desviaciones anómalas. Qué cambia para el compliance laboral y por qué el rigor documental del Graduado Social se vuelve decisivo.
El Instituto de las Mujeres y la ITSS firman un convenio de cuatro años para coordinar la vigilancia de la igualdad retributiva y de género en las empresas, con foco en los sectores más feminizados, datos desagregados por sexo y un canal de denuncia más ágil entre ambos organismos.
El BOE publica la Ley 2/2026, de 29 de julio, que articula la pasarela desde las mutualidades alternativas al RETA. La norma cierra una brecha histórica, pero traduce el problema en un desafío técnico mayúsculo: convertir décadas de capitalización privada en bases de cotización y periodos de alta del sistema público.
El Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica como «sistema de alto riesgo» cualquier herramienta que se use en el empleo, la gestión de trabajadores y el acceso al mercado laboral. Analizamos qué exige esto a las empresas y por qué convierte al Graduado Social en auditor de la tecnología laboral.
El 30 de julio se abrió la consulta pública previa al anteproyecto de ley que transpondrá la Directiva europea de trabajo en plataformas. El error más común es pensar que solo afecta a Uber, Glovo o Deliveroo: el verdadero epicentro es la gestión algorítmica, y eso alcanza a la inmensa mayoría del tejido empresarial.
El Ministerio de Justicia inicia la tramitación del Real Decreto que regulará Citius, la plataforma llamada a evolucionar y sustituir a LexNET. Analizamos qué implica este anuncio para el día a día de los despachos y cuáles son los verdaderos desafíos de la transición.
Repasamos la guía legal y jurisprudencial que sustenta la calculadora de indemnizaciones del Consejo General del Poder Judicial, actualizada a julio de 2026, con las reglas del Tribunal Supremo sobre salario regulador, prorrateo mensual, doble cómputo y límites máximos por tipo de extinción.
La Orden ISM/541/2026 extiende a las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y lesiones permanentes no incapacitantes la obligación de recibir las notificaciones y comunicaciones del INSS por medios electrónicos, con un régimen transitorio en papel para citaciones, altas y prórrogas.
El BOE publica la modificación del artículo 32.3 del Real Decreto 84/1996, que restituye a seis días naturales el plazo para comunicar bajas y variaciones de datos de los trabajadores en el sistema de la Seguridad Social, tras más de una década con el plazo reducido a tres días desde 2015.
El Consejo de Ministros crea la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema (PEEE), a cargo del SEPE, para garantizar las rentas de los trabajadores cuya actividad o vida personal se vea gravemente alterada por los incendios forestales: hasta 4 meses de prestación, sin período de carencia y sin consumir cotizaciones previas.
Qué ocurre cuando un trabajador no puede acudir a su puesto por un incendio, cortes de carretera o evacuaciones preventivas: fundamento en el permiso retribuido del art. 37.3.g) ET, requisitos probatorios, impacto en nómina y cotización, y su deslinde con la paralización de la actividad por riesgo grave e inminente (art. 21 LPRL).
El plazo de transposición venció el 7 de junio de 2026 y el Ministerio de Trabajo tramita por la vía del real decreto un texto que exigirá a empresas de 50 o más personas trabajadoras un registro retributivo con criterios de progresión salarial neutros. Bruselas podría abrir procedimiento sancionador si el decreto no se aprueba antes de septiembre de 2026.
El Congreso rechazó el 10 de septiembre de 2025 la tramitación del proyecto de ley, por lo que la jornada máxima legal continúa en 40 horas semanales. En paralelo, el Gobierno avanza con el registro horario obligatorio (art. 34.9 ET) mediante real decreto independiente.
El RD 607/2026 deroga el histórico RD 1435/1985 y reconfigura la relación laboral especial de artistas y personal técnico: causalidad estricta en la contratación temporal, jornada que integra preproducción y promoción con prohibición expresa de gratuidad, protección uniforme de menores y desglose obligatorio en nómina de la cesión de derechos.
Fundamento legal exacto de la reducción por pago voluntario y reconocimiento de responsabilidad (LISOS y art. 85 LPACAP), sus requisitos formales, sus efectos jurídicos y cuándo conviene acogerse a ella frente a recurrir.
El Pleno de la Sala de lo Social (STS 578/2026) destierra la figura del indefinido no fijo tras la STJUE Obadal y la sustituye por un sistema de indemnización disuasoria y responsabilidad sancionadora.
Cómo el RD 893/2024 integra a las empleadas de hogar en la LPRL: evaluación de riesgos en Prevencion10.es, EPIs gratuitos, delegación preventiva y la exención del recargo de prestaciones.
La STS 532/2026 codifica cinco requisitos para blindar los finiquitos transaccionales privados y explica por qué un solo párrafo ambiguo puede tumbar todo el pacto.
El anteproyecto que reforma la Ley 31/1995 incorpora riesgos psicosociales, cambio climático y ciberacoso, pero levanta dudas serias sobre su encaje en la micropyme española.
Cómo trata la jurisdicción social española la prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales y la que deriva de ella: del art. 11.1 LOPJ a la doctrina de la conexión de antijuridicidad, con jurisprudencia real del Tribunal Supremo sobre videovigilancia, confesión y prueba derivada.
El nuevo régimen abre la jubilación flexible a los autónomos, amplía los márgenes de jornada y crea incrementos de hasta el 25% para quienes retornan al trabajo por cuenta ajena.
Un informe técnico desmonta el debate del "fraude" frente al "recorte de derechos": el envejecimiento de la plantilla y la saturación sanitaria explican mejor el alza de la IT.
La STS 495/2026 fija los criterios del nuevo recurso de casación tras la LO 1/2025 y cierra la puerta a "contractualizar" beneficios sociales de convenios ya extinguidos.
Un TSJ analiza si correr una maratón durante una baja por ansiedad justifica el despido: la clave está en la compatibilidad de la actividad con la patología, no en la apariencia.
Contraponemos la STS 441/2026 (rigor formal frente a la ITSS) con la STS 271/2025 (flexibilidad de plazos frente al INSS): dos velocidades distintas de la seguridad jurídica.
La STS 444/2026 consolida la presunción de laboralidad en el teletrabajo flexible y traslada a la empresa la carga de probar que la trabajadora ya no estaba en su jornada.
Una caída al levantarse a por un documento, un resbalón preparando café en la pausa, un accidente doméstico desvinculado de la jornada: cómo distinguen los tribunales el accidente laboral del doméstico cuando el «lugar de trabajo» es la propia casa.
¿Hacia una "domiciliarización" perversa del centro de trabajo? Un análisis crítico de los riesgos de blindar naves industriales mixtas frente a la Inspección de Trabajo.
Con el Régimen Especial de Empleados de Hogar ya plenamente equiparado al Régimen General, contratar servicio doméstico exige a las familias el mismo rigor documental y de cotización que cualquier empresa. Desglosamos el coste real mensual: SMI, tipos de cotización bonificados y la nueva regulación del despido.
Sin compensación económica real y adecuada, un pacto de no competencia postcontractual es papel mojado. Repasamos los requisitos del art. 21.2 ET, la doctrina del Tribunal Supremo sobre las cláusulas leoninas, y los límites del pacto de permanencia.
La Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, desarrolla las normas de cotización para el ejercicio: base mínima diaria de 47,48 €, contingencias comunes al 28,30% (23,60% empresa / 4,70% persona trabajadora) y Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,9%.
Al solicitar el reingreso tras una excedencia voluntaria, la respuesta de la empresa determina la vía judicial: acción declarativa de reingreso preferente (plazo de un año) o demanda de despido tácito, con un plazo de caducidad de solo 20 días hábiles.
Escalonar extinciones objetivas para no alcanzar los umbrales del artículo 51.1 ET es una maniobra que la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo desmonta con un cómputo móvil y bidireccional de 90 días. La sanción: nulidad radical.
No todo cambio de horario, turno o funciones es una simple orden de servicio. Cuándo el poder de dirección del artículo 20 ET se agota y entra en juego el procedimiento tasado del artículo 41 ET, con sus causas ETOP y sus plazos de consulta.
El Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, fija el SMI en 40,70 €/día o 1.221 €/mes (17.094 €/año), un 3,1% más que en 2025. Tiene efectos desde el 1 de enero de 2026 y se mantiene exento de retención de IRPF.
Registrar bolsos, mochilas o taquillas sin representante ni testigo deja a la empresa sin prueba. Repasamos el art. 18 ET, el juicio de proporcionalidad y las sentencias del Supremo, la Audiencia Nacional y el TSJ de Aragón.
La cesta de Navidad, una gratificación recurrente o una flexibilidad horaria pueden consolidarse como derecho adquirido exigible en sede judicial. El Tribunal Supremo exige voluntad inequívoca del empresario para apreciar la condición más beneficiosa.
Audios, videovigilancia y capturas de WhatsApp sustentan hoy la mayoría de los despidos disciplinarios. Repasamos dónde traza el Tribunal Constitucional y el TEDH la frontera entre un indicio válido y una prueba nula por vulneración de derechos fundamentales.
La prevalencia entre un convenio de empresa y uno sectorial no depende solo de la materia regulada, sino de un factor previo y determinante: cuál se negoció antes. Analizamos la prioridad temporal absoluta del art. 84.1 ET frente a la prioridad tasada y limitada del art. 84.2 ET, y por qué desde 2021 el convenio de empresa posterior ya no puede fijar salarios por debajo del sectorial.
Cursar una baja voluntaria en el Sistema RED ante una incomparecencia injustificada es uno de los errores procesales más graves del asesoramiento laboral: el Tribunal Supremo exige una voluntad extintiva clara e inequívoca para apreciar dimisión tácita.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los juzgados unipersonales por los nuevos Tribunales de Instancia y obliga a anticipar la conciliación y la prueba documental y pericial antes del juicio. Repasamos su incidencia organizativa, procesal y en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
La Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, fija las fiestas laborales para 2026. El 6 de enero queda incluido por todas las comunidades autónomas, y se añaden hasta 2 fiestas locales adicionales por municipio.
La ITSS refuerza sus campañas sobre modalidades temporales y a tiempo parcial fraudulentas, e intensifica la vigilancia del estrés térmico en agricultura y construcción, en paralelo a la incorporación de 554 nuevos inspectores y subinspectores entre 2025 y 2027.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples se mantiene en 20 €/día, 600 €/mes y 7.200 €/año a efectos generales (8.400 € en cómputo de 14 pagas), por prórroga automática ante la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023.
Cuando la ejecución real de un contrato mercantil revela dependencia y ajenidad, los tribunales atienden a esa realidad y no a la denominación pactada. Repasamos la presunción de laboralidad del art. 8.1 ET, cómo se valoran los indicios, la STS 805/2020 (caso Glovo), la Ley 12/2021 («Ley Rider»), los falsos becarios y las consecuencias en Seguridad Social y en caso de despido.
Repasamos la guía oficial del SEPE sobre incentivos a la contratación: qué diferencia una bonificación de una reducción, el marco consolidado por el RDL 1/2023 y los incentivos sectoriales que siguen vigentes fuera de él.
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El BOE publica el Real Decreto 847/2026, que deroga el RD 396/2006 y entra en vigor el 24 de octubre. Baja el valor límite de exposición a 0,01 fibras/cm³, obliga a identificar el amianto antes de demoler, mantener o rehabilitar locales anteriores a su prohibición, prioriza su retirada, exige ensayos de ajuste de los equipos de protección respiratoria y da seis meses a las empresas inscritas en el RERA para pedir la renovación, o causarán baja. BOE-A-2026-22081 ↗ Leer el artículo completo →
El Real Decreto 846/2026, publicado hoy y en vigor el 24 de octubre, modifica el RD 665/1997 (agentes cancerígenos, mutágenos o reprotóxicos) y el RD 374/2001 (agentes químicos) para incorporar la Directiva (UE) 2024/869. El plomo y sus compuestos inorgánicos pasan al RD 665/1997 como «agente reprotóxico sin umbral», con un valor límite ambiental de 0,03 mg/m³ y un valor límite biológico de 15 μg Pb/100 ml de sangre (30 μg hasta el 31 de diciembre de 2028). Habrá vigilancia de la salud si la exposición supera 0,015 mg/m³ o el plomo en sangre pasa de 9 μg/100 ml, y en las trabajadoras en edad fértil desde 4,5 μg/100 ml. Para los diisocianatos, el límite queda en 6 μg NCO/m³ de exposición diaria y 12 μg de corta duración (10 y 20 μg hasta finales de 2028). Además, la vigilancia de la salud es obligatoria cuando el agente tenga valor límite biológico, la formación debe ser teórica y práctica, y el tiempo de aseo es de hasta diez minutos antes de cada comida y otros diez antes de salir. Para el despacho: avisar a los clientes con exposición a plomo (fundición, reciclaje de baterías, soldadura, demolición de pinturas antiguas) o a diisocianatos (poliuretanos, pinturas, adhesivos) para que su servicio de prevención actualice evaluaciones y protocolos. BOE-A-2026-22080 ↗
El BOE de hoy publica el Real Decreto 855/2026, de 21 de octubre, que aprueba el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario y deroga el de 2010 (RD 1791/2010). Entra en vigor el 23 de octubre. Es una norma universitaria, pero su artículo 21, sobre prácticas académicas externas, afecta a las empresas que acogen estudiantes. Se mantienen las dos modalidades: curriculares, que forman parte del plan de estudios, y extracurriculares, voluntarias pero también formativas y tuteladas. El proyecto formativo tiene que recoger las competencias que se adquirirán, la dedicación en créditos ECTS, los derechos y deberes del estudiante, el centro donde se hacen, las actividades, el calendario, el horario y el sistema de evaluación. Cada estudiante tendrá una persona tutora de la universidad y otra de la entidad colaboradora, que acuerdan el plan formativo, se lo comunican antes de empezar y hacen el seguimiento, con un mínimo de tres reuniones: inicial, intermedia y de valoración final. El art. 21.9 es tajante: las prácticas no pueden sustituir las funciones de ningún puesto de trabajo de la entidad. En cuanto a la Seguridad Social, el art. 21.11 recuerda que las prácticas, en cualquier modalidad, determinan la inclusión en el sistema en los términos de su normativa propia: no crea una obligación de alta nueva, porque la cotización de las prácticas formativas ya está regulada en la LGSS (disp. adic. 52.ª). Tampoco impone una remuneración obligatoria: solo permite que los convenios de cooperación educativa prevean compensar gastos ligados a las prácticas, si lo admite la normativa estatal. Las universidades tienen seis meses para aprobar sus protocolos de actuación (conductas suicidas, acoso sexual y por razón de sexo, y acoso o bullying) y doce meses para adaptar el resto de su normativa. Para el despacho: revisar con los clientes que acogen becarios que el proyecto formativo esté completo, que haya tutor designado y reuniones documentadas, que el alta en la Seguridad Social esté hecha y, sobre todo, que el estudiante no esté cubriendo un puesto de la plantilla: es el primer indicio de una relación laboral encubierta. BOE-A-2026-21955 ↗ Leer el artículo completo →
El BOE de hoy publica la Resolución de 16 de octubre de 2026 que ordena publicar la convalidación del Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. Con las Cortes disueltas por la convocatoria electoral, la ha convalidado la Diputación Permanente del Congreso (art. 86.2 CE). La norma estaba en vigor desde el 1 de octubre: la convalidación no crea obligaciones nuevas, confirma las que ya había. Recordatorio: hasta el 31 de diciembre de 2026, las empresas beneficiarias de sus ayudas directas no pueden despedir por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor cuando deriven de la situación a la que responden esas ayudas; si lo hacen, deben reintegrar la ayuda y el despido es nulo (art. 36). En los fijos discontinuos, esas causas tampoco justifican terminar el periodo de actividad ni dejar de llamar. Y el art. 37 obliga a devolver las ayudas a la beneficiaria que, estando obligada a tener plan de movilidad sostenible al trabajo, no lo tenga. No es una prohibición general: no afecta a cualquier empresa ni a cualquier subvención. Para el despacho: antes de un despido objetivo o colectivo, comprobar qué ayudas directas ha recibido la empresa, si son de este real decreto-ley y si la causa de la extinción guarda relación con la situación protegida. BOE-A-2026-21788 (convalidación) ↗ RDL 25/2026 ↗
La Resolución de 7 de octubre de 2026, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicada en el BOE del 19 de octubre, crea y regula la sede electrónica del INSST, un canal propio y separado de la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social. La resolución surte efectos desde el 20 de octubre, pero la sede no está operativa todavía: dispone de un plazo máximo de seis meses, contados desde ese día, para empezar a funcionar, y los formularios y procedimientos se irán incorporando de forma paulatina. Su puesta en marcha se anunciará en el Punto de Acceso General (PAGe) y en la sede del Ministerio. Estará en sede.insst.gob.es, enlazada desde insst.es, y ofrecerá, entre otros servicios: el catálogo de trámites con el plazo máximo de resolución de cada procedimiento; los modelos normalizados de solicitud y un sistema voluntario de presentación masiva para registrar varias solicitudes a la vez; la comprobación de documentos mediante código seguro de verificación (CSV) y la verificación de sus sellos y certificados electrónicos; la relación de actuaciones administrativas automatizadas, con la descripción de su diseño y funcionamiento; avisos de incidencias técnicas y de las ampliaciones de plazo que se acuerden por ellas; quejas y sugerencias; el directorio de oficinas de asistencia en materia de registros, y el enlace con el PAGe. Para el despacho: hasta que se anuncie su apertura, los trámites con el INSST siguen por los canales actuales; cuando abra, la presentación masiva y la verificación por CSV pueden ahorrar tiempo en la gestión preventiva de los clientes. BOE-A-2026-21668 (PDF) ↗
CC. OO., UGT, CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices y otras organizaciones sindicales registraron el 19 de octubre en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre. Les acompañó el Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado la movilización pero, como asociación, no puede convocar paros laborales. Junto a la vivienda, la convocatoria incluye reivindicaciones salariales: subidas de entre el 4% y el 7% en los convenios y de al menos un 7% del SMI. La CEOE anunció que la impugnaría por considerarla una huelga política, pero el 22 de octubre descartó hacerlo antes de la jornada (no lo excluye después). El registro, 23 días antes, cumple con holgura el preaviso de cinco días, y el de diez en servicios públicos (arts. 3.3 y 4 RDLRT). Para el despacho: impugnarla no la suspende; mientras no haya sentencia, trátela como legal y prepare descuentos y comunicación en RED. Leer la guía actualizada →
El INSS ha publicado el Criterio de gestión 22/2026, de 19 de octubre, sobre la jubilación activa de quien trabaja a la vez en dos regímenes (por ejemplo, RETA y Régimen General). Si cumple los requisitos de la jubilación activa en ambos (art. 214 TRLGSS), puede cobrar las dos pensiones de jubilación activa, cada una en el porcentaje que le corresponda, mientras sigue trabajando; al dejar la actividad recupera las dos íntegras. No cabe, en cambio, una pensión de jubilación activa en un régimen y otra ordinaria en el otro. Si solo se jubila de forma activa en uno y sigue trabajando en el otro, debe cotizar por todas sus actividades como jubilado activo (arts. 153 y 310.1 TRLGSS): si en el otro régimen sigue cotizando por todas las contingencias, la pensión se suspende entera. Para el despacho: antes de solicitar la jubilación activa de un cliente pluriactivo, revise el encuadramiento y la cotización de todas sus actividades; la estrategia de jubilarse en un régimen y seguir cotizando de forma ordinaria en el otro para generar una segunda pensión no funciona. Ver la ficha en Normativa → Criterio 22/2026 (PDF) ↗
El INSS ha publicado el Criterio de gestión 21/2026, de 16 de octubre, para los casos en que una sentencia reconoce una incapacidad permanente, denegada antes en vía administrativa, con efectos anteriores a un proceso de incapacidad temporal que pagó una mutua. Como ambas prestaciones son incompatibles, y siguiendo el informe de la DGOSS de 1 de octubre y la STS 159/2025, la persona interesada puede optar y, si no lo hace, se le aplica la más favorable, comparando solo el periodo en que coinciden. Si la IT es mayor, se mantiene y la mutua no recupera nada: no es una prestación indebida. Si la IP es mayor, el INSS paga al interesado la diferencia y devuelve a la mutua todo el subsidio de IT del periodo concurrente. Para el despacho: al ejecutar una sentencia de IP con una IT intermedia, hay que comparar las cuantías del periodo concurrente antes de calcular los atrasos; si la IT es mayor, los atrasos de IP de ese periodo no se cobran. Ver la ficha en Normativa → Criterio 21/2026 (PDF) ↗
La Resolución de 8 de octubre de 2026, de la Dirección General de Trabajo, publicada en el BOE del 13 de octubre, fija la relación oficial de fiestas laborales retribuidas y no recuperables para 2027 en las diecisiete comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. Son comunes a todo el territorio el 1 y el 6 de enero, el Viernes Santo (26 de marzo), el 1 de mayo, el 12 de octubre, el 1 de noviembre y el 6, 8 y 25 de diciembre. El Jueves Santo (25 de marzo) es festivo en 17 de los 19 territorios y, como el 15 de agosto cae en domingo, seis comunidades trasladan el descanso al lunes 16. Canarias (fiestas insulares) y Cataluña (Arán) tienen notas propias. A estas fiestas se suman hasta dos fiestas locales por municipio, que se publican en el boletín autonómico o provincial. Para el despacho: es el momento de preparar los calendarios laborales y los cuadrantes de 2027 de cada centro de trabajo, comprobando también sus fiestas locales. BOE-A-2026-21254 (PDF) ↗
Con la huelga general por la vivienda y los salarios anunciada para el 11 de noviembre, publicamos una guía para empresas y asesores: por qué una huelga dirigida al Gobierno puede estar protegida (STC 36/1993), qué se descuenta en nómina con un ejemplo de cálculo, el alta especial sin cotización, la IT durante la huelga, los servicios mínimos y lo que la empresa no puede hacer para sustituir a los huelguistas. Leer la guía →
«Díaz estrecha el cerco a las empresas que despidan a mayores de 50 años», titulan algunos medios tras circular el proyecto de Real Decreto que modifica el art. 5 del RD 1484/2012, sobre la aportación económica que deben realizar las empresas con beneficios cuando un despido colectivo afecta a personas de 50 o más años. Pero esa aportación ya existe, y desde la reforma de 2024 (RDL 2/2024) la disposición adicional 16.ª de la Ley 27/2011 ya obliga a las empresas afectadas a remitir directamente al SEPE, a través de Certific@2, la certificación y la relación de personas trabajadoras; también deben tenerse en cuenta determinadas extinciones individuales próximas al ERE. Lo que propone Trabajo es poner el reglamento en línea con la ley: eliminar la antigua referencia a que la autoridad laboral enviaba el certificado al SEPE, incorporar al real decreto las instrucciones de la plantilla electrónica y precisar que el SEPE puede reclamar la documentación e instar la actuación de la ITSS si no se presenta en plazo. Para una empresa que ya cumple, el cambio práctico es limitado: no nace una prohibición de despedir a mayores de 50 años, ni una obligación general de justificar cada despido individual ante el SEPE, ni una nueva multa de 225.000 euros. Si sale adelante, quien proyecte un ERE debe comprobar desde el principio si cumple los requisitos de plantilla, beneficios y proporción de personas de 50 o más años afectadas, y revisar las extinciones individuales que la ley obliga a computar; ese análisis puede tener un coste económico considerable, pero no nace con este borrador. Un detalle que merece corrección antes de aprobarlo: el nuevo art. 5.2.h) habla de motivos «inherentes» a la persona trabajadora, mientras que la ley y el propio anexo del proyecto se refieren a causas «no inherentes»; una sola palabra cambia el sentido del precepto. Nuestra valoración: estamos ante una actualización reglamentaria de un mecanismo ya vigente, sin más. Lo seguimos en Proyectos de Ley. Texto del proyecto de Real Decreto (PDF) ↓
Entre las obligaciones de información que incorpora el Real Decreto 723/2026 (relaciones laborales de duración superior a cuatro semanas) está la de informar sobre el uso de algoritmos. La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado ahora la nota «Sistemas algorítmicos en el ámbito laboral. Transparencia y garantías de protección de datos. Situación en el ámbito laboral tras el Real Decreto 723/2026», que destaca, entre otros puntos: 1) La obligación laboral no desplaza el RGPD ni la LOPDGDD. Cuando el sistema trate datos personales, la empresa debe cumplir a la vez las reglas de licitud, transparencia, minimización, exactitud, protección desde el diseño, gestión del riesgo y, en su caso, decisiones automatizadas. La advertencia AI-00009-2026, sobre un sistema de IA previsto para cribar y puntuar candidaturas, ratifica ese enfoque preventivo: antes de ponerlo en marcha hay que evaluar los riesgos, dar una información comprensible, comprobar si procede una evaluación de impacto y verificar que la intervención humana sea efectiva. 2) Cuándo se aplica el artículo 22 RGPD. No todo uso de un algoritmo ni toda elaboración de perfiles es una decisión del artículo 22: su régimen específico opera cuando la decisión se basa únicamente en un tratamiento automatizado y produce efectos jurídicos o afecta de forma significativamente similar. En ese caso, además de una excepción válida, deben establecerse garantías, entre ellas la posibilidad de obtener intervención humana. En el entorno laboral, la necesidad contractual se interpreta restrictivamente y el consentimiento rara vez será una base segura si no puede demostrarse que fue verdaderamente libre. 3) Impacto del RD 723/2026. La transparencia algorítmica pasa a ser una condición de la relación laboral que debe comunicarse de forma previa, escrita y trazable, y debe apoyarse en una gobernanza efectiva del tratamiento: diseño preventivo, evaluación del riesgo, posible EIPD, explicación comprensible y supervisión humana real. Nuestra valoración: seguimos viendo cláusulas del deber de información del art. 3.2.k) del RD 723/2026 despachadas con un «no aplica» o con un genérico «la empresa cumple con lo establecido en la normativa laboral y de protección de datos en el uso de algoritmos». El riesgo de estas cláusulas para las empresas, no solo laboral sino también en materia de protección de datos, es elevadísimo. AEPD, advertencia AI-00009-2026 ↗
El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha publicado la memoria de su actividad en 2025. Cifras principales: 1.206.028 actuaciones en 427.495 centros de trabajo, 208.500 infracciones con sanciones propuestas por 858,3 millones de euros, 264.988 requerimientos y 1.212,3 millones en expedientes liquidatorios de cuotas (un 28,8% más que en 2024). Afloraron 131.645 empleos, se transformaron en indefinidos 51.526 contratos temporales y 61.655 fijos discontinuos irregulares pasaron a fijos ordinarios. En relaciones laborales, el tiempo de trabajo concentra el 46,9% de las infracciones. La plantilla inspectora cerró el año con 2.499 funcionarios. Para el despacho: registro de jornada, contratación temporal y fijos discontinuos siguen siendo los focos de riesgo. Ver en Normativa → Informe anual 2025 (PDF) ↗
El BOE publica el Real Decreto 806/2026, que disuelve el Congreso y el Senado y convoca elecciones para el 29 de noviembre. Con la disolución caducan los asuntos pendientes del Congreso (art. 207 de su Reglamento), salvo los de la Diputación Permanente, como convalidar reales decretos-leyes. Caducan la Proposición de Ley de jubilación sin penalización con 40 años cotizados (122/000105), el Proyecto de Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral (121/000087) y el Proyecto de Ley procedente del RDL 3/2026 de revalorización de pensiones (121/000086), aunque ese real decreto-ley sigue vigente. Para el despacho: los coeficientes reductores de la Ley 21/2021 siguen aplicándose y no hay recálculo que pedir al INSS. Ver Proyectos de Ley.
La Orden HAC/1028/2026, de 2 de octubre, desarrolla la disposición final tercera del Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo, sobre la facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales. Regula los elementos técnicos y funcionales de la solución pública de facturación electrónica: emisión de facturas e interconexión, copia fiel, codificación única de las facturas, comunicación de estados y de pagos, y servicios de recuperación, consulta y descarga. La solución estará en la Sede electrónica de la AEAT al menos dos meses antes de su primera aplicación efectiva. La orden entra en vigor el 6 de octubre de 2026, y con ella empieza a computarse el plazo de la disposición final octava de la Ley 18/2022 y de las disposiciones transitorias primera a tercera y final cuarta del RD 238/2026. Para el despacho: es el momento de revisar con los clientes, y en la propia gestión del despacho, el programa de facturación y el calendario de adaptación. BOE-A-2026-20587 ↗
La Ley 4/2026, de 1 de octubre, reforma la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la Ley de Dependencia y, en sus disposiciones finales, el ET, el EBEP, la LGSS y la LISOS. Permite mantener la reducción de jornada del art. 37.6 ET más allá de la edad límite cuando el hijo o hija tiene una gran discapacidad o gran dependencia, y repartirla de forma simultánea entre ambos progenitores; establece que la asistencia del menor al colegio no basta por sí sola para denegar, suspender o extinguir la CUME (nuevo art. 190.5 LGSS); excluye del cómputo de rentas de las pensiones no contributivas las indemnizaciones por daños personales (art. 363.1.d LGSS), y exige certificación negativa de antecedentes para trabajar con personas con discapacidad o dependientes, con nueva infracción muy grave en el art. 8.19 LISOS. Entra en vigor el 23 de octubre de 2026. Para el despacho: revisar CUME denegadas por escolarización y adaptar los procesos de contratación del sector de los cuidados. Leer el análisis → BOE-A-2026-20528 ↗
A pocos días de que el Real Decreto 723/2026 entrara en vigor el 5 de octubre, el SEPE ha difundido el «Modelo de documento informativo sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo». Recoge lo que el modelo de contrato no cubría: sistemas algorítmicos de decisión, cálculo de la retribución variable, periodos de actividad de los fijos discontinuos y obligaciones del periodo de prueba. Para el despacho: entregar el contrato acompañado de este documento bien cumplimentado. Leer el análisis y descargar el modelo →
El Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, adopta y prorroga medidas del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con ayudas directas dirigidas sobre todo a determinadas actividades de transporte por carretera, ferroviario y marítimo y a los sectores agrario y pesquero. Su art. 36 impide a las empresas beneficiarias, hasta el 31 de diciembre de 2026, despedir por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas de la situación a la que responden las ayudas. Si lo hacen, deberán reintegrar la ayuda y el despido se calificará como nulo. En los contratos fijos-discontinuos, esas causas tampoco justifican el fin del periodo de actividad ni la falta de llamamiento, y en las cooperativas la asamblea general no podrá usarlas para reducir con carácter definitivo los puestos de trabajo ni modificar la proporción de las cualificaciones profesionales (art. 85.1 de la Ley 27/1999). Además, la empresa beneficiaria obligada a tener plan de movilidad sostenible que lo incumpla deberá reintegrar las ayudas (art. 37). No es una prohibición general de despedir: solo afecta a quien recibe estas ayudas. Antes de tramitar una extinción conviene comprobar si la empresa ha solicitado o recibido alguna, cuál, si la causa guarda relación con la situación que la justifica y si hay contratos fijos-discontinuos afectados. Entra en vigor, con carácter general, el 1 de octubre de 2026. Actualización: convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el 16 de octubre (BOE del 20 de octubre). Ver en el BOE →
La Seguridad Social ofrece un nuevo documento, de emisión inmediata, que acredita solo dos datos: la edad legal ordinaria de jubilación de la persona y la fecha en que la alcanzará. A diferencia del informe del Simulador de jubilación, no incluye vida laboral, cuantía estimada de la pensión ni otros datos personales o económicos, por lo que puede entregarse a la empresa o a un tercero sin exponer más información. El cálculo parte de las mismas premisas que el simulador: cotizaciones ingresadas y mantenimiento de la situación laboral actual. Se descarga en Tu Seguridad Social («Otras gestiones» → «Informe de edad legal de jubilación») cuando la edad depende solo de la vida laboral; si influyen hijos o discapacidad, se obtiene desde el Simulador, junto al «Informe PDF». Basta un código por SMS al móvil registrado en la Seguridad Social. Está previsto ampliarlo a las bonificaciones de edad por actividad y crear un informe específico de jubilación parcial. Útil para documentar los planes de jubilación parcial y las extinciones vinculadas a la edad de jubilación. Ver en la Revista de la Seguridad Social →
El BOE nº 239 publica el convenio firmado el 17 de septiembre de 2026 entre el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Fondo de Garantía Salarial, que renueva la colaboración iniciada en 2013 y actualizada en 2019. El FOGASA remitirá a la ITSS cualquier indicio de empresas ficticias o simulación de actividad laboral y, entre otros datos, las sentencias en las que las personas trabajadoras no estaban de alta, los desistimientos de demandantes cuando el FOGASA comparece en juicio, las sentencias contra empresas desaparecidas o ya insolventes y las que condenan a pagar conceptos no incluidos en nómina ni cotizados. En la práctica, las reclamaciones al FOGASA con indicios de irregularidad pueden acabar en una actuación inspectora. BOE-A-2026-20133 ↗
El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (art. 127 bis TRLGSS) alcanzará el 1 de enero de 2027 el 1,00% de la base de contingencias comunes, frente al 0,90% de 2026: 0,83% para la empresa y 0,17% para la persona trabajadora; los autónomos asumen el 1,00% completo. No admite bonificaciones ni reducciones y no computa para prestaciones. Para el despacho: actualizar los parámetros de nómina y los presupuestos de coste laboral de 2027. Leer el análisis →
El Real Decreto 739/2026 permite computar como cotizados, a efectos de la pensión de jubilación, los periodos como deportista profesional desde el 15 de marzo de 1980 hasta la integración de cada colectivo en el Régimen General (ciclistas, 1-2-1992; baloncesto, 1-8-1993; balonmano, 1-1-1998; resto, 1-6-2003). Quedan fuera los futbolistas profesionales, que tienen normativa propia. Los periodos los certifica el club o entidad (o, si ha desaparecido, la federación) y se solicitan ante el INSS junto con la pensión o con la revisión de la ya reconocida. Cuentan para la carencia, la base reguladora (con bases mínimas), la edad ordinaria y el porcentaje, y el capital coste lo paga el Consejo Superior de Deportes. En las pensiones ya reconocidas solo mejoran el porcentaje, con efectos desde el mes siguiente a la solicitud. Entra en vigor el 25 de diciembre de 2026. BOE-A-2026-19849 ↗ · Ver en Normativa › Seguridad Social →
El Real Decreto 737/2026 sustituye la regulación que anuló el Tribunal Supremo en 2017 y permite reconocer como cotizados los periodos de actividad como ministro de culto de iglesias de la FEREDE anteriores al 1 de mayo de 1999 (adventistas: anteriores al 1 de mayo de 1987). Sirven para acceder a la jubilación o mejorar su cuantía y, para quienes ya estaban integrados en esas fechas, también para completar la carencia de la incapacidad permanente y de muerte y supervivencia. Se acreditan con un certificado de la iglesia, conformado por la FEREDE, y se solicitan ante el INSS. A diferencia del caso de los deportistas, aquí el capital coste lo abona la persona interesada, en un pago o de forma fraccionada hasta en 20 años, descontándolo de la pensión. Entra en vigor el 25 de diciembre de 2026. BOE-A-2026-19846 ↗ · Ver en Normativa › Seguridad Social →
El Consejo de Ministros ha autorizado al SEPE a convocar 250 millones de euros en subvenciones para financiar programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, dentro del sistema de formación profesional para el empleo. La convocatoria pone el foco en ámbitos como la digitalización, el desarrollo tecnológico, la eficiencia energética, la logística, la internacionalización y la innovación, entre otros sectores con perspectivas de crecimiento y generación de empleo. Las acciones formativas deberán estar incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE. Para los centros de formación se abre una nueva oportunidad de desarrollar y presentar proyectos estatales — y, para los despachos, conviene tenerlo presente al orientar a empresas clientes sobre la formación de sus plantillas. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
El Convenio bilateral firmado en Manila en 2002 está en vigor desde el 1 de agosto de 2012, pero le faltaba el acuerdo que concreta cómo se aplica en la práctica. Ese Acuerdo administrativo, firmado en Madrid el 11 de septiembre de 2026 y en vigor desde esa misma fecha, se publica en el BOE nº 234. Designa los organismos de enlace (en España, el INSS para las prestaciones, el ISM para el Régimen Especial del Mar y la TGSS para determinar la legislación aplicable; en Filipinas, el SSS para el sector privado y el GSIS para el público) e incluye al Imserso para las pensiones no contributivas. Regula también el certificado de legislación aplicable en los desplazamientos y demás supuestos especiales del art. 6 del Convenio, que expide la institución del país cuya legislación se aplica a petición de la empresa o del autónomo; la totalización de periodos para la IT, el nacimiento y el riesgo durante el embarazo; y la tramitación de jubilación, incapacidad permanente y supervivencia, que se solicitan en el país de residencia salvo que solo haya cotizaciones en el otro. Resulta útil para clientes filipinos que cotizan en España y para empresas que desplazan personal a Filipinas. BOE-A-2026-19628 ↗ · Ver en Normativa › Seguridad Social →
El Pleno aprobó tramitarla con 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones. Propone modificar los arts. 207 y 208 TRLGSS y abrir un recálculo ante el INSS para quienes ya se jubilaron con penalización. Todavía no es norma vigente: los coeficientes de la Ley 21/2021 se siguen aplicando. Actualización: caducó el 6 de octubre con la disolución de las Cortes. Leer el artículo completo →
Desde la STJUE de 15 de mayo de 2025, el INSS reconoce el complemento para la reducción de la brecha de género a los padres con efectos retroactivos desde el hecho causante de su pensión, lo que provoca periodos en los que ambos progenitores lo han cobrado a la vez. El Criterio de gestión 19/2026, que aplica el Criterio 9/2026 de la DGOSS, zanja la duda: la extinción del complemento de la madre solo surte efectos en la fecha del art. 60.2 LGSS y lo percibido hasta entonces no es indebido, así que no se le reclamará el reintegro. La misma regla vale si la madre cobraba el antiguo complemento por maternidad. Útil para quienes tengan clientes con expedientes de reintegro abiertos por este motivo. Ver en Normativa › Seguridad Social →
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que permite computar como cotizados al Régimen General, a efectos de la pensión de jubilación, los periodos trabajados como deportista profesional antes de la integración de cada disciplina en el sistema, un proceso gradual que no culminó hasta 2003. Se benefician quienes residían en España y ejercieron con contrato profesional dentro de la relación laboral especial de deportistas profesionales entre el 15 de marzo de 1980 y la fecha de esa integración; quedan fuera los futbolistas profesionales, que tienen su propia normativa. La solicitud se presenta ante el INSS junto con la de jubilación o de revisión de la pensión, acompañada de un certificado del club, entidad deportiva o, si el club ha desaparecido, de la federación, que acredite la condición de profesional y el periodo de actividad. El capital coste lo asume el Consejo Superior de Deportes, no el interesado. Entrada en vigor: a los tres meses de su publicación en el BOE, aún pendiente — conviene identificar ya a clientes exdeportistas con pensiones reconocidas o en trámite. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
Un nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros regula el procedimiento para reconocer como cotizados los periodos de actividad de los ministros de culto de las iglesias de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día anteriores a su inclusión en el Régimen General, que se produjo en 1987 para los adventistas y en 1999 para los evangélicos. Esos periodos contarán para acceder a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. La norma fija cómo acreditar la condición de ministro de culto y el tiempo de actividad, y cómo se calcula e ingresa el capital coste que, en este caso, corre a cargo del propio interesado. Sus efectos económicos se retrotraen al 1 de enero de 2015. Conviene revisar los expedientes de pensionistas y futuros pensionistas de estas confesiones para valorar si les compensa el ingreso del capital coste. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Tesorería General de la Seguridad Social a asumir compromisos de gasto plurianual para suscribir la adenda de prórroga, por cuatro años, del convenio que mantiene con el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social desde el 29 de noviembre de 2022. El convenio articula la colaboración entre ambos organismos para intensificar el control del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social y prevenir, detectar y corregir el fraude, incluida la aportación de pruebas a los procedimientos administrativos y judiciales. En la práctica, las actuaciones coordinadas entre Tesorería e Inspección seguirán activas al menos otros cuatro años, así que conviene mantener al día la documentación de altas, jornadas y encuadramientos de los clientes. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
El Plan IA360 del Gobierno parte de un dato llamativo: solo el 21,1% de las empresas de 10 o más trabajadores usaba IA en el primer trimestre de 2025, frente al 44,2% de la población en edad de trabajar que ya usa IA generativa a título personal —la tecnología avanza más rápido entre las personas que dentro de las organizaciones—. El objetivo declarado es llegar al 55% de empresas en 2030, con la Red NEURONA como medida central: una red público-privada de centros donde las empresas podrán probar la IA aplicada a su propio sector y sus datos antes de desplegarla, con un piloto de 100 pymes este mismo año y hasta 5.000 empresas en 2027. También se anuncia el bono empresarial de inteligencia artificial, que subvencionará soluciones de IA que transformen realmente los procesos productivos —no la mera contratación de una licencia— y condicionará la ayuda a la formación de la plantilla y a su incorporación efectiva a los procesos internos; la convocatoria general se prevé antes de que acabe 2027, con una dotación de 600 millones de euros y el objetivo de llegar a 25.000 empresas. Para el sector, lo más relevante puede ser lo que viene después: el propio Plan anuncia para octubre un Acuerdo Tripartito con los agentes sociales, mesas sectoriales y un observatorio permanente sobre el impacto de la IA en el empleo, que orientará futuras decisiones en materia de formación y regulación laboral — conviene empezar a seguirlo de cerca. Plan IA360 (Moncloa) ↗
Naciones Unidas conmemora hoy, 18 de septiembre, el Día Internacional de la Igualdad Salarial, instaurado por la Asamblea General en 2019 para visibilizar la brecha retributiva que sigue separando el salario de mujeres y hombres en todo el mundo. En España el marco de referencia continúa siendo el Real Decreto 902/2020, que obliga a llevar un registro retributivo en toda empresa y a negociar una auditoría salarial en las que tienen plan de igualdad; el art. 8.12 LISOS tipifica como infracción muy grave la discriminación retributiva por razón de sexo. Recordamos que en Graduado Social Red están disponibles la calculadora del complemento por brecha de género y el resto de recursos de Igualdad en Normativa. ONU ↗
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado identificar las Secciones de lo Social con mayor acumulación de asuntos para valorar refuerzos temporales (art. 216 bis LOPJ) y una mayor especialización de plazas, siguiendo el modelo ya aplicado en Barcelona y Valencia, centrada en despidos, incapacidad permanente e ingreso mínimo vital. Entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026 la demora media ha crecido un 24,6% en los órganos sin ejecución (de 13 a 16,2 meses) y un 23,1% en los que sí ejecutan (de 10,8 a 13,3 meses), con 82.966 y 408.646 asuntos pendientes respectivamente. Los casos más graves: Córdoba (28,27 meses, señalamientos hasta noviembre de 2029), Murcia (23,95 meses, hasta enero de 2030) y Sevilla (19,56 meses, hasta diciembre de 2029). El refuerzo estructural pasa por las 46 nuevas plazas aprobadas (+11,5%), 8 de ellas en Madrid, que entrarán en funcionamiento durante 2027 — conviene tenerlo presente al informar a los clientes sobre plazos realistas de señalamiento. Confilegal ↗
El Real Decreto 723/2026 deroga el RD 1659/1998 y redefine cómo y cuándo deben las empresas comunicar las condiciones de trabajo: desaparece el plazo de dos meses de cortesía y la información esencial del puesto debe entregarse antes de que el trabajador empiece a prestar servicios. Vacatio legis: entrada en vigor a los 20 días naturales de su publicación, el 5 de octubre de 2026. Repasamos en el artículo completo qué deben revisar ya las empresas en sus contratos y anexos informativos. Leer el artículo completo →
El BOE nº 225/2026, de 11 de septiembre, publica la Resolución de 9 de septiembre de 2026 del Congreso de los Diputados por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, que establece medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales. Al convalidarse, el RDL mantiene su vigencia como norma con rango de ley. BOE-A-2026-18994 ↗
Cronología: ya contamos en el blog que el Gobierno preparaba este Real Decreto para reforzar la información sobre el periodo de prueba y el resto de condiciones esenciales del contrato; el proyecto ha completado ahora su tramitación con la aprobación definitiva en Consejo de Ministros el 8 de septiembre de 2026. El nuevo Real Decreto deroga el histórico RD 1659/1998 y exige detallar por escrito, desde el primer día, fecha de inicio y fin, centro de trabajo, categoría profesional, salario base y complementos, criterios de cálculo de las cuantías variables y, en los contratos temporales, su causa de justificación. Los contratos ya vigentes que no recojan esta información podrán reclamarla, con un plazo máximo de 30 días para que la empresa la facilite. Entrada en vigor: a los 20 días de su publicación en el BOE, aún pendiente en el momento de este apunte — actualizaremos la fecha exacta en cuanto se publique. Ver artículo relacionado → Análisis de la aprobación →
El BOE del 4 de septiembre publica la modificación del VI Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería. Antes del despido disciplinario, la empresa debe comunicar al trabajador los hechos imputados y su posible calificación, y este dispone de dos días para responder por escrito; la empresa puede configurar esos días como permiso retribuido. El acuerdo gradúa además las faltas relacionadas con redes sociales. Para el despacho: adaptar los protocolos disciplinarios del sector. Leer el análisis →
El BOE del 3 de septiembre publica el Real Decreto 707/2026, que aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Su art. 14 impone a las empresas con personas trabajadoras con discapacidad intelectual igual o superior al 33% ajustes en selección, formación, prevención de riesgos y herramientas digitales. Las obligaciones entran en vigor el 2 de enero de 2027. Leer el análisis →
Desde el 1 de septiembre, las personas solicitantes o beneficiarias de incapacidad temporal, incapacidad permanente y lesiones permanentes no incapacitantes quedan obligadas a recibir por vía electrónica las notificaciones de su expediente, en aplicación de la Orden ISM/541/2026. No cambia la tramitación ni la cuantía de la prestación, solo el canal de notificación — conviene revisar con cada cliente que tiene bien configurado el aviso en su dispositivo para no perder plazos de alegaciones o recursos. Más arriba tienes el artículo completo. Portal de notificaciones INSS ↗ Qué cambia → El riesgo para el trabajador →
El Consejo de Ministros del 1 de septiembre aprobó medidas laborales extraordinarias para Ceuta y Melilla: la bonificación de las cuotas empresariales sube al 75% en contratos indefinidos y de sustitución por IT, siempre que el trabajo se preste en esas ciudades, y se habilita para Ceuta un ERTE por fuerza mayor con exoneración del 100% hasta el 31 de diciembre de 2026, con desempleo sin carencia y «contador a cero». Leer el análisis →
Del 1 al 30 de septiembre, los pensionistas del INSS y del ISM que viven fuera de España deben acreditar su vivencia por segunda vez este año, a través de la aplicación VIVESS, certificado de la autoridad local o ante consulados y consejerías. No hacerlo puede suspender cautelarmente el pago. A partir de 2027 la acreditación pasará a ser tres veces al año (enero, mayo y septiembre). Leer el análisis →
El presidente del Consejo Económico y Social se reúne con el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España para intercambiar impresiones sobre la situación del colectivo y su ejercicio profesional. Sin anuncios normativos, pero es la clase de movimiento institucional que conviene seguir de cerca.
Tres meses después de su publicación en el BOE, el Real Decreto 416/2026 entra en vigor y con él el nuevo régimen de jubilación flexible: autónomos incluidos por primera vez, jornada compatible entre el 33% y el 80%, e incrementos de hasta el 25% sobre la pensión para quien retorna al trabajo. Más arriba tienes el análisis completo del articulado. BOE ↗
Con la Ley Orgánica 1/2025 desplegando los tribunales de instancia, el CGPJ ha publicado una guía de buenas prácticas para los servicios comunes que recoge buena parte de lo que pedía el Consejo General de Graduados Sociales: ventanillas y canales telemáticos exclusivos para profesionales y acceso del servicio de atención a todos los expedientes. Leer el análisis →
El BOE del 13 de agosto publica el convenio entre el Instituto de las Mujeres y el OEITSS, con vigencia de cuatro años prorrogables. Prevé planificación anual conjunta, intercambio de información y coordinación específica frente a la discriminación retributiva, con atención a los sectores feminizados. Para el despacho: revisar planes de igualdad y registros retributivos. Leer el análisis → BOE-A-2026-17696 ↗
El SEPE registra 19.517 parados más que en junio (2.311.499 en total), un repunte estacional habitual en julio. La afiliación media a la Seguridad Social marca en cambio un nuevo récord, 22.508.065 ocupados, impulsada en parte por la regularización extraordinaria de personas inmigrantes. SEPE ↗
El Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación del Real Decreto que regulará Citius, la plataforma que evolucionará y con el tiempo sustituirá a LexNET. De momento es solo un proyecto: LexNET sigue siendo el cauce para presentar escritos y recibir notificaciones. Leer el análisis →
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales valora positivamente la entrada en vigor de la recuperación del plazo de seis días naturales para comunicar bajas y variaciones en la Seguridad Social (BOE-A-2026-16557), una reivindicación que venía trasladando desde hace años. Más arriba tienes la ficha con el enlace directo al BOE.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 643/2026, además del nuevo plazo de seis días para bajas y variaciones, empieza a correr el plazo de seis meses para que las empresas comuniquen a la Tesorería General de la Seguridad Social el código de ocupación laboral, única o principal, de cada persona trabajadora en alta, conforme a la Clasificación Nacional de Ocupaciones. No es un trámite menor: el código debe reflejar la ocupación realmente desempeñada, y conviene aprovechar para revisar categorías y puestos antes de enviarlo en bloque desde el sistema RED. BOE-A-2026-16557 ↗
El Boletín de Noticias RED de este ciclo recuerda la tributación de la indemnización por falta de preaviso en la extinción objetiva del art. 52 ET y traslada un nuevo criterio interpretativo de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre el art. 215.3 LGSS, a raíz del RDL 11/2024. Nada que merezca un análisis propio, pero conviene tenerlo a mano al preparar liquidaciones.
El BOE publica la modificación del art. 32.3 del Real Decreto 84/1996, que restituye a seis días naturales el plazo para comunicar las bajas y las variaciones de datos de las personas trabajadoras, reducido a tres días desde 2015. Es una reivindicación histórica del colectivo de Graduados Sociales y alivia la presión en los cierres de mes y en las extinciones comunicadas a última hora. Conviene revisar las alertas internas del despacho, que muchas siguen configuradas con el margen de tres días. BOE-A-2026-16557 ↗
El Real Decreto 632/2026, de 29 de julio, amplía el anexo del Real Decreto 1851/2009 con once nuevas patologías que dan derecho a reducir la edad de jubilación (art. 206 bis LGSS) a las personas con una discapacidad de al menos el 45 % que reduce de forma generalizada la esperanza de vida. Las propuso la Comisión Técnica creada por la Orden ISM/444/2025 para ir ampliando un anexo que es una lista abierta y sujeta a revisión. Entra en vigor al día siguiente de su publicación y se aplica a hechos causantes posteriores: conviene revisar los expedientes de clientes con estas patologías antes de solicitar la pensión. BOE-A-2026-16548 ↗
El 30 de julio se abrió la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley que transpondrá la Directiva (UE) 2024/2831, relativa al trabajo en plataformas, cuyo plazo de transposición vence el 2 de diciembre de 2026. Más allá del reparto, el foco está en la gestión algorítmica: transparencia de los algoritmos, supervisión humana de las decisiones automatizadas y protección de datos. Leer el análisis →
Jornada doble en el BOE. La Ley 2/2026, de 29 de julio, modifica la LGSS para permitir que los profesionales colegiados que optaron por una mutualidad alternativa trasladen sus derechos al RETA, una reclamación de años cuyo reto real está ahora en la mecánica actuarial del traspaso. El mismo día, el Real Decreto-ley 20/2026 aprueba medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales —incluida una prestación extraordinaria por emergencia extrema—, que el Congreso convalidaría en septiembre. Tienes ambos análisis en el blog. Leer el análisis de la pasarela al RETA →
Entre las medidas frente a los incendios forestales aprobadas el 28 de julio figura la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema (PEEE): suspende el contrato desde el hecho causante, dura hasta cuatro meses, no exige carencia y no consume cotizaciones. Cubre, entre otros supuestos, la imposibilidad de acceder a la vivienda, su reacondicionamiento y los deberes de cuidado derivados del fuego. Leer el análisis →
El Consejo General del Poder Judicial actualiza a la versión 0.6 la Guía legal y jurisprudencial que sustenta su calculadora de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, elaborada por el grupo de trabajo de magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y de varios Tribunales Superiores de Justicia. Sucede a la versión 0.5 de octubre de 2024. Repasamos en el artículo completo sus reglas sobre salario regulador, prorrateo mensual y el doble cómputo de la reforma de 2012. Leer el artículo completo →
El BOE publica el Real Decreto 607/2026, de 22 de julio, que regula la relación laboral especial de las personas artistas de las artes escénicas, audiovisuales y musicales y del personal técnico y auxiliar necesario para esa actividad, y deroga el Real Decreto 1435/1985. Incorpora al reglamento el régimen de extinción del contrato artístico de duración determinada: indemnización de 12 días de salario por año de servicio (o la superior de convenio o contrato) y de al menos 20 días cuando el contrato, con sus prórrogas, supere los 18 meses.Entrada en vigor: a los diez meses de su publicación, en mayo de 2027, así que hay margen para adaptar los modelos de contrato del sector. BOE-A-2026-16173 ↗ Leer el análisis →
La STS 578/2026, de 30 de junio (Pleno de la Sala Cuarta, ECLI:ES:TS:2026:2924), culmina el giro iniciado tras la sentencia del TJUE de 14 de abril en el asunto Obadal (C-418/24): el «indefinido no fijo», tal como venía aplicándose, no disuadía del abuso de la contratación temporal sucesiva por las Administraciones. La Sala reordena el esquema de remedios y, desde entonces, los TSJ ya están aplicando el nuevo criterio con matices —cese válido si la plaza se cubre reglamentariamente, sin indemnización si hay continuidad real en la Administración—. Lo repasamos con detalle en el blog. Leer el artículo completo →
La reforma del contrato de relevo del Real Decreto-ley 11/2024 había dejado en el aire la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones, porque la plaza del relevista choca con las reglas de acceso al empleo público (igualdad, mérito y capacidad) y con las tasas de reposición. El Real Decreto-ley 19/2026, publicado en el BOE del 30 de junio y en vigor al día siguiente, adopta medidas urgentes para que la jubilación parcial con contrato de relevo siga siendo viable en el sector público, tras las soluciones provisionales aplicadas desde 2025 por vía de criterios de Función Pública. El Congreso lo convalidó el 23 de julio. BOE-A-2026-14113 ↗
El Consejo de Ministros aprueba el PAFED 2026, el instrumento de planificación anual de las políticas activas de empleo previsto en la Ley 3/2023, de Empleo. Incluye una estrategia global para el empleo de las personas desempleadas de larga duración o de más edad y una garantía de servicios para los mayores de 45 años, con medidas de empleo, formación, condiciones de trabajo y Seguridad Social y un presupuesto de 440 millones de euros. Se publicó en el BOE por resolución de 8 de julio. Útil para orientar a clientes sobre incentivos a la contratación de estos colectivos. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
Dentro de las medidas del Gobierno para el verano de 2026, el INSST lanza una campaña informativa para trabajadores y empresas sobre cómo actuar ante episodios de calor extremo, y la Inspección de Trabajo ejecuta campañas específicas, acordadas con las comunidades autónomas, para vigilar la seguridad y salud frente a las altas temperaturas, con prioridad en los sectores más expuestos, como la agricultura y la construcción. También refuerza el control del empleo irregular y de la cotización en los sectores con más actividad estival. Buen momento para revisar la evaluación de riesgos por calor y las medidas de adaptación de jornada. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
El 7 de junio de 2026 terminó el plazo que la Directiva de transparencia retributiva daba a los Estados miembros para incorporarla a su Derecho interno, y España llega sin texto aprobado: el Ministerio de Trabajo la tramita por la vía de real decreto, con un registro retributivo reforzado y criterios de progresión salarial neutros para empresas de 50 o más personas trabajadoras. Mientras tanto, la Directiva puede invocarse frente a las Administraciones y sirve como criterio interpretativo en los litigios por discriminación retributiva, de modo que conviene revisar ya las auditorías y las ofertas de empleo (banda salarial, prohibición de preguntar por el salario anterior). Directiva (UE) 2023/970 ↗
Publicado en el BOE del 28 de mayo, el Real Decreto 416/2026 deroga el RD 1132/2002 y reforma de arriba abajo la jubilación flexible: incluye por primera vez a los autónomos, permite compatibilizar la pensión con una jornada de entre el 33% y el 80%, e incentiva con incrementos de hasta el 25% la vuelta al trabajo. Entrará en vigor a los tres meses de su publicación (28 de agosto). Publicamos el análisis completo del articulado con los cambios que deben conocer asesorías y departamentos de RR.HH. Leer el artículo completo →
En un conflicto colectivo en Logirail, la STS 516/2026, de 28 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:2447), fija doctrina sobre los pluses de asistencia o antiabsentismo previstos en convenio: las ausencias por permisos y licencias retribuidos del art. 37 ET no impiden devengar el plus, mientras que las bajas por incapacidad temporal, que suspenden el contrato, sí pueden excluirlo. El fallo estima en parte la demanda sindical. Conviene revisar cómo se liquidan estos pluses en nómina. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
Dos normas del mismo 27 de mayo con impacto directo en la gestión diaria. El Real Decreto 416/2026 regula el nuevo régimen de la jubilación flexible y otros aspectos comunes a la compatibilidad de la pensión con el trabajo, y retoca la jubilación demorada. La Orden ISM/541/2026 amplía la notificación electrónica obligatoria del INSS a la incapacidad temporal, la incapacidad permanente y las lesiones permanentes no incapacitantes, con efectos desde el 1 de septiembre. Ver el artículo sobre las notificaciones del INSS →
Con ocasión de la tarifa eléctrica bonificada de un jubilado de Endesa, el Pleno aprovecha para sentar doctrina procesal tras la Ley Orgánica 1/2025: desde el 3 de abril de 2025, la contradicción entre sentencias es necesaria pero ya no suficiente para acceder al recurso de casación para la unificación de doctrina, porque el art. 219 LRJS exige además justificar el interés casacional objetivo. Es una lectura obligada antes de preparar cualquier RCUD. Leer el artículo completo →
La STS 491/2026, de 20 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:2258), confirma en conflicto colectivo la nulidad de la cláusula que Abanca incluía en sus contratos para alterar la jornada invocando genéricamente «necesidades de organización». Una habilitación así vacía de contenido las garantías del art. 41 ET: permitiría modificar condiciones sustanciales sin acreditar una causa real ni seguir el procedimiento legal. Revisa los modelos de contrato con cláusulas abiertas de disponibilidad horaria. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
La SAN 88/2026, de 19 de mayo (ECLI:ES:AN:2026:1912), resuelve el solapamiento entre festivos y descanso semanal en el sector de contact center: el festivo que cae en el día de descanso de la persona trabajadora no puede darse por disfrutado y debe compensarse con otro día. Ese mismo día la Sala dictó otra sentencia en la misma línea (SAN 90/2026). Revisa los cuadrantes de plantillas con turnos rotativos: es una fuente habitual de reclamaciones colectivas. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
La STSJ de Castilla-La Mancha 815/2026, de 7 de mayo, rechaza el despido disciplinario de una gerente de supermercado de baja por un trastorno adaptativo ansioso-depresivo a la que los detectives de la empresa vieron correr una maratón y tomar una cerveza: en una baja de salud mental el ejercicio y la socialización forman parte del tratamiento, y la clave es si la actividad es incompatible con la dolencia o retrasa la curación. Añade una lección procesal: el informe de detective no es prueba documental apta para revisar los hechos en suplicación. Un buen recordatorio antes de encargar un seguimiento. Leer el artículo completo →
Según la Encuesta de Población Activa del INE, el paro sube en 231.500 personas en el primer trimestre de 2026 hasta rozar los 2,71 millones, y la tasa escala al 10,83% (nueve décimas más que en el trimestre anterior). La ocupación cae en 170.300 personas, hasta 22,29 millones: una bajada habitual en los primeros trimestres, pero la más intensa desde 2020, y que afecta a todas las comunidades autónomas. INE ↗
La STS 444/2026, de 23 de abril (ECLI:ES:TS:2026:1950), califica como accidente de trabajo el fallecimiento por infarto de una teletrabajadora con horario flexible hallada muerta en su domicilio, con la autopsia situando el infarto en torno a las 15:00 horas. La Sala aplica la presunción de laboralidad del art. 156.3 LGSS, que la mutua no logró desvirtuar, y la condena a responder de las prestaciones de muerte y supervivencia: con horario flexible, la carga de probar que el suceso ocurrió fuera del tiempo de trabajo recae en quien niega la contingencia profesional. Es una razón más para que el acuerdo de teletrabajo fije con precisión el horario y su registro. Ver la sentencia en Jurisprudencia → Comentario de la sentencia →
La STS 372/2026, de 15 de abril (ECLI:ES:TS:2026:1772), precisa las consecuencias probatorias de incumplir el registro diario de jornada del art. 34.9 ET. Distingue según el tipo de horario: con un horario regular y prefijado, la persona trabajadora debe aportar indicios de que hizo excesos de jornada; cuando no hay patrones fijos, la falta de registro pesa mucho más sobre la empresa. Un matiz clave para preparar (o defender) una reclamación de horas extraordinarias. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
La sentencia de Gran Sala de 14 de abril de 2026 concluye que la figura del indefinido no fijo, tal como se aplicaba en España, no constituye una medida suficientemente disuasoria frente a la utilización abusiva de contratos temporales sucesivos (cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE). Es el detonante del cambio de doctrina que el Pleno del Supremo formalizaría el 30 de junio. Leer el artículo completo →
La STS 441/2026, de 14 de abril (ECLI:ES:TS:2026:1582), extiende la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas a espacios donde conviven oficina y taller bajo el mismo techo, y anula toda la actuación derivada de la entrada. Tiene consecuencias prácticas para la Inspección de Trabajo y abre un debate sobre la «domiciliarización» del centro de trabajo que analizamos en el blog. Leer el artículo completo →
La Ley 1/2026, de 8 de abril, reforma el marco de la economía social con cambios relevantes en las cooperativas de trabajo asociado, las empresas de inserción y la contratación pública reservada. Entre otras medidas, obliga a las cooperativas a procurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos, a adoptar medidas de conciliación corresponsable y permite crear comisiones de igualdad, y regula los itinerarios de inserción de las personas en riesgo de exclusión contratadas por empresas de inserción (entre seis meses y tres años). Para los despachos que asesoran cooperativas y sociedades laborales, obliga a revisar estatutos y reglamentos de régimen interno. BOE-A-2026-7967 ↗
Con tres meses de retraso, la orden de cotización desarrolla las normas del ejercicio: base mínima diaria de 47,48 €, contingencias comunes al 28,30% (23,60% empresa / 4,70% persona trabajadora), Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,9% y base máxima de 5.101,20 € mensuales. Toca revisar las liquidaciones de enero a marzo por si hay diferencias que regularizar. BOE-A-2026-7296 ↗
La STS 290/2026, de 24 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1348), declara nulo el despido colectivo porque la apertura del periodo de consultas se comunicó a la autoridad laboral cuando ya había terminado sin acuerdo, y analiza además las consecuencias de entregar a la representación de los trabajadores una documentación desestructurada y excesiva, que no cumple la finalidad informativa. Dos lecciones para cualquier ERE: la comunicación a la autoridad laboral es un trámite de inicio, no de cierre, y documentar no es volcar papel. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
En un conflicto colectivo del sindicato ALFERRO frente a una empresa pública ferroviaria, la STS 285/2026, de 24 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1464), confirma que los recibos de salario deben desglosar de forma comprensible los conceptos variables, los atrasos y las incidencias del mes (bajas, huelgas, licencias sin sueldo, primas, sanciones), con sus periodos de devengo. No basta con cuadrar el importe: la persona trabajadora tiene que poder comprobar de dónde sale. Buen momento para revisar las plantillas de nómina de los clientes con retribución variable. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
El órgano consultivo cuestiona el proyecto del Ministerio de Trabajo por infravalorar su coste para las pymes, por la falta de adaptación a sectores como hostelería, construcción o transporte, por las garantías insuficientes en materia de protección de datos y por el rango normativo elegido. El dictamen no es vinculante, pero ha retrasado la aprobación: a día de hoy el fichaje digital sigue sin ser obligatorio y rige el art. 34.9 ET en su redacción actual. Consejo de Estado ↗
La STS 281/2026, de 16 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1280), unifica doctrina en la relación laboral especial de alta dirección: cuando la empresa reconoce la improcedencia de un despido disciplinario, el directivo cobra la indemnización correspondiente y, además, la compensación que su contrato fijaba por no respetar el preaviso. Son conceptos distintos y no se absorben entre sí. A tener en cuenta al negociar la salida de un directivo o al redactar su contrato. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:1280) ↗
La STS 255/2026, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1363), califica como despido nulo por discriminación por edad la extinción de un trabajador de la Autoridad Portuaria de Vigo en aplicación de una cláusula de jubilación forzosa incluida en su contrato. La jubilación forzosa solo cabe cuando la prevé el convenio colectivo en los términos estrictos de la disposición adicional décima ET, no por pacto individual. Revisa los contratos con cláusulas de este tipo antes de aplicarlas. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:1363) ↗
El Consejo de Ministros remite a las Cortes el llamado «Estatuto del becario»: las prácticas no laborales solo serán tales si están vinculadas a programas oficiales universitarios, de formación profesional o de empleo público; en otro caso habrá relación laboral. Exige convenio escrito entre empresa y centro con el contenido formativo y la duración máxima, doble tutoría, prohíbe cobrar por acceder a las prácticas, obliga a compensar los gastos de la persona en formación y endurece las sanciones, que pueden superar los 250.000 euros. Mientras sigue su tramitación parlamentaria, conviene revisar ya los convenios de prácticas que cubren funciones propias de un puesto de trabajo. La Moncloa ↗
El Pleno convalida el Real Decreto-ley 3/2026 (revalorización de las pensiones, 317 votos a favor) pero no el Real Decreto-ley 2/2026, que prorrogaba hasta el 31 de diciembre la suspensión de desahucios de personas vulnerables y la prohibición de cortes de suministros. La revalorización queda así consolidada con efectos desde el 1 de enero. La Moncloa ↗
La STS 194/2026, de 25 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:1090), resuelve un caso de pacto de no concurrencia postcontractual nulo e incumplido: el trabajador no debe devolver las cantidades percibidas cuando, aunque superasen el salario del convenio, retribuían la prestación de servicios y no una compensación específica por no competir. Lección para quien redacta estos pactos: la compensación debe ser adecuada, diferenciada del salario y estar ligada a un interés industrial o comercial real (art. 21.2 ET). Ver la sentencia en Jurisprudencia →
El salario mínimo sube un 3,1%: 40,70 €/día, 1.221 €/mes y 17.094 €/año, con efectos desde el 1 de enero de 2026, y se mantiene exento de retención de IRPF. Las empresas deben revisar las tablas de convenio por debajo del nuevo mínimo y abonar los atrasos desde enero; recuerda también que el precio hora de las empleadas de hogar se actualiza con él. BOE-A-2026-3815 ↗
La STS de 5 de febrero de 2026 (Nº de resolución 140/2026, ECLI:ES:TS:2026:686) resuelve cuánto dura el permiso del art. 37.3.b) ET cuando el familiar recibe el alta hospitalaria antes de que se cumplan los cinco días: si sigue necesitando reposo y no tiene alta médica, la persona trabajadora conserva el permiso completo. La Sala subraya además el impacto de género de la cuestión, porque son mayoritariamente mujeres quienes asumen esos cuidados. Conviene revisar los protocolos que dan por terminado el permiso con el informe de alta del hospital. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:686) ↗
La STS de 5 de febrero de 2026 (Nº de resolución 142/2026, ECLI:ES:TS:2026:663) desestima el conflicto colectivo que pedía extender a toda la plantilla de una empresa energética el régimen de teletrabajo del personal fuera de convenio, que podía trabajar desde domicilios distintos. Al no estar regulado de forma uniforme en el convenio y existir una justificación objetiva ligada a puestos de especial responsabilidad, no hay discriminación. Útil para empresas con políticas de teletrabajo diferenciadas: conviene documentar la razón objetiva de cada régimen. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
En conflicto colectivo, la STS de 4 de febrero de 2026 (Nº de resolución 126/2026, ECLI:ES:TS:2026:702) analiza si los permisos por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares deben iniciarse necesariamente el primer día laborable siguiente al suceso, y descarta ese automatismo: el disfrute debe atender a la finalidad del permiso y a las circunstancias concretas de cada caso. Junto con la sentencia del día siguiente, dibuja un permiso de cuidados más flexible de lo que muchas empresas venían aplicando. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:702) ↗
Tras la derogación del Real Decreto-ley 16/2025 por no convalidación, el Gobierno aprueba el 3 de febrero un nuevo real decreto-ley que mantiene la subida del 2,7% de las pensiones contributivas y de clases pasivas desde el 1 de enero —más de un 7% en las mínimas— y recupera las reglas básicas de cotización de 2026, de modo que los pensionistas no pierden la actualización ya cobrada en enero. BOE-A-2026-2548 ↗
El BOE publica la orden que establece el umbral salarial de referencia para conceder la Tarjeta azul-UE a profesionales altamente cualificados: el contrato debe prever una retribución bruta anual igual o superior a 1,4 veces la ganancia media anual bruta por trabajador de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (la de 2023), y el umbral se actualizará cuando se publique una nueva encuesta. El mismo criterio se aplica a la residencia nacional para profesionales altamente cualificados. Conviene comprobarlo antes de cerrar la oferta salarial a un perfil extracomunitario, porque es el primer requisito que revisa la oficina de extranjería. BOE-A-2026-2142 ↗
El decreto «ómnibus» de 23 de diciembre, que incluía la revalorización de las pensiones para 2026 y las reglas de cotización del ejercicio, decae tras su rechazo en el Congreso. Se abre un periodo de inseguridad para pensionistas y para las liquidaciones de cuotas que el Gobierno resolverá una semana después con el Real Decreto-ley 3/2026. Iberley ↗
La STS 62/2026, de 26 de enero (Pleno, ECLI:ES:TS:2026:529), fija doctrina sobre el permiso parental de hasta ocho semanas para el cuidado de menores de ocho años: se disfruta por periodos semanales, y no es ajustado a derecho que la empresa considere que durante esas semanas no se devengan días de vacaciones. El permiso es una medida de conciliación ligada a la igualdad efectiva, y descontarlo del cómputo vacacional penalizaría precisamente su ejercicio. Toca revisar las políticas internas y los cuadrantes que prorrateaban las vacaciones excluyendo esos periodos. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:529) ↗
La STS 32/2026, de 15 de enero (ECLI:ES:TS:2026:209), confirma la sentencia de la Audiencia Nacional y aprecia vulneración de la libertad sindical en tres frentes mantenidos durante años: negar la información sindical del art. 10 LOLS, no facilitar tablones de anuncios en los centros y restringir el crédito horario. Condena a 30.000 euros de indemnización al sindicato y a una multa de 3.000 euros por temeridad procesal. Recuerda que el tablón y los canales de información sindical son un deber empresarial, no una concesión, y que su recorte se paga caro. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
Abrimos el año en el blog con un error que genera muchos pleitos evitables: tramitar como baja voluntaria las ausencias injustificadas de una persona trabajadora que deja de acudir sin avisar. Confundir la ausencia reiterada con una voluntad extintiva inequívoca expone a la empresa a un despido improcedente o incluso nulo; explicamos cuándo cabe apreciar dimisión tácita y cuándo hay que acudir al despido disciplinario. Leer el artículo completo →
Con el cambio de año sube el Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,9% (0,75% empresa / 0,15% persona trabajadora); el IPREM sigue en 600 €/mes y 8.400 €/año en 14 pagas por cuarto año consecutivo, a falta de nuevos Presupuestos; y rige el calendario laboral fijado por la Resolución de 17 de octubre de 2025, con el 6 de enero festivo en todas las comunidades autónomas. Calendario laboral (BOE) ↗
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