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El Pleno de la Sala de lo Social (STS 578/2026) destierra la figura del indefinido no fijo tras la STJUE Obadal y la sustituye por un sistema de indemnización disuasoria y responsabilidad sancionadora.
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El Tribunal Supremo acaba de enterrar una figura que llevaba treinta años en nuestro vocabulario: el "indefinido no fijo". La creó la propia Sala de lo Social a mediados de los noventa como solución de compromiso —sancionar el abuso de la temporalidad en la Administración sin llegar a reconocer la fijeza plena, por respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE)—, pero dejaba a la Administración una salida demasiado cómoda: extinguir el vínculo sin más coste que cubrir la plaza por el proceso selectivo correspondiente.
Una trabajadora encadenó contratos de interinidad por vacante para la Comunidad de Madrid desde marzo de 2016. Tras años así, reclamó su condición de fija. El TSJ de Madrid le dijo que no (sentencia de 27 de noviembre de 2023, rec. 228/2023), pero el Pleno de la Sala Cuarta, en la STS 578/2026, de 30 de junio (ECLI:ES:TS:2026:2924, ponente: Sebastián Moralo Gallego), le da la vuelta al tablero —confirmando la doctrina que ya había asentado semanas antes en la STS 475/2026, de 11 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:1959). El fallo, de 9 de julio de 2026, no resuelve solo este caso: destierra formalmente el "indefinido no fijo" y lo sustituye por un sistema de remedios completamente distinto.
La cláusula 5 de la Directiva 1999/70/CE obliga a los Estados a tener medidas realmente disuasorias frente al abuso de contratos temporales sucesivos. El TJUE llevaba años avisando (De Diego Porras, Sánchez Ruiz...) de que España no cumplía del todo, y la sentencia de Gran Sala de 14 de abril de 2026 (asunto C-418/24, Obadal) fue el golpe definitivo: el indefinido no fijo, tal y como se aplicaba, no disuadía de nada, porque la Administración podía terminar la relación sin más coste que cubrir la plaza. El riesgo del incumplimiento normativo recaía casi entero sobre el trabajador. Ante eso, la Sala Cuarta ha optado por reconstruir el sistema entero en vez de esperar a una reforma legal que, pese a varios anteproyectos, nunca llegó.
La fijeza automática queda descartada: el abuso de temporalidad, por prolongado que sea, no sustituye superar un proceso selectivo. En su lugar:
Las semanas siguientes a la STS 578/2026 han traído ya varios pronunciamientos de Tribunales Superiores de Justicia que aplican el nuevo esquema de remedios, con matices que conviene tener en el radar:
El denominador común de estos primeros casos confirma la advertencia que hacíamos más arriba: los TSJ están matizando caso a caso cuándo hay pérdida de empleo indemnizable y cuándo no, por lo que la estrategia procesal debe adaptarse a si el trabajador sigue vinculado a la Administración (aunque sea bajo otro título) o si, por el contrario, el cese supone una ruptura real del vínculo.
El cambio tiene mérito: acaba con una ficción que generaba más pleitos que certeza, respeta el mérito y capacidad en el acceso al empleo público y añade —al menos sobre el papel— una responsabilidad sancionadora que antes no existía. Pero hay una grieta que no conviene ignorar: la sentencia no fija un baremo para el daño moral, así que es fácil que distintos TSJ empiecen a fijar cuantías muy distintas hasta que se asiente un criterio por sectores (educación, sanidad, servicios sociales). Y existe el riesgo de que alguna Administración con un patrón estructural de abuso termine "presupuestando" estas indemnizaciones como un coste asumible, en vez de arreglar sus políticas de personal. Si eso pasa y los tribunales acaban fijando cuantías simbólicas, no descartaría un nuevo toque de atención del TJUE —esta vez sobre si el propio remedio indemnizatorio disuade de verdad. La Sala Cuarta tenía señaladas más de una decena de asuntos similares para el 7 y el 14 de julio de 2026, así que los criterios de cuantificación se van a seguir puliendo en los próximos meses.
Si llevas personal temporal del sector público, la pretensión declarativa de fijeza pierde recorrido: hay que combinarla, o directamente sustituirla, por una reclamación de daños cuantificada (moral y material) más una denuncia paralela ante la Inspección de Trabajo. Cita expresamente la STS 578/2026 y la STS 475/2026 en cualquier procedimiento en curso, y refuerza la prueba del daño material —pérdida de expectativas retributivas, de carrera, de cotización—, porque el daño moral solo puede quedarse corto en abusos poco prolongados.
No olvides el plazo de prescripción de un año del art. 59.2 ET, que empieza a contar desde el cese. Y conviene seguir de cerca los próximos pronunciamientos de la Sala Cuarta: los criterios de cuantificación todavía se están asentando.
Fuentes: STS 578/2026 (Pleno), de 30 de junio de 2026, rec. 5544/2023, ECLI:ES:TS:2026:2924; STS 475/2026 (Pleno), de 11 de mayo de 2026, ECLI:ES:TS:2026:1959; TJUE (Gran Sala), sentencia de 14 de abril de 2026, asunto C-418/24 (Obadal); STSJ Galicia 382/2026, ECLI:ES:TSJGAL:2026:388; STSJ Madrid 98/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:1273; STSJ Madrid 249/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:2669; STSJ Madrid 285/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:4125; STS 682/2026, de 21 de julio de 2026, rcud. 1899/2025; Casas Baamonde, M.E., «La historia interminable de los indefinidos no fijos», Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 5/2026 (BOE, Biblioteca Jurídica).
