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Qué ocurre cuando un trabajador no puede acudir a su puesto por un incendio, cortes de carretera o evacuaciones preventivas: fundamento en el permiso retribuido del art. 37.3.g) ET, requisitos probatorios, impacto en nómina y cotización, y su deslinde con la paralización de la actividad por riesgo grave e inminente (art. 21 LPRL).
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El verano trae, además de calor, un aumento del riesgo de incendios forestales. Y con él, una consulta que nos llega casi cada semana en esta época: ¿qué pasa cuando un trabajador no puede ir a su puesto por un incendio, un corte de carretera o una evacuación preventiva? La respuesta no está en la tolerancia que quiera tener la empresa ese día, sino en el artículo 37.3.g) del Estatuto de los Trabajadores: el permiso retribuido por fuerza mayor.
Cuando un trabajador no puede llegar a su centro de trabajo por un incendio —corte de vías, evacuación obligatoria de su municipio o riesgo inminente para su integridad o sus bienes—, la ausencia queda amparada. El art. 37.3.g) ET reconoce el derecho a ausentarse, con remuneración, por motivos de fuerza mayor, y un incendio encaja de lleno: es objetivo, imprevisible e inevitable.
Lo importante de este precepto es que traslada el riesgo climático a quien puede asumirlo mejor: la empresa. El trabajador no pierde nómina ni tiene que recuperar horas, porque es un permiso retribuido y no recuperable.
Ojo con el límite temporal: el permiso retribuido garantizado por el art. 37.3.g) ET cubre como máximo 4 días. Si la causa de fuerza mayor se prolonga más allá —una evacuación o un corte de vías que dura varias semanas—, el propio precepto remite a la posibilidad de que la empresa aplique una suspensión del contrato o reducción de jornada por fuerza mayor del art. 47.6 ET, un régimen distinto en el que el salario ya no corre necesariamente a cargo íntegro de la empresa (el trabajador puede pasar a percibir prestación por desempleo). La garantía de "no perder nómina" sin más trámite, por tanto, es plena solo durante esos primeros 4 días.
Imposibilidad real, no solo proximidad. Tiene que haber un nexo causal directo —órdenes de confinamiento, cortes de tráfico acreditados por la DGT o por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad— y no basta con que el incendio esté "cerca".
Justificación posterior. Conviene pedir a la empresa que exija justificantes de ayuntamientos, protección civil, bomberos o partes de tráfico.
Solo el tiempo indispensable. En cuanto desaparece la causa —se reabren las carreteras, se levanta la alerta—, el trabajador debe reincorporarse.
Al ser un permiso retribuido: el trabajador cobra salario base y complementos fijos como si hubiera trabajado, la empresa sigue obligada a cotizar por esas horas o días, y cualquier amonestación, descuento o exigencia de recuperar horas es nula de pleno derecho —y puede acabar en acta de la Inspección de Trabajo.
Ojo con un matiz: si el incendio o el humo afecta directamente al centro de trabajo, ya no estamos en el art. 37.3.g) ET, sino en la paralización de la actividad por riesgo grave e inminente (art. 21 LPRL) —que también mantiene el derecho a retribución.
Aplicar bien este artículo no es solo cumplir la ley: es evitarle a la empresa un problema sancionador y darle al trabajador la tranquilidad de saber que no le van a descontar nada por algo que no podía controlar.
Fuentes: Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido del Estatuto de los Trabajadores (arts. 37.3.g y 47.6); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (art. 21).
