Actualidad normativa, análisis jurisprudencial y herramientas de automatización para el Graduado Social.
La Ley 4/2026 permite prolongar la reducción de jornada del art. 37.6 ET en casos de gran discapacidad, impide denegar la CUME solo porque el menor vaya al colegio y exige certificado de antecedentes a quien trabaje en cuidados. En vigor el 23 de octubre.
El SEPE ya tiene el modelo oficial para informar de los elementos esenciales del contrato: algoritmos, retribución variable, fijos discontinuos, periodo de prueba, igualdad, convenio y extinción. Qué contiene, qué admite remisión y cómo entregarlo.
Desde el 1 de enero de 2027 el Mecanismo de Equidad Intergeneracional sube al 1,00%: el trabajador pasa a aportar el 0,17% y la empresa el 0,83%. Qué es, por qué no genera pensión y cuánto supone de verdad en el neto de cada nómina.
El Congreso tomó en consideración el 22 de septiembre la Proposición de Ley que suprimiría los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados. Qué dice hoy la norma, qué propone el texto y por qué todavía no genera ningún derecho.
El BOE publica el Real Decreto 723/2026, que culmina la transposición de la Directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles: desaparece el plazo de dos meses para informar del puesto, se exige un detalle inédito en los contratos y entra en vigor el 5 de octubre de 2026.
El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que transpone la Directiva (UE) 2019/1152 y sustituye al RD 1659/1998: desaparece el plazo de dos meses para informar por escrito de las condiciones esenciales del contrato, se amplía el catálogo de información obligatoria y se garantiza el acceso a los criterios algorítmicos que afectan al empleo.
El BOE del 4 de septiembre publica la modificación del VI Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030: exige por primera vez dar audiencia previa al trabajador antes de un despido disciplinario, y fija un marco disciplinario específico para el uso de redes sociales.
Trabajo prepara un Real Decreto que obligará a que los contratos detallen la duración concreta del periodo de prueba y qué capacidades o elementos del desempeño están sujetos a examen. La falta de concreción abrirá la puerta a que el cese durante los primeros meses de la relación laboral se impugne judicialmente por ausencia de causa objetiva.
Desde el 1 de septiembre está abierto el plazo, hasta el 30 de septiembre, para que los pensionistas del INSS o el ISM residentes fuera de España acrediten su fe de vida por segunda vez este año —marzo y septiembre—, algo que nunca había ocurrido hasta ahora. A partir de 2027 el trámite pasará a ser tres veces al año.
El BOE publica el Real Decreto 707/2026, que aprueba el Reglamento de accesibilidad cognitiva y proyecta sobre la empresa, a través de su artículo 14, obligaciones tasadas de formación, PRL, selección, herramientas digitales y comunicación interna para las personas trabajadoras con discapacidad intelectual igual o superior al 33%. Entra en vigor el 2 de enero de 2027.
El Consejo de Ministros del 1 de septiembre ha aprobado un paquete de medidas urgentes para oxigenar el tejido productivo de Ceuta: bonificación del 75% en las cuotas empresariales, ERTE por fuerza mayor con exoneración total de cotizaciones hasta el 31 de diciembre y protección reforzada por desempleo.
La campaña #NoAlSecuestroDeMiVida de la firma BK Legal ha puesto sobre la mesa el debate de la jornada partida. Analizamos por qué una prohibición legal de un día para otro chocaría con la libertad de empresa, y por qué la verdadera solución pasa por la negociación colectiva y la organización inteligente de turnos.
Desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notifica exclusivamente por vía electrónica los procedimientos de Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente y lesiones permanentes no incapacitantes. El trabajador dispone de solo 10 días naturales para acceder a la notificación en la Sede Electrónica antes de que se entienda rechazada y el expediente siga su curso.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y el despliegue de los Tribunales de Instancia han generado fricciones severas en las fases piloto. El CGPJ publica una Guía de Buenas Prácticas que incorpora, con carácter de obligado cumplimiento para las gerencias territoriales, las reivindicaciones trasladadas por el Consejo General de Graduados Sociales de España: ventanillas especializadas, canales telemáticos preferentes y acceso íntegro a los expedientes.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pone en marcha el Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, un sistema que cruza en tiempo real los datos de absentismo, reincidencia por patología y sectores con desviaciones anómalas. Qué cambia para el compliance laboral y por qué el rigor documental del Graduado Social se vuelve decisivo.
El Instituto de las Mujeres y la ITSS firman un convenio de cuatro años para coordinar la vigilancia de la igualdad retributiva y de género en las empresas, con foco en los sectores más feminizados, datos desagregados por sexo y un canal de denuncia más ágil entre ambos organismos.
El BOE publica la Ley 2/2026, de 29 de julio, que articula la pasarela desde las mutualidades alternativas al RETA. La norma cierra una brecha histórica, pero traduce el problema en un desafío técnico mayúsculo: convertir décadas de capitalización privada en bases de cotización y periodos de alta del sistema público.
El Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica como «sistema de alto riesgo» cualquier herramienta que se use en el empleo, la gestión de trabajadores y el acceso al mercado laboral. Analizamos qué exige esto a las empresas y por qué convierte al Graduado Social en auditor de la tecnología laboral.
El 30 de julio se abrió la consulta pública previa al anteproyecto de ley que transpondrá la Directiva europea de trabajo en plataformas. El error más común es pensar que solo afecta a Uber, Glovo o Deliveroo: el verdadero epicentro es la gestión algorítmica, y eso alcanza a la inmensa mayoría del tejido empresarial.
El Ministerio de Justicia inicia la tramitación del Real Decreto que regulará Citius, la plataforma llamada a evolucionar y sustituir a LexNET. Analizamos qué implica este anuncio para el día a día de los despachos y cuáles son los verdaderos desafíos de la transición.
Repasamos la guía legal y jurisprudencial que sustenta la calculadora de indemnizaciones del Consejo General del Poder Judicial, actualizada a julio de 2026, con las reglas del Tribunal Supremo sobre salario regulador, prorrateo mensual, doble cómputo y límites máximos por tipo de extinción.
La Orden ISM/541/2026 extiende a las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y lesiones permanentes no incapacitantes la obligación de recibir las notificaciones y comunicaciones del INSS por medios electrónicos, con un régimen transitorio en papel para citaciones, altas y prórrogas.
El BOE publica la modificación del artículo 32.3 del Real Decreto 84/1996, que restituye a seis días naturales el plazo para comunicar bajas y variaciones de datos de los trabajadores en el sistema de la Seguridad Social, tras más de una década con el plazo reducido a tres días desde 2015.
El Consejo de Ministros crea la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema (PEEE), a cargo del SEPE, para garantizar las rentas de los trabajadores cuya actividad o vida personal se vea gravemente alterada por los incendios forestales: hasta 4 meses de prestación, sin período de carencia y sin consumir cotizaciones previas.
Qué ocurre cuando un trabajador no puede acudir a su puesto por un incendio, cortes de carretera o evacuaciones preventivas: fundamento en el permiso retribuido del art. 37.3.g) ET, requisitos probatorios, impacto en nómina y cotización, y su deslinde con la paralización de la actividad por riesgo grave e inminente (art. 21 LPRL).
El plazo de transposición venció el 7 de junio de 2026 y el Ministerio de Trabajo tramita por la vía del real decreto un texto que exigirá a empresas de 50 o más personas trabajadoras un registro retributivo con criterios de progresión salarial neutros. Bruselas podría abrir procedimiento sancionador si el decreto no se aprueba antes de septiembre de 2026.
El Congreso rechazó el 10 de septiembre de 2025 la tramitación del proyecto de ley, por lo que la jornada máxima legal continúa en 40 horas semanales. En paralelo, el Gobierno avanza con el registro horario obligatorio (art. 34.9 ET) mediante real decreto independiente.
El RD 607/2026 deroga el histórico RD 1435/1985 y reconfigura la relación laboral especial de artistas y personal técnico: causalidad estricta en la contratación temporal, jornada que integra preproducción y promoción con prohibición expresa de gratuidad, protección uniforme de menores y desglose obligatorio en nómina de la cesión de derechos.
Fundamento legal exacto de la reducción por pago voluntario y reconocimiento de responsabilidad (LISOS y art. 85 LPACAP), sus requisitos formales, sus efectos jurídicos y cuándo conviene acogerse a ella frente a recurrir.
El Pleno de la Sala de lo Social (STS 578/2026) destierra la figura del indefinido no fijo tras la STJUE Obadal y la sustituye por un sistema de indemnización disuasoria y responsabilidad sancionadora.
Cómo el RD 893/2024 integra a las empleadas de hogar en la LPRL: evaluación de riesgos en Prevencion10.es, EPIs gratuitos, delegación preventiva y la exención del recargo de prestaciones.
La STS 532/2026 codifica cinco requisitos para blindar los finiquitos transaccionales privados y explica por qué un solo párrafo ambiguo puede tumbar todo el pacto.
El anteproyecto que reforma la Ley 31/1995 incorpora riesgos psicosociales, cambio climático y ciberacoso, pero levanta dudas serias sobre su encaje en la micropyme española.
Cómo trata la jurisdicción social española la prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales y la que deriva de ella: del art. 11.1 LOPJ a la doctrina de la conexión de antijuridicidad, con jurisprudencia real del Tribunal Supremo sobre videovigilancia, confesión y prueba derivada.
El nuevo régimen abre la jubilación flexible a los autónomos, amplía los márgenes de jornada y crea incrementos de hasta el 25% para quienes retornan al trabajo por cuenta ajena.
Un informe técnico desmonta el debate del "fraude" frente al "recorte de derechos": el envejecimiento de la plantilla y la saturación sanitaria explican mejor el alza de la IT.
La STS 495/2026 fija los criterios del nuevo recurso de casación tras la LO 1/2025 y cierra la puerta a "contractualizar" beneficios sociales de convenios ya extinguidos.
Un TSJ analiza si correr una maratón durante una baja por ansiedad justifica el despido: la clave está en la compatibilidad de la actividad con la patología, no en la apariencia.
Contraponemos la STS 441/2026 (rigor formal frente a la ITSS) con la STS 271/2025 (flexibilidad de plazos frente al INSS): dos velocidades distintas de la seguridad jurídica.
La STS 444/2026 consolida la presunción de laboralidad en el teletrabajo flexible y traslada a la empresa la carga de probar que la trabajadora ya no estaba en su jornada.
Una caída al levantarse a por un documento, un resbalón preparando café en la pausa, un accidente doméstico desvinculado de la jornada: cómo distinguen los tribunales el accidente laboral del doméstico cuando el «lugar de trabajo» es la propia casa.
¿Hacia una "domiciliarización" perversa del centro de trabajo? Un análisis crítico de los riesgos de blindar naves industriales mixtas frente a la Inspección de Trabajo.
Con el Régimen Especial de Empleados de Hogar ya plenamente equiparado al Régimen General, contratar servicio doméstico exige a las familias el mismo rigor documental y de cotización que cualquier empresa. Desglosamos el coste real mensual: SMI, tipos de cotización bonificados y la nueva regulación del despido.
Sin compensación económica real y adecuada, un pacto de no competencia postcontractual es papel mojado. Repasamos los requisitos del art. 21.2 ET, la doctrina del Tribunal Supremo sobre las cláusulas leoninas, y los límites del pacto de permanencia.
La Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, desarrolla las normas de cotización para el ejercicio: base mínima diaria de 47,48 €, contingencias comunes al 28,30% (23,60% empresa / 4,70% persona trabajadora) y Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,9%.
Al solicitar el reingreso tras una excedencia voluntaria, la respuesta de la empresa determina la vía judicial: acción declarativa de reingreso preferente (plazo de un año) o demanda de despido tácito, con un plazo de caducidad de solo 20 días hábiles.
Escalonar extinciones objetivas para no alcanzar los umbrales del artículo 51.1 ET es una maniobra que la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo desmonta con un cómputo móvil y bidireccional de 90 días. La sanción: nulidad radical.
No todo cambio de horario, turno o funciones es una simple orden de servicio. Cuándo el poder de dirección del artículo 20 ET se agota y entra en juego el procedimiento tasado del artículo 41 ET, con sus causas ETOP y sus plazos de consulta.
El Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, fija el SMI en 40,70 €/día o 1.221 €/mes (17.094 €/año), un 3,1% más que en 2025. Tiene efectos desde el 1 de enero de 2026 y se mantiene exento de retención de IRPF.
La cesta de Navidad, una gratificación recurrente o una flexibilidad horaria pueden consolidarse como derecho adquirido exigible en sede judicial. El Tribunal Supremo exige voluntad inequívoca del empresario para apreciar la condición más beneficiosa.
Audios, videovigilancia y capturas de WhatsApp sustentan hoy la mayoría de los despidos disciplinarios. Repasamos dónde traza el Tribunal Constitucional y el TEDH la frontera entre un indicio válido y una prueba nula por vulneración de derechos fundamentales.
La prevalencia entre un convenio de empresa y uno sectorial no depende solo de la materia regulada, sino de un factor previo y determinante: cuál se negoció antes. Analizamos la prioridad temporal absoluta del art. 84.1 ET frente a la prioridad tasada y limitada del art. 84.2 ET, y por qué desde 2021 el convenio de empresa posterior ya no puede fijar salarios por debajo del sectorial.
Cursar una baja voluntaria en el Sistema RED ante una incomparecencia injustificada es uno de los errores procesales más graves del asesoramiento laboral: el Tribunal Supremo exige una voluntad extintiva clara e inequívoca para apreciar dimisión tácita.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los juzgados unipersonales por los nuevos Tribunales de Instancia y obliga a anticipar la conciliación y la prueba documental y pericial antes del juicio. Repasamos su incidencia organizativa, procesal y en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
La Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, fija las fiestas laborales para 2026. El 6 de enero queda incluido por todas las comunidades autónomas, y se añaden hasta 2 fiestas locales adicionales por municipio.
La ITSS refuerza sus campañas sobre modalidades temporales y a tiempo parcial fraudulentas, e intensifica la vigilancia del estrés térmico en agricultura y construcción, en paralelo a la incorporación de 554 nuevos inspectores y subinspectores entre 2025 y 2027.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples se mantiene en 20 €/día, 600 €/mes y 7.200 €/año a efectos generales (8.400 € en cómputo de 14 pagas), por prórroga automática ante la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023.
Cuando la ejecución real de un contrato mercantil revela dependencia y ajenidad, los tribunales atienden a esa realidad y no a la denominación pactada. Repasamos la presunción de laboralidad del art. 8.1 ET, cómo se valoran los indicios, la STS 805/2020 (caso Glovo), la Ley 12/2021 («Ley Rider»), los falsos becarios y las consecuencias en Seguridad Social y en caso de despido.
Repasamos la guía oficial del SEPE sobre incentivos a la contratación: qué diferencia una bonificación de una reducción, el marco consolidado por el RDL 1/2023 y los incentivos sectoriales que siguen vigentes fuera de él.
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Imagen: Graduado Social Red.
El BOE del 3 de octubre publica la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que reforma el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) y la Ley de Dependencia (Ley 39/2006). Por el título podría parecer una norma de servicios sociales, pero sus disposiciones finales cambian también el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley General de la Seguridad Social y la LISOS. Varios de esos cambios afectan a la gestión diaria de un despacho laboral.
Este artículo repasa las novedades con incidencia laboral y de Seguridad Social, explica qué dice exactamente el texto y señala los puntos que todavía quedan abiertos.
En una frase: la ley permite mantener la reducción de jornada del art. 37.6 ET más allá de la edad límite en casos de gran discapacidad o gran dependencia, impide denegar la CUME solo porque el menor vaya al colegio, saca las indemnizaciones por daños personales del cómputo de rentas de las pensiones no contributivas y obliga a comprobar antecedentes penales a quien trabaje con personas con discapacidad o dependientes. Entra en vigor el 23 de octubre de 2026.
La disposición final décima da nueva redacción al apartado 6 del art. 37 ET. Los dos primeros párrafos (guarda legal de menores de doce años o de personas con discapacidad, y cuidado de familiares hasta el segundo grado) se mantienen. Las novedades están en la reducción de, al menos, la mitad de la jornada para cuidar al hijo o hija con cáncer u otra enfermedad grave durante la hospitalización y el tratamiento continuado:
La disposición final undécima introduce una regla equivalente en el art. 49 e) del EBEP para el personal empleado público.
Qué implica para la empresa. Ante una solicitud de este tipo, la empresa ya no puede oponer sin más que el hijo ha superado la edad. Lo que debe comprobar es la documentación sanitaria que acredite la gran discapacidad o la gran dependencia y la necesidad de cuidados continuos, y la convivencia. Si los dos progenitores trabajan en la misma empresa, habrá que coordinar la concreción horaria de las dos reducciones.
La disposición final duodécima añade un apartado 5 al art. 190 LGSS, que regula la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME). Es probablemente la novedad con más efecto práctico inmediato:
Hasta ahora, la vuelta al colegio era uno de los motivos más habituales para que la mutua o el INSS revisaran o extinguieran la CUME, y el debate terminaba con frecuencia en los juzgados. La ley no convierte la prestación en automática: sigue siendo necesario que exista la necesidad de cuidado. Pero cambia el peso de la prueba en la práctica. La clave pasa a ser el informe sanitario, que conviene que detalle con precisión los tratamientos, los controles y las necesidades de vigilancia del menor.
Dos previsiones más completan este bloque:
La misma disposición final duodécima añade un párrafo al art. 363.1.d) LGSS. Para valorar si hay carencia de rentas a efectos de las pensiones no contributivas, no se consideran rentas o ingresos computables las indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía reconocida legal o judicialmente.
La exclusión tiene límites que la propia norma marca. Sí siguen computando:
En la práctica, la indemnización por un accidente de tráfico o una negligencia médica deja de cerrar el acceso a la pensión no contributiva, pero conviene separar bien en la documentación qué parte resarce el daño personal y qué parte compensa salarios o ingresos perdidos.
La disposición adicional segunda crea un requisito de acceso para cualquier profesión, oficio o actividad, retribuida o no, que implique contacto habitual con personas con discapacidad o en situación de dependencia en el ámbito de los apoyos y los cuidados. Se entiende por contacto habitual el trato repetido, directo y regular, no meramente ocasional, y, en todo caso, las actividades que tengan a estas personas como destinatarias principales.
En paralelo, la disposición final quinta da nueva redacción al art. 8.19 LISOS: es infracción muy grave incumplir las obligaciones del art. 57.3 de la Ley Orgánica 8/2021 (protección de la infancia) o las de esta disposición adicional segunda. La exigencia de certificación negativa que ya regía para el trabajo con menores se extiende así al trabajo con personas con discapacidad o dependientes.
Residencias, centros de día, servicio de ayuda a domicilio, asistencia personal, transporte adaptado, empresas para la inclusión laboral y ETT que pongan trabajadores en estos servicios deberían revisar desde ya su protocolo de incorporación. La ley no concreta la vía jurídica del «cese inmediato» por antecedentes sobrevenidos, así que conviene documentar bien cada caso y valorar antes la alternativa del cambio de puesto.
La ampliación del art. 40.2 es relevante para los despachos: una persona que cuida a un familiar con discapacidad puede pedir una adaptación de su puesto con base en esta norma, además de la adaptación de jornada del art. 34.8 ET. Ante una negativa, la empresa tendrá que justificar que la medida supone una carga excesiva.
La ley se publicó en el BOE el 3 de octubre de 2026, pero según su disposición final vigesimoctava entra en vigor a los veinte días de su publicación, es decir, el 23 de octubre de 2026.
| Medida | Plazo |
|---|---|
| Entrada en vigor general | 23 de octubre de 2026 |
| Revisión del régimen de los autónomos con CUME | 6 meses desde la entrada en vigor |
| Marco de referencia sobre ajustes razonables (orden ministerial) | 1 año desde la entrada en vigor |
| Reglamento de las empresas para la inclusión laboral y medidas alternativas a la cuota de reserva | 1 año desde la entrada en vigor |
Fuente: Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (BOE-A-2026-20528, BOE de 3 de octubre de 2026): art. primero, apdo. veinticuatro; disposiciones adicionales segunda, cuarta y vigesimoquinta; disposición transitoria; disposiciones finales quinta, décima, undécima, duodécima, vigesimocuarta, vigesimoquinta y vigesimoctava.
