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Con el Régimen Especial de Empleados de Hogar ya plenamente equiparado al Régimen General, contratar servicio doméstico exige a las familias el mismo rigor documental y de cotización que cualquier empresa. Desglosamos el coste real mensual: SMI, tipos de cotización bonificados y la nueva regulación del despido.
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El Régimen Especial de Empleados de Hogar ha culminado su equiparación con el Régimen General. Contratar servicio doméstico en 2026 exige a las familias la misma rigurosidad técnica, documental y tributaria que asume cualquier mercantil al gestionar sus nóminas. El margen para la informalidad ha desaparecido.
Antes de desglosar la carga económica, los datos macroeconómicos evidencian la magnitud de la vigilancia administrativa sobre este sector. Según las series históricas de afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el cruce de datos con la Encuesta de Población Activa (EPA), el trabajo doméstico da cobertura a más de 370.000 personas afiliadas en España, con una tasa de feminización superior al 95%.
No obstante, el verdadero riesgo jurídico para los empleadores radica en la economía sumergida. Los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) estiman que decenas de miles de relaciones laborales en los hogares operan al margen del sistema. Mantener a una empleada sin contrato ya no es una infracción administrativa menor; las sanciones por falta de alta previa superan los 7.500 euros, a lo que se suma la liquidación de cuotas atrasadas con recargo y la responsabilidad civil directa frente a posibles accidentes de trabajo en el domicilio.
El coste laboral base está blindado por el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Tras la última actualización, la retribución mínima para una jornada completa (40 horas semanales) queda fijada en 1.221 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, lo que supone un suelo de 17.094 euros brutos anuales.
Dado que el Estatuto de los Trabajadores permite el prorrateo de las pagas extraordinarias —la modalidad operativa más extendida en los hogares—, la nómina mensual bruta que la trabajadora percibe no puede ser inferior a 1.424,50 euros.
Para prestaciones de servicio inferiores a 120 días al año en el mismo domicilio, la norma exige aplicar la retribución por horas, fijada en 9,55 euros/hora (importe que ya incluye el prorrateo de vacaciones y pagas extras).
El alta en la TGSS es obligatoria desde el minuto cero. La cotización se ejecuta por ingresos reales, aplicando sobre la base de cotización (1.424,50 € para jornada completa) la siguiente estructura de tipos y bonificaciones vigentes:
| Concepto de cotización | Tipo aplicable | Bonificación estatal | Cargo empleador (familia) | Cargo trabajadora (deducción en nómina) |
|---|---|---|---|---|
| Contingencias comunes | 28,30 % | Reducción del 20 % | 23,60 % (minorado) | 4,70 % |
| Desempleo | 7,05 % | Bonificación del 80 % | 5,50 % (minorado) | 1,55 % |
| FOGASA | 0,20 % | Bonificación del 80 % | 0,20 % (minorado) | — |
| Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) | 0,90 % | Sin bonificación | 0,75 % | 0,15 % |
Los tipos corresponden a la estructura consolidada en 2026. Las familias numerosas o monoparentales pueden acogerse, bajo ciertos requisitos, a bonificaciones superiores (hasta el 45%) en contingencias comunes, condicionadas a límites de renta.
Llevando los porcentajes a la liquidación directa (SILTRA / Portal Import@ss), el coste de una trabajadora a 40 horas arroja los siguientes datos para la familia empleadora:
El compliance laboral ha irrumpido en los domicilios. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales exige ahora una evaluación de los riesgos del entorno doméstico y la provisión de Equipos de Protección Individual (EPIs).
A nivel extintivo, la figura del "desistimiento" (el despido libre sin causa que permitía abonar 12 días por año) desapareció del ordenamiento. Hoy, extinguir el contrato requiere acreditar un despido disciplinario (incumplimiento grave y culpable) o una extinción por causa justificada (disminución sobrevenida de ingresos en la unidad familiar o pérdida fundamentada de confianza), exigiendo en este último caso preaviso formal por escrito y una indemnización legal tasada de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de seis mensualidades.
Delegar la responsabilidad laboral en el ámbito doméstico exige precisión. Un error en el cálculo del finiquito o en el encuadramiento de las bases tarifadas deriva de forma automática en expedientes de reclamación de deuda por parte de la Administración.
Fuentes: Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero (SMI 2026); Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo (bases y tipos de cotización 2026); Real Decreto-ley 16/2022 y Real Decreto 1620/2011 (relación laboral especial del servicio del hogar familiar). Consulta también la página de Empleadas de Hogar para el modelo de contrato y de nómina.
