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El Real Decreto 855/2026 sustituye al Estatuto del Estudiante de 2010. Su artículo 21 fija el contenido del proyecto formativo, la doble tutoría con tres reuniones, la prohibición de cubrir puestos de trabajo con becarios y la inclusión en la Seguridad Social. Qué debe revisar la empresa.
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Foto: Shixart1985 / Wikimedia Commons (CC BY 2.0).
El BOE del 22 de octubre publica el Real Decreto 855/2026, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiantado Universitario. Sustituye al Estatuto del Estudiante Universitario de 2010 (Real Decreto 1791/2010, que queda derogado) y entra en vigor el 23 de octubre de 2026. Es una norma pensada para las universidades, pero su artículo 21, dedicado a las prácticas académicas externas, toca de lleno a las empresas que acogen estudiantes y a quienes las asesoran.
Lo esencial
En una frase: el nuevo Estatuto no cambia el régimen de cotización ni obliga a pagar a los becarios, pero sí exige a la empresa un proyecto formativo detallado, una persona tutora propia que se reúna al menos tres veces con la de la universidad y la garantía de que el estudiante no está cubriendo un puesto de la plantilla.
El Estatuto regula los derechos y deberes del estudiantado de grado, máster, doctorado y formación permanente. Las prácticas aparecen en tres lugares: como derecho del estudiante a realizarlas con calidad y con una tutorización efectiva del profesorado y de la entidad (art. 6.1 n); como deber de desarrollarlas respetando el convenio de cooperación educativa y las normas de la entidad donde tienen lugar (art. 11 f), y, sobre todo, en el artículo 21, que fija las reglas de fondo. Las prácticas siguen articulándose mediante convenios de cooperación educativa entre la universidad y la empresa o entidad, nacional o internacional, que deben tener en cuenta las necesidades del estudiantado con discapacidad (art. 21.4).
Para asegurar la calidad formativa, el proyecto que acuerden las partes debe incluir, al menos (art. 21.5):
Cada estudiante tendrá una persona tutora académica de la universidad y una persona tutora de la entidad colaboradora. Entre ambas acuerdan el plan formativo, que debe comunicarse al estudiante antes de empezar, y hacen su seguimiento. Ese seguimiento incluirá, como mínimo, tres reuniones: una de orientación inicial, una intermedia y otra de valoración final (art. 21.6). La universidad y la empresa ejercen la tutela y responden en los términos del convenio.
Además, las universidades pueden usar plataformas que registren el seguimiento para dejar trazabilidad (art. 21.12), y, junto con las entidades, deben garantizar que el número de estudiantes por tutor sea coherente con los objetivos formativos (art. 21.13).
El art. 21.9 es claro: las prácticas deben ajustarse a la formación y competencias del plan de estudios y no pueden comprender en ningún caso la sustitución de las funciones de cualquier puesto de trabajo de la entidad donde se desarrollen. El Estatuto añade que las universidades solo deben firmar convenios con entidades que ofrezcan garantías suficientes y que no pueden hacerlo con las que estén incursas en alguna de las causas de exclusión previstas en la normativa de prácticas (art. 21.14).
Para la empresa, esta regla es la frontera con la relación laboral. Si el estudiante cubre una vacante, sustituye a un trabajador de baja o vacaciones, hace tareas ajenas a su proyecto formativo o carece de tutor efectivo, la práctica pierde su carácter formativo y puede calificarse como una relación laboral (art. 1.1 ET), con las consecuencias de cotización y sanción que ello conlleva.
El art. 21.11 recuerda que las prácticas académicas externas, en cualquiera de sus modalidades, determinan la inclusión del estudiante en el sistema de la Seguridad Social «en los términos y condiciones» de su normativa. No crea una obligación nueva: remite a la disposición adicional 52.ª LGSS, que ya regula estas prácticas:
No. El Estatuto no establece una remuneración obligatoria. Solo prevé que los convenios de cooperación educativa puedan incluir, si lo permite la normativa estatal que los regule, mecanismos para compensar al estudiante determinados gastos directamente relacionados con las prácticas, en los términos que fije cada convenio (art. 21.8). Si la empresa decide pagar una bolsa o ayuda, recuerde que eso convierte las prácticas en remuneradas a efectos de la disp. adic. 52.ª LGSS.
Fuente: Real Decreto 855/2026, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiantado Universitario (BOE-A-2026-21955, BOE de 22 de octubre de 2026): arts. 6.1 n), 10.6 a 10.8, 11 f) y 21; disposiciones transitorias primera y segunda, derogatoria única y final cuarta. Disposición adicional 52.ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE-A-2015-11724).
