Actualidad normativa, análisis jurisprudencial y herramientas de automatización para el Graduado Social.
El Congreso tomó en consideración el 22 de septiembre la Proposición de Ley que suprimiría los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados. Qué dice hoy la norma, qué propone el texto y por qué todavía no genera ningún derecho.
El BOE publica el Real Decreto 723/2026, que culmina la transposición de la Directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles: desaparece el plazo de dos meses para informar del puesto, se exige un detalle inédito en los contratos y entra en vigor el 5 de octubre de 2026.
El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que transpone la Directiva (UE) 2019/1152 y sustituye al RD 1659/1998: desaparece el plazo de dos meses para informar por escrito de las condiciones esenciales del contrato, se amplía el catálogo de información obligatoria y se garantiza el acceso a los criterios algorítmicos que afectan al empleo.
El BOE del 4 de septiembre publica la modificación del VI Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030: exige por primera vez dar audiencia previa al trabajador antes de un despido disciplinario, y fija un marco disciplinario específico para el uso de redes sociales.
Trabajo prepara un Real Decreto que obligará a que los contratos detallen la duración concreta del periodo de prueba y qué capacidades o elementos del desempeño están sujetos a examen. La falta de concreción abrirá la puerta a que el cese durante los primeros meses de la relación laboral se impugne judicialmente por ausencia de causa objetiva.
Desde el 1 de septiembre está abierto el plazo, hasta el 30 de septiembre, para que los pensionistas del INSS o el ISM residentes fuera de España acrediten su fe de vida por segunda vez este año —marzo y septiembre—, algo que nunca había ocurrido hasta ahora. A partir de 2027 el trámite pasará a ser tres veces al año.
El BOE publica el Real Decreto 707/2026, que aprueba el Reglamento de accesibilidad cognitiva y proyecta sobre la empresa, a través de su artículo 14, obligaciones tasadas de formación, PRL, selección, herramientas digitales y comunicación interna para las personas trabajadoras con discapacidad intelectual igual o superior al 33%. Entra en vigor el 2 de enero de 2027.
El Consejo de Ministros del 1 de septiembre ha aprobado un paquete de medidas urgentes para oxigenar el tejido productivo de Ceuta: bonificación del 75% en las cuotas empresariales, ERTE por fuerza mayor con exoneración total de cotizaciones hasta el 31 de diciembre y protección reforzada por desempleo.
La campaña #NoAlSecuestroDeMiVida de la firma BK Legal ha puesto sobre la mesa el debate de la jornada partida. Analizamos por qué una prohibición legal de un día para otro chocaría con la libertad de empresa, y por qué la verdadera solución pasa por la negociación colectiva y la organización inteligente de turnos.
Desde el 1 de septiembre de 2026 la Seguridad Social notifica exclusivamente por vía electrónica los procedimientos de Incapacidad Temporal, Incapacidad Permanente y lesiones permanentes no incapacitantes. El trabajador dispone de solo 10 días naturales para acceder a la notificación en la Sede Electrónica antes de que se entienda rechazada y el expediente siga su curso.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 y el despliegue de los Tribunales de Instancia han generado fricciones severas en las fases piloto. El CGPJ publica una Guía de Buenas Prácticas que incorpora, con carácter de obligado cumplimiento para las gerencias territoriales, las reivindicaciones trasladadas por el Consejo General de Graduados Sociales de España: ventanillas especializadas, canales telemáticos preferentes y acceso íntegro a los expedientes.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pone en marcha el Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, un sistema que cruza en tiempo real los datos de absentismo, reincidencia por patología y sectores con desviaciones anómalas. Qué cambia para el compliance laboral y por qué el rigor documental del Graduado Social se vuelve decisivo.
El Instituto de las Mujeres y la ITSS firman un convenio de cuatro años para coordinar la vigilancia de la igualdad retributiva y de género en las empresas, con foco en los sectores más feminizados, datos desagregados por sexo y un canal de denuncia más ágil entre ambos organismos.
El BOE publica la Ley 2/2026, de 29 de julio, que articula la pasarela desde las mutualidades alternativas al RETA. La norma cierra una brecha histórica, pero traduce el problema en un desafío técnico mayúsculo: convertir décadas de capitalización privada en bases de cotización y periodos de alta del sistema público.
El Reglamento (UE) 2024/1689 clasifica como «sistema de alto riesgo» cualquier herramienta que se use en el empleo, la gestión de trabajadores y el acceso al mercado laboral. Analizamos qué exige esto a las empresas y por qué convierte al Graduado Social en auditor de la tecnología laboral.
El 30 de julio se abrió la consulta pública previa al anteproyecto de ley que transpondrá la Directiva europea de trabajo en plataformas. El error más común es pensar que solo afecta a Uber, Glovo o Deliveroo: el verdadero epicentro es la gestión algorítmica, y eso alcanza a la inmensa mayoría del tejido empresarial.
El Ministerio de Justicia inicia la tramitación del Real Decreto que regulará Citius, la plataforma llamada a evolucionar y sustituir a LexNET. Analizamos qué implica este anuncio para el día a día de los despachos y cuáles son los verdaderos desafíos de la transición.
Repasamos la guía legal y jurisprudencial que sustenta la calculadora de indemnizaciones del Consejo General del Poder Judicial, actualizada a julio de 2026, con las reglas del Tribunal Supremo sobre salario regulador, prorrateo mensual, doble cómputo y límites máximos por tipo de extinción.
La Orden ISM/541/2026 extiende a las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y lesiones permanentes no incapacitantes la obligación de recibir las notificaciones y comunicaciones del INSS por medios electrónicos, con un régimen transitorio en papel para citaciones, altas y prórrogas.
El BOE publica la modificación del artículo 32.3 del Real Decreto 84/1996, que restituye a seis días naturales el plazo para comunicar bajas y variaciones de datos de los trabajadores en el sistema de la Seguridad Social, tras más de una década con el plazo reducido a tres días desde 2015.
El Consejo de Ministros crea la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema (PEEE), a cargo del SEPE, para garantizar las rentas de los trabajadores cuya actividad o vida personal se vea gravemente alterada por los incendios forestales: hasta 4 meses de prestación, sin período de carencia y sin consumir cotizaciones previas.
Qué ocurre cuando un trabajador no puede acudir a su puesto por un incendio, cortes de carretera o evacuaciones preventivas: fundamento en el permiso retribuido del art. 37.3.g) ET, requisitos probatorios, impacto en nómina y cotización, y su deslinde con la paralización de la actividad por riesgo grave e inminente (art. 21 LPRL).
El plazo de transposición venció el 7 de junio de 2026 y el Ministerio de Trabajo tramita por la vía del real decreto un texto que exigirá a empresas de 50 o más personas trabajadoras un registro retributivo con criterios de progresión salarial neutros. Bruselas podría abrir procedimiento sancionador si el decreto no se aprueba antes de septiembre de 2026.
El Congreso rechazó el 10 de septiembre de 2025 la tramitación del proyecto de ley, por lo que la jornada máxima legal continúa en 40 horas semanales. En paralelo, el Gobierno avanza con el registro horario obligatorio (art. 34.9 ET) mediante real decreto independiente.
El RD 607/2026 deroga el histórico RD 1435/1985 y reconfigura la relación laboral especial de artistas y personal técnico: causalidad estricta en la contratación temporal, jornada que integra preproducción y promoción con prohibición expresa de gratuidad, protección uniforme de menores y desglose obligatorio en nómina de la cesión de derechos.
Fundamento legal exacto de la reducción por pago voluntario y reconocimiento de responsabilidad (LISOS y art. 85 LPACAP), sus requisitos formales, sus efectos jurídicos y cuándo conviene acogerse a ella frente a recurrir.
El Pleno de la Sala de lo Social (STS 578/2026) destierra la figura del indefinido no fijo tras la STJUE Obadal y la sustituye por un sistema de indemnización disuasoria y responsabilidad sancionadora.
Cómo el RD 893/2024 integra a las empleadas de hogar en la LPRL: evaluación de riesgos en Prevencion10.es, EPIs gratuitos, delegación preventiva y la exención del recargo de prestaciones.
La STS 532/2026 codifica cinco requisitos para blindar los finiquitos transaccionales privados y explica por qué un solo párrafo ambiguo puede tumbar todo el pacto.
El anteproyecto que reforma la Ley 31/1995 incorpora riesgos psicosociales, cambio climático y ciberacoso, pero levanta dudas serias sobre su encaje en la micropyme española.
Cómo trata la jurisdicción social española la prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales y la que deriva de ella: del art. 11.1 LOPJ a la doctrina de la conexión de antijuridicidad, con jurisprudencia real del Tribunal Supremo sobre videovigilancia, confesión y prueba derivada.
El nuevo régimen abre la jubilación flexible a los autónomos, amplía los márgenes de jornada y crea incrementos de hasta el 25% para quienes retornan al trabajo por cuenta ajena.
Un informe técnico desmonta el debate del "fraude" frente al "recorte de derechos": el envejecimiento de la plantilla y la saturación sanitaria explican mejor el alza de la IT.
La STS 495/2026 fija los criterios del nuevo recurso de casación tras la LO 1/2025 y cierra la puerta a "contractualizar" beneficios sociales de convenios ya extinguidos.
Un TSJ analiza si correr una maratón durante una baja por ansiedad justifica el despido: la clave está en la compatibilidad de la actividad con la patología, no en la apariencia.
Contraponemos la STS 441/2026 (rigor formal frente a la ITSS) con la STS 271/2025 (flexibilidad de plazos frente al INSS): dos velocidades distintas de la seguridad jurídica.
La STS 444/2026 consolida la presunción de laboralidad en el teletrabajo flexible y traslada a la empresa la carga de probar que la trabajadora ya no estaba en su jornada.
Una caída al levantarse a por un documento, un resbalón preparando café en la pausa, un accidente doméstico desvinculado de la jornada: cómo distinguen los tribunales el accidente laboral del doméstico cuando el «lugar de trabajo» es la propia casa.
¿Hacia una "domiciliarización" perversa del centro de trabajo? Un análisis crítico de los riesgos de blindar naves industriales mixtas frente a la Inspección de Trabajo.
Con el Régimen Especial de Empleados de Hogar ya plenamente equiparado al Régimen General, contratar servicio doméstico exige a las familias el mismo rigor documental y de cotización que cualquier empresa. Desglosamos el coste real mensual: SMI, tipos de cotización bonificados y la nueva regulación del despido.
Sin compensación económica real y adecuada, un pacto de no competencia postcontractual es papel mojado. Repasamos los requisitos del art. 21.2 ET, la doctrina del Tribunal Supremo sobre las cláusulas leoninas, y los límites del pacto de permanencia.
La Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, desarrolla las normas de cotización para el ejercicio: base mínima diaria de 47,48 €, contingencias comunes al 28,30% (23,60% empresa / 4,70% persona trabajadora) y Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,9%.
Al solicitar el reingreso tras una excedencia voluntaria, la respuesta de la empresa determina la vía judicial: acción declarativa de reingreso preferente (plazo de un año) o demanda de despido tácito, con un plazo de caducidad de solo 20 días hábiles.
Escalonar extinciones objetivas para no alcanzar los umbrales del artículo 51.1 ET es una maniobra que la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo desmonta con un cómputo móvil y bidireccional de 90 días. La sanción: nulidad radical.
No todo cambio de horario, turno o funciones es una simple orden de servicio. Cuándo el poder de dirección del artículo 20 ET se agota y entra en juego el procedimiento tasado del artículo 41 ET, con sus causas ETOP y sus plazos de consulta.
El Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero, fija el SMI en 40,70 €/día o 1.221 €/mes (17.094 €/año), un 3,1% más que en 2025. Tiene efectos desde el 1 de enero de 2026 y se mantiene exento de retención de IRPF.
La cesta de Navidad, una gratificación recurrente o una flexibilidad horaria pueden consolidarse como derecho adquirido exigible en sede judicial. El Tribunal Supremo exige voluntad inequívoca del empresario para apreciar la condición más beneficiosa.
Audios, videovigilancia y capturas de WhatsApp sustentan hoy la mayoría de los despidos disciplinarios. Repasamos dónde traza el Tribunal Constitucional y el TEDH la frontera entre un indicio válido y una prueba nula por vulneración de derechos fundamentales.
La prevalencia entre un convenio de empresa y uno sectorial no depende solo de la materia regulada, sino de un factor previo y determinante: cuál se negoció antes. Analizamos la prioridad temporal absoluta del art. 84.1 ET frente a la prioridad tasada y limitada del art. 84.2 ET, y por qué desde 2021 el convenio de empresa posterior ya no puede fijar salarios por debajo del sectorial.
Cursar una baja voluntaria en el Sistema RED ante una incomparecencia injustificada es uno de los errores procesales más graves del asesoramiento laboral: el Tribunal Supremo exige una voluntad extintiva clara e inequívoca para apreciar dimisión tácita.
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituye los juzgados unipersonales por los nuevos Tribunales de Instancia y obliga a anticipar la conciliación y la prueba documental y pericial antes del juicio. Repasamos su incidencia organizativa, procesal y en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
La Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo, fija las fiestas laborales para 2026. El 6 de enero queda incluido por todas las comunidades autónomas, y se añaden hasta 2 fiestas locales adicionales por municipio.
La ITSS refuerza sus campañas sobre modalidades temporales y a tiempo parcial fraudulentas, e intensifica la vigilancia del estrés térmico en agricultura y construcción, en paralelo a la incorporación de 554 nuevos inspectores y subinspectores entre 2025 y 2027.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples se mantiene en 20 €/día, 600 €/mes y 7.200 €/año a efectos generales (8.400 € en cómputo de 14 pagas), por prórroga automática ante la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado desde 2023.
El principio de primacía de la realidad permite a los tribunales ignorar cualquier contrato mercantil, por sofisticado que sea, si el día a día demuestra dependencia y ajenidad. Repasamos su anclaje en los arts. 1.1, 3.5 y 8.1 ET y su aplicación por el Tribunal Supremo, desde los falsos becarios hasta los riders de plataformas digitales (STS 805/2020, caso Glovo).
Repasamos la guía oficial del SEPE sobre incentivos a la contratación: qué diferencia una bonificación de una reducción, el marco consolidado por el RDL 1/2023 y los incentivos sectoriales que siguen vigentes fuera de él.
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El Consejo de Ministros ha autorizado al SEPE a convocar 250 millones de euros en subvenciones para financiar programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, dentro del sistema de formación profesional para el empleo. La convocatoria pone el foco en ámbitos como la digitalización, el desarrollo tecnológico, la eficiencia energética, la logística, la internacionalización y la innovación, entre otros sectores con perspectivas de crecimiento y generación de empleo. Las acciones formativas deberán estar incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas del SEPE. Para los centros de formación se abre una nueva oportunidad de desarrollar y presentar proyectos estatales — y, para los despachos, conviene tenerlo presente al orientar a empresas clientes sobre la formación de sus plantillas. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
El Pleno aprobó tramitarla con 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones. Propone modificar los arts. 207 y 208 TRLGSS y abrir un recálculo ante el INSS para quienes ya se jubilaron con penalización. Todavía no es norma vigente: los coeficientes de la Ley 21/2021 se siguen aplicando. Leer el artículo completo →
Desde la STJUE de 15 de mayo de 2025, el INSS reconoce el complemento para la reducción de la brecha de género a los padres con efectos retroactivos desde el hecho causante de su pensión, lo que provoca periodos en los que ambos progenitores lo han cobrado a la vez. El Criterio de gestión 19/2026, que aplica el Criterio 9/2026 de la DGOSS, zanja la duda: la extinción del complemento de la madre solo surte efectos en la fecha del art. 60.2 LGSS y lo percibido hasta entonces no es indebido, así que no se le reclamará el reintegro. La misma regla vale si la madre cobraba el antiguo complemento por maternidad. Útil para quienes tengan clientes con expedientes de reintegro abiertos por este motivo. Ver en Normativa › Seguridad Social →
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que permite computar como cotizados al Régimen General, a efectos de la pensión de jubilación, los periodos trabajados como deportista profesional antes de la integración de cada disciplina en el sistema, un proceso gradual que no culminó hasta 2003. Se benefician quienes residían en España y ejercieron con contrato profesional dentro de la relación laboral especial de deportistas profesionales entre el 15 de marzo de 1980 y la fecha de esa integración; quedan fuera los futbolistas profesionales, que tienen su propia normativa. La solicitud se presenta ante el INSS junto con la de jubilación o de revisión de la pensión, acompañada de un certificado del club, entidad deportiva o, si el club ha desaparecido, de la federación, que acredite la condición de profesional y el periodo de actividad. El capital coste lo asume el Consejo Superior de Deportes, no el interesado. Entrada en vigor: a los tres meses de su publicación en el BOE, aún pendiente — conviene identificar ya a clientes exdeportistas con pensiones reconocidas o en trámite. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
Un nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros regula el procedimiento para reconocer como cotizados los periodos de actividad de los ministros de culto de las iglesias de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día anteriores a su inclusión en el Régimen General, que se produjo en 1987 para los adventistas y en 1999 para los evangélicos. Esos periodos contarán para acceder a las pensiones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. La norma fija cómo acreditar la condición de ministro de culto y el tiempo de actividad, y cómo se calcula e ingresa el capital coste que, en este caso, corre a cargo del propio interesado. Sus efectos económicos se retrotraen al 1 de enero de 2015. Conviene revisar los expedientes de pensionistas y futuros pensionistas de estas confesiones para valorar si les compensa el ingreso del capital coste. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
El Consejo de Ministros ha autorizado a la Tesorería General de la Seguridad Social a asumir compromisos de gasto plurianual para suscribir la adenda de prórroga, por cuatro años, del convenio que mantiene con el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social desde el 29 de noviembre de 2022. El convenio articula la colaboración entre ambos organismos para intensificar el control del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social y prevenir, detectar y corregir el fraude, incluida la aportación de pruebas a los procedimientos administrativos y judiciales. En la práctica, las actuaciones coordinadas entre Tesorería e Inspección seguirán activas al menos otros cuatro años, así que conviene mantener al día la documentación de altas, jornadas y encuadramientos de los clientes. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
El Plan IA360 del Gobierno parte de un dato llamativo: solo el 21,1% de las empresas de 10 o más trabajadores usaba IA en el primer trimestre de 2025, frente al 44,2% de la población en edad de trabajar que ya usa IA generativa a título personal —la tecnología avanza más rápido entre las personas que dentro de las organizaciones—. El objetivo declarado es llegar al 55% de empresas en 2030, con la Red NEURONA como medida central: una red público-privada de centros donde las empresas podrán probar la IA aplicada a su propio sector y sus datos antes de desplegarla, con un piloto de 100 pymes este mismo año y hasta 5.000 empresas en 2027. También se anuncia el bono empresarial de inteligencia artificial, que subvencionará soluciones de IA que transformen realmente los procesos productivos —no la mera contratación de una licencia— y condicionará la ayuda a la formación de la plantilla y a su incorporación efectiva a los procesos internos; la convocatoria general se prevé antes de que acabe 2027, con una dotación de 600 millones de euros y el objetivo de llegar a 25.000 empresas. Para el sector, lo más relevante puede ser lo que viene después: el propio Plan anuncia para octubre un Acuerdo Tripartito con los agentes sociales, mesas sectoriales y un observatorio permanente sobre el impacto de la IA en el empleo, que orientará futuras decisiones en materia de formación y regulación laboral — conviene empezar a seguirlo de cerca. Plan IA360 (Moncloa) ↗
Naciones Unidas conmemora hoy, 18 de septiembre, el Día Internacional de la Igualdad Salarial, instaurado por la Asamblea General en 2019 para visibilizar la brecha retributiva que sigue separando el salario de mujeres y hombres en todo el mundo. En España el marco de referencia continúa siendo el Real Decreto 902/2020, que obliga a llevar un registro retributivo en toda empresa y a negociar una auditoría salarial en las que tienen plan de igualdad; el art. 8.12 LISOS tipifica como infracción muy grave la discriminación retributiva por razón de sexo. Recordamos que en Graduado Social Red están disponibles la calculadora del complemento por brecha de género y el resto de recursos de Igualdad en Normativa. ONU ↗
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado identificar las Secciones de lo Social con mayor acumulación de asuntos para valorar refuerzos temporales (art. 216 bis LOPJ) y una mayor especialización de plazas, siguiendo el modelo ya aplicado en Barcelona y Valencia, centrada en despidos, incapacidad permanente e ingreso mínimo vital. Entre el primer trimestre de 2025 y el de 2026 la demora media ha crecido un 24,6% en los órganos sin ejecución (de 13 a 16,2 meses) y un 23,1% en los que sí ejecutan (de 10,8 a 13,3 meses), con 82.966 y 408.646 asuntos pendientes respectivamente. Los casos más graves: Córdoba (28,27 meses, señalamientos hasta noviembre de 2029), Murcia (23,95 meses, hasta enero de 2030) y Sevilla (19,56 meses, hasta diciembre de 2029). El refuerzo estructural pasa por las 46 nuevas plazas aprobadas (+11,5%), 8 de ellas en Madrid, que entrarán en funcionamiento durante 2027 — conviene tenerlo presente al informar a los clientes sobre plazos realistas de señalamiento. Confilegal ↗
El Real Decreto 723/2026 deroga el RD 1659/1998 y redefine cómo y cuándo deben las empresas comunicar las condiciones de trabajo: desaparece el plazo de dos meses de cortesía y la información esencial del puesto debe entregarse antes de que el trabajador empiece a prestar servicios. Vacatio legis: entrada en vigor a los 20 días naturales de su publicación, el 5 de octubre de 2026. Repasamos en el artículo completo qué deben revisar ya las empresas en sus contratos y anexos informativos. Leer el artículo completo →
El BOE nº 225/2026, de 11 de septiembre, publica la Resolución de 9 de septiembre de 2026 del Congreso de los Diputados por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, que establece medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales. Al convalidarse, el RDL mantiene su vigencia como norma con rango de ley. BOE-A-2026-18994 ↗
Cronología: ya contamos en el blog que el Gobierno preparaba este Real Decreto para reforzar la información sobre el periodo de prueba y el resto de condiciones esenciales del contrato; el proyecto ha completado ahora su tramitación con la aprobación definitiva en Consejo de Ministros el 8 de septiembre de 2026. El nuevo Real Decreto deroga el histórico RD 1659/1998 y exige detallar por escrito, desde el primer día, fecha de inicio y fin, centro de trabajo, categoría profesional, salario base y complementos, criterios de cálculo de las cuantías variables y, en los contratos temporales, su causa de justificación. Los contratos ya vigentes que no recojan esta información podrán reclamarla, con un plazo máximo de 30 días para que la empresa la facilite. Entrada en vigor: a los 20 días de su publicación en el BOE, aún pendiente en el momento de este apunte — actualizaremos la fecha exacta en cuanto se publique. Ver artículo relacionado →
Tras la STS de 18/11/2024, que exige dar trámite de audiencia previa antes de un despido disciplinario, la negociación colectiva empieza a incorporarlo de forma expresa: la Resolución de 25 de agosto de 2026 de la Dirección General de Trabajo registra y publica en el BOE del 4 de septiembre la modificación del VI ALEH, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. El trabajador dispone de dos días desde que recibe la información de los hechos para contestar por escrito; durante ese plazo sigue prestando servicio con normalidad, salvo que la empresa opte por considerarlo permiso retribuido, en cuyo caso puede además suspender el acceso al centro de trabajo, al correo corporativo o retirar temporalmente las herramientas de trabajo. El acuerdo también fija por primera vez un marco disciplinario específico para el uso de redes sociales. Repasamos ambas novedades en el artículo completo. Leer el artículo completo →
Desde el 1 de septiembre, las personas solicitantes o beneficiarias de incapacidad temporal, incapacidad permanente y lesiones permanentes no incapacitantes quedan obligadas a recibir por vía electrónica las notificaciones de su expediente, en aplicación de la Orden ISM/541/2026. No cambia la tramitación ni la cuantía de la prestación, solo el canal de notificación — conviene revisar con cada cliente que tiene bien configurado el aviso en su dispositivo para no perder plazos de alegaciones o recursos. Más arriba tienes el artículo completo. Portal de notificaciones INSS ↗
El presidente del Consejo Económico y Social se reúne con el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España para intercambiar impresiones sobre la situación del colectivo y su ejercicio profesional. Sin anuncios normativos, pero es la clase de movimiento institucional que conviene seguir de cerca.
Tres meses después de su publicación en el BOE, el Real Decreto 416/2026 entra en vigor y con él el nuevo régimen de jubilación flexible: autónomos incluidos por primera vez, jornada compatible entre el 33% y el 80%, e incrementos de hasta el 25% sobre la pensión para quien retorna al trabajo. Más arriba tienes el análisis completo del articulado. BOE ↗
El SEPE registra 19.517 parados más que en junio (2.311.499 en total), un repunte estacional habitual en julio. La afiliación media a la Seguridad Social marca en cambio un nuevo récord, 22.508.065 ocupados, impulsada en parte por la regularización extraordinaria de personas inmigrantes. SEPE ↗
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales valora positivamente la entrada en vigor de la recuperación del plazo de seis días naturales para comunicar bajas y variaciones en la Seguridad Social (BOE-A-2026-16557), una reivindicación que venía trasladando desde hace años. Más arriba tienes la ficha con el enlace directo al BOE.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 643/2026, además del nuevo plazo de seis días para bajas y variaciones, empieza a correr el plazo de seis meses para que las empresas comuniquen a la Tesorería General de la Seguridad Social el código de ocupación laboral, única o principal, de cada persona trabajadora en alta, conforme a la Clasificación Nacional de Ocupaciones. No es un trámite menor: el código debe reflejar la ocupación realmente desempeñada, y conviene aprovechar para revisar categorías y puestos antes de enviarlo en bloque desde el sistema RED. BOE-A-2026-16557 ↗
El Boletín de Noticias RED de este ciclo recuerda la tributación de la indemnización por falta de preaviso en la extinción objetiva del art. 52 ET y traslada un nuevo criterio interpretativo de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre el art. 215.3 LGSS, a raíz del RDL 11/2024. Nada que merezca un análisis propio, pero conviene tenerlo a mano al preparar liquidaciones.
El BOE publica la modificación del art. 32.3 del Real Decreto 84/1996, que restituye a seis días naturales el plazo para comunicar las bajas y las variaciones de datos de las personas trabajadoras, reducido a tres días desde 2015. Es una reivindicación histórica del colectivo de Graduados Sociales y alivia la presión en los cierres de mes y en las extinciones comunicadas a última hora. Conviene revisar las alertas internas del despacho, que muchas siguen configuradas con el margen de tres días. BOE-A-2026-16557 ↗
El Real Decreto 632/2026, de 29 de julio, amplía el anexo del Real Decreto 1851/2009 con once nuevas patologías que dan derecho a reducir la edad de jubilación (art. 206 bis LGSS) a las personas con una discapacidad de al menos el 45 % que reduce de forma generalizada la esperanza de vida. Las propuso la Comisión Técnica creada por la Orden ISM/444/2025 para ir ampliando un anexo que es una lista abierta y sujeta a revisión. Entra en vigor al día siguiente de su publicación y se aplica a hechos causantes posteriores: conviene revisar los expedientes de clientes con estas patologías antes de solicitar la pensión. BOE-A-2026-16548 ↗
Jornada doble en el BOE. La Ley 2/2026, de 29 de julio, modifica la LGSS para permitir que los profesionales colegiados que optaron por una mutualidad alternativa trasladen sus derechos al RETA, una reclamación de años cuyo reto real está ahora en la mecánica actuarial del traspaso. El mismo día, el Real Decreto-ley 20/2026 aprueba medidas urgentes de protección laboral y social frente a los incendios forestales —incluida una prestación extraordinaria por emergencia extrema—, que el Congreso convalidaría en septiembre. Tienes ambos análisis en el blog. Leer el análisis de la pasarela al RETA →
El Consejo General del Poder Judicial actualiza a la versión 0.6 la Guía legal y jurisprudencial que sustenta su calculadora de indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, elaborada por el grupo de trabajo de magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y de varios Tribunales Superiores de Justicia. Sucede a la versión 0.5 de octubre de 2024. Repasamos en el artículo completo sus reglas sobre salario regulador, prorrateo mensual y el doble cómputo de la reforma de 2012. Leer el artículo completo →
El BOE publica el Real Decreto 607/2026, de 22 de julio, que regula la relación laboral especial de las personas artistas de las artes escénicas, audiovisuales y musicales y del personal técnico y auxiliar necesario para esa actividad, y deroga el Real Decreto 1435/1985. Incorpora al reglamento el régimen de extinción del contrato artístico de duración determinada: indemnización de 12 días de salario por año de servicio (o la superior de convenio o contrato) y de al menos 20 días cuando el contrato, con sus prórrogas, supere los 18 meses.Entrada en vigor: a los diez meses de su publicación, en mayo de 2027, así que hay margen para adaptar los modelos de contrato del sector. BOE-A-2026-16173 ↗
La STS 578/2026, de 30 de junio (Pleno de la Sala Cuarta, ECLI:ES:TS:2026:2924), culmina el giro iniciado tras la sentencia del TJUE de 14 de abril en el asunto Obadal (C-418/24): el «indefinido no fijo», tal como venía aplicándose, no disuadía del abuso de la contratación temporal sucesiva por las Administraciones. La Sala reordena el esquema de remedios y, desde entonces, los TSJ ya están aplicando el nuevo criterio con matices —cese válido si la plaza se cubre reglamentariamente, sin indemnización si hay continuidad real en la Administración—. Lo repasamos con detalle en el blog. Leer el artículo completo →
La reforma del contrato de relevo del Real Decreto-ley 11/2024 había dejado en el aire la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones, porque la plaza del relevista choca con las reglas de acceso al empleo público (igualdad, mérito y capacidad) y con las tasas de reposición. El Real Decreto-ley 19/2026, publicado en el BOE del 30 de junio y en vigor al día siguiente, adopta medidas urgentes para que la jubilación parcial con contrato de relevo siga siendo viable en el sector público, tras las soluciones provisionales aplicadas desde 2025 por vía de criterios de Función Pública. El Congreso lo convalidó el 23 de julio. BOE-A-2026-14113 ↗
El Consejo de Ministros aprueba el PAFED 2026, el instrumento de planificación anual de las políticas activas de empleo previsto en la Ley 3/2023, de Empleo. Incluye una estrategia global para el empleo de las personas desempleadas de larga duración o de más edad y una garantía de servicios para los mayores de 45 años, con medidas de empleo, formación, condiciones de trabajo y Seguridad Social y un presupuesto de 440 millones de euros. Se publicó en el BOE por resolución de 8 de julio. Útil para orientar a clientes sobre incentivos a la contratación de estos colectivos. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
Dentro de las medidas del Gobierno para el verano de 2026, el INSST lanza una campaña informativa para trabajadores y empresas sobre cómo actuar ante episodios de calor extremo, y la Inspección de Trabajo ejecuta campañas específicas, acordadas con las comunidades autónomas, para vigilar la seguridad y salud frente a las altas temperaturas, con prioridad en los sectores más expuestos, como la agricultura y la construcción. También refuerza el control del empleo irregular y de la cotización en los sectores con más actividad estival. Buen momento para revisar la evaluación de riesgos por calor y las medidas de adaptación de jornada. Referencia del Consejo de Ministros (Moncloa) ↗
El 7 de junio de 2026 terminó el plazo que la Directiva de transparencia retributiva daba a los Estados miembros para incorporarla a su Derecho interno, y España llega sin texto aprobado: el Ministerio de Trabajo la tramita por la vía de real decreto, con un registro retributivo reforzado y criterios de progresión salarial neutros para empresas de 50 o más personas trabajadoras. Mientras tanto, la Directiva puede invocarse frente a las Administraciones y sirve como criterio interpretativo en los litigios por discriminación retributiva, de modo que conviene revisar ya las auditorías y las ofertas de empleo (banda salarial, prohibición de preguntar por el salario anterior). Directiva (UE) 2023/970 ↗
Publicado en el BOE del 28 de mayo, el Real Decreto 416/2026 deroga el RD 1132/2002 y reforma de arriba abajo la jubilación flexible: incluye por primera vez a los autónomos, permite compatibilizar la pensión con una jornada de entre el 33% y el 80%, e incentiva con incrementos de hasta el 25% la vuelta al trabajo. Entrará en vigor a los tres meses de su publicación (28 de agosto). Publicamos el análisis completo del articulado con los cambios que deben conocer asesorías y departamentos de RR.HH. Leer el artículo completo →
En un conflicto colectivo en Logirail, la STS 516/2026, de 28 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:2447), fija doctrina sobre los pluses de asistencia o antiabsentismo previstos en convenio: las ausencias por permisos y licencias retribuidos del art. 37 ET no impiden devengar el plus, mientras que las bajas por incapacidad temporal, que suspenden el contrato, sí pueden excluirlo. El fallo estima en parte la demanda sindical. Conviene revisar cómo se liquidan estos pluses en nómina. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
Dos normas del mismo 27 de mayo con impacto directo en la gestión diaria. El Real Decreto 416/2026 regula el nuevo régimen de la jubilación flexible y otros aspectos comunes a la compatibilidad de la pensión con el trabajo, y retoca la jubilación demorada. La Orden ISM/541/2026 amplía la notificación electrónica obligatoria del INSS a la incapacidad temporal, la incapacidad permanente y las lesiones permanentes no incapacitantes, con efectos desde el 1 de septiembre. Ver el artículo sobre las notificaciones del INSS →
Con ocasión de la tarifa eléctrica bonificada de un jubilado de Endesa, el Pleno aprovecha para sentar doctrina procesal tras la Ley Orgánica 1/2025: desde el 3 de abril de 2025, la contradicción entre sentencias es necesaria pero ya no suficiente para acceder al recurso de casación para la unificación de doctrina, porque el art. 219 LRJS exige además justificar el interés casacional objetivo. Es una lectura obligada antes de preparar cualquier RCUD. Leer el artículo completo →
La STS 491/2026, de 20 de mayo (ECLI:ES:TS:2026:2258), confirma en conflicto colectivo la nulidad de la cláusula que Abanca incluía en sus contratos para alterar la jornada invocando genéricamente «necesidades de organización». Una habilitación así vacía de contenido las garantías del art. 41 ET: permitiría modificar condiciones sustanciales sin acreditar una causa real ni seguir el procedimiento legal. Revisa los modelos de contrato con cláusulas abiertas de disponibilidad horaria. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
La SAN 88/2026, de 19 de mayo (ECLI:ES:AN:2026:1912), resuelve el solapamiento entre festivos y descanso semanal en el sector de contact center: el festivo que cae en el día de descanso de la persona trabajadora no puede darse por disfrutado y debe compensarse con otro día. Ese mismo día la Sala dictó otra sentencia en la misma línea (SAN 90/2026). Revisa los cuadrantes de plantillas con turnos rotativos: es una fuente habitual de reclamaciones colectivas. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
La STSJ de Castilla-La Mancha 815/2026, de 7 de mayo, rechaza el despido disciplinario de una gerente de supermercado de baja por un trastorno adaptativo ansioso-depresivo a la que los detectives de la empresa vieron correr una maratón y tomar una cerveza: en una baja de salud mental el ejercicio y la socialización forman parte del tratamiento, y la clave es si la actividad es incompatible con la dolencia o retrasa la curación. Añade una lección procesal: el informe de detective no es prueba documental apta para revisar los hechos en suplicación. Un buen recordatorio antes de encargar un seguimiento. Leer el artículo completo →
Según la Encuesta de Población Activa del INE, el paro sube en 231.500 personas en el primer trimestre de 2026 hasta rozar los 2,71 millones, y la tasa escala al 10,83% (nueve décimas más que en el trimestre anterior). La ocupación cae en 170.300 personas, hasta 22,29 millones: una bajada habitual en los primeros trimestres, pero la más intensa desde 2020, y que afecta a todas las comunidades autónomas. INE ↗
La STS 444/2026, de 23 de abril (ECLI:ES:TS:2026:1950), califica como accidente de trabajo el fallecimiento por infarto de una teletrabajadora con horario flexible hallada muerta en su domicilio, con la autopsia situando el infarto en torno a las 15:00 horas. La Sala aplica la presunción de laboralidad del art. 156.3 LGSS, que la mutua no logró desvirtuar, y la condena a responder de las prestaciones de muerte y supervivencia: con horario flexible, la carga de probar que el suceso ocurrió fuera del tiempo de trabajo recae en quien niega la contingencia profesional. Es una razón más para que el acuerdo de teletrabajo fije con precisión el horario y su registro. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
La STS 372/2026, de 15 de abril (ECLI:ES:TS:2026:1772), precisa las consecuencias probatorias de incumplir el registro diario de jornada del art. 34.9 ET. Distingue según el tipo de horario: con un horario regular y prefijado, la persona trabajadora debe aportar indicios de que hizo excesos de jornada; cuando no hay patrones fijos, la falta de registro pesa mucho más sobre la empresa. Un matiz clave para preparar (o defender) una reclamación de horas extraordinarias. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
La sentencia de Gran Sala de 14 de abril de 2026 concluye que la figura del indefinido no fijo, tal como se aplicaba en España, no constituye una medida suficientemente disuasoria frente a la utilización abusiva de contratos temporales sucesivos (cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE). Es el detonante del cambio de doctrina que el Pleno del Supremo formalizaría el 30 de junio. Leer el artículo completo →
La STS 441/2026, de 14 de abril (ECLI:ES:TS:2026:1582), extiende la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas a espacios donde conviven oficina y taller bajo el mismo techo, y anula toda la actuación derivada de la entrada. Tiene consecuencias prácticas para la Inspección de Trabajo y abre un debate sobre la «domiciliarización» del centro de trabajo que analizamos en el blog. Leer el artículo completo →
La Ley 1/2026, de 8 de abril, reforma el marco de la economía social con cambios relevantes en las cooperativas de trabajo asociado, las empresas de inserción y la contratación pública reservada. Entre otras medidas, obliga a las cooperativas a procurar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos, a adoptar medidas de conciliación corresponsable y permite crear comisiones de igualdad, y regula los itinerarios de inserción de las personas en riesgo de exclusión contratadas por empresas de inserción (entre seis meses y tres años). Para los despachos que asesoran cooperativas y sociedades laborales, obliga a revisar estatutos y reglamentos de régimen interno. BOE-A-2026-7967 ↗
Con tres meses de retraso, la orden de cotización desarrolla las normas del ejercicio: base mínima diaria de 47,48 €, contingencias comunes al 28,30% (23,60% empresa / 4,70% persona trabajadora), Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,9% y base máxima de 5.101,20 € mensuales. Toca revisar las liquidaciones de enero a marzo por si hay diferencias que regularizar. BOE-A-2026-7296 ↗
La STS 290/2026, de 24 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1348), declara nulo el despido colectivo porque la apertura del periodo de consultas se comunicó a la autoridad laboral cuando ya había terminado sin acuerdo, y analiza además las consecuencias de entregar a la representación de los trabajadores una documentación desestructurada y excesiva, que no cumple la finalidad informativa. Dos lecciones para cualquier ERE: la comunicación a la autoridad laboral es un trámite de inicio, no de cierre, y documentar no es volcar papel. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
En un conflicto colectivo del sindicato ALFERRO frente a una empresa pública ferroviaria, la STS 285/2026, de 24 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1464), confirma que los recibos de salario deben desglosar de forma comprensible los conceptos variables, los atrasos y las incidencias del mes (bajas, huelgas, licencias sin sueldo, primas, sanciones), con sus periodos de devengo. No basta con cuadrar el importe: la persona trabajadora tiene que poder comprobar de dónde sale. Buen momento para revisar las plantillas de nómina de los clientes con retribución variable. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
El órgano consultivo cuestiona el proyecto del Ministerio de Trabajo por infravalorar su coste para las pymes, por la falta de adaptación a sectores como hostelería, construcción o transporte, por las garantías insuficientes en materia de protección de datos y por el rango normativo elegido. El dictamen no es vinculante, pero ha retrasado la aprobación: a día de hoy el fichaje digital sigue sin ser obligatorio y rige el art. 34.9 ET en su redacción actual. Consejo de Estado ↗
La STS 281/2026, de 16 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1280), unifica doctrina en la relación laboral especial de alta dirección: cuando la empresa reconoce la improcedencia de un despido disciplinario, el directivo cobra la indemnización correspondiente y, además, la compensación que su contrato fijaba por no respetar el preaviso. Son conceptos distintos y no se absorben entre sí. A tener en cuenta al negociar la salida de un directivo o al redactar su contrato. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:1280) ↗
La STS 255/2026, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2026:1363), califica como despido nulo por discriminación por edad la extinción de un trabajador de la Autoridad Portuaria de Vigo en aplicación de una cláusula de jubilación forzosa incluida en su contrato. La jubilación forzosa solo cabe cuando la prevé el convenio colectivo en los términos estrictos de la disposición adicional décima ET, no por pacto individual. Revisa los contratos con cláusulas de este tipo antes de aplicarlas. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:1363) ↗
El Consejo de Ministros remite a las Cortes el llamado «Estatuto del becario»: las prácticas no laborales solo serán tales si están vinculadas a programas oficiales universitarios, de formación profesional o de empleo público; en otro caso habrá relación laboral. Exige convenio escrito entre empresa y centro con el contenido formativo y la duración máxima, doble tutoría, prohíbe cobrar por acceder a las prácticas, obliga a compensar los gastos de la persona en formación y endurece las sanciones, que pueden superar los 250.000 euros. Mientras sigue su tramitación parlamentaria, conviene revisar ya los convenios de prácticas que cubren funciones propias de un puesto de trabajo. La Moncloa ↗
El Pleno convalida el Real Decreto-ley 3/2026 (revalorización de las pensiones, 317 votos a favor) pero no el Real Decreto-ley 2/2026, que prorrogaba hasta el 31 de diciembre la suspensión de desahucios de personas vulnerables y la prohibición de cortes de suministros. La revalorización queda así consolidada con efectos desde el 1 de enero. La Moncloa ↗
La STS 194/2026, de 25 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:1090), resuelve un caso de pacto de no concurrencia postcontractual nulo e incumplido: el trabajador no debe devolver las cantidades percibidas cuando, aunque superasen el salario del convenio, retribuían la prestación de servicios y no una compensación específica por no competir. Lección para quien redacta estos pactos: la compensación debe ser adecuada, diferenciada del salario y estar ligada a un interés industrial o comercial real (art. 21.2 ET). Ver la sentencia en Jurisprudencia →
El salario mínimo sube un 3,1%: 40,70 €/día, 1.221 €/mes y 17.094 €/año, con efectos desde el 1 de enero de 2026, y se mantiene exento de retención de IRPF. Las empresas deben revisar las tablas de convenio por debajo del nuevo mínimo y abonar los atrasos desde enero; recuerda también que el precio hora de las empleadas de hogar se actualiza con él. BOE-A-2026-3815 ↗
La STS de 5 de febrero de 2026 (Nº de resolución 140/2026, ECLI:ES:TS:2026:686) resuelve cuánto dura el permiso del art. 37.3.b) ET cuando el familiar recibe el alta hospitalaria antes de que se cumplan los cinco días: si sigue necesitando reposo y no tiene alta médica, la persona trabajadora conserva el permiso completo. La Sala subraya además el impacto de género de la cuestión, porque son mayoritariamente mujeres quienes asumen esos cuidados. Conviene revisar los protocolos que dan por terminado el permiso con el informe de alta del hospital. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:686) ↗
La STS de 5 de febrero de 2026 (Nº de resolución 142/2026, ECLI:ES:TS:2026:663) desestima el conflicto colectivo que pedía extender a toda la plantilla de una empresa energética el régimen de teletrabajo del personal fuera de convenio, que podía trabajar desde domicilios distintos. Al no estar regulado de forma uniforme en el convenio y existir una justificación objetiva ligada a puestos de especial responsabilidad, no hay discriminación. Útil para empresas con políticas de teletrabajo diferenciadas: conviene documentar la razón objetiva de cada régimen. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
En conflicto colectivo, la STS de 4 de febrero de 2026 (Nº de resolución 126/2026, ECLI:ES:TS:2026:702) analiza si los permisos por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares deben iniciarse necesariamente el primer día laborable siguiente al suceso, y descarta ese automatismo: el disfrute debe atender a la finalidad del permiso y a las circunstancias concretas de cada caso. Junto con la sentencia del día siguiente, dibuja un permiso de cuidados más flexible de lo que muchas empresas venían aplicando. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:702) ↗
Tras la derogación del Real Decreto-ley 16/2025 por no convalidación, el Gobierno aprueba el 3 de febrero un nuevo real decreto-ley que mantiene la subida del 2,7% de las pensiones contributivas y de clases pasivas desde el 1 de enero —más de un 7% en las mínimas— y recupera las reglas básicas de cotización de 2026, de modo que los pensionistas no pierden la actualización ya cobrada en enero. BOE-A-2026-2548 ↗
El BOE publica la orden que establece el umbral salarial de referencia para conceder la Tarjeta azul-UE a profesionales altamente cualificados: el contrato debe prever una retribución bruta anual igual o superior a 1,4 veces la ganancia media anual bruta por trabajador de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE (la de 2023), y el umbral se actualizará cuando se publique una nueva encuesta. El mismo criterio se aplica a la residencia nacional para profesionales altamente cualificados. Conviene comprobarlo antes de cerrar la oferta salarial a un perfil extracomunitario, porque es el primer requisito que revisa la oficina de extranjería. BOE-A-2026-2142 ↗
El decreto «ómnibus» de 23 de diciembre, que incluía la revalorización de las pensiones para 2026 y las reglas de cotización del ejercicio, decae tras su rechazo en el Congreso. Se abre un periodo de inseguridad para pensionistas y para las liquidaciones de cuotas que el Gobierno resolverá una semana después con el Real Decreto-ley 3/2026. Iberley ↗
La STS 62/2026, de 26 de enero (Pleno, ECLI:ES:TS:2026:529), fija doctrina sobre el permiso parental de hasta ocho semanas para el cuidado de menores de ocho años: se disfruta por periodos semanales, y no es ajustado a derecho que la empresa considere que durante esas semanas no se devengan días de vacaciones. El permiso es una medida de conciliación ligada a la igualdad efectiva, y descontarlo del cómputo vacacional penalizaría precisamente su ejercicio. Toca revisar las políticas internas y los cuadrantes que prorrateaban las vacaciones excluyendo esos periodos. CENDOJ (ECLI:ES:TS:2026:529) ↗
La STS 32/2026, de 15 de enero (ECLI:ES:TS:2026:209), confirma la sentencia de la Audiencia Nacional y aprecia vulneración de la libertad sindical en tres frentes mantenidos durante años: negar la información sindical del art. 10 LOLS, no facilitar tablones de anuncios en los centros y restringir el crédito horario. Condena a 30.000 euros de indemnización al sindicato y a una multa de 3.000 euros por temeridad procesal. Recuerda que el tablón y los canales de información sindical son un deber empresarial, no una concesión, y que su recorte se paga caro. Ver la sentencia en Jurisprudencia →
Abrimos el año en el blog con un error que genera muchos pleitos evitables: tramitar como baja voluntaria las ausencias injustificadas de una persona trabajadora que deja de acudir sin avisar. Confundir la ausencia reiterada con una voluntad extintiva inequívoca expone a la empresa a un despido improcedente o incluso nulo; explicamos cuándo cabe apreciar dimisión tácita y cuándo hay que acudir al despido disciplinario. Leer el artículo completo →
Con el cambio de año sube el Mecanismo de Equidad Intergeneracional al 0,9% (0,75% empresa / 0,15% persona trabajadora); el IPREM sigue en 600 €/mes y 8.400 €/año en 14 pagas por cuarto año consecutivo, a falta de nuevos Presupuestos; y rige el calendario laboral fijado por la Resolución de 17 de octubre de 2025, con el 6 de enero festivo en todas las comunidades autónomas. Calendario laboral (BOE) ↗
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Foto: Barcex / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
La reivindicación de suprimir los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas para quienes acreditan carreras de cotización muy prolongadas ha entrado en una fase decisiva. Colectivos como ASJUBI40 llevan años reclamando que alcanzar 40 o más años de aportaciones al sistema sea condición suficiente para acceder al 100% de la base reguladora, sin sufrir recortes en la pensión por cesar antes de la edad ordinaria.
Hasta la fecha, la normativa mantiene penalizaciones mensuales que se reducen cuanto mayor es la carrera laboral. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2026 el Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración una Proposición de Ley de jubilación sin penalización que plantea eliminar dichos coeficientes para quienes acrediten 40 años cotizados. La iniciativa inicia así su trámite legislativo ordinario, si bien todavía no constituye una norma vigente en el BOE ni confiere un derecho consolidado e inmediato a jubilarse sin reducción.
Datos clave: Toma en consideración en el Pleno del Congreso: 22 de septiembre de 2026 (178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones). Estado: en tramitación parlamentaria, sin publicación en el BOE. Norma aplicable hoy: arts. 207 y 208 TRLGSS en la redacción de la Ley 21/2021.
La reforma operada por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, modificó los artículos 207 y 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), fijando coeficientes reductores aplicables por cada mes o fracción de mes de anticipación.
En la jubilación anticipada voluntaria, el art. 208 TRLGSS modula las penalizaciones sobre el importe de la pensión resultante en función de cuatro tramos de cotización:
Para una anticipación voluntaria máxima de 24 meses, los coeficientes reductores son, respectivamente, del 21%, 19%, 17% y 13%. En el tramo de 38 años y medio a menos de 41 años y medio, por ejemplo, la penalización alcanza el 19% si se anticipa 24 meses y desciende al 3,11% si se adelanta un único mes.
Cuanto más larga es la carrera, menor es la penalización, pero nunca llega a cero: incluso con 44 años y medio cotizados se pierde un 13 % de la pensión si se adelanta dos años. La Proposición de Ley en trámite fijaría el 0 % a partir de 40 años cotizados.
Conforme al marco legal vigente, el coeficiente reductor se incorpora al cálculo de la pensión y no desaparece de forma automática por el hecho de alcanzar con posterioridad la edad ordinaria de jubilación.
En la actualidad, acumular 40 años de cotización no otorga por sí solo el derecho a anticipar el retiro sin coeficientes reductores. Quienes acreditan carreras largas acceden a los tramos de penalización más reducidos del art. 208 TRLGSS, pero continúan asumiendo una merma mensual.
Conviene no confundir los requisitos de acceso y penalización con el periodo necesario para percibir el 100% de la base reguladora. En 2026, el 100% de la base se alcanza con 36 años y 6 meses cotizados (camino de los 37 años exigidos a partir de 2027). Sin embargo, alcanzar el 100% de la base reguladora no exime de la aplicación de los coeficientes reductores si el hecho causante se sitúa antes de la edad ordinaria legal.
La Ley 21/2021 introdujo a través de su disposición adicional primera un complemento económico compensatorio, pero sujeto a requisitos muy tasados:
El ámbito subjetivo de esta medida quedó circunscrito a este colectivo específico, sin traducirse en una derogación generalizada de las reducciones para todas las personas con 40 o más años de cotización.
La discusión en torno a la equidad actuarial de las carreras largas se remonta a la Recomendación 12 del Pacto de Toledo (2020) y a mociones posteriores en el Congreso que instaban al Gobierno a abordar la situación.
El salto cualitativo se ha materializado el 22 de septiembre de 2026: el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración (con 178 votos a favor, 33 en contra y 136 abstenciones) de la Proposición de Ley de jubilación sin penalización.
El texto registrado propone modificar directamente los artículos 207 y 208 del TRLGSS para:
La iniciativa es la Proposición de Ley de jubilación sin penalización (expediente 122/000105), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a propuesta de Podemos y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie B, núm. 117-1, de 31 de mayo de 2024. Puedes descargar el texto íntegro en PDF. Su contenido se resume en cuatro piezas:
Para el despacho, el último punto es el más relevante: si el texto se aprueba así, el recálculo no será automático. Cada pensionista tendrá que solicitarlo, y conviene tener localizados desde ahora a los clientes jubilados anticipadamente con 40 o más años cotizados.
En sede de consultoría y asesoramiento técnico laboral, la situación a fecha de hoy se sintetiza en tres certezas operativas:
Para hacer esas estimaciones con las tablas vigentes puedes usar nuestra calculadora de jubilación anticipada.
Fuentes: Ley 21/2021, de 28 de diciembre (BOE-A-2021-21652), arts. 207 y 208 y disposición adicional primera; Real Decreto Legislativo 8/2015 (TRLGSS); Proposición de Ley de jubilación sin penalización, 122/000105 (BOCG, Congreso de los Diputados, Serie B, núm. 117-1, de 31 de mayo de 2024); Diario de Sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados de 22 de septiembre de 2026.
