Expertos en Relaciones Laborales, Recursos Humanos y Derecho de la Seguridad Social.
El Graduado Social es un asesor jurídico y económico en materia sociolaboral y empresarial: experto en relaciones laborales, economía laboral y de la empresa, recursos humanos, organización del trabajo y prevención de riesgos laborales. Es, en definitiva, perito en la rama social del Derecho.
Es una de las tres profesiones jurídicas reconocidas en España —junto a la Abogacía y la Procura— legitimadas para la intervención en procesos judiciales del orden social, con capacidad de postulación ante los Juzgados y Tribunales de lo Social en los términos que fija la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social.
El origen de la profesión se remonta al Real Decreto de 17 de agosto de 1925, que reguló por primera vez las «Escuelas Sociales» para difundir la cultura económica y social entre las clases populares. Una Orden de 1926 creó los títulos de graduado y graduado superior de la Escuela Social, germen de los estudios actuales.
La organización colegial propia llegó en 1973, con la orden que permitió descentralizar la corporación nacional y crear los Colegios Oficiales de Graduados Sociales en cada provincia. Sus Estatutos Generales vigentes se aprobaron por el Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre. En 2025 la profesión celebró su centenario.
Representación ante los Tribunales de lo Social y, en segunda instancia, ante el Tribunal Superior de Justicia.
Dirección técnica de procedimientos ante los organismos de la Administración laboral.
Tramitación completa ante los organismos de la Seguridad Social y la Administración.
Función técnica e independiente de análisis, control y mediación.
El ejercicio en el sector privado representa la salida natural y mayoritaria, ya sea mediante la titularidad de un despacho profesional propio o la integración en la estructura corporativa de empresas y consultoras.
Dirección técnica y jurídica de empresas y trabajadores. Incluye la representación procesal ante los Juzgados de lo Social y Tribunales Superiores de Justicia, así como la actuación ante la Inspección de Trabajo, SMAC y Tesorería General de la Seguridad Social.
Liderazgo integral de los departamentos de RRHH. Abarca la planificación estratégica de plantillas, políticas retributivas, selección, evaluación del desempeño y, fundamentalmente, la negociación colectiva y gestión del talento.
Análisis exhaustivo y evaluación del grado de cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social en el seno de las organizaciones. Es una figura clave en las Due Diligence previas a fusiones, adquisiciones o reestructuraciones empresariales.
Elaboración y defensa en sede judicial de dictámenes periciales sobre materias específicas (cálculo de lucro cesante, valoración de incapacidades, análisis de contingencias profesionales y daños).
Asunción de las especialidades técnicas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía/Psicosociología) para el diseño, implantación y auditoría de los planes de prevención en las empresas.
Intervención como tercero neutral en la resolución extrajudicial de conflictos individuales o colectivos de trabajo, facilitando el acuerdo entre las partes sin necesidad de judicializar el proceso.
La profunda base en Derecho Administrativo, Constitucional, Laboral y de Seguridad Social convierte al Graduado Social en un perfil idóneo para acceder a la Función Pública mediante oposición, con salidas de alto nivel técnico.
Constituye la máxima autoridad en la vigilancia, control y exigencia del cumplimiento de la normativa sociolaboral, prevención de riesgos y Seguridad Social. Es una carrera de altísima exigencia técnica y de enorme prestigio dentro de la Administración del Estado.
Funcionarios con funciones de comprobación y control. Se divide en dos escalas: la Escala de Empleo y Seguridad Social (control de altas, cotización, fraude) y la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo (vigilancia de condiciones materiales y PRL).
Dirección, gestión y control de las entidades gestoras y servicios comunes (INSS, TGSS, ISM). Sus funciones incluyen el reconocimiento de prestaciones, control de la recaudación y gestión jurídica del sistema.
Puestos técnicos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o en los servicios autonómicos de empleo (como Labora, SAE, SOC). Gestionan políticas activas de empleo, intermediación laboral y tramitación de prestaciones por desempleo.
Acceso a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, y Tramitación Procesal. Perfiles idóneos para el desempeño de funciones en los Juzgados de lo Social dada su familiaridad con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).
Acceso a las escalas técnicas (A1/A2) de Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas, asumiendo especialmente las jefaturas de las áreas de personal y recursos humanos de las entidades locales.
Para ejercer como Graduado Social son necesarios un mínimo de 240 créditos universitarios en los estudios de Relaciones Laborales, Recursos Humanos y Ciencias del Trabajo.
Son los titulados universitarios que más Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social estudian en España: los verdaderos «ius-laboralistas», dedicados en exclusiva al ejercicio y al estudio de la ciencia jurídico-laboral.
Ejercer como Graduado Social exige la incorporación obligatoria al Colegio Oficial correspondiente al domicilio del despacho profesional.
Los 43 Colegios Oficiales distribuidos por toda España están representados por el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, que ejerce una misión consultiva, reguladora y representativa de la profesión ante las más altas instituciones del Estado: la garantía ética y técnica que respalda a cada profesional colegiado.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) es el órgano de ámbito estatal que agrupa a los 43 Colegios Oficiales de Graduados Sociales. Cumple una función consultiva, normativa y de fomento de la profesión, además de representar y defender a los Graduados Sociales y a sus Colegios a nivel nacional e internacional, sin perjuicio de la autonomía de cada Colegio y de las competencias de los Consejos Autonómicos.
Entre sus funciones está revisar y registrar los Estatutos de cada Colegio, una vez superado el control de legalidad de la Comunidad Autónoma correspondiente, y resolver los conflictos que puedan surgir entre Colegios de distintas Comunidades Autónomas o entre estos y sus respectivos Consejos Autonómicos.
Web del Consejo General ↗ Directorio de Colegios Oficiales →
La Fundación Justicia Social es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida el 25 de noviembre de 2008, vinculada al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Su objeto es la formación continua del colectivo de Graduados Sociales, la promoción del estudio y la investigación del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y la defensa de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables en el ámbito laboral y de la Seguridad Social.
El lema «Justicia Social» —que da nombre a la fundación— resume el compromiso histórico de la profesión con la protección de los derechos de trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) aprobó el Código Deontológico que fija los criterios que deben regir la actuación profesional de todo Graduado Social colegiado, con independencia del Colegio al que pertenezca y de la modalidad de colegiación. Está vigente desde el 5 de mayo de 2010 y su desconocimiento no exime de su cumplimiento: la inobservancia de estas normas constituye una infracción disciplinaria en los términos previstos en los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, aprobados por el Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre.
El Graduado Social ejerce su profesión sin estar sometido a ninguna presión y sin resultar afectado por sus propios intereses o influencias exteriores: la garantía de que los intereses del cliente serán defendidos con objetividad.
El Graduado Social debe ser éticamente íntegro, veraz, leal y diligente en el desempeño de su función.
El Graduado Social debe actuar conforme a las normas de honor y de dignidad de la profesión.
El Graduado Social debe defender con diligencia los intereses de su cliente, incluso cuando resulten contrapuestos a los suyos propios, a los de un colega o a los de la profesión en general.
El Graduado Social tiene el derecho y el deber de guardar secreto profesional de todos los hechos y noticias que conozca por razón de su actuación profesional.
El Graduado Social debe respetar el régimen de incompatibilidades vigente en cada momento para el ejercicio de la profesión.
El Graduado Social debe tener presente en todo momento el carácter de su cometido como servicio a la sociedad.
La inviolabilidad del Graduado Social en sus actuaciones ante la Administración de Justicia ampara su libertad de expresión y su derecho a la defensa, que deberán ejercerse de forma responsable.
Además de los principios fundamentales, el Código Deontológico desarrolla obligaciones concretas para cada tipo de relación profesional. Resumen de su contenido, artículo por artículo:
Cumplir los Estatutos Generales y los del Colegio y Consejo Autonómico correspondientes; asistir a las Juntas Generales y participar en las elecciones colegiales; contribuir al sostenimiento económico de las cargas colegiales; comunicar al Colegio los cambios de domicilio y las circunstancias personales que afecten a su situación profesional; y denunciar cualquier acto de intrusismo o ejercicio ilegal de la profesión del que tenga conocimiento.
Las relaciones entre Graduados Sociales deben presidirse por la integridad, la veracidad, la lealtad y el mutuo respeto, evitando procedimientos judiciales inútiles y toda alusión personal en perjuicio de otro colegiado. El compañero con mayor experiencia debe prestar orientación desinteresada a los de reciente incorporación. Es obligatorio solicitar la venia antes de asumir un asunto ya encomendado a otro Graduado Social, y ejercer siempre bajo el propio nombre y apellidos, anteponiendo la leyenda «Graduado Social» en placas, tarjetas y publicidad.
El Graduado Social ejerce con decoro, dignidad y máxima profesionalidad, en una relación fundada en la recíproca confianza y lealtad. Es libre de aceptar o rechazar los asuntos que se le encomienden, salvo en los sistemas de asistencia a quienes carezcan de recursos. No debe aceptar asuntos con interés contrapuesto ni cuando exista riesgo de violar el secreto de un cliente anterior, y debe conservar bajo su custodia la documentación original del cliente por un plazo máximo de cinco años desde su transmisión.
Guardar probidad, lealtad y veracidad en el fondo de sus declaraciones y respeto en la forma de su intervención; colaborar de forma estricta con los fines jurisdiccionales, administrativos y de la Seguridad Social; guardar el debido respeto a jueces, fiscales y funcionarios, exigiendo la reciprocidad; y cumplir y hacer cumplir el principio de legalidad, incluso a costa de sacrificios y contratiempos.
Cuando la parte contraria esté asistida por otro Graduado Social u otro profesional, debe mantener con él las relaciones derivadas del asunto. Si no lo está, debe evitar abusos en los tratos y propuestas y recomendarle que obtenga asesoramiento profesional. En todo caso, debe dar a la parte adversa un trato considerado y correcto, evitando acciones que le supongan una lesión injusta.
El Graduado Social tiene el derecho y el deber de no revelar hechos, datos o informaciones de carácter reservado o confidencial conocidos por razón del ejercicio de su profesión, obligación que debe hacer respetar también a sus empleados y colaboradores y que subsiste incluso después de haber cesado en la prestación de servicios. Solo puede quedar dispensado, mediante autorización expresa y motivada del Presidente de su Colegio, cuando el propio interesado le releve o para evitar una lesión de suma gravedad y notoriamente injusta.
El Graduado Social que se encargue de un asunto ya asumido por otro compañero debe informarle de su decisión y solicitarle la venia por escrito o por cualquier otro modo que acredite la solicitud; quien la reciba debe otorgarla con la mayor urgencia. Las controversias sobre su otorgamiento las resuelve la Junta de Gobierno del Colegio, que puede autorizar la intervención del nuevo profesional aunque la venia hubiera sido denegada, sin perjuicio del cobro de los honorarios pendientes.
La publicidad que realicen los Graduados Sociales debe ser de carácter informativo y no persuasivo, veraz y sin resultados imposibles de cumplir; no puede contener comparaciones con otros profesionales ni referencias a ventaja en el coste de los servicios, y debe indicar siempre su carácter publicitario.
En el seno del Consejo General se constituye una Comisión Deontológica que vela por el cumplimiento del Código, de oficio o a instancia de cualquier Colegio, de cualquier Graduado Social o de cualquier persona que mantenga una relación profesional con uno de ellos.
Como Graduados Sociales en España, nuestras principales reclamaciones se centran en el reconocimiento profesional, la modernización de la Administración y la mejora de las condiciones en las que desarrollamos nuestra actividad.
Solicitamos ampliar nuestras competencias en la jurisdicción social, especialmente en materia de ejecución de sentencias y otras actuaciones procesales, equiparando algunas de nuestras facultades a las de otros operadores jurídicos.
Reclamamos ser consultados antes de aprobar reformas laborales o de Seguridad Social, ya que somos quienes aplicamos gran parte de estas normas en empresas y asesorías.
Criticamos que muchas reformas entren en vigor de forma inmediata, lo que nos obliga a adaptar programas, procedimientos y asesoramiento sin tiempo suficiente.
Solicitamos que la Administración tenga en cuenta los errores derivados de fallos informáticos o de cambios normativos de última hora, evitando trasladar toda la responsabilidad al profesional.
Defendemos reforzar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos laborales y ampliar nuestra participación en estos procedimientos.
Pedimos apoyo para afrontar la digitalización, la inteligencia artificial aplicada al ámbito laboral y las constantes novedades legislativas.
Aunque ya somos operadores jurídicos en el ámbito laboral, reivindicamos un reconocimiento más amplio de nuestra especialización y de las funciones que desempeñamos en el sistema de justicia laboral.
AERELABO es la Asociación Interuniversitaria de Estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos / Graduados Sociales, que conecta a facultades y escuelas universitarias de toda España y mantiene vínculos con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y con centros de relaciones laborales. Organiza congresos nacionales, impulsa la formación académica complementaria en Derecho del Trabajo y ofrece un espacio de conexión entre estudiantes y profesionales del sector.
Pablo Alarcón Agulló, fundador de Graduado Social Red, es expresidente de AERELABO y actualmente Socio de Honor de la asociación.
