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El BOE publica la Ley 2/2026, de 29 de julio, que articula la pasarela desde las mutualidades alternativas al RETA. La norma cierra una brecha histórica, pero traduce el problema en un desafío técnico mayúsculo: convertir décadas de capitalización privada en bases de cotización y periodos de alta del sistema público.
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El BOE acaba de dar carta de naturaleza a una de las reivindicaciones más intensas y prolongadas de los profesionales colegiados en España. Con la publicación de la Ley 2/2026, de 29 de julio, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para articular la tan demandada «pasarela» desde las mutualidades alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Llevamos años presenciando la incertidumbre de miles de compañeros (abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales) que, tras décadas aportando a sus respectivas mutualidades bajo un sistema de capitalización, se daban de bruces con proyecciones de pensiones de jubilación irrisorias, en muchos casos inferiores a las pensiones no contributivas.
La nueva norma modifica las disposiciones adicionales 18.ª y 19.ª de la LGSS para establecer un mecanismo legal de transferencia de fondos. Sin embargo, como ocurre siempre en el Derecho de la Seguridad Social, la publicación de la ley en el BOE no hace desaparecer el problema por arte de magia; simplemente traslada la presión a la trinchera de la gestión técnica y el asesoramiento.
El desafío mayúsculo que plantea la Ley 2/2026 no reside en su exposición de motivos, sino en su mecánica operativa. Permitir que un mutualista traslade sus fondos acumulados al sistema público de reparto del RETA exige una ingeniería jurídica y actuarial sumamente compleja.
La norma debe dar respuesta a la gran pregunta: ¿cómo se traduce exactamente un fondo de capitalización acumulado durante 20 o 30 años en bases de cotización y periodos de alta en el sistema público? Aunque la ley asienta las reglas para determinar estas equivalencias, la casuística que va a entrar por la puerta de los despachos será inabarcable. Nos enfrentaremos a historiales con lagunas, periodos de cotización mixtos (mutualidad y Seguridad Social simultáneas) y la aplicación de coeficientes de conversión que exigirán una precisión absoluta para no perjudicar la futura pensión del profesional.
Para quienes operamos en el ámbito sociolaboral, la aplicación práctica de esta pasarela supone un reto técnico de primer nivel. Nuestra labor ya no consistirá únicamente en informar al cliente sobre el plazo o el derecho de acogerse a esta vía.
A partir de ahora, será necesario auditar el historial íntegro del mutualista, proyectar escenarios de jubilación cruzados y realizar estudios de rentabilidad comparada. Tendremos que parametrizar los datos para decidir si financieramente compensa transferir el 100% de ese capital privado al RETA para «comprar» años de cotización, o si existen estrategias mixtas más beneficiosas dependiendo de la edad y la vida laboral residual del afectado.
La Ley 2/2026 cierra una brecha histórica y ofrece, por fin, una salida legal. Pero el verdadero trabajo empieza hoy. Toca destripar la norma, actualizar nuestras hojas de cálculo y blindar la jubilación de los profesionales afectados con números en la mano.
