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Registrar bolsos, mochilas o taquillas sin representante ni testigo deja a la empresa sin prueba. Repasamos el art. 18 ET, el juicio de proporcionalidad y las sentencias del Supremo, la Audiencia Nacional y el TSJ de Aragón.
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Foto: W.carter / Wikimedia Commons (dominio público).
El choque entre el poder de dirección y control de la empresa (art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores) y el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona trabajadora (arts. 18.1 y 10.1 de la Constitución) es una de las materias más delicadas del Derecho del Trabajo. Revisar bolsos, mochilas o taquillas exige un juicio de ponderación constitucional caso por caso.
Cuando una empresa sospecha de hurtos o de descuadres, la tentación de ordenar registros inmediatos o rutinarios es grande. Pero en el orden social, saltarse las garantías del artículo 18 ET suele dejar a la empresa sin prueba válida del hallazgo y, con ello, sin soporte para la sanción: el despido disciplinario acaba, en la mayoría de los casos, declarado improcedente.
El artículo 18 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre) protege la inviolabilidad de la persona trabajadora y fija de forma tasada cuándo puede la empresa registrar:
«Solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible.»
Es una facultad excepcional. El empresario no tiene un poder general de policía sobre sus empleados, y por eso la ley la rodea de garantías: el registro tiene que ser necesario para proteger el patrimonio de la empresa o de la plantilla, hacerse dentro del centro y en horas de trabajo, respetar al máximo la dignidad y la intimidad, y contar con un representante legal o, si no lo hay en el centro, con otro trabajador.
A esas condiciones se suma el triple juicio de proporcionalidad que el Tribunal Constitucional aplica a cualquier control que afecte a la intimidad en la empresa desde las SSTC 98/2000, de 10 de abril, y 186/2000, de 10 de julio. La medida tiene que ser idónea, es decir, servir de verdad para prevenir o aclarar un perjuicio patrimonial real; necesaria, porque no exista otra más moderada que consiga lo mismo; y proporcionada en sentido estricto, de modo que lo que gana la empresa compense lo que pierde la persona en intimidad y dignidad.
Con las sentencias que se comentan a continuación se puede trazar una línea bastante clara:
| El registro se sostiene si… | El registro cae si… |
|---|---|
| Responde a una causa concreta y previa: hurtos, faltas de material o de herramientas. | Es un control diario, rutinario o de toda la plantilla sin una sospecha concreta. |
| Asiste un representante legal o, en su defecto, otro trabajador. | No hay representante ni testigo, aunque se podía haber avisado. |
| Se hace en un lugar reservado, lejos de clientes y compañeros. | Se hace delante de terceros o bajo las cámaras. |
| Se limita a mirar el interior, sin tocar el contenido. | Se manipulan los objetos sin necesidad o se llega al cacheo sin justificarlo. |
Si el registro está bien hecho y el trabajador se niega sin motivo, la negativa puede sancionarse como desobediencia (art. 54.2 b ET). Si está mal hecho, el hallazgo no sirve como prueba y el despido suele acabar en improcedente.
La asistencia de un representante legal de los trabajadores, o de otro trabajador cuando no hay representante en el centro, es la garantía que más pleitos decide. El Tribunal Supremo resolvió el caso de una trabajadora de una gran superficie que hizo saltar el arco antihurto. Un vigilante de una empresa de seguridad externa le pidió abrir el bolso y aparecieron cuatro productos sin pagar. No había ningún representante ni otro trabajador delante, y el Supremo invalidó la prueba del registro (STS de 5 de junio de 2024, ECLI:ES:TS:2024:3062). La garantía se aplica igual cuando el registro lo hace seguridad privada.
La sentencia explica para qué sirve esa exigencia: protege la fiabilidad de la prueba, que haya alguien imparcial que pueda dar fe de lo que se encontró, y no la intimidad. Por eso su incumplimiento invalida el hallazgo, pero no supone por sí mismo una vulneración de derechos fundamentales ni da derecho a una indemnización por ese concepto. Lo normal es que el despido se declare improcedente por falta de prueba. La nulidad queda para los casos en que el registro, además, lesionó de verdad la intimidad o la dignidad de la persona, como un cacheo vejatorio o un registro delante de los clientes (arts. 90.2 LRJS y 11.1 LOPJ).
Con las taquillas pasa lo mismo. El TSJ de Madrid confirmó la improcedencia del despido de una trabajadora de una cadena de moda después de un registro de su taquilla hecho sin las garantías del art. 18 ET (STSJ Madrid de 24 de abril de 2025, rec. 154/2025, ECLI:ES:TSJM:2025:5768).
La Audiencia Nacional declaró nula la instrucción de una cadena de perfumerías que obligaba al personal de tienda a enseñar cada día el interior de bolsos y mochilas al responsable de tienda al salir del turno, en una zona grabada por las cámaras (SAN de 30 de noviembre de 2021, rec. 226/2021, ECLI:ES:AN:2021:4743). La empresa alegaba pérdidas de más de dos millones de euros por causas desconocidas, pero eso no bastó. Para la Sala, un riesgo genérico de hurto no justifica tratar a toda la plantilla como sospechosa de forma permanente, y hacer la revisión bajo las cámaras agravaba la intromisión. Al no superar el juicio de proporcionalidad, la medida vulneraba el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE en relación con el art. 18 ET).
La misma Sala ha mantenido el criterio en su sentencia de 23 de julio de 2026 (ECLI:ES:AN:2026:3264), que anula la revisión diaria de bolsos y los registros aleatorios de taquillas que una cadena de moda hacía en todas sus tiendas. Aquí los registros de taquillas se hacían delante de un delegado sindical, y aun así no se salvaron: seis despidos por hurto no justificaban vigilar a toda la plantilla, había medios menos invasivos y la empresa no demostró pérdidas concretas por hurtos internos. Que asista un representante es obligatorio, pero no hace proporcionado un control generalizado. Esta sentencia todavía puede recurrirse en casación.
La cosa cambia cuando el registro cumple todos los requisitos y es el trabajador quien se niega. Lo resolvió la STSJ de Aragón 38/2026, de 19 de enero (rec. 988/2025, ECLI:ES:TSJAR:2026:81). Una fábrica de mobiliario tenía indicios de que faltaban material y herramientas y organizó un control puntual de bolsas a la salida del turno de noche. Lo hizo un vigilante de seguridad, bajo la dirección de la responsable de seguridad de la empresa, después de avisar al comité y con miembros del comité presentes. El vigilante pedía abrir la bolsa y miraba dentro con una linterna, sin tocar nada.
Un trabajador se negó dos veces esa misma noche, primero en la nave y después en los tornos de salida. Fue el único que se negó y no dio ninguna razón. El Juzgado de lo Social n.º 2 de Zaragoza declaró procedente el despido y el TSJ lo confirma: la orden era lícita y proporcionada, y la negativa, que la Sala califica de «clara y terminante», fue una doble desobediencia directa (art. 54.2 b ET).
No conviene sacar de aquí una regla general. Los tribunales valoran la gravedad y la culpabilidad de cada negativa, y en este caso pesó que el registro fuera puntual y motivado, que estuviera el comité y que el trabajador se negara dos veces sin explicación.
No todo lo que la persona trabajadora tiene en el centro de trabajo está protegido igual:
| Qué se registra | Norma | Protección | Qué tiene que cuidar la empresa |
|---|---|---|---|
| Bolso, mochila, abrigo | Art. 18 ET | Alta | Causa concreta, mirar sin tocar y un representante o un compañero como testigo. Mejor con la persona delante. |
| Taquilla | Art. 18 ET | Alta, aunque la taquilla sea de la empresa | Las mismas garantías. Si la persona está de vacaciones o de baja y no hay urgencia, conviene citarla o esperar a que vuelva. |
| Cacheo o palpación | Art. 18 ET y art. 18.1 CE | Máxima | Solo en casos excepcionales, en un sitio reservado y, como buena práctica, por personal del mismo sexo. |
| Ordenador, móvil y correo de empresa | Art. 20.3 ET y art. 87 LOPDGDD | La que dejen las normas de uso | Unas normas de uso fijadas y comunicadas antes de revisar nada. Aquí no rige el art. 18 ET. |
Que los dispositivos digitales queden fuera del art. 18 ET lo dijo el Supremo en su sentencia de 26 de septiembre de 2007 (rec. 966/2006), y la exigencia de avisar antes y de no ir más allá de lo necesario viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Gran Sala, Bărbulescu c. Rumanía, de 5 de septiembre de 2017). Hay otros dos límites que conviene tener presentes. La ley prohíbe grabar imagen o sonido en vestuarios, aseos, comedores y lugares parecidos (art. 89.2 LOPDGDD). Y aunque los vigilantes de seguridad privada pueden revisar objetos personales en los accesos (art. 32.1 de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada), cuando revisan a la plantilla siguen valiendo las garantías del art. 18 ET, como recordó el Supremo en 2024.
Tanto para diseñar un procedimiento de registro que aguante en juicio como para defenderse de uno, conviene repasar estos puntos:
En un despido por hurto, lo primero que hay que mirar no es lo que se llevó el trabajador, sino cómo se consiguió la prueba. Si el registro se hizo sin representante ni testigo cuando era posible tenerlos, lo más probable es que el despido sea improcedente. Si fue impecable y el trabajador se negó sin motivo, la negativa puede bastar por sí sola para despedir. Sobre la prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales, puede verse también nuestro artículo sobre la prueba ilícita en el orden social.
