Jurisprudencia sobre Incapacidad Temporal y Seguridad Social
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| Título | Tribunal | Fecha | Materia | ECLI |
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Tribunal SupremoViudedad: sin inscripción ni documento público no hay pareja de hecho, aunque haya cuatro hijos en común (régimen anterior al RDL 31/2026)Incapacidad temporal y Seguridad Social06/10/2026
La demandante convivió con el causante desde 2003 y tuvieron cuatro hijos. Él falleció el 1 de junio de 2021. Nunca inscribieron la pareja en un registro ni la formalizaron en documento público. El INSS denegó la viudedad, pero el TSJ de Madrid se la reconoció al considerar que la existencia de la pareja podía probarse por otros medios, especialmente por los hijos comunes.
El Tribunal Supremo estima el recurso del INSS y de la TGSS. En la redacción aplicable, el art. 221.2 LGSS exigía acreditar la pareja de hecho con el certificado de inscripción en un registro autonómico o municipal o con un documento público; admitir otros medios de prueba sería una interpretación contraria a la ley, que ni siquiera el Tribunal Constitucional puede hacer. Importante: el Real Decreto-ley 31/2026 ha cambiado esta regla desde el 21 de octubre de 2026: para las parejas con hijos en común basta ya la convivencia empadronada durante los dos años anteriores al fallecimiento, y para fallecimientos anteriores se abre un plazo de 12 meses para pedir la pensión, con efectos desde el mes siguiente a la solicitud. Para el despacho: los casos como este, denegados por falta de inscripción, pueden volver a solicitarse ahora al amparo de la nueva norma.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoUna autónoma embarazada que sube su base de cotización antes del parto no comete fraude: el INSS no puede sancionarlaIncapacidad temporal y Seguridad Social06/10/2026
Una trabajadora del RETA, embarazada, optó por elevar su base de cotización con efectos del 1 de abril de 2019. Dio a luz pocos meses después y cobró la prestación por nacimiento con una base reguladora mayor. A propuesta de la Inspección, el INSS la sancionó con la pérdida de la prestación durante seis meses por la infracción muy grave del art. 26.1 LISOS (obtener prestaciones de forma fraudulenta). El TSJ de Galicia anuló la sanción.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del INSS. Subir la base de cotización era un derecho que la norma le reconocía, y la entidad gestora no habría podido denegarlo por el embarazo sin incurrir, posiblemente, en discriminación por razón de sexo. No hubo ocultación, simulación ni engaño, y la interesada tenía razones para pensar que ejercía legítimamente un derecho, por lo que no hay tipicidad ni culpabilidad. El concepto de fraude del art. 26.1 LISOS debe interpretarse de forma restrictiva por el principio de taxatividad, y no es una cláusula abierta para sancionar según valoraciones morales: si el INSS consideraba improcedente la prestación, debía denegarla o reclamar su reintegro. Para el despacho: la elevación de bases durante el embarazo puede defenderse frente a expedientes sancionadores, cuestión distinta de la sanción aplicable que resolvió la STS 489/2022.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoAccidente de trabajo con cinco meses de cuotas impagadas: la empresa no responde de las prestaciones si no hay una ruptura voluntaria de la cotizaciónIncapacidad temporal y Seguridad Social06/10/2026
Un trabajador de Nerjogas sufrió un accidente de trabajo en junio de 2017 y estuvo de baja con varias recaídas. La mutua anticipó las prestaciones y reclamó a la empresa su reintegro (7.738,85 euros), con responsabilidad subsidiaria del INSS, porque en el momento del accidente la empresa llevaba varios meses sin cotizar. El TSJ de Cataluña declaró la responsabilidad empresarial al apreciar un incumplimiento reiterado y culpable.
El Tribunal Supremo estima el recurso del INSS y desestima la demanda de la mutua. Para que la empresa responda de las prestaciones por falta de cotización (art. 167.2 LGSS) no basta cualquier descubierto: hay que distinguir entre incumplimientos ocasionales y los que, por su duración, continuidad y proporción respecto del tiempo de aseguramiento, revelan una voluntad de romper la relación contributiva. Cinco meses de descubierto, sin más datos, no lo acreditan; los precedentes en que se condenó a la empresa eran de años sin cotizar. Responde, por tanto, la mutua. Para el despacho: ante una reclamación de reintegro por descubiertos, analice la duración y la regularidad del impago frente a toda la vida del aseguramiento.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSubsidio por desempleo: lo que exceda de 20 días por año en un despido colectivo pactado computa como renta, aunque se cobre a plazosIncapacidad temporal y Seguridad Social29/09/2026
El trabajador salió de su empresa el 19 de marzo de 2021 en un despido colectivo con acuerdo y cobró una indemnización de 183.343,19 euros fraccionada durante cuatro años. La indemnización legal de 20 días por año habría sido de 45.144 euros. El SEPE le reconoció el subsidio por desempleo en 2023, pero lo suspendió al considerar que sus rentas superaban el 75 % del SMI. El TSJ de Galicia le dio la razón al trabajador.
El Tribunal Supremo estima el recurso del SEPE y reitera su doctrina (SSTS 526/2025, 223/2026 y 395/2026). Solo queda excluida del cómputo de rentas la indemnización legal, con independencia de que se pague de una vez o a plazos; lo que se pacte por encima computa como renta. En un despido colectivo con acuerdo, la indemnización legal de referencia es la del despido ajustado a derecho, 20 días de salario por año, no la del despido improcedente. La reforma del art. 275 LGSS por el RDL 2/2024 lo dice ya expresamente. Para el despacho: al negociar indemnizaciones por encima de la legal y fraccionadas, avise a los trabajadores de mayor edad de que el exceso puede impedirles cobrar el subsidio.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoQuien compra una unidad productiva en concurso responde también del recargo de prestaciones por la silicosis contraída antesPrevención de riesgos laborales y accidentes16/09/2026
Un embalador de pizarra trabajó desde 1998 para una empresa de León que fue declarada en concurso. En marzo de 2018 el juzgado autorizó la venta de su unidad productiva a otra sociedad, que se subrogó en su contrato; meses después pasó, también por subrogación, a una tercera. En 2021 fue declarado en incapacidad permanente total por silicosis, y el INSS impuso un recargo del 30 % por falta de medidas de seguridad, a cargo solidario de la concursada y de la adquirente de la unidad productiva. El juzgado de Ponferrada y el TSJ de Castilla y León anularon el recargo frente a la adquirente: entendieron que la transmisión del recargo no opera en las ventas concursales.
El Tribunal Supremo estima el recurso del trabajador y confirma la resolución del INSS. La adquisición de una unidad productiva dentro del concurso es una sucesión de empresa, y la responsabilidad solidaria de los arts. 44.3 ET y 168.2 LGSS abarca el recargo de prestaciones (STS 1208/2024), pese a su naturaleza singular. Aquí ni siquiera se discutía la situación de contratos ya extinguidos, porque el del trabajador seguía vivo y la compradora se subrogó en él. Para el despacho: en la compra de unidades productivas conviene evaluar las contingencias por enfermedades profesionales de larga latencia, como la silicosis, que pueden aflorar años después en forma de recargo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSubsidio para mayores de 52 años: seguir inscrito como demandante tras extinguirse la RAI equivale a hacerlo tras agotar el desempleoIncapacidad temporal y Seguridad Social16/09/2026
Una mujer de Barcelona había cobrado la renta activa de inserción (RAI) y, cuando se extinguió, siguió inscrita sin interrupción como demandante de empleo. Después pidió el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. El SEPE se lo negó porque el art. 274.4 LGSS, en la redacción del Real Decreto-ley 8/2019, exigía haber permanecido inscrito tras agotar «la prestación por desempleo», y la RAI no lo es. El juzgado y el TSJ de Cataluña le reconocieron el subsidio; el SEPE recurrió con una sentencia contraria del TSJ de Murcia.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del SEPE. La referencia legal al agotamiento de la prestación debe entenderse como agotamiento de la protección por desempleo en sentido amplio, que comprende la prestación contributiva, el subsidio y también la renta activa de inserción, que se equipara al subsidio. Por tanto, la inscripción ininterrumpida tras extinguirse la RAI permite acceder al subsidio para mayores de 52 años. La Sala precisa que su criterio se refiere a la regulación anterior a la reforma del Real Decreto-ley 2/2024 y que no se aplica el actual art. 280.1.3º LGSS. Para el despacho: es un argumento útil para reclamar subsidios denegados con la normativa anterior a la reforma de 2024 a quienes venían de la RAI.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLos interinos de la Comunidad de Madrid también cobran los 15.500 euros del convenio por incapacidad permanente totalIgualdad, discriminación y derechos fundamentales15/09/2026
Una técnica auxiliar de la Agencia Madrileña de Atención Social, con contrato de interinidad desde 2015, fue declarada en incapacidad permanente total en abril de 2023 y su contrato se extinguió. Pidió la indemnización de 15.500 euros que el art. 151.1 del Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Comunidad de Madrid reconoce en ese caso, y la Consejería se la negó porque el precepto habla solo del personal fijo. El juzgado y el TSJ de Madrid le dieron la razón; la Comunidad recurrió aportando otra sentencia del mismo TSJ que había considerado esa mejora un premio legítimo a la estabilidad del vínculo.
El Tribunal Supremo confirma el derecho de la trabajadora y aplica la doctrina que ya había fijado para la incapacidad permanente parcial (STS 456/2025). Cuando el contrato se extingue por una incapacidad permanente total, el trabajador temporal y el fijo quedan exactamente en la misma situación: los dos pierden su profesión habitual. No vale el argumento de que a los fijos la cantidad les compensa la pérdida de ingresos hasta la jubilación, mientras que el contrato temporal iba a terminar pronto. Excluir a los temporales carece de justificación objetiva, razonable y proporcionada y choca con la Directiva 1999/70/CE y el principio de igualdad. Condena en costas a la Comunidad (1.500 euros). Para el despacho: revisar las mejoras voluntarias de los convenios del sector público que se reservan al personal fijo; la exclusión de los temporales es muy difícil de sostener.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa jurisdicción social es competente para decidir si los años en la Mutualidad de la Abogacía computan en el RETA para la jubilaciónIncapacidad temporal y Seguridad Social15/09/2026
Una mutualista de la abogacía demandó al INSS, a la TGSS y a la Mutualidad General de la Abogacía, por la vía de tutela de derechos fundamentales, para que los años de alta en la mutualidad alternativa se computaran como cotizados en el régimen de autónomos a efectos de su pensión de jubilación. El Juzgado de lo Social de Lleida se declaró incompetente y la remitió a la jurisdicción contencioso-administrativa; el TSJ de Cataluña lo confirmó porque entendió que se pretendía imponer al sistema público el reconocimiento de unas cuotas, materia excluida por el art. 3 f) LRJS.
El Tribunal Supremo corrige ese criterio y da la razón a la sentencia de contraste del TSJ de Andalucía. La pretensión, tal como se formula, se refiere al reconocimiento futuro de una prestación de Seguridad Social, que encaja en la competencia del orden social (art. 2 o) LRJS), con independencia de que tenga o no fundamento. Anula los autos del juzgado y ordena seguir el procedimiento para que se resuelva el fondo. Para el despacho: en el debate sobre los mutualistas de la abogacía y la pasarela al RETA, la demanda que pide computar periodos para una prestación puede plantearse ante el juzgado de lo social; conviene vigilar además la nueva regulación y su desarrollo reglamentario, que la propia sentencia menciona.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoTCP a tiempo parcial con jornada concentrada: los periodos de inactividad no dan derecho a desempleo aunque haya un ERTE-COVIDIncapacidad temporal y Seguridad Social15/09/2026
Una tripulante de cabina de una aerolínea tenía un contrato indefinido a tiempo parcial con jornada concentrada, es decir, con periodos de actividad y otros de inactividad a lo largo del año. La empresa aplicó en abril de 2020 un ERTE por fuerza mayor COVID, pero no incluyó a quienes estaban entonces en su periodo de inactividad, decisión que la Audiencia Nacional anuló en 2021. La trabajadora reclamó al SEPE la prestación por desempleo también por los periodos en que, según su calendario, no habría trabajado. El juzgado la desestimó, pero el TSJ de Madrid condenó al SEPE a abonarla.
El Tribunal Supremo estima el recurso del SEPE y reitera su doctrina (SSTS 1202/2025, 1235/2025 y 1242/2025, entre otras). La normativa excepcional de la pandemia no contiene ninguna regla específica para la jornada concentrada, de modo que se aplican las reglas comunes de la LGSS: los periodos de inactividad propios de ese contrato no generan desempleo, aunque la relación esté suspendida por un ERTE. La trabajadora ya cobró la prestación en los periodos de actividad en que no pudo trabajar por la COVID; en los de inactividad, la pandemia no le causó ningún perjuicio. Para el despacho: en contratos a tiempo parcial con jornada concentrada, la protección por desempleo durante un ERTE se limita a los periodos en que habría habido trabajo efectivo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSi el TSJ niega la gran invalidez, debe resolver también las peticiones subsidiarias de absoluta o total: si no, hay incongruencia omisivaIncapacidad temporal y Seguridad Social15/09/2026
Un beneficiario demandó al INSS pidiendo la gran invalidez y, subsidiariamente, la incapacidad permanente absoluta o la total para su profesión habitual. El Juzgado de lo Social de Barcelona le reconoció la gran invalidez. El INSS recurrió y el TSJ de Cataluña estimó el recurso: negó la gran invalidez, revocó la sentencia y desestimó la demanda entera, sin analizar si al menos tenía derecho a alguno de los grados inferiores que había pedido.
El Tribunal Supremo estima el recurso del trabajador. Las peticiones subsidiarias estaban formuladas desde el principio en la demanda; no era un caso en el que haya que valorar si la voluntad de pedir un grado inferior es clara ni si se causa indefensión a la entidad gestora. Al revocar la petición principal, la Sala de suplicación tenía que pronunciarse sobre ellas, y no hacerlo es incongruencia omisiva. Anula la sentencia y devuelve las actuaciones al TSJ para que resuelva todas las peticiones con libertad de criterio. Para el despacho: en las demandas de incapacidad permanente conviene formular siempre de forma expresa los grados subsidiarios y, si el tribunal no se pronuncia sobre ellos, denunciar la incongruencia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoIndemnización de un ERE pactado cobrada a plazos: lo que excede de 20 días por año computa como renta para el subsidio de mayores de 52Incapacidad temporal y Seguridad Social09/09/2026
Una empleada de banca salió en 2019 en un despido colectivo pactado con una indemnización de 251.027,66 euros, muy superior a la legal, que cobraba de forma fraccionada en 102 plazos mensuales a través de un seguro de rentas. Tras la prestación contributiva, obtuvo en 2021 el subsidio para mayores de 52 años. En 2023 el SEPE lo suspendió al considerar que los plazos ya correspondían a la parte de indemnización que excedía de la legal y que, por tanto, computaban como rentas. Ella sostenía que el límite debía ser la indemnización por despido improcedente. El juzgado de Soria dio la razón al SEPE, pero el TSJ de Castilla y León la revocó.
El Tribunal Supremo estima el recurso del SEPE y reitera su doctrina (STS 526/2025, entre otras). Para calcular el umbral de rentas que da acceso al subsidio, cuando el contrato termina por un despido colectivo pactado (art. 275.4 LGSS), la «indemnización legal» es la obligatoria, 20 días de salario por año de servicio, y no la superior acordada por las partes ni la del despido improcedente. Lo que se cobra por encima de esa cantidad es renta y puede dejar sin subsidio. Para el despacho: al negociar salidas con rentas periódicas o seguros de rentas para mayores de 52 años, hay que calcular en qué momento los pagos superarán la indemnización legal y avisar al trabajador de su efecto sobre el subsidio.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEs nula la revisión de una incapacidad permanente que el INSS inicia antes del plazo fijado, aunque la resuelva cuando ese plazo ya ha pasadoIncapacidad temporal y Seguridad Social09/09/2026
Un cocinero de Algeciras fue declarado en incapacidad permanente absoluta por una grave cardiopatía mediante resolución de noviembre de 2019, que fijaba el 22 de abril de 2021 como fecha a partir de la cual cabía revisar el grado. El INSS abrió el expediente de revisión por mejoría antes de esa fecha (el informe médico de síntesis es del 14 de abril de 2021) y en mayo de 2021 rebajó la situación a incapacidad permanente total. El Juzgado y el TSJ de Andalucía validaron la revisión porque la resolución final se había dictado ya vencido el plazo y la mejoría era evidente.
El Tribunal Supremo estima el recurso del pensionista y aplica la STS 220/2024: el plazo del art. 200.2 LGSS marca el momento a partir del cual se puede «instar» la revisión y es vinculante para todos, incluido el INSS. Solo caben dos excepciones: que el pensionista esté trabajando o que se trate de un error de diagnóstico. Abrir el expediente antes de tiempo lo vicia de nulidad aunque la resolución se dicte después, por lo que se anula la revisión y el trabajador conserva la incapacidad permanente absoluta.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoMejora voluntaria por incapacidad permanente: si la póliza fija el siniestro en la fecha de la declaración y el trabajador ya se había ido, paga la empresa, no la aseguradoraIncapacidad temporal y Seguridad Social09/09/2026
El convenio de hostelería de Las Palmas prevé una indemnización por incapacidad permanente como mejora voluntaria, que la empresa aseguró con Generali mediante un seguro colectivo. Un ayudante de cocina sufrió un accidente no laboral en febrero de 2015, su contrato terminó en mayo de 2015 y en diciembre de 2016 fue declarado en incapacidad permanente total. La póliza, vigente en ambas fechas, fijaba como fecha del siniestro la de los efectos de la resolución que declara la incapacidad, cuando el trabajador ya no pertenecía al colectivo asegurado. El Juzgado y el TSJ de Canarias condenaron a la aseguradora a pagar 12.020,24 euros.
El Tribunal Supremo estima el recurso de Generali. La cláusula que sitúa el siniestro en la fecha de la declaración de incapacidad no es limitativa de los derechos del asegurado, sino delimitadora del riesgo cubierto: responde a la práctica habitual de estos seguros y es coherente con el propio convenio, que también atiende a la fecha de la declaración. Como en esa fecha el trabajador ya no estaba en la plantilla, el riesgo no estaba asegurado, y la empresa, que podía haber previsto esa cobertura al renovar la póliza, responde directamente de los 12.020,24 euros.
Ver la ficha completa →TSJ ExtremaduraCuatro sentencias inventadas por IA en un recurso de suplicación: multa de 600 euros a la letrada por mala fe procesalOtros / doctrina y materias conexas01/09/2026
Una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital impugnó la resolución del INSS que le reclamaba 5.640,62 euros cobrados indebidamente en 2020 y 2021. El tribunal de instancia de Cáceres desestimó la demanda y su abogada recurrió en suplicación. En el recurso citaba, con fragmentos entrecomillados, cuatro resoluciones atribuidas al Tribunal Supremo y a los TSJ de Castilla-La Mancha y Cataluña. La Sala no las encontró en CENDOJ, dio traslado a las partes y la letrada reconoció haber usado inteligencia artificial sin comprobar las referencias.
El TSJ confirma el reintegro de la prestación y, por la vía del art. 75.4 LRJS, sanciona a la abogada. Aprecia mala fe procesal porque incorporó citas falsas sin contrastarlas en bases de datos de acceso universal, lo que supone una quiebra del deber de control humano cuando se usan herramientas de IA. Recuerda que la buena fe procesal tiene una dimensión objetiva: una fundamentación jurisprudencial fabricada la vulnera aunque no haya intención de engañar. También vulnera el estándar de diligencia del Código Deontológico, porque la abogacía exige un juicio jurídico personal, no una gestión automatizada de datos. La multa se fija en el mínimo legal de 600 euros, atendiendo a la escasa capacidad económica de la cliente, a las disculpas de la letrada y a que el único perjuicio fue el trámite de alegaciones y el trabajo extra de la Sala para comprobar las citas. Para cualquier despacho que use IA, la lección es clara: cada cita debe verificarse en CENDOJ antes de presentar el escrito.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaEl SERGAS vulneró la integridad física y moral de un trabajador al no evaluar específicamente sus riesgos psicosociales: 38.497,80 eurosPrevención de riesgos laborales y accidentes31/07/2026
Un trabajador del Servicio Gallego de Salud, en conflicto laboral prolongado, fue diagnosticado en 2023 de un trastorno adaptativo con síntomas ansioso-depresivos que relacionaba con su situación en el trabajo. Activó el protocolo de acoso, que se archivó al no apreciarse acoso ni discriminación, aunque la comisión constató una relación conflictiva y la ineficacia de las medidas adoptadas. Demandó por incumplimiento preventivo y vulneración de su integridad física y moral, pidiendo una evaluación específica de riesgos psicosociales y más de 63.000 € de indemnización. El Juzgado desestimó la demanda.
El TSJ de Galicia estima en parte el recurso. Los riesgos psicosociales forman parte del deber de protección de los arts. 14 y 15 LPRL, y aunque no todo incumplimiento preventivo lesiona el art. 15 CE, sí lo hace cuando existe un riesgo grave y acreditado para la salud sin protección eficaz. Las evaluaciones generales de 2019 y 2024 no detectaron riesgos, pero nunca se evaluó específicamente la situación del trabajador pese a sus reclamaciones, sus bajas y la intervención del servicio de prevención; el SERGAS fue cambiando funciones sin estudio técnico. Le condena a hacer esa evaluación y a pagar 38.497,80 € según el baremo de tráfico, y rechaza sumar otros 24.585 € por la LISOS por duplicar el mismo daño moral.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaUna lesión en el dedo corazón no es incompatible con actuar de DJ: el despido durante la IT por transgresión de la buena fe es improcedenteDespido y extinción del contrato28/07/2026
Un trabajador sufrió una lesión en el dedo corazón de la mano izquierda e inició una incapacidad temporal. La empresa recibió una denuncia anónima que le acusaba de actuar como DJ durante la baja y le despidió por transgresión de la buena fe contractual, imputándole actuaciones concretas el 8 y 14 de julio y el 19 y 25 de agosto.
El TSJ de Galicia desmonta cada imputación: el 8 de julio el trabajador figuraba en cartel pero estaba de baja y fue sustituido; el 14 de julio recibió el alta ese mismo día, con efectos de reincorporación al día siguiente, y solo puso 4 canciones; el 19 de agosto subió 4 minutos a resolver un problema de sonido, sin actuar; y el 25 de agosto fue sustituido, poniendo únicamente las 2 últimas canciones a petición del público. Además, la lesión afecta al dedo corazón —que actúa como miembro de apoyo—, mientras que el trabajo de DJ en mesas de mezclas utiliza fundamentalmente el pulgar y el índice mediante movimientos de pinza. El despido se declara improcedente.
Ver la ficha completa →TSJ AsturiasEl TSJ de Asturias confirma que no acudir a la cita médica de la mutua durante la IT, sin causa justificada, extingue el subsidioIncapacidad temporal y Seguridad Social28/07/2026
Un trabajador en situación de incapacidad temporal fue citado por la mutua para un reconocimiento médico el 13 de mayo de 2024, cita a la que no acudió. Alegó después una confusión de agenda, pero no aportó ninguna cita médica coincidente que permitiera apreciar un error excusable en su ausencia.
El TSJ de Asturias confirma la extinción del subsidio de incapacidad temporal: la normativa concede al trabajador un plazo de 10 días hábiles para justificar la ausencia tras la suspensión cautelar de la prestación, pero no basta con alegar dentro de ese plazo — la justificación aportada debe ser suficiente. Estar realmente enfermo no exime de la obligación de acudir a los controles médicos del proceso de incapacidad temporal.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaMinorar el plus de incentivo a las trabajadoras que estuvieron de baja médica es discriminación por razón de enfermedadIgualdad, discriminación y derechos fundamentales27/07/2026
Una empresa que presta el servicio de contact center para el 061 de la Xunta de Galicia excluyó, prorrateó o minoró el plus de incentivo semestral de ocho trabajadoras por el tiempo en que estuvieron en incapacidad temporal. El sistema retributivo incluía elementos valorados individualmente, pero su base de cálculo eran objetivos alcanzados de forma colectiva por el conjunto de la plantilla. Las trabajadoras reclamaron cobrar el complemento en las mismas condiciones que el resto, sin merma por haber estado de baja. El Juzgado de lo Social desestimó la demanda.
El TSJ de Galicia estima el recurso de las trabajadoras. La Sala recuerda que la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, incluye expresamente la enfermedad y la condición de salud entre las causas de discriminación y extiende esa protección a las condiciones retributivas. Al tratarse de un incentivo calculado sobre objetivos colectivos y no sobre el desempeño individual de cada trabajadora, minorarlo por las ausencias derivadas de incapacidad temporal carece de justificación objetiva y razonable.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla y LeónDespedir por causas objetivas al día siguiente del alta médica no convierte automáticamente el despido en nuloDespido y extinción del contrato24/07/2026
Un empleado del sector de industrias cárnicas inició una incapacidad temporal el 3 de diciembre de 2025, que finalizó siete días después con el alta médica. Al día siguiente, la empresa le comunicó su despido por causas objetivas, alegando motivos organizativos y de producción derivados de una reorganización empresarial. El trabajador pidió la nulidad del despido por discriminación por razón de enfermedad, causa prohibida por la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato.
El TSJ de Castilla y León recuerda que esa nulidad es «causal, extraña a automatismos» y exige indicios suficientes que configuren un panorama de discriminación; una incapacidad temporal de corta duración ya finalizada en el momento del despido no basta por sí sola, y tampoco la mera proximidad cronológica entre el alta y la extinción, ya que «la cercanía cronológica, aisladamente considerada, no permite inferir que la enfermedad constituyera el móvil de la decisión empresarial». Al no constar en la carta los hechos concretos que justificaban la extinción, pero tampoco indicios de que la enfermedad fuera el motivo real, la Sala confirma que el despido es improcedente, no nulo.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia de BarcelonaImpugnar el alta médica no autoriza a dejar de ir a trabajar: despido procedente por casi dos meses de ausenciasDespido y extinción del contrato22/07/2026
Tras recibir el alta médica, un trabajador no se reincorporó desde el 22 de julio ni acudió a los reconocimientos médicos a los que le citó la empresa. Por burofax, la empresa le comunicó los hechos y le dio audiencia para justificarlos. Él aportó la reclamación previa contra el alta ante el INSS y afirmó que intentaba reincorporarse y había pedido que se le asignara centro de trabajo. Fue despedido con efectos del 15 de septiembre por ausencias injustificadas y pidió la nulidad por considerar que la carta era genérica y le causaba indefensión.
El Tribunal de Instancia de Barcelona desestima la demanda y declara el despido procedente. La carta concretaba suficientemente los hechos y, en todo caso, una carta insuficiente daría lugar a la improcedencia, no a la nulidad (arts. 55.4 ET y 108 LRJS). Considera cumplida la audiencia previa del art. 7 del Convenio 158 OIT. El justificante médico solo cubría cuatro días por lumbalgia y, conforme a la doctrina del Supremo de 17 de abril de 2023, recurrir el alta no exime de reincorporarse. La explicación de que una funcionaria le había dicho que podía no volver se planteó tarde y no justifica casi dos meses de ausencias, que el convenio permite sancionar con despido.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoTres salidas de 45 km en bicicleta de montaña durante una baja por epicondilitis: despido procedente aunque el trabajador era representanteDespido y extinción del contrato21/07/2026
Un oficial de primera con quince años de antigüedad, representante unitario de los trabajadores, inició una incapacidad temporal en mayo de 2025 por una epicondilitis en el codo derecho. El día anterior había avisado a su encargado de que le dolía el codo «hasta poniéndome la camisa». Mientras seguía en rehabilitación, la empresa contrató un detective que lo vio salir tres domingos de julio y agosto en bicicleta de montaña por una vía verde de 45 km (ida y vuelta); uno de esos días subió además un puerto. Justo en esas fechas, la duración estimada de la baja pasó de 120 a 365 días. La empresa le abrió expediente contradictorio y lo despidió por transgresión de la buena fe contractual. Él pidió la nulidad por represalia, alegando una reclamación sobre bases de cotización presentada por los representantes en marzo de 2025.
La Sala de lo Social confirma la procedencia del despido. No ve indicio de vulneración de derechos fundamentales: la reclamación de marzo fue atendida de inmediato por la empresa, otra anterior era de 2023 y la empresa justificó tanto el encargo al detective como la decisión extintiva. En cuanto al fondo, aplica la doctrina clásica: trabajar o hacer actividades durante la IT solo es sancionable si revela aptitud para el trabajo o puede perjudicar o retrasar la curación. Aquí resulta decisivo el informe de la Clínica Médico-Forense, pedido como diligencia final, según el cual la bicicleta de montaña está contraindicada en la fase activa de una epicondilitis por el agarre sostenido del manillar y las vibraciones que recibe el antebrazo. El trabajador no estaba en fase de recuperación avanzada y la Sala precisa que no hace falta que los médicos le hubieran prohibido expresamente esa actividad: basta la lógica del caso. Para el despacho, la clave está en vincular la actividad concreta con la dolencia concreta, y una pericial médica suele inclinar la balanza.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaEl retraso de más de un año en demandar tras el silencio administrativo hace caducar la reclamación de incapacidad permanenteIncapacidad temporal y Seguridad Social20/07/2026
Un trabajador solicitó el reconocimiento de una incapacidad permanente; tras la reclamación previa, el INSS guardó silencio administrativo (silencio negativo) y el trabajador dejó transcurrir más de un año antes de acudir al juzgado de lo social a demandar.
El TSJ de Murcia confirma la desestimación por caducidad de la instancia: aunque el derecho subjetivo a la prestación no prescribe mientras no exista una resolución expresa, la instancia procesal sí caduca si se superan los plazos legales para demandar tras el silencio administrativo negativo de la reclamación previa.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla y LeónLas bajas médicas por hipersensibilidad respiratoria de una empleada de Mercadona se declaran accidente de trabajoIncapacidad temporal y Seguridad Social20/07/2026
Una trabajadora de Mercadona, con funciones principalmente en caja y reposición, sufrió un accidente de trabajo por hipersensibilidad respiratoria a agentes presentes en su entorno laboral. Entre 2021 y 2022 inició cuatro procesos de incapacidad temporal por crisis respiratorias, de ansiedad y de angustia, que el INSS calificó como contingencia común.
El TSJ de Castilla y León confirma que las cuatro bajas médicas tienen nexo causal con el accidente de trabajo original y las declara derivadas de contingencia profesional, al considerar acreditado que todas ellas traen causa de la hipersensibilidad química que la trabajadora desarrolló en el entorno de trabajo.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaEl silencio administrativo del INSS en una revisión de grado no obliga al trabajador a reiterar la reclamación previaIncapacidad temporal y Seguridad Social20/07/2026
Un trabajador solicitó al INSS la revisión de su grado de discapacidad sin obtener respuesta expresa dentro del plazo legal de 135 días. Al acudir directamente a la vía judicial, el juzgado de instancia le exigió formular una nueva reclamación administrativa previa, al entender que el silencio de la Administración no equivalía a una resolución denegatoria susceptible de recurso directo.
El TSJ de Murcia anula esa exigencia. Aclara que, transcurrido el plazo de 135 días sin resolución expresa, la solicitud de revisión de grado se entiende denegada por silencio administrativo, lo que permite al trabajador acudir directamente a la vía judicial sin necesidad de reiterar la reclamación previa. La Sala recuerda que la falta de resolución de la Administración no puede transformarse en una barrera absoluta de acceso al proceso para el ciudadano.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaAlta ficticia para cobrar la prestación por nacimiento: el TSJ de Cantabria confirma la sanción de 7.501 euros a la empresaInspección de Trabajo y procedimiento16/07/2026
Un trabajador de 18 años causó baja voluntaria al día siguiente del nacimiento de su hijo porque quería volver a su país. Después supo que, por ser menor de 21 años, podía cobrar la prestación por nacimiento y cuidado de menor sin periodo mínimo de cotización, con el único requisito de estar en alta, y pidió que le volvieran a dar de alta. El empresario aceptó y al día siguiente el autorizado RED le acompañó al INSS a tramitar la prestación, pero no volvió a trabajar, como la propia empresa certificó. Cuando la Inspección empezó a investigar, la empresa lo dio de baja por causas objetivas. La Administración sancionó a la empresa.
El TSJ de Cantabria confirma la sanción de 7.501 euros. El alta se produjo sin trabajo efectivo y con la finalidad de reunir el requisito necesario para acceder a la prestación. Si la intención hubiera sido que siguiera trabajando, no se explica que la empresa lo despidiera precisamente cuando la Inspección ya investigaba el alta. La Sala concluye que hubo connivencia entre empresa y trabajador.
Ver la ficha completa →Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso)Dar de baja a la plantilla cada fin de semana y volver a darla de alta el lunes no es la infracción del art. 22.2 LISOS: cae una sanción de 121.914 eurosInspección de Trabajo y procedimiento15/07/2026
Una fundación pública andaluza que presta servicios a personas con enfermedad mental cursaba la baja en la Seguridad Social de 26 trabajadores con contratos de interinidad cada viernes o víspera de festivo y volvía a darlos de alta el lunes o el primer día hábil siguiente, siempre con la misma modalidad contractual. La Tesorería lo consideró una forma de eludir la cotización de los días de descanso y le impuso, además de una liquidación de cuotas de 700,62 euros, una sanción de 121.914 euros por 26 infracciones graves del art. 22.2 LISOS, que castiga no solicitar la afiliación o el alta de los trabajadores. El TSJ de Andalucía anuló la sanción por vulnerar el principio de tipicidad y la TGSS recurrió en casación.
El Tribunal Supremo desestima el recurso. El art. 22.2 LISOS describe dos conductas concretas: no pedir la afiliación inicial o el alta de quien entra a trabajar, o pedirla tarde a raíz de una actuación inspectora. Aquí las altas se habían cursado; lo reprochado eran bajas y altas sucesivas de trabajadores ya incorporados al sistema, algo que el precepto ni menciona. La Sala admite que la práctica puede chocar con los arts. 139 y 144 LGSS, pero recuerda que la antijuridicidad material no suple la falta de tipicidad (art. 25.1 CE y art. 27.1 Ley 40/2015) y que no cabe extender el tipo por analogía in malam partem. Para los despachos, la lección es doble: esta práctica sigue siendo arriesgada, pero una sanción solo se sostiene si la Administración la encaja en el tipo exacto que la castiga.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoUna abdominoplastia y liposucción por motivos estéticos no genera derecho a incapacidad temporal, aunque después se detecte una diástasis abdominalIT y Seguridad Social07/07/2026
Una oficial administrativa, con la IT común asegurada por su mutua, inició una baja tras someterse en una clínica privada a una intervención descrita inicialmente como "abdominoplastia con liposucción". La mutua denegó el subsidio al considerar que se trataba de cirugía estética, ajena a cualquier contingencia protegida. Meses después, un segundo informe de la misma clínica reformuló el diagnóstico como "diástasis de la musculatura de rectos abdominales con tendencia a la eventración", una dolencia que sí requeriría cirugía reconstructiva. La trabajadora reclamó entonces el abono de la prestación, que fue denegado también por resolución expresa, y agotada la vía previa demandó sin éxito ante el juzgado de lo social.
La Sala de lo Social del TSJ del País Vasco desestima el recurso de suplicación y confirma la sentencia de instancia. Razona que la incapacidad temporal exige que la alteración de la salud derive de una contingencia real —enfermedad común, profesional o accidente— y que la cirugía puramente estética, asumida de forma voluntaria y libérrima por el paciente, queda fuera de esa cobertura por definición, sin que el coste del subsidio corresponda financiar decisiones de mejora de la apariencia física ajenas a cualquier necesidad de salud. En el caso enjuiciado quedó acreditado que la causa real de la intervención fue estética, sin que el cambio de diagnóstico posterior —ni las alegaciones del recurso, basadas en hechos no probados— lograra desvirtuarlo, por lo que la incapacidad para el trabajo derivada del simple reposo postoperatorio no genera derecho a la prestación.
Ver la ficha completa →TSJ MadridAunque no existiera derecho al subsidio de desempleo, no procede su reintegro si el error es únicamente imputable al SEPESeguridad Social e Incapacidad Temporal06/07/2026
El SEPE reconoció a un beneficiario el subsidio de desempleo para mayores de 52 años en cuatro ocasiones sucesivas entre 2021 y 2024, suspendiéndolo cada vez por falta de inscripción como demandante de empleo y volviendo a reactivarlo poco después sin comprobar que, en realidad, el interesado nunca había cumplido los requisitos de acceso (no existía una situación legal de desempleo previa ni un periodo de cotización o prestación agotada que lo justificase). El SEPE demandó después la nulidad de sus propias resoluciones y el reintegro de 28.603,10 euros percibidos indebidamente; el juzgado de instancia desestimó la demanda en su integridad.
El TSJ de Madrid estima en parte el recurso del SEPE: declara la nulidad de las resoluciones y confirma que el beneficiario no tenía derecho al subsidio, pero mantiene la desestimación de la obligación de reintegro. Aplicando la doctrina del Tribunal Supremo (STS 1186/2024) y del TEDH (asunto Cakarevic c. Croacia), razona que cuando el beneficiario no ha incurrido en mala fe ni ha realizado alegaciones falsas u omisiones voluntarias, la prestación satisface necesidades básicas de subsistencia y el error de reconocimiento es imputable en exclusiva a la entidad gestora —que llegó a cometer el mismo error hasta cuatro veces—, exigir la devolución le impondría una carga desproporcionada incompatible con el principio de «buena gobernanza» administrativa.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaLa extinción del contrato por incapacidad permanente total sin posibilidad de ajustes razonables no da derecho a indemnizaciónIncapacidad temporal y Seguridad Social06/07/2026
Una peona agrícola de una explotación de vacas lecheras, con 16 años de antigüedad, fue declarada por el INSS en incapacidad permanente total para su profesión por dolencias músculo-esqueléticas. Comunicó a la empresa la resolución y solicitó su reincorporación con adaptación del puesto. La empresa encargó a un ingeniero técnico agrícola y a su servicio de prevención ajeno un estudio de viabilidad, que concluyó en menos de un mes que no existía ningún puesto vacante compatible ni era posible adaptar el suyo sin vaciarlo de contenido, y procedió a extinguir el contrato por incapacidad ex art. 49.1.n) ET, sin indemnización.
La trabajadora recurrió invocando la Directiva 2000/78/CE y la doctrina del TJUE sobre el deber empresarial de explorar ajustes razonables antes de extinguir el contrato de una persona con discapacidad sobrevenida. El TSJ de Galicia desestima el recurso: la empresa sí actuó con la diligencia exigible y no existía alternativa real de reubicación, por lo que la extinción por incapacidad sin posibilidad de ajuste no genera derecho a indemnización conforme al art. 49.1.n) ET. La Sala aprovecha además para advertir, con dureza, de la "extraña estructura" del recurso, apreciando indicios de haber sido elaborado con ayuda de inteligencia artificial sin humanización posterior, al incluir argumentos "sin relación alguna con el caso dilucidado".
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaLa actividad en redes sociales durante la IT no justifica el despido si no se acredita perjuicio a la recuperaciónIncapacidad temporal y Seguridad Social02/07/2026
Un cocinero de hotel permanecía de baja desde el 26 de marzo de 2024 tras un accidente de tráfico, con diagnóstico de cervicalgia. A finales de marzo de 2025 la empresa conoció varias publicaciones del trabajador en Instagram y TikTok en las que aparecía bailando, agachándose y levantándose, disfrazado, maquillado y con tacones, así como vídeos cuidando de su marido, de edad avanzada y con una discapacidad del 65%. La empresa entendió que esas actividades eran incompatibles con la incapacidad temporal y le despidió por falta muy grave.
La Sala recuerda que la actividad durante una IT no justifica por sí sola el despido: debe acreditarse que perjudica la recuperación o que evidencia aptitud para el trabajo habitual. En este caso no pudo determinarse cuándo se grabaron los vídeos, ni se acreditó que perjudicaran o retrasaran la recuperación, ni que evidenciaran capacidad para desempeñar el trabajo de cocinero.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoAportación al Tesoro por despedir a mayores de 50 años: los cuatro años de prescripción cuentan desde que el SEPE reconoce el paro, no desde sus efectosDespido y extinción del contrato01/07/2026
Ericsson España realizó un despido colectivo en 2016 que incluyó a trabajadores de 50 o más años, lo que obliga a las empresas con beneficios a hacer una aportación económica al Tesoro Público (art. 51.11 ET y disposición adicional 16.ª de la Ley 27/2011). En 2024 el SEPE le liquidó 150.422 euros correspondientes a la anualidad de 2020. La empresa alegó que la deuda de una de las trabajadoras había prescrito, porque cobraba la prestación por desempleo con efectos de marzo de 2019 y la propuesta de liquidación era de abril de 2024. El TSJ de Madrid apreció la prescripción respecto de dos trabajadoras, pero no de esta tercera.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la empresa. Reitera que a estas aportaciones, como derechos públicos no tributarios, se les aplica la prescripción de cuatro años del art. 15 de la Ley General Presupuestaria, contada desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. Como el SEPE denegó inicialmente la prestación y no la reconoció hasta el 21 de febrero de 2020, esa es la fecha que activa la liquidación, aunque la prestación tuviera efectos retroactivos a 2019. La empresa es condenada en costas (1.500 euros).
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoAgotar la renta activa de inserción abre la puerta al subsidio para mayores de 52 años, también tras la reforma de 2019Incapacidad temporal y Seguridad Social01/07/2026
Un desempleado de Málaga, nacido en 1964, había cobrado cuatro programas de renta activa de inserción (RAI), el último hasta septiembre de 2015, y desde entonces seguía inscrito como demandante de empleo. En noviembre de 2021 pidió el subsidio para mayores de 52 años. El SEPE se lo denegó porque nunca había agotado una prestación o un subsidio por desempleo de los regulados en la LGSS, sino solo la RAI, y el Juzgado y el TSJ de Andalucía le dieron la razón.
El Tribunal Supremo estima el recurso del trabajador y reitera la STS 896/2025: el agotamiento de la RAI se equipara al de un subsidio por desempleo a efectos de acceder al subsidio para mayores de 52 años, también con la redacción del art. 274.4 LGSS dada por el RDL 8/2019. El requisito de inscripción ininterrumpida como demandante de empleo se cuenta desde que se agotó la RAI hasta que se cumple la edad o se presenta la solicitud, y aquí no se discutía. Se reconoce el derecho al subsidio con los efectos legales que procedan.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoDe baja por cervicalgia y completando carreras de montaña de hasta 330 km: despido procedente por simulaciónDespido y extinción del contrato01/07/2026
Un trabajador en incapacidad temporal por cervicalgia, durante más de seis meses, participó en competiciones de montaña de muy alta exigencia física, carreras de 42, 47 y 48 km y un relevo de 330 km, y publicó sus resultados en Instagram. La empresa incorporó esas publicaciones al expediente disciplinario y lo despidió por simulación de enfermedad y transgresión de la buena fe.
El TSJ del País Vasco confirma la procedencia. No se trata de si hacer deporte durante una baja está prohibido, sino de si esa actividad es compatible con la situación de IT. Valorando la pericial médica, concluye que esos esfuerzos comprometen inevitablemente la zona cervical y son incompatibles con la recuperación, y que completar esas pruebas presupone meses de entrenamiento durante la baja. Para la Sala el caso es obvio: si pudo entrenar y terminar cuatro competiciones de ese nivel, no es creíble que la cervicalgia le impidiera trabajar. Rechaza también la prescripción y la falta de motivación alegadas.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLos días de prestación por desempleo consumidos durante un ERTE-COVID no generan derecho a una nueva prestaciónIT y Seguridad Social01/07/2026
Un trabajador de Sodexo Iberia, S.A. desde 1983, fue incluido en un ERTE suspensivo por COVID-19 entre el 16 de marzo de 2020 y el 20 de noviembre de 2021, y en un segundo ERTE entre el 9 de mayo y el 6 de junio de 2022. Su contrato se extinguió por despido el 16 de diciembre de 2022, resuelto mediante acuerdo en enero de 2023. El SEPE le reconoció 600 días de prestación por desempleo; el trabajador reclamaba 720, alegando que el periodo en ERTE debía computarse como ocupación cotizada a efectos de generar nuevo derecho.
El Tribunal Supremo estima el recurso del SEPE y revoca la sentencia del TSJ de Madrid que había reconocido los 720 días: los periodos de percepción de prestaciones por desempleo durante un ERTE-COVID no pueden computarse a los efectos de generar el derecho a una nueva prestación contributiva. La normativa especial COVID mantuvo los derechos del trabajador durante la vigencia del expediente, pero no crea beneficios adicionales respecto de las reglas ordinarias de Seguridad Social.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo reitera que el periodo de un ERTE-Covid no computa como cotizado para una nueva prestación por desempleoIncapacidad temporal y Seguridad Social01/07/2026
El caso plantea si el periodo durante el cual una persona trabajadora percibió prestaciones por desempleo como consecuencia de la suspensión de su contrato de trabajo en un ERTE derivado del COVID-19 debe computarse como periodo cotizado a efectos de acceder posteriormente a una nueva prestación contributiva por desempleo.
El Tribunal Supremo reitera su doctrina y concluye que dicho periodo no se incluye en el cómputo del periodo cotizado exigido para causar derecho a una nueva prestación por desempleo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa jubilación anticipada tras salir en un ERE no es voluntaria: el padre tiene derecho al complemento de maternidad del art. 60 LGSSIncapacidad temporal y Seguridad Social30/06/2026
Un empleado del Banco Popular salió en el despido colectivo de Banco Popular y Banco Pastor con efectos de 30 de diciembre de 2016, cobró el paro dos meses y se jubiló anticipadamente en marzo de 2017. Padre de tres hijos, pidió en 2022 el complemento por aportación demográfica del art. 60 LGSS. En su redacción original, ese complemento excluía la jubilación anticipada voluntaria. El Juzgado de lo Social de Madrid se lo reconoció junto con 1.800 euros de indemnización, pero el TSJ de Madrid consideró que su jubilación había sido voluntaria.
El Tribunal Supremo estima el recurso y confirma la sentencia de instancia. Salir de la empresa acogiéndose a un plan pactado en un despido colectivo no es un cese voluntario, porque el trabajador ve drásticamente reducidas sus posibilidades de elección, y así lo ha declarado ya la Sala para este mismo ERE (STS 995/2025). Como no consta que rechazara ninguna medida alternativa, como una movilidad geográfica (caso distinto del resuelto por la STS 281/2024), su jubilación anticipada no puede calificarse de voluntaria y tiene derecho al complemento del 10 % y a la indemnización de 1.800 euros.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoDe baja por coxalgia y cocinando en el restaurante del que era socio: despido procedente aunque tuviera prescrito reposo relativoDespido y extinción del contrato30/06/2026
Un trabajador en incapacidad temporal desde junio de 2024 era socio, junto con su hermano, de la sociedad que explotaba un bar-restaurante. La empresa acreditó que cocinaba en el local varias jornadas, hacía compras, entraba género con una carretilla e incluso participó en una paellada popular, y lo despidió en diciembre. Él alegó que tenía prescrito reposo relativo, no absoluto, y que esas actividades no retrasaban su curación.
El TSJ del País Vasco confirma la procedencia. El convenio tipifica como falta muy grave realizar durante la baja trabajos de cualquier índole, por cuenta propia o ajena, sin necesidad de que sean remunerados, y las tareas en el restaurante encajan en esa previsión y suponen además una transgresión de la buena fe. La baja tampoco hace discriminatorio el despido, porque la empresa acreditó una causa disciplinaria concreta y ajena a su estado de salud: la actividad laboral realizada durante la IT.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaUn tirón muscular al tirar de un carro de desperdicios en jornada nocturna, sin testigos, es accidente de trabajo aunque exista patología degenerativa previaIncapacidad temporal y Seguridad Social30/06/2026
Una trabajadora de una empresa de subproductos animales, sola en su turno de noche, sintió un tirón en el trapecio y la muñeca al tirar de un carro con ruedas cargado de desperdicios. Acudió a la mutua, que tras una radiografía apreció signos degenerativos previos (osteofitos, desgaste vertebral) y diagnosticó "cervicalgia", concluyendo que la patología no cumplía los requisitos para ser accidente de trabajo y remitiéndola a la sanidad pública, donde causó baja por contractura cervical como enfermedad común. Tanto el INSS como la propia mutua determinaron el carácter común de la contingencia, en un expediente en el que no existían testigos del momento exacto del incidente.
El TSJ de Murcia confirma que fue accidente de trabajo. Recuerda que la presunción de laboralidad del art. 156.3 LGSS no exige testigos ni se limita a traumatismos súbitos: basta con acreditar que la lesión se manifestó en tiempo y lugar de trabajo para que opere la presunción, correspondiendo a quien la niega —aquí, la mutua— probar la ruptura del nexo causal. La existencia de patología degenerativa previa no excluye la laboralidad, porque el esfuerzo físico realizado (llevaba más de cinco horas trabajando) puede actuar como factor desencadenante de la lesión aunque no sea su única causa. Desestima el recurso de la mutua e impone las costas, en cuantía de 800 euros.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaNuevo art. 49.1.n) ET: la incapacidad permanente total permite extinguir si la empresa acredita que no caben ajustes razonables ni puesto compatibleDespido y extinción del contrato26/06/2026
Un trabajador de una empresa de fabricación de autobuses obtuvo una incapacidad permanente total para su profesión y, dentro de plazo, pidió la adaptación de su puesto. La empresa analizó el puesto, consultó al servicio de prevención y revisó otros puestos compatibles de su categoría y formación, valorando también las ayudas mecánicas existentes, y concluyó que no había adaptación razonable ni vacante adecuada. Se lo comunicó por escrito y extinguió el contrato. El trabajador alegó incumplimiento de la nueva redacción del art. 49.1.n) ET y pidió la nulidad por discriminación por discapacidad.
El TSJ de Cantabria rechaza su tesis. La Ley 2/2025 suprimió la extinción automática por incapacidad permanente, pero no obliga a mantener al trabajador si la empresa acredita que no existen ajustes razonables ni un puesto compatible. Aquí la mayor parte de las tareas seguían siendo incompatibles con sus limitaciones pese a las ayudas mecánicas. La obligación empresarial consiste en adaptar el puesto cuando sea razonable, no en crear uno nuevo eliminando sus funciones esenciales. No hay despido, sino una extinción válida.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoDe baja por ansiedad mientras desarrollaba una intensa actividad pública como actriz: despido procedenteDespido y extinción del contrato23/06/2026
Una esteticista estaba de baja por ansiedad, con ataques de pánico, ansiedad generalizada e insomnio. La empresa revisó sus perfiles públicos y encontró en Instagram, YouTube y la web de una agencia de actores una intensa actividad vinculada a su carrera como actriz: escuela de interpretación, cursos de casting, grabación de un videobook y papeles protagonistas en videoclips y obras de teatro. Incorporó los enlaces a la audiencia previa y le pidió explicaciones; ella respondió que eran actividades formativas, no remuneradas y compatibles con su recuperación.
El TSJ del País Vasco confirma la procedencia del despido. Distingue entre actividades puntuales que pueden favorecer la recuperación y una actividad continuada, pública y con proyección profesional, que refleja una capacidad funcional difícilmente compatible con una baja por ansiedad. La trabajadora no dio una explicación concreta sobre esa actividad y, antes del despido, no existía ningún informe médico que avalara su compatibilidad con el proceso de IT.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl servicio social femenino no cuenta como cotizado para alcanzar los 1.800 días de la pensión SOVIIncapacidad temporal y Seguridad Social18/06/2026
Una mujer granadina nacida en 1943 acreditaba 1.711 días computables al SOVI por su trabajo entre 1962 y 1966, por debajo de los 1.800 días exigidos para la pensión de vejez de ese régimen residual. Pidió que se le sumaran los 120 días del servicio social obligatorio que prestó de joven, alegando discriminación por razón de género. El Juzgado de Granada y el TSJ de Andalucía le reconocieron la pensión.
El Tribunal Supremo estima el recurso del INSS y deniega la pensión, aplicando su doctrina anterior. El tiempo de servicio militar obligatorio, de prestación social sustitutoria o de servicio social femenino solo se computa para la jubilación anticipada (arts. 207.1.c y 208.1.b LGSS) y la jubilación parcial (art. 215.1.d LGSS), no para la jubilación ordinaria ni para el SOVI. Si no sirve para los 15 años de la jubilación ordinaria, tampoco para los cinco años del SOVI. La Sala subraya que el criterio se aplica igual a hombres y mujeres, por lo que no hay discriminación por razón de género.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoUna silicosis simple da derecho a la incapacidad permanente total si la profesión expone al sílice, aunque la trabajadora esté en paro cuando se la diagnosticanIncapacidad temporal y Seguridad Social16/06/2026
Una embaladora de pizarra de El Bierzo trabajó más de 23 años para distintas empresas del sector hasta su despido en julio de 2018. En 2021, estando en desempleo, pidió la incapacidad permanente por la silicosis crónica simple que le habían diagnosticado. El INSS se la denegó, y el Juzgado de Ponferrada y el TSJ de Castilla y León también, porque la enfermedad era leve y no le impedía físicamente realizar las tareas de su profesión.
El Tribunal Supremo estima el recurso y reconoce la incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, con el 55 % de una base reguladora de 1.648,19 euros. La incapacidad total no solo resulta de la imposibilidad física de trabajar, sino también de la incompatibilidad con las condiciones de la profesión cuando generan un riesgo grave para la salud (art. 25.1 LPRL). Una silicosis, aunque sea simple, es irreversible e impide trabajar expuesta al polvo de sílice, lo que ocurre en la generalidad de los puestos de embaladora de pizarra. Estar en desempleo al ser diagnosticada no puede perjudicar su derecho, y la posibilidad de ajustes razonables tras la Ley 2/2025 no impide reconocer la incapacidad.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaDespedir por no reincorporarse tras el alta médica es improcedente si no consta que fue notificada al trabajadorDespido y extinción del contrato15/06/2026
Una trabajadora permanecía en incapacidad temporal desde agosto de 2023. El INSS acordó su alta médica el 17 de junio de 2024 por incomparecencia a una revisión, sin que constara que esa resolución hubiera sido notificada personalmente a la trabajadora. La empresa, que conocía el alta, comprobó que no se reincorporaba y le envió un burofax exigiéndole justificar las ausencias; ante la falta de reincorporación, la despidió disciplinariamente el 4 de julio. El Juzgado de instancia declaró inicialmente el despido procedente.
El TSJ de Cataluña revoca esa calificación y declara el despido improcedente. La obligación de reincorporarse nace cuando la resolución que pone fin a la incapacidad temporal ha sido notificada al trabajador, no cuando el INSS simplemente la dicta; al no constar esa notificación en el momento del despido, las ausencias imputadas no podían calificarse todavía como un incumplimiento grave y culpable. La sentencia no declara el despido nulo por discriminación vinculada a la enfermedad, sino improcedente, porque en el momento del cese no existían faltas de asistencia injustificadas suficientemente acreditadas.
Ver la ficha completa →TSJ MadridLas reseñas de Google como indicio de una actividad no declarada durante la incapacidad temporalIncapacidad temporal y Seguridad Social12/06/2026
Una trabajadora inició una incapacidad temporal el 19 de septiembre de 2024. Durante la baja continuó desarrollando una actividad organizada y reiterada en una finca dedicada a celebrar eventos: las llamadas del negocio se desviaban a su teléfono, informaba sobre servicios y precios, concertaba visitas, abría la finca con sus propias llaves, recogía contratos, cobraba señales e incluso se ofrecía para trabajar como camarera. Varios clientes agradecieron públicamente en reseñas de Google la atención recibida de la trabajadora durante su baja.
El TSJ de Madrid considera que, acreditada una actividad de tal entidad y continuidad, correspondía a la trabajadora aportar los datos a su alcance sobre su dolencia, sus limitaciones y por qué esas tareas no interferían en su curación; no lo hizo. La Sala valora especialmente que se ofreciera para trabajar como camarera, ocupación físicamente exigente y próxima a sus funciones. Resultado: transgresión grave de la buena fe contractual y despido procedente. La resolución también anula la multa de 1.500 € por temeridad que había impuesto el juzgado de instancia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoCambiar de oficio la contingencia de una incapacidad permanente sin que se haya pedido es incongruencia extra petita, aunque el grado reconocido sea inferior al solicitadoIncapacidad temporal y Seguridad Social11/06/2026
Una trabajadora reclamó el reconocimiento de una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo. El Juzgado desestimó la demanda. Recurrida en suplicación, el TSJ de Canarias le dio parcialmente la razón, pero cambió la contingencia: reconoció la incapacidad, aunque derivada de enfermedad común, algo que la trabajadora nunca había pedido, ni siquiera de forma subsidiaria.
El Tribunal Supremo declara que eso es incongruencia extra petita y distingue dos planos. El grado de incapacidad sí admite cierta flexibilidad judicial: reconocer un grado inferior al solicitado no es incongruente si no se excluyó expresamente en la demanda. La contingencia (accidente de trabajo frente a enfermedad común), en cambio, no admite esa flexibilidad: no es una simple «rebaja cuantitativa», sino que cambia quién responde del pago, la base reguladora, el requisito de carencia, las mejoras convencionales y el posible recargo de prestaciones, por lo que constituye una modificación cualitativa y autónoma del objeto del proceso. El Supremo casa la sentencia del TSJ y confirma la desestimación de instancia, aclarando que el fallo solo afecta a la contingencia, sin prejuzgar la capacidad laboral de la trabajadora si reclama de nuevo con los hechos que correspondan.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaDespido nulo por discriminación tras el inicio de una baja médica por ansiedadIgualdad, discriminación y derechos fundamentales11/06/2026
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 515/2026, de 11 de junio, desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirma la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Murcia, que declaró la nulidad por discriminación del despido disciplinario de un comercial.
El Tribunal ratifica que el cese —ejecutado bajo la apariencia de una disminución voluntaria y continuada del rendimiento apenas un día después de que el trabajador iniciara un proceso de incapacidad temporal por ansiedad— obedeció en realidad a un propósito discriminatorio por razón del estado de salud. Al no haber acreditado la mercantil una causa real, cierta y justificada de la bajada de rendimiento alegada, la empresa no logró desvirtuar el panorama indiciario de discriminación, lo que determina la nulidad radical de la decisión extintiva en aplicación de la Ley 15/2022 y del Estatuto de los Trabajadores.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl plus de transporte cuenta en la base reguladora de una incapacidad permanente por accidente de trabajo: el Reglamento de 1956 ha quedado desplazadoIncapacidad temporal y Seguridad Social10/06/2026
Un albañil valenciano cayó de un andamio en 2019 y el INSS le reconoció una incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo con una base reguladora de 1.632,77 euros mensuales, a cargo de la mutua. La mutua demandó para rebajarla a 1.543,90 euros excluyendo el plus de transporte, con apoyo en el Reglamento de accidentes de trabajo de 1956, que lo deja fuera de la base de cotización por contingencias profesionales. El Juzgado y el TSJ de la Comunidad Valenciana le dieron la razón.
El Tribunal Supremo estima el recurso del trabajador y restablece la base reguladora de 1.632,77 euros. Desde la LGSS de 1994, una norma con rango de ley regula los conceptos excluidos de la base de cotización y solo deja fuera los gastos de locomoción por desplazamientos fuera del centro habitual de trabajo debidamente justificados, no el plus de transporte genérico. Por el principio de jerarquía normativa, el Reglamento de 1956, aunque no esté derogado expresamente, ha perdido vigencia de forma sobrevenida en lo que contradice a la ley y no puede aplicarse.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaLa agresión de unos compañeros a un trabajador por haberse cambiado de sindicato es accidente de trabajoIncapacidad Temporal y Seguridad Social03/06/2026
Un trabajador de FCC Medio Ambiente sufrió en 2022 una agresión por parte de varios compañeros, uno de ellos delegado sindical de UGT. Según declaró, le estaban haciendo la vida imposible porque había abandonado ese sindicato para afiliarse a otro. Estuvo de baja del 7 de abril al 15 de julio de 2022 y el INSS declaró que la incapacidad temporal derivaba de accidente de trabajo. La empresa, colaboradora voluntaria en la gestión de la IT por contingencias profesionales, impugnó la resolución alegando que la agresión respondía a motivos personales ajenos al trabajo, pero el Tribunal de Instancia de Barcelona desestimó la demanda.
El TSJ de Cataluña desestima el recurso de la empresa. La excepción de los motivos personales entre agresor y agredido no se aplica: la afiliación sindical, y el derecho a separarse de un sindicato para afiliarse a otro, se ejercen precisamente en la condición de trabajador (art. 28 CE y art. 2.1.b LOLS, con cita del TEDH en el asunto Sørensen y Rasmussen c. Dinamarca). La agresión ocurrió en tiempo y lugar de trabajo y con ocasión de él, por lo que la baja es accidente de trabajo. Condena en costas a la empresa por 450 euros.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoTrabajar dos días como figurante durante una baja por hernia discal extingue la prestación de incapacidad temporalIncapacidad Temporal y Seguridad Social02/06/2026
Una técnica de informática inició una incapacidad temporal por enfermedad común el 1 de enero de 2022 por una hernia discal lumbar, con pauta de inmovilización y posterior intervención quirúrgica, y recibió el alta en mayo. Más tarde el INSS comprobó que había trabajado como figurante los días 3 de enero y 30 de abril de 2022, en plena baja, y en 2025 extinguió la prestación con efectos desde el 2 de enero de 2022. El Juzgado confirmó la resolución con base en el art. 175 LGSS, que prevé la extinción del subsidio cuando se trabaja por cuenta propia o ajena durante la IT.
El TSJ del País Vasco desestima el recurso de la trabajadora, que intentó introducir otros antecedentes médicos y cuestiones de procedimientos anteriores. Lo decisivo es que la baja respondía a una hernia discal con limitaciones funcionales relevantes y que durante ese periodo hubo prestación de servicios. Actuar como figurante es una actividad laboral, y la incompatibilidad no desaparece porque dure solo dos días o parezca poco exigente físicamente. Se mantiene la extinción de la prestación acordada por el INSS.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaLa extinción por incapacidad permanente total del art. 49.1.n) ET es una causa autónoma, no un despido objetivo, y no da derecho a 20 días por añoDespido y extinción del contrato28/05/2026
Un operario de engorde de peces fue declarado en incapacidad permanente total para su profesión habitual y pidió la adaptación de su puesto. La empresa le hizo un reconocimiento médico que concluyó que no era apto y acreditó que no era posible adaptar el puesto sin eliminar sus funciones esenciales y que no había vacantes compatibles, porque el resto de puestos exigían las mismas capacidades físicas. El trabajador impugnó la extinción y pidió su nulidad por incumplir el deber de ajustes razonables o, al menos, la indemnización de 20 días por año del despido objetivo.
El TSJ de Galicia considera que la empresa cumplió las exigencias del nuevo art. 49.1.n) ET: adaptar el puesto lo habría vaciado de contenido, no había vacantes compatibles y exigir otra solución supondría una carga excesiva. Cuando concurren sus requisitos, esta extinción no es un despido objetivo, sino una causa autónoma de extinción del contrato, que no genera la indemnización de 20 días por año salvo que el convenio disponga otra cosa. Extinción sin indemnización.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl plus de asistencia debe distinguir entre permisos retribuidos e incapacidad temporal a efectos de devengoRetribución, complementos y beneficios28/05/2026
Los sindicatos ALFERRO y SFI plantearon conflicto colectivo frente a una empresa pública de transporte ferroviario para que el plus de asistencia se reconociera también durante los permisos retribuidos y las situaciones de incapacidad temporal, tanto por enfermedad común como por accidente de trabajo.
El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de casación de la empresa y, a su vez, estima en parte la demanda sindical, fijando doctrina sobre la distinción entre permisos retribuidos e incapacidad temporal a efectos del devengo del complemento.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoTener una incapacidad permanente total no daba derecho automático al 33 % de discapacidad antes de la Ley 3/2023Incapacidad temporal y Seguridad Social26/05/2026
Un trabajador de Bizkaia con un 12 % de discapacidad reconocido obtuvo en octubre de 2022 una incapacidad permanente total. Pidió entonces la revisión de su grado de discapacidad, y la Diputación Foral se lo elevó solo al 20 %. El Juzgado de Bilbao y el TSJ del País Vasco le reconocieron el 33 %, al entender que el art. 4.2 del texto refundido de la Ley de derechos de las personas con discapacidad equiparaba «a todos los efectos» a los pensionistas de incapacidad permanente total, y apoyándose también en la Convención de Nueva York.
El Tribunal Supremo estima el recurso de la Diputación y mantiene el 20 %. Reitera que el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, en su redacción anterior a la Ley 3/2023, incurrió en ultra vires al sustituir la expresión «a los efectos de esta ley» por «a todos los efectos», excediendo la delegación legislativa. Por eso la equiparación con el 33 % no era automática para cualquier efecto. La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad no tiene efecto directo ni exige esa equiparación.
Ver la ficha completa →TSJ NavarraEl malestar sufrido durante una cena de negocios en el extranjero es accidente de trabajo en misiónIncapacidad temporal y Seguridad Social19/05/2026
Una trabajadora se desplazó a Bulgaria por motivos profesionales. Durante su estancia, mantuvo una cena con la gerente de una empresa búlgara, socia comercial de la suya. En ese contexto sufrió un fuerte dolor de cabeza, comenzó a vomitar y fue diagnosticada de una hemorragia subaracnoidea. La mutua colaboradora impugnó la resolución del INSS que había declarado que el proceso derivaba de accidente de trabajo.
El TSJ de Navarra confirma que el proceso deriva de accidente de trabajo, en aplicación de la doctrina del accidente en misión: no todo lo que ocurre durante un viaje de trabajo es automáticamente un accidente laboral, pero tampoco deja de serlo por el hecho de que la trabajadora estuviera sentada a la mesa de un restaurante, fuera de su jornada, con un cliente. Mientras persiste la misión encomendada por la empresa, la presunción de laboralidad del accidente se extiende a los actos de la vida ordinaria razonablemente vinculados al desplazamiento profesional, como una comida con un socio comercial.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaEl TSJ de Galicia mantiene como contingencia común dos bajas por ansiedad de una trabajadora que las atribuía a acoso laboralIncapacidad temporal y Seguridad Social14/05/2026
Una trabajadora demandó al INSS, la TGSS, la mutua y su empresa para que dos procesos de incapacidad temporal por ansiedad, el primero de ellos iniciado el 10 de mayo de 2022, fueran reconocidos como derivados de accidente de trabajo. Existía ya una sentencia previa de instancia, confirmada por el TSJ de Galicia, que había descartado que se hubiera producido una vulneración de derechos fundamentales por acoso laboral. En el recurso de suplicación, la trabajadora intentó ampliar los hechos probados con nuevas crisis de ansiedad, correos internos e informes médicos.
El TSJ de Galicia rechaza la revisión de los hechos probados por no identificar con precisión los documentos concretos en los que se basaba y pretender una nueva valoración global de la prueba, algo incompatible con el estrecho margen del recurso de suplicación del art. 193.b) LRJS, que no permite reconstruir el relato fáctico salvo error claro, directo y derivado de prueba documental o pericial. Al no acreditarse, conforme exige el art. 156.2.e) LGSS, que la enfermedad derive exclusivamente del trabajo, la Sala confirma la sentencia de instancia y mantiene las bajas como contingencia común.
Ver la ficha completa →TSJ La RiojaEl TSJ de La Rioja avala la revisión de una prestación extraordinaria por cese de actividad al no acreditarse la caída de facturación exigidaIncapacidad Temporal y Seguridad Social12/05/2026
Un trabajador autónomo afiliado al RETA desde 1991 obtuvo en noviembre de 2020 el reconocimiento provisional de la prestación extraordinaria por cese de actividad compatible con el trabajo, prevista en la disposición adicional cuarta del RDL 30/2020, con una cuantía de 1.214,10 euros mensuales. En junio de 2024, tras revisar sus datos tributarios, la mutua colaboradora anuló ese reconocimiento al comprobar que su facturación del cuarto trimestre de 2020 no había caído el 75% mínimo exigido respecto al mismo periodo de 2019, y le reclamó 4.773,84 euros de prestaciones indebidamente percibidas.
El TSJ de La Rioja desestima el recurso del trabajador y confirma la revisión. Rechaza que exista un trato discriminatorio frente a los autónomos societarios y descarta que resulte aplicable la doctrina Cakarevic sobre el no reintegro de prestaciones cobradas de buena fe por error de la Administración, al tratarse aquí de un reconocimiento inicial expresamente provisional y sujeto a comprobación posterior de los requisitos, y no de un error administrativo imputable en exclusiva a la mutua.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaDespido nulo tras preguntar reiteradamente al trabajador de baja cuándo volvería: la empresa no probó una causa ajena a su saludDespido y extinción del contrato11/05/2026
Un trabajador inició una incapacidad temporal por lumbalgia con ciática y la empresa le preguntó reiteradamente cuándo volvería. Cuando informó de que necesitaría rehabilitación y la baja se prolongaría, recibió una carta de despido disciplinario que le atribuía tolerar conductas fraudulentas de sus subordinados. Los hechos probados mostraron lo contrario: él mismo había advertido de posibles irregularidades y había puesto en marcha controles.
El TSJ de Cataluña confirma la nulidad. La incapacidad temporal no convierte cualquier despido en nulo, pero cuando hay indicios de que ha influido en la decisión, la empresa debe probar que actuó por motivos ajenos a la salud del trabajador, y no lo hizo. Mantiene la indemnización de 7.501 euros por daños morales, cuantificada con el tramo mínimo de las sanciones muy graves de la LISOS, aunque la Ley 15/2022, específica para la discriminación por salud, habría permitido fijar un mínimo de 10.001 euros.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla-La ManchaLa secuencia cronológica entre el despido y el inicio de la incapacidad temporal desvirtúa el indicio de discriminaciónDespido y extinción del contrato11/05/2026
Un trabajador con discapacidad acudió al médico por problemas de rodilla y recibió tratamiento. La empresa le comunicó un despido disciplinario el 2 de mayo de 2025, con efectos desde el 15 de mayo; la incapacidad temporal comenzó al día siguiente, el 16 de mayo. El trabajador alegó que existían indicios suficientes de que la decisión empresarial estuvo motivada por la enfermedad y solicitó la nulidad, además de una indemnización superior invocando el Convenio 158 de la OIT.
Para el TSJ, el dato decisivo es que, cuando se inició la incapacidad temporal, el trabajador ya conocía la decisión extintiva: esa secuencia temporal impide apreciar un indicio suficiente de discriminación por enfermedad. La Sala rechaza también la indemnización adicional y aplica la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre el artículo 56 ET, confirmando la calificación de improcedencia sin nulidad.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla-La ManchaPagar la nómina por transferencia a toda la plantilla y con cheque a recoger en la empresa a quien está de baja es discriminatorio: 1.000 eurosIgualdad, discriminación y derechos fundamentales08/05/2026
Una empresa pagaba las nóminas de toda la plantilla por transferencia bancaria, pero cuando un trabajador estaba en incapacidad temporal le entregaba un cheque que debía recoger personalmente en las instalaciones. Un trabajador de baja por accidente laboral tuvo que desplazarse a recoger el cheque de su nómina de agosto y después ingresarlo en el banco, con una comisión de 5,63 euros. Demandó por vulneración de derechos fundamentales.
El TSJ de Castilla-La Mancha confirma la vulneración de derechos fundamentales. La práctica perjudicaba al trabajador precisamente por estar de baja y suponía un trato peyorativo frente al resto de la plantilla, sin justificación. Mantiene la indemnización de 1.000 euros por daño moral.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaEl despido ya estaba decidido el día anterior al inicio de la incapacidad temporalIncapacidad temporal y Seguridad Social08/05/2026
Un trabajador de una agencia de viajes fue despedido disciplinariamente; el Juzgado de Barcelona declaró la improcedencia del despido, pero descartó su nulidad pese a la proximidad temporal con el inicio de una incapacidad temporal, al constatar que la decisión extintiva ya estaba adoptada antes de que la empresa tuviera conocimiento de la baja médica.
El TSJ de Cataluña desestima el recurso de suplicación del trabajador y confirma íntegramente la sentencia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoIngreso mínimo vital y custodia compartida: el hijo solo cuenta en la unidad de convivencia del progenitor con el que está empadronadoIncapacidad temporal y Seguridad Social07/05/2026
Un padre sevillano con la custodia compartida de su hijo menor solicitó en 2020 el ingreso mínimo vital como unidad de convivencia formada por un adulto y un menor. El INSS se lo denegó porque el niño estaba domiciliado en la vivienda de la madre. El Juzgado de lo Social le reconoció la prestación, pero el TSJ de Andalucía la revocó.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del padre. La unidad de convivencia del IMV se define por la residencia en el mismo domicilio y una persona no puede formar parte de dos unidades a la vez. Para la custodia compartida, el art. 10.4 del RDL 20/2020 establece expresamente que los menores forman parte de la unidad de convivencia del progenitor donde estén domiciliados, sin reparto proporcional al tiempo de estancia. La Sala reconoce que puede ser el otro progenitor quien esté en situación de vulnerabilidad, pero considera que la previsión legal es tan terminante que no deja margen interpretativo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEs válida la revisión de una incapacidad permanente iniciada dentro del plazo de cuatro años, aunque se resuelva despuésIT y Seguridad Social07/05/2026
Un trabajador vio denegada en 2014 su solicitud de incapacidad permanente, pero una sentencia judicial de 2017 le reconoció una incapacidad permanente parcial. Simultáneamente, una resolución del INSS de 2016 le había reconocido una incapacidad permanente total. En 2019 el INSS advirtió la incompatibilidad entre ambas prestaciones y abrió expediente de revisión en diciembre de ese año, reclamando la devolución de 8.494,75 euros percibidos indebidamente durante el periodo de solapamiento.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina: no aprecia contradicción con la sentencia de contraste porque, en este caso, el INSS inició el expediente de revisión dentro del plazo legal de cuatro años (entre el 20 de septiembre de 2016 y el 9 de diciembre de 2019), a diferencia del caso de contraste, donde la acción de revisión ya había prescrito. La sentencia recurrida queda firme.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaDespido nulo durante la baja médica al no acreditar la empresa la proporcionalidad de la sanciónIgualdad, discriminación y derechos fundamentales07/05/2026
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 2085/2026, de 7 de mayo, estima en parte el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, revoca la sentencia de instancia y declara la nulidad del despido disciplinario, condenando a la empresa a la readmisión inmediata del trabajador y al abono de una indemnización de 7.501 euros por daños morales.
El Tribunal fundamenta que, si bien existían indicios de discriminación por razón de enfermedad y un proceso de incapacidad temporal coetáneo, la decisión extintiva carece de la proporcionalidad exigida, ya que las conductas imputadas durante la baja (como cargar de forma puntual material o realizar gestiones cotidianas) no revisten la gravedad suficiente como para justificar la máxima sanción disciplinaria de despido. Al no haber acreditado la empresa una justificación objetiva y razonable que incluya la proporcionalidad de la medida, el despido resulta radicalmente nulo.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla-La ManchaBeber «un mero vaso de cerveza» en una baja por ansiedad no basta para despedirIncapacidad temporal y Seguridad Social07/05/2026
Una cadena de supermercados despidió disciplinariamente a una trabajadora en situación de baja por ansiedad tras constatar que había consumido una cerveza; el Juzgado de Toledo declaró improcedente el despido.
El TSJ de Castilla-La Mancha desestima el recurso de suplicación de la empresa y confirma que ese hecho aislado no constituye un incumplimiento contractual de la entidad suficiente para justificar la máxima sanción disciplinaria.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoEl INSS no activó su protocolo de violencia externa tras la denuncia falsa contra un médico inspector: 99.926,40 eurosPrevención de riesgos laborales y accidentes05/05/2026
Un médico inspector del INSS en Bizkaia fue denunciado por abuso sexual por una paciente días después de una consulta en enero de 2018. El INSS abrió un expediente interno, pidió alegaciones al médico y lo archivó en abril, y la causa penal se sobreseyó provisionalmente en mayo. El médico siguió trabajando sin pedir ayuda a recursos humanos, pero en febrero de 2019 causó baja por estrés postraumático, reconocida como accidente de trabajo, y después se le declaró una incapacidad permanente total, al no poder atender ni explorar a pacientes mujeres. Se jubiló en diciembre de 2021 y reclamó 249.816 euros por los daños sufridos.
El TSJ del País Vasco condena al INSS. El organismo tenía un protocolo frente a la violencia ocupacional externa que preveía contactar con el trabajador afectado para valorar las lesiones físicas y psicológicas y facilitar su reincorporación, y no lo activó: nadie le ofreció apoyo psicológico ni asesoramiento jurídico, pese a que el INSS conocía el incidente. El deber de prevenir los riesgos psicosociales es proactivo, y que el trabajador no pida ayuda no exime de ofrecerla. Sobre una base de 166.544 euros reconoce el 50 %, porque el empleador no causó el daño inicial pero contribuyó a agravarlo, más un 20 % adicional por omitir un riesgo conocido: 99.926,40 euros.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa firmeza de una sentencia que declaró una incapacidad derivada de enfermedad común impide reabrir después la contingencia profesionalIncapacidad temporal y Seguridad Social05/05/2026
Tras una sentencia firme que había desestimado el carácter profesional de una incapacidad permanente total —declarada derivada de enfermedad común—, se pretendió reabrir posteriormente la discusión sobre la contingencia en un nuevo procedimiento.
El Tribunal Supremo aplica con rigor los efectos de preclusión procesal de los artículos 222.4 y 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, confirmando que la cosa juzgada material impide reabrir esa cuestión ya resuelta con carácter firme.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaAyudar en la caja del bar de su mujer durante una baja por lesión de hombro no justifica el despido si no perjudica la recuperaciónDespido y extinción del contrato30/04/2026
Un trabajador en incapacidad temporal por accidente de trabajo, con una lesión en el hombro, fue seguido por un detective durante tres sábados y captado en el bar de su esposa y su cuñada detrás de la caja, cobrando consumiciones, haciendo compras y llevando una caja vacía de cervezas con el brazo sano. La empresa consideró que trabajaba durante la baja y lo despidió por transgresión de la buena fe.
El TSJ de Cataluña declara el despido improcedente. No toda actividad durante una incapacidad temporal constituye fraude: lo relevante es si perjudica la recuperación o evidencia aptitud para volver al puesto. No constaba que esa ayuda familiar fuera remunerada ni que las tareas fueran incompatibles con la lesión, y las fotografías lo mostraban detrás de la caja, sin manipular cargas ni hacer esfuerzos con el hombro lesionado.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla y LeónLa difusión de la baja médica de un trabajador por WhatsApp vulnera sus derechos fundamentalesPrueba, videovigilancia y protección de datos29/04/2026
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede Burgos) 210/2026, de 29 de abril, estima en parte el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y el codemandado, confirmando la declaración de vulneración de derechos fundamentales y el abono de una indemnización de 6.000 euros en concepto de daños morales.
El Tribunal ratifica que la actuación empresarial consistente en publicar el parte de baja médica de un trabajador en un grupo de WhatsApp corporativo constituye una intromisión ilegítima y un ataque directo a su dignidad, así como a su derecho fundamental a la protección de datos y a la intimidad, al exponer información personal de salud sin justificación legítima.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoDespedido tras 545 días de incapacidad temporal sin intentar adaptar el puestoIncapacidad temporal y Seguridad Social28/04/2026
Un encargado de mantenimiento de alumbrado público de una empresa de instalaciones eléctricas fue despedido tras permanecer 545 días en situación de incapacidad temporal.
El TSJ del País Vasco desestima el recurso de suplicación de la empresa, condenada además en costas de 900 €, y confirma la improcedencia del despido por no haberse intentado previamente la adaptación del puesto de trabajo a la situación del trabajador.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaIncapacidad permanente total de un conductor de autobús: la empresa no tiene que crear un puesto nuevo y la extinción es válidaDespido y extinción del contrato23/04/2026
Un conductor de autobuses obtuvo una incapacidad permanente total para su profesión habitual y la DGT lo declaró no apto para los permisos del grupo II necesarios para conducir autocares. Pidió que se adaptara su puesto para seguir trabajando, pero la empresa, con 18 trabajadores (17 conductores y un administrativo), le comunicó que no existía otro puesto en el que reubicarlo y extinguió el contrato al amparo del art. 49.1.e) ET. Los propios conductores limpiaban los autocares y hacían pequeñas tareas de mantenimiento dentro de su jornada, y las reparaciones mayores estaban externalizadas.
El TSJ de Andalucía aplica la doctrina del TJUE en el asunto Ca Na Negreta: antes de extinguir el contrato, la empresa debe valorar ajustes razonables y una posible reubicación, salvo que supongan una carga excesiva. Pero las tareas de limpieza y mantenimiento no forman un puesto autónomo, sino funciones residuales de los conductores, y crear un puesto nuevo para el trabajador no es un ajuste razonable exigible. No hay despido y la extinción es válida.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaEl despido de un teleoperador durante una baja por ansiedad no es discriminatorio ni nulo si la empresa acredita una causa organizativa real y ajena a la enfermedadDespido e Igualdad23/04/2026
Un teleoperador de un contact center causó baja por incapacidad temporal derivada de un trastorno de ansiedad calificado como accidente de trabajo. Mientras seguía de baja, la empresa le comunicó la extinción de su contrato junto a la de otros cuatro compañeros de la misma categoría, alegando causas organizativas y técnicas: la externalización a Colombia de parte del servicio de atención al cliente y la pérdida de un cliente relevante en un proceso de licitación. El juzgado de lo social declaró el despido improcedente —al no considerar suficientemente acreditadas todas las causas objetivas alegadas— pero no nulo, y el trabajador recurrió en suplicación solicitando la nulidad por discriminación, invocando la Ley 15/2022 y la doctrina del TJUE sobre enfermedad y discapacidad (asuntos Chacón Navas, Daouidi y Ring, entre otros).
La Sala de lo Social del TSJ de Galicia repasa extensamente esa doctrina europea y concluye que la enfermedad, por sí sola, no equivale a discapacidad ni constituye automáticamente un factor discriminatorio; solo lo será cuando el empresario no logre acreditar una causa razonable, objetiva y ajena a la baja médica que justifique la decisión extintiva, en cuyo caso opera la inversión de la carga de la prueba prevista en la Ley 15/2022. En este caso, aunque el despido coincidió temporalmente con la baja del trabajador, la Sala aprecia que la extinción simultánea de otros cuatro puestos por la misma reestructuración dota de suficiente verosimilitud a la causa organizativa alegada, desconectando la decisión empresarial de la situación de incapacidad temporal. Por ello, desestima el recurso y confirma la improcedencia —no la nulidad— del despido.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Supremo extiende el ius adcrescendi de la pensión de orfandad al progenitor privado de la patria potestadIncapacidad temporal y Seguridad Social21/04/2026
Se solicitó el incremento del porcentaje de la pensión de orfandad mediante la adición de la pensión de viudedad no reconocida al progenitor superviviente, que había sido privado o suspendido en el ejercicio de la patria potestad.
El Tribunal Supremo estima la pretensión por analogía con los supuestos ya contemplados en el artículo 38.2 del Reglamento General de Prestaciones de la Seguridad Social, extendiendo el mecanismo del ius adcrescendi a este supuesto no previsto expresamente.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaConfirmada la revocación de una incapacidad permanente absoluta al acreditarse mejoría clínica de la obesidad y los trastornos respiratorios y psíquicosIncapacidad temporal y Seguridad Social21/04/2026
Un trabajador autónomo fue declarado en incapacidad permanente absoluta en 2021 por un cuadro de obesidad de grado III, síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS), trastorno de adaptación y estrés grave. El INSS inició posteriormente un expediente de revisión de oficio y, en 2023, dictó resolución dejando sin efecto la pensión al apreciar mejoría clínica documentada de esas patologías.
La Sala desestima la demanda del trabajador y confirma la resolución administrativa: la mejoría acreditada de las dolencias que motivaron el reconocimiento inicial de la incapacidad permite su revisión y revocación, al no persistir limitaciones funcionales de la entidad exigida para mantener el grado de incapacidad permanente absoluta.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo reconoce efectos retroactivos al complemento de maternidad por aportación demográfica reconocido al varónIgualdad, discriminación y derechos fundamentales17/04/2026
El Tribunal Supremo resuelve sobre el complemento de maternidad por aportación demográfica reclamado por un pensionista varón, complemento vinculado a la incidencia que la brecha de género tiene, con carácter general, en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad Social de las mujeres.
La Sala reitera doctrina y concluye que el complemento debe reconocerse a las pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2016, con efectos retroactivos desde la propia fecha del hecho causante de la pensión, y no solo desde la solicitud.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSi el INSS deniega la incapacidad y después las lesiones se agravan, los efectos económicos se fijan cuando quedan acreditadas, no en la solicitud inicialIncapacidad temporal y Seguridad Social16/04/2026
Un mecánico autónomo de 64 años con patología de rodilla y un trastorno adaptativo depresivo vio denegada su incapacidad permanente por el INSS en diciembre de 2021, porque sus lesiones no alcanzaban entonces la gravedad suficiente. Un segundo dictamen del EVI de noviembre de 2022 constató su agravación, y la sentencia de instancia de Santander le reconoció la incapacidad permanente absoluta con efectos desde que las limitaciones quedaron acreditadas; desde diciembre de 2022 ya era pensionista de jubilación. El TSJ de Cantabria adelantó la fecha de efectos.
El Tribunal Supremo estima el recurso del INSS y confirma la sentencia del Juzgado. Por jerarquía normativa prevalece el art. 193.1 LGSS, que define la incapacidad por la existencia de reducciones graves y definitivas, sobre las reglas de fecha de efectos de la Orden de 18 de enero de 1996. Cuando se impugna una denegación y la sentencia reconoce la incapacidad porque después aparecieron nuevas lesiones o se agravaron las existentes, los efectos económicos se sitúan en la fecha en que la sentencia considera acreditadas esas limitaciones, que es también la del hecho causante. No es la del juicio oral. El mismo criterio sirve cuando la sentencia reconoce un grado superior al concedido por el INSS.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEnfermedad profesional repartida entre mutuas: el periodo como autónomo sin cobertura de contingencias profesionales lo paga el INSSIncapacidad temporal y Seguridad Social16/04/2026
Un marmolista cordobés fue declarado en 2018 en incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, y el INSS repartió el pago de la prestación entre varias mutuas (MAZ, CESMA, Fremap) y la propia entidad gestora en proporción a los periodos de exposición. Entre 2006 y 2009 había estado de alta en el RETA en una actividad de riesgo sin haber optado por cubrir las contingencias profesionales. La mutua CESMA reclamó que ese periodo no incrementara la parte de las mutuas, pero el Juzgado de Córdoba y el TSJ de Andalucía lo excluyeron sin más del cómputo.
El Tribunal Supremo estima el recurso de la mutua. El periodo en el RETA sin cobertura de enfermedad profesional sí debe computarse en el reparto proporcional de la responsabilidad, pero el porcentaje que le corresponde no se carga a las mutuas, sino al INSS como continuador del antiguo Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. El INSS debe fijar un nuevo reparto que le atribuya ese periodo (de febrero de 2006 a junio de 2009) y reduzca en consecuencia la responsabilidad del resto de entidades.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Supremo confirma la denegación de coeficientes reductores de jubilación en la minería no carbonífera por defectos del recursoIncapacidad temporal y Seguridad Social16/04/2026
Trabajadores de actividad minera de exterior no carbonífera solicitaron el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación por las condiciones de su actividad.
El Tribunal Supremo desestima su recurso, tanto por incumplir los requisitos formales exigidos en casación como por ajustarse la sentencia recurrida a la doctrina ya consolidada de la Sala sobre esta materia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa Administración puede reclamar por sí misma el reintegro de una pensión no contributiva cuando el beneficiario supera el límite de ingresosIncapacidad temporal y Seguridad Social16/04/2026
Se discutió si la Administración debía acudir a un proceso judicial para reclamar el reintegro de una pensión no contributiva cuando comprobó, de forma sobrevenida, que su titular superaba el nivel de ingresos que permite su percepción.
El Tribunal Supremo reconoce la potestad de autotutela administrativa para reclamar directamente ese reintegro como acto de gestión ordinaria ante la alteración sobrevenida de los requisitos materiales del beneficiario, sin que ello constituya una revisión de oficio formal que exija procedimiento judicial previo.
Ver la ficha completa →TSJ MadridEl complemento de maternidad no se reconoce a quien accede voluntariamente a la jubilación anticipadaIT y Seguridad Social16/04/2026
Un pensionista nacido en 1956, padre de dos hijos, obtuvo la jubilación anticipada voluntaria desde el 2 de enero de 2019 con una pensión al 84% de la base reguladora. En diciembre de 2023 solicitó el complemento por aportación demográfica, que el INSS denegó por haber accedido voluntariamente a la jubilación anticipada, conforme al artículo 60 LGSS. La instancia desestimó la demanda.
La Sala confirma la desestimación: la normativa excluye expresamente el complemento de maternidad en la jubilación anticipada voluntaria, exclusión avalada por el Tribunal Constitucional (ATC 114/2018) como objetiva y razonable, ya que el complemento compensa carreras laborales acortadas de forma involuntaria, no por decisión propia. Añade que la STJUE C-130/20 confirmó que esta restricción no vulnera la igualdad de género al basarse en las condiciones de acceso a la pensión, no en el sexo del solicitante.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLos días de prestación generados antes de un ERTE Covid no se dan por consumidos aunque medie después un ERTE ETOP antes del despidoIT y Seguridad Social16/04/2026
Un trabajador fue despedido por causas objetivas el 29 de diciembre de 2022 tras haber estado en ERTE Covid (marzo de 2020 a marzo de 2022) y, después, en un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (abril-mayo de 2022), percibiendo prestaciones por desempleo durante ambos periodos. El SEPE consideró consumidos los días de prestación del ERTE Covid al calcular la nueva prestación generada por el despido posterior.
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso del SEPE y reconoce al trabajador el derecho a una prestación de 540 días (no los 720 solicitados), con 44 días ya consumidos y el 70% de la base reguladora durante los primeros 136 días. Reitera que los periodos de ERTE Covid no computan como cotizados para generar nuevas prestaciones, pero precisa que en este caso concreto esos días no debían darse por consumidos pese a haberse interpuesto un ERTE ETOP intermedio antes del despido.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoUn error administrativo del SEPE al reconocer un subsidio no puede obligar a devolverlo si cubría necesidades básicas de subsistenciaIT y Seguridad Social16/04/2026
Una pensionista con incapacidad permanente total reconocida desde el año 2000 solicitó en septiembre de 2020 el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que le fue reconocido por error administrativo pese a ser incompatible con su pensión. El SEPE intentó después reclamarle 11.740,10 euros percibidos indebidamente entre septiembre de 2020 y septiembre de 2022.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del SEPE y confirma la sentencia que exoneró a la beneficiaria de devolver las prestaciones, aplicando la doctrina Cakarevic del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: cuando el error es exclusivamente administrativo, sin culpa del beneficiario, y las cantidades cubren necesidades básicas de subsistencia, no puede exigirse un reintegro desproporcionado que vulnere el derecho de propiedad reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl SEPE puede rectificar por sí mismo un error material en el reconocimiento de una prestación por desempleoIncapacidad temporal y Seguridad Social15/04/2026
El SEPE había reconocido una prestación por desempleo calificando erróneamente a la beneficiaria como trabajadora fija discontinua cuando en realidad era indefinida a tiempo parcial con jornada concentrada.
El Tribunal Supremo avala que el SEPE pueda rectificar ese error material o de hecho por su propia autotutela administrativa, sin necesidad de acudir a la vía judicial ni sujetarse al plazo de caducidad anual propio de la revisión de actos declarativos de derechos.
Ver la ficha completa →Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso)Obligación de devolver bonificaciones de cuotas por despidos durante un ERTE CovidIncapacidad temporal y Seguridad Social15/04/2026
Una empresa de ingeniería y construcción se benefició de exenciones de cuotas a la Seguridad Social por un ERTE derivado del Covid-19, y posteriormente despidió a trabajadores incumpliendo el compromiso de mantenimiento del empleo asociado a esas bonificaciones.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación contencioso-administrativo de la empresa y confirma la sentencia del TSJ de Galicia que avaló la exigencia, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, de reintegro de las bonificaciones indebidamente disfrutadas.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa escolarización del menor con cáncer no excluye por sí sola la prestación por cuidado directo, continuo y permanenteIncapacidad temporal y Seguridad Social14/04/2026
Se discutió si el hecho de que una menor afectada por una enfermedad grave acudiera a un centro educativo, recibiendo apoyo especializado, o debiera desplazarse a especialistas médicos, era suficiente para negar a su progenitor la prestación económica por cuidado directo, continuo y permanente.
El Tribunal Supremo amplía su doctrina de la STS 568/2016 y concluye que la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente no se desvirtúa por la mera asistencia escolar; la suficiencia de la atención no se mide por esa asistencia, sino por la imposibilidad del menor de desarrollar con autonomía las actividades propias de su edad.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa ceguera no da derecho automático a la gran invalidez: hay que valorar si realmente se necesita ayuda de terceros para los actos esencialesIT y Seguridad Social09/04/2026
Un vendedor de cupones de la ONCE con deficiencia visual severa (agudeza visual de 0,05 en ambos ojos) solicitó el reconocimiento de una incapacidad permanente, inicialmente denegada por el INSS. El juzgado de lo social la estimó reconociendo gran invalidez, aplicando el criterio de que la ceguera equivale automáticamente a esa situación; la Audiencia Provincial confirmó la sentencia.
El Tribunal Supremo estima el recurso del INSS, casa y anula las sentencias anteriores y desestima la demanda: la doctrina actual exige un análisis subjetivo, valorando si el trabajador necesita realmente la asistencia de una tercera persona para los actos esenciales de la vida cotidiana, sin que pueda aplicarse el criterio objetivo automático que equipara sin más la ceguera a la gran invalidez.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoNo perder la fecha de efectos de la prestación por hijo discapacitado por no avisar formalmente al INSS del inicio de la revisión de gradoIncapacidad temporal y Seguridad Social08/04/2026
Una prestación en favor de familiares por hijo con discapacidad a cargo decayó al alcanzar este la mayoría de edad; sus progenitores instaron entonces la revisión del grado de discapacidad por dolencias congénitas, pero no comunicaron simultáneamente al INSS el inicio de ese expediente de revisión.
El Tribunal Supremo declara que esa omisión formal no priva al solicitante de retrotraer los efectos económicos de la prestación al momento en que se instó formalmente, y de forma diligente, la revisión del grado de discapacidad.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla-La ManchaEl complemento convencional de incapacidad temporal por accidente de trabajo se debe aunque una mutua asuma después el pago de la prestaciónConvenios y conflictos colectivos08/04/2026
Un trabajador sufrió un accidente laboral el 14 de septiembre de 2020. La empresa abonó el complemento convencional por incapacidad temporal hasta septiembre de 2021, pero lo dejó de pagar a partir de octubre de ese año, cuando una mutua colaboradora asumió la gestión de la prestación. El trabajador reclamó las diferencias correspondientes al periodo de octubre de 2021 a septiembre de 2022.
La Sala desestima el recurso de la empresa y confirma la condena al pago de 9.989,88 euros más el interés legal correspondiente: el artículo 56.1 del Convenio Colectivo provincial de Industrias Siderometalúrgicas de Guadalajara reconoce el derecho al complemento con independencia de qué entidad gestione materialmente la prestación de incapacidad temporal. Impone además 600 euros de costas a la empresa recurrente.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl complemento de maternidad se calcula sobre la pensión inicial, no sobre el 50% reducido de la jubilación activaIT y Seguridad Social30/03/2026
Un pensionista obtuvo jubilación activa (percibiendo el 50% de su base) desde marzo de 2018. En 2021 solicitó el complemento de maternidad por aportación demográfica, inicialmente denegado; el INSS lo reconoció después calculándolo sobre ese 50% reducido de la jubilación activa. Sus herederos reclamaron que se aplicara sobre el 100% de la pensión inicialmente reconocida.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del INSS y confirma la sentencia del TSJ de Cantabria: el complemento de maternidad debe calcularse sobre el importe del reconocimiento inicial de la pensión, sin que la reducción del 50% aplicable durante la jubilación activa afecte a la base de cálculo de este complemento, que responde a una lógica distinta de la de compatibilizar pensión y trabajo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa jubilación anticipada por coeficientes reductores de actividad también da derecho a la prima de jubilación anticipada de policías localesIT y Seguridad Social27/03/2026
Seis policías locales de un ayuntamiento gallego accedieron a la jubilación entre los 60 y los 64 años mediante los coeficientes reductores de la edad de jubilación por razón de la actividad y solicitaron la prima de jubilación anticipada prevista en su acuerdo regulador. El ayuntamiento denegó las solicitudes alegando que el acceso mediante coeficientes reductores no constituye propiamente una jubilación anticipada a estos efectos.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del ayuntamiento y confirma que los funcionarios jubilados anticipadamente por razón de la actividad, con aplicación de coeficientes reductores, tienen derecho a percibir la prima de jubilación anticipada: la interpretación literal del acuerdo regulador no excluye ninguna modalidad concreta de jubilación anticipada, por lo que alcanza también a la producida mediante estos coeficientes.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaEl complemento convencional de IT por accidente de trabajo se mantiene tras extinguirse el contrato temporal si el convenio no limita su duraciónSeguridad Social e Incapacidad Temporal26/03/2026
Un peón especialista mecánico con un contrato temporal de tres meses sufrió un accidente de trabajo y causó baja por incapacidad temporal antes de que el contrato finalizara en la fecha ya pactada. El convenio colectivo provincial de la industria siderometalúrgica reconocía, durante la baja por accidente laboral, el derecho a percibir el 100% del salario mediante un complemento a cargo de la empresa. Ésta abonó el complemento mientras duró la relación laboral, pero dejó de pagarlo al extinguirse el contrato, pese a que la incapacidad temporal seguía activa. El juzgado de instancia desestimó la reclamación del trabajador, al entender que la mejora solo era exigible mientras subsistiera el vínculo laboral.
El TSJ de Galicia revoca la sentencia y estima el recurso, reconociendo el derecho del trabajador a seguir percibiendo el complemento durante todo el periodo en que persistió la incapacidad temporal, con independencia de que el contrato se hubiera extinguido. Aplicando la doctrina del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2020, la Sala razona que el elemento decisivo no es la causa o forma de extinción del contrato, sino si el propio convenio limita expresamente la duración de la mejora a la vigencia del vínculo laboral; si no lo hace, el derecho nace en la fecha del hecho causante y se mantiene mientras persista la situación protegida. Condena a la empresa a abonar 5.198,50 euros y, además, 400 euros de honorarios por su incomparecencia injustificada al acto de conciliación previo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoParo tras un empleo a tiempo parcial: los topes máximo y mínimo de la prestación se reducen en proporción a la parcialidadIncapacidad temporal y Seguridad Social25/03/2026
Una trabajadora de Málaga perdió un empleo a tiempo parcial del 52,6 % de la jornada y el SEPE le reconoció 720 días de prestación contributiva con una base reguladora diaria de 54,13 euros, pero aplicando al tope máximo el mismo porcentaje de parcialidad, lo que dejaba la cuantía en 19,25 euros diarios. La trabajadora sostuvo que, al quedar en desempleo total, el tope debía ser el ordinario sin reducir. El Juzgado de Málaga desestimó la demanda, pero el TSJ de Andalucía le dio la razón.
El Tribunal Supremo estima el recurso del SEPE y reitera su doctrina (SSTS 1118/2016, 329/2018, 698/2019 y 195/2024). Cuando el desempleo total deriva de la pérdida de un trabajo a tiempo parcial, la base reguladora se calcula con lo cotizado en los últimos 180 días y el porcentaje de parcialidad se proyecta sobre los topes máximo y mínimo del art. 270.3 LGSS, aunque no sobre la base reguladora. La trabajadora no tiene que devolver lo cobrado en ejecución provisional (art. 294.2 LRJS).
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLas cotizaciones que generaron una incapacidad permanente total pueden reutilizarse para el subsidio de desempleo de mayores de 52 añosIT y Seguridad Social25/03/2026
Un pensionista percibía incapacidad permanente total desde diciembre de 2008. En enero de 2019 solicitó el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que le fue reconocido; el SEPE cuestionó después este derecho alegando insuficiencia de cotizaciones posteriores al reconocimiento de la incapacidad, al haberse computado cotizaciones ya utilizadas para esa prestación.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del SEPE y confirma que ambas prestaciones son compatibles: las cotizaciones computadas para acceder a la pensión de incapacidad permanente total pueden reutilizarse para acceder al subsidio de desempleo para mayores de 52 años, diferenciando este supuesto del tratamiento más restrictivo aplicable a la prestación contributiva de desempleo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoAunque el INSS reconozca el complemento de maternidad tras la demanda, procede indemnización por la discriminación ya sufridaIT y Seguridad Social25/03/2026
Un pensionista solicitó el complemento de maternidad por aportación demográfica, que el INSS denegó alegando prescripción al haber transcurrido más de cinco años desde el hecho causante. Tras presentar demanda, y antes de la celebración del juicio, el INSS reconoció finalmente el complemento denegado.
El Tribunal Supremo estima el recurso y fija una indemnización de 1.800 euros por la vulneración del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo, cantidad que cubre los daños, perjuicios y honorarios de abogacía ocasionados por el procedimiento. Unifica doctrina en el sentido de que la indemnización procede incluso cuando el INSS reconoce posteriormente el complemento inicialmente denegado, pues la discriminación ya generó la necesidad de acudir a la vía judicial.
Ver la ficha completa →TSJ La RiojaRecargo del 30 % aunque el trabajador tuviera gafas de protección: la tarea no estaba evaluada y nadie vigiló que las usaraPrevención de riesgos laborales y accidentes24/03/2026
Un operario de mantenimiento electromecánico buscaba con una azada una fuga en una tubería de agua potable, dentro de una zanja abierta por una excavadora, cuando una esquirla le impactó en el ojo derecho. No llevaba las gafas de seguridad que la empresa le había entregado, y su jefe de explotación, presente en la obra, no le indicó que se las pusiera. El accidente le dejó una lesión permanente no incapacitante y el INSS impuso a la empresa un recargo del 30 % sobre las prestaciones. La Inspección llegó a levantar tres actas de infracción por los mismos hechos, y las tres se anularon por caducidad del procedimiento sancionador.
La Sala de lo Social desestima el recurso de la empresa. La caducidad del expediente sancionador no afecta al recargo: su tramitación no exige acta de infracción, el informe-propuesta de la Inspección describía con detalle los hechos y las normas incumplidas y la empresa pudo defenderse sin indefensión alguna. En cuanto al fondo, que el trabajador dispusiera del EPI no basta. La labor concreta que hacía no figuraba en la evaluación de riesgos, y así lo confirma que tras el accidente se elaborara un documento preventivo específico. Además, la empresa dejaba a su criterio cuándo usar las gafas sin vigilar su uso (art. 14.2 LPRL), y el deber de prevención alcanza también las imprudencias no temerarias (art. 15.4 LPRL). Condena en costas de 1.000 euros.
Ver la ficha completa →TSJ ExtremaduraEl TSJ de Extremadura deniega la incapacidad permanente a una autónoma con varias patologías por conservar capacidad para trabajos sedentariosIncapacidad Temporal y Seguridad Social24/03/2026
Una trabajadora autónoma del comercio al por menor, afiliada al RETA, solicitó el reconocimiento de una incapacidad permanente alegando un cuadro de dolor osteomuscular generalizado, hipercifosis dorsal, espondilolistesis L4-L5, dolor en el hombro izquierdo y síndrome del túnel carpiano bilateral ya intervenido quirúrgicamente. El INSS denegó la prestación por entender que esas limitaciones no alcanzaban el grado de disminución de capacidad laboral exigido, y el juzgado de instancia confirmó la denegación.
El TSJ de Extremadura desestima el recurso de suplicación de la trabajadora y confirma que no procede reconocer ni la incapacidad permanente absoluta ni, subsidiariamente, la total. Concluye que, pese al conjunto de patologías acreditadas, la demandante conserva capacidad residual suficiente para desempeñar actividades sedentarias sin requerimientos físicos significativos, compatibles con su propia profesión de comercio al por menor, por lo que no queda anulada su capacidad de ganancia en los términos que exige el reconocimiento de una incapacidad permanente.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaUna nueva incapacidad temporal por malformación congénita no es una recaída del accidente de trabajo previo si la patología es distintaIncapacidad temporal y Seguridad Social19/03/2026
Un repartidor sufrió un accidente in itinere el 11 de noviembre de 2023, iniciando una incapacidad temporal por accidente de trabajo con diagnóstico de latigazo cervical; la mutua le dio el alta por curación el 24 de diciembre. Dos días después, el 26 de diciembre, inició una nueva baja por malformaciones congénitas de la columna vertebral, que el INSS calificó de contingencia común al tratarse de una patología distinta, constituyendo un nuevo proceso. El trabajador demandó al INSS, la TGSS, la mutua y la empresa, solicitando que también esta segunda incapacidad temporal se calificara como accidente de trabajo, alegando que la malformación congénita no le generaba limitación funcional previa.
El TSJ de Cantabria desestima el recurso y confirma que ambas patologías son distintas y sin nexo causal entre sí. La Sala descarta que la malformación congénita derive del accidente de trabajo o constituya una recaída o un proceso intercurrente de este, conforme a los arts. 156.1 y 156.2.g) LGSS: no existe una lesión con ocasión o por consecuencia del trabajo, ni una enfermedad intercurrente que module las consecuencias del accidente previo. Al tratarse de una patología de etiología netamente común, no procede aplicar la presunción de laboralidad.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaUna baja por ansiedad expedida horas después de firmada la carta de despido no convierte el despido en nuloDespido y extinción del contrato17/03/2026
Una trabajadora tuvo un altercado con una compañera y a media mañana su jefe la despidió verbalmente. A las 12:59 la empresa firmó electrónicamente la carta de despido, cuyo burofax reconocía la improcedencia. Por la tarde la trabajadora acudió a urgencias por ansiedad y a las 21:00 el médico le expidió la baja por trastorno de ansiedad generalizada. Reclamó la nulidad del despido por discriminación por enfermedad o condición de salud.
El TSJ de Galicia declara el despido improcedente, no nulo. La Ley 15/2022 incluye la enfermedad y la condición de salud entre los motivos de discriminación, pero la incapacidad temporal no convierte automáticamente en nulo un despido: hay que aportar indicios de que la decisión responde al estado de salud. Aquí no los hay, porque la decisión de despedir estaba tomada antes de la baja y la empresa desconocía su existencia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoAccidente de trabajo de un fijo discontinuo a tiempo parcial: la base reguladora de la IT se calcula con los tres meses anteriores, no con la cotización del día del accidenteIncapacidad temporal y Seguridad Social12/03/2026
Un trabajador de Bilbao con pluriempleo (a jornada completa en una organización y como fijo discontinuo a tiempo parcial en una empresa de servicios auxiliares) sufrió un accidente de trabajo en esta última el mismo día en que fue dado de alta en ella. La mutua le reconoció una base reguladora de 89,67 euros diarios, tomando solo la cotización de ese día. Después revisó el cálculo con las bases de los tres meses anteriores (en los que apenas había trabajado 15 días), lo que dejaba la base en 16,03 euros. El Juzgado y el TSJ del País Vasco condenaron al trabajador a devolver 18.574,71 euros.
El Tribunal Supremo confirma la sentencia. El art. 248.1.c) LGSS, que regula la base reguladora de la IT de los trabajadores a tiempo parcial, se aplica también a las contingencias profesionales y prevalece sobre las reglas reglamentarias por rango, especialidad y posterioridad: hay que dividir las bases de cotización de los tres meses anteriores entre los días efectivamente trabajados. Además, la IT sustituye el salario perdido, no lo mejora. Tomar solo la cotización del día del accidente es aleatorio y puede dar una prestación muy superior, como aquí, o muy inferior a la que corresponde.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaEl TSJ de Cantabria reconoce la incapacidad permanente total a una camarera de pisos por incontinencia urinaria de esfuerzoIncapacidad Temporal y Seguridad Social12/03/2026
Una camarera de pisos afiliada al Régimen General solicitó el reconocimiento de una incapacidad permanente al padecer incontinencia urinaria de esfuerzo que la obligaba a usar compresas a diario. El INSS denegó la prestación y el Juzgado de lo Social nº 6 de Santander desestimó su demanda, por lo que la trabajadora interpuso recurso de suplicación.
El TSJ de Cantabria revoca la sentencia de instancia y reconoce la incapacidad permanente total para su profesión habitual. Razona que las tareas físicas propias de una camarera de pisos —levantar camas, mover mobiliario, realizar flexiones lumbares continuas— agravan los síntomas de la incontinencia de esfuerzo e impiden desempeñar el trabajo de forma segura y eficaz, y que para valorar el grado de incapacidad no basta con el diagnóstico aislado, sino que las limitaciones funcionales deben relacionarse con las exigencias concretas de la profesión habitual. Reconoce la prestación al 55% de una base reguladora de 893,30 euros mensuales, con efectos desde el 14 de mayo de 2024.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo estima el recurso del INSS y precisa el alcance de la responsabilidad empresarial por infracotización en el cálculo de la pensiónIncapacidad temporal y Seguridad Social12/03/2026
Un trabajador jubilado de una corporación pública de medios audiovisuales obtuvo el reconocimiento de su pensión de jubilación con una base reguladora de 2.324,93 € y un porcentaje del 96,5 %, en un litigio en el que se discutía la incidencia de una infracotización de la empresa durante parte de la relación laboral.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación del INSS/TGSS y casa parcialmente la sentencia del TSJ de Cataluña, precisando el alcance de la responsabilidad empresarial derivada de esa infracotización y su repercusión en el cálculo de la prestación.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSin coeficientes reductores de jubilación para vigilantes y limpiadoras de una cantera: su exposición al polvo no es excepcionalIncapacidad temporal y Seguridad Social11/03/2026
USO de Cantabria pidió coeficientes reductores de la edad de jubilación (0,10 y 0,05) para los vigilantes de seguridad de explosivos, los vigilantes de seguridad y el personal de limpieza de contratas que trabajan en el exterior de una cantera de caliza de Solvay Química, al tratarse de un establecimiento de beneficio minero. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social los denegó y el TSJ de Cantabria confirmó la denegación.
El Tribunal Supremo desestima el recurso. Los coeficientes reductores (art. 206 LGSS y Estatuto del Minero) exigen trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, con índices de morbilidad o mortalidad elevados y comparables a la minería. Estos colectivos no lo cumplen: los vigilantes de explosivos supervisan unas 66 voladuras al año desde sus vehículos sin manipular explosivos; los vigilantes trabajan sobre todo en una garita a más de 2 km, y la limpieza se hace principalmente en oficinas y vestuarios. Su riesgo no es equiparable al de quienes trabajan en el arranque, la molienda o la criba de la piedra.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoPrestación extraordinaria por cese de actividad en 2021: lo cobrado por incapacidad temporal cuenta como ingreso al comparar semestresIncapacidad temporal y Seguridad Social11/03/2026
Una trabajadora autónoma del Régimen Especial del Mar en Pontevedra obtuvo la prestación por cese de actividad del RDL 2/2021 entre marzo y mayo de 2021. El Instituto Social de la Marina la revocó y le reclamó 3.414,53 euros, al entender que en la comparación de ingresos entre el primer semestre de 2021 y el segundo de 2019 había que excluir el periodo en que estuvo de baja por incapacidad temporal (febrero y marzo de 2021). El Juzgado de Pontevedra y el TSJ de Galicia le dieron la razón a la trabajadora.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del ISM. El art. 7.2 del RDL 2/2021 compara los rendimientos netos computables fiscalmente, y la prestación de IT es un rendimiento del trabajo a efectos del IRPF (art. 17.2.a Ley 35/2006) que sustituye los ingresos de la actividad, así que se incluye en el cómputo sin descontar los días de baja. Además, la normativa de la pandemia buscaba proteger a las personas afectadas, por lo que no caben interpretaciones más restrictivas que la ley. Con los ingresos totales no superaba el 50 % de los de 2019 ni 7.980 euros, así que conserva la prestación.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoUn autónomo colaborador familiar también puede capitalizar su prestación por desempleo para cotizar al RETAIT y Seguridad Social11/03/2026
Una trabajadora con 720 días de prestación por desempleo reconocidos solicitó capitalizarla en pago único, mediante abono mensual de cotizaciones al RETA, para trabajar como autónoma colaboradora familiar en la empresa de su esposo. El SEPE aprobó inicialmente la solicitud, pero la revocó meses después alegando que los colaboradores familiares no podían acceder a esta modalidad de capitalización.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del SEPE y confirma que los trabajadores autónomos colaboradores familiares tienen derecho a percibir la prestación por desempleo capitalizada para subvencionar sus cotizaciones a la Seguridad Social, al no excluir la norma expresamente esta modalidad de trabajo autónomo y cumplirse igualmente la finalidad de fomento del empleo que persigue la capitalización.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaPadecer varias dolencias no basta para la incapacidad permanente si las pruebas diagnósticas no acreditan limitaciones funcionales suficientesIT y Seguridad Social11/03/2026
Un trabajador que había solicitado excedencia voluntaria en su empresa de origen para trabajar como trabajador social en otras entidades instó su reincorporación años después, que la empresa rechazó por falta de vacantes. Paralelamente solicitó una incapacidad permanente ante la Seguridad Social alegando afecciones cardiovasculares, neurológicas y psicológicas, que la Administración desestimó por considerar insuficientes las limitaciones funcionales acreditadas.
La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, rechazando tanto la incapacidad permanente absoluta como la total: pese a las múltiples asistencias médicas documentadas, las pruebas diagnósticas no demostraban limitaciones permanentes que impidieran desarrollar actividad laboral, recordando que la valoración de la incapacidad exige un análisis casuístico de las capacidades residuales efectivas y no solo de los diagnósticos clínicos.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoLa imprudencia del trabajador rebaja pero no elimina el recargo: 30 % por la caída de un tractor durante el sulfatado de viñedosPrevención de riesgos laborales y accidentes10/03/2026
En junio de 2022 un trabajador cayó del tractor con atomizador que usaba habitualmente para sulfatar viñedos y se fracturó el fémur. La Administración impuso un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. La empresa no negó el incumplimiento, pero pidió rebajar su porcentaje. El Juzgado lo redujo del 50 % al 30 %: no se probó que un fallo de los frenos, la ITV o el cinturón fuera causa decisiva, la pericial apuntó incluso a que el cinturón podía haber agravado el daño en ese impacto concreto, y se dio un peso relevante a la imprudencia técnica del trabajador.
El TSJ del País Vasco desestima los recursos de ambas partes y confirma el recargo del 30 %. Rechaza la revisión de los hechos probados y recuerda que el recargo tiene una naturaleza cuasi objetiva y reforzada: la concurrencia de culpa del trabajador no elimina automáticamente la responsabilidad empresarial, aunque puede modular su graduación, como ocurrió en instancia. Tampoco prospera el argumento del trabajador basado en la doctrina de los actos propios por haber aceptado la empresa la sanción administrativa.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo excluye la doctrina del paréntesis en la excedencia voluntaria compensada pactada en un ERE del Banco PopularIncapacidad temporal y Seguridad Social10/03/2026
En el marco de un ERE del Banco Popular (posteriormente Banco Santander), se pactó una "excedencia voluntaria compensada" y se discute si, a efectos de calcular la duración de la prestación contributiva por desempleo, resulta de aplicación la doctrina del paréntesis a ese periodo.
El Tribunal Supremo concluye que no cabe aplicar la doctrina del paréntesis a la excedencia voluntaria compensada pactada en el ERE a los efectos de determinar la duración de la prestación por desempleo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoInsuficiencia renal crónica en hemodiálisis y los límites de los coeficientes reductores del Estatuto Minero para vigilantes y personal de limpiezaIT y Seguridad Social10/03/2026
Un trabajador con insuficiencia renal crónica que requería hemodiálisis tres días por semana (cuatro horas y cuarto por sesión) solicitó el reconocimiento de incapacidad permanente absoluta. El recurso planteaba además si los coeficientes reductores de la edad de jubilación del Estatuto Minero podían extenderse a categorías como vigilantes de explosivos, guardas de seguridad y personal de limpieza.
El Tribunal Supremo reconoce la incapacidad permanente absoluta al considerar que el tratamiento y las limitaciones asociadas impiden el desempeño de cualquier profesión con la mínima eficacia y rendimiento. En cuanto a los coeficientes reductores, rechaza su aplicación a esas categorías profesionales al no haberse acreditado que impliquen de forma excepcional penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad suficiente para justificarlos.
Ver la ficha completa →TSJ AragónReparar el toldo del bar de su pareja estando de baja por ansiedad no justifica despedir a un conductor de autobús: improcedente, no nuloDespido y extinción del contrato02/03/2026
Un conductor-perceptor de autobús con antigüedad del año 2000 estaba de baja desde mayo de 2024 por un cuadro ansioso-depresivo tratado en salud mental. Un informe de detectives lo situó tres días, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, haciendo pequeñas reparaciones en un bar explotado por una sociedad de la que formaban parte él y su pareja: arreglar un electrodoméstico de la cocina y medir, taladrar y atornillar el toldo de la terraza, en algún caso subido a una escalera. La empresa lo despidió por la falta muy grave del convenio de «trabajar por cuenta propia o ajena estando en situación de baja». El juzgado declaró el despido improcedente, con una indemnización de 84.492 euros, y rechazó la nulidad por discriminación por enfermedad. Recurrieron las dos partes.
El TSJ desestima ambos recursos. Recuerda que una actividad durante la IT solo constituye transgresión de la buena fe si, por la naturaleza de la dolencia y del trabajo, puede perturbar la curación o demuestra aptitud para trabajar. Aquí la baja era por una patología psíquica, el trabajador conducía autobuses y lo que hizo fue reparar, ayudado por otra persona, el toldo de un negocio propio y de su pareja, sin atender a clientes. Eso ni perjudicaba su recuperación ni acreditaba que pudiera conducir. Tampoco prospera la nulidad: el despido no se basó en la baja, sino en una actividad real y acreditada, lo que desactiva los indicios de discriminación de la Ley 15/2022. Para los despachos, es el contrapunto del caso de la bicicleta con epicondilitis: la misma figura da resultados opuestos según cómo encaje la actividad con la dolencia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoQuien cobra una incapacidad permanente total y pierde un empleo compatible posterior tiene derecho al paro generado en ese nuevo trabajoIncapacidad temporal y Seguridad Social02/03/2026
Un montador electricista de Palencia cobraba desde 2005 una incapacidad permanente total por accidente de trabajo y después trabajó como maquinista envasador, una profesión compatible. En 2021 el INSS le reconoció también una incapacidad permanente total para esta segunda profesión, pero él optó por seguir cobrando la primera pensión, que era más alta. Después solicitó la prestación por desempleo generada con las cotizaciones de su trabajo como maquinista, que el Juzgado de Palencia y el TSJ de Castilla y León le denegaron.
El Tribunal Supremo estima el recurso y reconoce la prestación por desempleo, compatible con la primera incapacidad permanente total. Lo que la jurisprudencia prohíbe es computar dos veces las mismas cotizaciones para lucrar dos prestaciones. Aquí el paro cubre la pérdida de un empleo compatible desempeñado después del reconocimiento de la incapacidad, con cotizaciones posteriores que no se usaron para la pensión que cobra. Como optó por la primera incapacidad, las cotizaciones del segundo empleo quedan disponibles para el desempleo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSubsidio para mayores de 52 años: no cabe la doctrina del paréntesis si hubo largos periodos sin inscribirse como demandante de empleoIncapacidad temporal y Seguridad Social02/03/2026
Una trabajadora asturiana solicitó en 2022 el subsidio para mayores de 52 años. El SEPE se lo denegó porque, aunque tenía la carencia genérica para la jubilación, no reunía los dos años cotizados dentro de los quince últimos (carencia específica). Había trabajado de 1979 a 2004 y unos meses en 2022, y había estado inscrita como demandante de empleo en los periodos de inactividad, salvo en varios tramos, uno de ellos de diciembre de 2008 a junio de 2011. El Juzgado de Oviedo aplicó la doctrina del paréntesis para retrotraer el cómputo, pero el TSJ de Asturias la revocó.
El Tribunal Supremo confirma la denegación. El paréntesis, que permite ignorar periodos sin cotización para buscar la carencia específica, exige una voluntad constante de reincorporarse al trabajo, que aquí se rompió con las interrupciones de la inscripción como demandante de empleo sin causa acreditada. La Sala rechaza además la invocación genérica de la perspectiva de género: la norma afecta por igual a hombres y mujeres, y la diferencia de paro entre mayores de 55 años de ambos sexos, según el INE, es escasa.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaLas dietas que percibe un familiar conviviente no computan como ingresos para fijar el límite de recursos de la pensión no contributivaSeguridad Social e Incapacidad Temporal02/03/2026
Una beneficiaria de una pensión de invalidez no contributiva vio regularizada su prestación por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, que redujo su importe en los años 2021 a 2023 al computar, dentro de los recursos de su unidad económica de convivencia, las cantidades que su nieto había percibido en concepto de dietas por desplazamiento en su trabajo por cuenta ajena. El juzgado de instancia desestimó la demanda de la pensionista, entendiendo que esas dietas debían computarse como ingresos por tener, a efectos del IRPF, la consideración de rendimientos del trabajo.
El TSJ de Galicia estima el recurso y revoca la sentencia. Recuerda que la dieta es una percepción de naturaleza extrasalarial destinada a compensar gastos ya causados por el trabajador (comidas, pernoctación, desplazamiento) por cuenta y en interés de la empresa, no una renta disponible para atender las necesidades económicas de la unidad familiar; la referencia de la LIRPF a las dietas como «rendimientos del trabajo» no puede trasladarse automáticamente a la normativa de Seguridad Social sin una remisión expresa. Condena a la Consellería a regularizar la pensión excluyendo del cómputo las dietas del nieto y a abonar 6.504,36 euros dejados de percibir entre 2021 y 2023, más intereses.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaUna trabajadora con el despido declarado nulo tiene derecho a la prestación por nacimiento pese a la falta de alta en la fecha del partoIT y Seguridad Social02/03/2026
Una auxiliar de enfermería con siete años de antigüedad fue despedida el 15 de marzo de 2021 y dio a luz pocos días después. El INSS denegó inicialmente la prestación por nacimiento y cuidado de menor por falta de alta en la fecha del hecho causante. El despido fue declarado nulo judicialmente y la empresa abonó los salarios de tramitación el 20 de junio de 2022, pero el INSS mantuvo la denegación alegando incumplimiento de los plazos reglamentarios de ingreso de cotizaciones.
La Sala condena al INSS a abonar la prestación, con base reguladora de 85,34 euros diarios y efectos desde la fecha del parto. Fija que la trabajadora cuyo despido se declara nulo se encuentra en "situación asimilada al alta" a efectos de prestaciones por maternidad: no existe falta de alta imputable a la empresa, el plazo para el ingreso de las cotizaciones corre desde la sentencia firme (no desde su notificación), y el INSS debe anticipar la prestación sin perjuicio de repetir después contra la empresa.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo obliga a una ETT a igualar la indemnización por incapacidad permanente a la que reconoce el convenio de la empresa usuariaIncapacidad temporal y Seguridad Social25/02/2026
Un trabajador cedido por la empresa de trabajo temporal Randstad a Ferrovial Servicios sufrió un accidente de trabajo que derivó en incapacidad permanente total. El convenio colectivo de las ETT reconocía una indemnización de 10.500 euros por esta contingencia, mientras que el convenio de la empresa usuaria —a la que estuvo asignado durante la prestación de servicios— preveía una mejora voluntaria muy superior, de 60.101,21 euros.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Randstad y confirma que el trabajador cedido tiene derecho a la mejora voluntaria de la empresa usuaria, no a la, inferior, de su propia empresa formal. La Sala razona que estas mejoras de Seguridad Social forman parte de las condiciones esenciales de trabajo y empleo que el artículo 11 de la Ley 14/1994 y la Directiva 2008/104/CE exigen equiparar entre trabajadores cedidos y trabajadores directamente contratados por la empresa usuaria, condenando a Randstad a abonar la diferencia de 49.601,21 euros.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa TGSS debe suscribir un convenio especial para mayores de 55 años cuando la relación se extingue por EREIncapacidad temporal y Seguridad Social25/02/2026
Una trabajadora mayor de 55 años fue incluida entre las personas afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) de una empresa conservera.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la Tesorería General de la Seguridad Social, casa la sentencia del TSJ de Galicia y resuelve el recurso de suplicación de la empresa, precisando el alcance de la obligación empresarial de suscribir un convenio especial con la TGSS para los trabajadores mayores de 55 años afectados por un despido colectivo.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla-La ManchaAvisos de la aplicación Signaturit durante la baja médica: la desconexión digital no es absolutaJornada, permisos y conciliación25/02/2026
Un operario de logística de una empresa del sector de panificación demandó a su empresa alegando vulneración de su derecho a la desconexión digital, por seguir recibiendo notificaciones y avisos de la plataforma de comunicación interna Signaturit durante su baja médica.
El Juzgado de Guadalajara desestimó la demanda y el TSJ de Castilla-La Mancha desestima el recurso de suplicación y confirma la sentencia, señalando que el derecho a la desconexión digital no tiene carácter absoluto y debe modularse en función de la naturaleza y relevancia de las comunicaciones recibidas.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa prestación por cuidado de menor con enfermedad grave no exige una hospitalización previa prolongadaIT y Seguridad Social25/02/2026
Una madre solicitó la prestación económica por cuidado de su hija menor, afectada por una enfermedad grave de tipo neurológico que requería el soporte de una tercera persona en todo momento, tanto en la escuela como en el domicilio, aunque la menor no había sufrido un ingreso hospitalario prolongado. El juzgado reconoció la prestación, pero el TSJ de Cataluña la revocó por considerar necesaria una hospitalización previa.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina y casa la sentencia de suplicación: la prestación por cuidado de menor con enfermedad grave procede siempre que exista una enfermedad grave que requiera cuidado directo, continuo y permanente durante un tratamiento prolongado en el tiempo, sin que sea exigible que haya mediado una hospitalización previa de larga duración.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl premio de jubilación «sin coeficientes reductores» del convenio autonómico exige también alcanzar el 100% de la pensiónIT y Seguridad Social25/02/2026
Una trabajadora de una Administración autonómica, con 29 años de servicio como personal de limpieza, se jubiló a los 66 años con una pensión del 85,75% de la base reguladora, al no alcanzar el 100% por años cotizados insuficientes. Solicitó el premio de jubilación de su convenio colectivo, que la Administración denegó por entender que la expresión «sin coeficientes reductores» exigía también alcanzar el 100% de la pensión.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina y confirma la denegación del premio: la expresión convencional «sin coeficientes reductores» abarca tanto la jubilación a la edad mínima como el hecho de alcanzar el 100% de la pensión según los años cotizados, sin que exista contradicción válida con la sentencia de contraste, que resolvía un supuesto distinto de jubilación anticipada precedida de jubilación parcial.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoPensión no contributiva: las cotizaciones que el SEPE ingresa por el subsidio de +52 del cónyuge no cuentan como ingresosIncapacidad temporal y Seguridad Social24/02/2026
A un gallego se le reconoció en 2020 una pensión de jubilación no contributiva de solo 98,90 euros mensuales, porque la Xunta computó como ingresos de la unidad familiar no solo el subsidio para mayores de 52 años que cobraba su cónyuge (430,27 euros al mes), sino también las cotizaciones para la jubilación que el SEPE ingresaba en su favor durante el subsidio (297,15 euros al mes). El Juzgado de A Coruña y el TSJ de Galicia avalaron el cálculo.
El Tribunal Supremo estima el recurso del pensionista. Las cotizaciones que el SEPE efectúa durante el subsidio para mayores de 52 años no son una renta disponible: no llegan al beneficiario ni alivian la situación de necesidad de la unidad familiar, sino que sirven para su futura pensión contributiva. Por su naturaleza y finalidad, no pueden computarse como ingresos para acceder a una pensión no contributiva ni para fijar su cuantía, por lo que la Xunta debe recalcularla sin tenerlas en cuenta.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoNo se reanuda el subsidio si al cese en el periodo de prueba le precedió una baja voluntaria de hace menos de tres mesesIncapacidad temporal y Seguridad Social24/02/2026
Un beneficiario del subsidio por desempleo en Barcelona lo suspendió para trabajar unos días en una ETT en 2021, empleo que dejó por baja voluntaria. Menos de dos meses después entró en otra empresa, que le cesó por no superar el periodo de prueba a los diez días. Pidió entonces reanudar el subsidio y el SEPE se lo denegó por no estar en situación legal de desempleo. El Juzgado le dio la razón al SEPE, pero el TSJ de Cataluña reconoció la reanudación para no desincentivar la búsqueda de empleo.
El Tribunal Supremo estima el recurso del SEPE. El cese en periodo de prueba a instancia del empresario no constituye situación legal de desempleo si en los tres meses anteriores el trabajador había causado baja voluntaria en otro empleo (art. 267.1 LGSS). Quien pierde un nuevo trabajo por causas ajenas a su voluntad siempre puede reanudar el subsidio, pero no cuando una baja voluntaria se intenta cubrir con una contratación breve que termina en el periodo de prueba. El trabajador no tiene que devolver lo cobrado en ejecución provisional (art. 294.2 LRJS).
Ver la ficha completa →TSJ MurciaEs nulo el despido de una camarera en incapacidad temporal que acudió a cenar y tomó dos tintos de veranoIncapacidad temporal y Seguridad Social24/02/2026
Una camarera en situación de incapacidad temporal por un cuadro de hipoglucemia severa vinculado a su diabetes acudió a cenar con varias personas y tomó dos tintos de verano. La empresa tuvo conocimiento de ello y la despidió disciplinariamente, alegando una conducta incompatible con la baja médica y una pérdida de confianza.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia no se limita a valorar si el despido estaba justificado: declara su nulidad, al apreciar que la decisión empresarial estuvo motivada por la propia situación de incapacidad temporal de la trabajadora, lo que activa la protección reforzada frente a este tipo de despidos. La empresa es condenada a readmitirla con abono de los salarios dejados de percibir y a una indemnización adicional de 24.000 euros.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaEl TSJ de Murcia confirma procedente el despido disciplinario de un conductor por actividades incompatibles durante la baja médicaIncapacidad temporal y Seguridad Social24/02/2026
Un conductor-mecánico de una empresa de transportes fue despedido disciplinariamente estando en situación de baja médica, al constatarse que realizaba actividades incompatibles con su proceso de recuperación.
El TSJ de Murcia desestima su recurso de suplicación y confirma la sentencia de instancia que había declarado procedente el despido.
Ver la ficha completa →TSJ MadridEl retraso administrativo en tramitar la jubilación parcial de un funcionario no genera derecho a indemnizaciónIT y Seguridad Social20/02/2026
Un celador de prisiones del Ministerio de Defensa, con antigüedad desde 1982, solicitó la jubilación parcial al 50% al cumplir la edad legal en diciembre de 2022. El procedimiento administrativo se prolongó de forma significativa: la autorización de contratación no llegó hasta noviembre de 2023, la aprobación de listas en enero de 2024, y la firma del contrato de relevo en febrero de 2024.
La Sala desestima íntegramente el recurso de suplicación y confirma que no existe un derecho perfecto e incondicional a acceder a la jubilación parcial en una fecha determinada: su formalización exige tramitar simultáneamente un contrato de relevo mediante procedimientos administrativos complejos, especialmente en el sector público, por lo que el retraso en esos trámites no genera responsabilidad indemnizatoria para la Administración.
Ver la ficha completa →TSJ Illes BalearsDespedido 47 minutos después de comunicar que seguía de baja y con una carta sin hechos concretos: despido nulo y 7.501 euros por daño moralDespido y extinción del contrato13/02/2026
Un viajante con contrato indefinido estaba de baja desde el 10 de enero de 2024 por un accidente no laboral. La empresa conocía su situación: había intercambiado correos con él sobre el parte de urgencias y le había entregado un volante para acudir a la mutua. El 23 de enero, a las 14:48, el trabajador escribió a la empresa que seguía de baja y pendiente de revisión por su médico de atención primaria; a las 15:35 recibió por WhatsApp la carta de despido disciplinario, que después se le envió por burofax. El juzgado de Eivissa declaró el despido improcedente porque la carta no concretaba los hechos y la empresa no aportó prueba alguna, pero rechazó la nulidad porque al despedir no constaba que la incapacidad fuera a ser duradera.
El TSJ revoca ese punto y declara el despido nulo. Desde la Ley 15/2022 la enfermedad es una causa autónoma de discriminación, de modo que ya no hace falta asimilar la baja a una discapacidad conforme a la doctrina del TJUE. Además, desde el RD 1060/2022 es el INSS quien comunica la baja a la empresa, así que esta debía conocerla antes del despido. Con ese indicio fundado, correspondía a la empresa probar una justificación objetiva y razonable (art. 30 de la Ley 15/2022), y no lo hizo: la propia sentencia de instancia, firme en ese punto, había constatado la falta de concreción de la carta y la ausencia total de prueba. Readmisión, salarios de tramitación y 7.501 euros por daño moral, el mínimo del art. 8.12 LISOS, atendiendo a la corta duración de la relación. Mensaje para la empresa: despedir durante una baja con una carta genérica y sin prueba es casi una invitación a la nulidad.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoReducir la prima por objetivos durante bajas médicas no es discriminatorio si se regula sin sesgo por enfermedadIncapacidad temporal y Seguridad Social12/02/2026
La Confederación Intersindical Galega impugnó cláusulas del convenio colectivo de una cadena de supermercados (Mercadona) relativas al cálculo de la prima por objetivos y su reducción durante determinadas ausencias, entre ellas las bajas médicas.
El Tribunal Supremo resuelve fijando los términos en que la regulación de esos incentivos debe evitar la discriminación por razón de enfermedad, precisando que una reducción proporcional y sin sesgo específico contra la enfermedad no resulta discriminatoria, y ordena la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial del Estado.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaSin vulneración de derechos fundamentales en un litigio relacionado con una baja por ansiedadIgualdad, discriminación y derechos fundamentales12/02/2026
Una operaria especialista de una empresa textil, con exámenes de salud favorables en 2019 y 2020, planteó una reclamación de tutela de derechos fundamentales relacionada con una baja médica por ansiedad y la falta de adaptación de su puesto de trabajo.
El TSJ de Galicia desestima su recurso de suplicación y confirma la sentencia del Juzgado de A Coruña, al no apreciar vulneración de derechos fundamentales en la actuación empresarial.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo reconoce la pensión de viudedad a la pareja de hecho sin inscripción formal cuando la solicitante es víctima de violencia de géneroIncapacidad temporal y Seguridad Social11/02/2026
La normativa de Seguridad Social exige, con carácter general, la inscripción formal de la pareja de hecho en un registro específico o su constitución en documento público con una antelación mínima de dos años para poder acceder a la pensión de viudedad, requisito que en este caso no se cumplía.
El Tribunal Supremo reconoce el acceso a la pensión de viudedad pese a la falta de esa constitución formal, al tratarse de una solicitante víctima de violencia de género que, por esa misma circunstancia, se vio impedida de cumplir con la exigencia registral, aplicando la excepción legal prevista para estos supuestos.
Actualización (RDL 31/2026): desde el 21 de octubre de 2026, las parejas de hecho con hijos en común ya no necesitan inscripción ni documento público: basta con dos años de convivencia empadronada (art. 221.2 TRLGSS), y hay 12 meses para reclamar por fallecimientos anteriores. Ver el análisis.
TSJ AndalucíaUn informe de urgencias que recomienda reposo no sustituye al parte de baja: despido procedente por tres ausenciasDespido y extinción del contrato09/02/2026
Un trabajador faltó al trabajo los días 26 y 31 de enero y 2 de febrero de 2024. Del primero no dio ninguna explicación. El 31 de enero acudió a urgencias, donde le diagnosticaron dolor de cuello y le recomendaron reposo de 24 a 48 horas, pero no obtuvo un parte de incapacidad temporal ni fue a trabajar ese día ni el 2 de febrero. La empresa lo despidió por faltas de asistencia injustificadas.
El TSJ de Andalucía confirma la procedencia del despido. El informe de urgencias acredita la asistencia sanitaria y la recomendación de reposo, pero no equivale a una baja: según el art. 2 del RD 625/2014, la incapacidad temporal se declara mediante el parte expedido por el facultativo del servicio público de salud, y solo entonces la ausencia por motivos de salud queda justificada a estos efectos. Que desde 2023 el trabajador ya no tenga que entregar el parte a la empresa, porque esta lo recibe telemáticamente, no significa que pueda faltar sin que el médico haya emitido la baja.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo reconoce la prestación por nacimiento y cuidado de menor al progenitor no gestante en caso de fallecimiento intrauterino tras 180 días de gestaciónIncapacidad temporal y Seguridad Social09/02/2026
Ante el fallecimiento del feto tras haber permanecido en el seno materno más de 180 días, se plantea si el progenitor distinto de la madre biológica tiene derecho a la prestación de la Seguridad Social por nacimiento y cuidado de menor, en un supuesto en el que la madre biológica no puede acceder a esa prestación por el propio fallecimiento intrauterino.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho del progenitor no gestante a percibir esta prestación en tales circunstancias, en un pronunciamiento que se aparta del criterio restrictivo que la propia Sala había mantenido meses antes en un supuesto similar, en el que había reiterado que no procedía dicho reconocimiento.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo aplica la doctrina del paréntesis a la excedencia voluntaria especial compensada para calcular la prestación por desempleoIncapacidad temporal y Seguridad Social05/02/2026
Se plantea si, para determinar la duración de la prestación contributiva por desempleo, debe aplicarse la denominada doctrina del paréntesis —que permite descontar determinados períodos sin actividad a la hora de fijar el período que se toma en cuenta— a un supuesto de excedencia voluntaria especial compensada económicamente.
El Tribunal Supremo unifica doctrina sobre la aplicabilidad de esta figura a la excedencia voluntaria especial compensada, precisando cómo debe computarse el período de ocupación cotizada relevante a efectos de determinar la duración de la prestación por desempleo en estos casos.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo da la razón a la mutua sobre el pago de la prestación tras 545 días de incapacidad temporalIncapacidad temporal y Seguridad Social05/02/2026
Una mutua colaboradora con la Seguridad Social litigó frente al INSS, la TGSS y la trabajadora beneficiaria sobre la responsabilidad del pago de una prestación relacionada con un proceso de incapacidad temporal que había alcanzado los 545 días de duración.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la mutua, casa la sentencia del TSJ de Cataluña y resuelve el debate de suplicación en su favor.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoAmbos progenitores pueden percibir a la vez el complemento de maternidad por aportación demográfica si sus pensiones son anteriores a febrero de 2021IT y Seguridad Social05/02/2026
Un pensionista jubilado desde abril de 2017 solicitó en marzo de 2021 el complemento de maternidad por aportación demográfica. Su esposa ya percibía ese complemento desde su propia jubilación en enero de 2018. El INSS denegó la solicitud del padre alegando que el beneficio ya estaba siendo percibido por la madre de los hijos comunes.
El Tribunal Supremo estima el recurso y reconoce que ambos progenitores pueden percibir simultáneamente el complemento de maternidad por aportación demográfica cuando las dos pensiones se causaron antes de la reforma de febrero de 2021, anulando la resolución que había denegado el complemento al padre por entender que era incompatible con el ya reconocido a la madre.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoPensión de viudedad para una divorciada sin pensión compensatoria: una denuncia por amenazas anterior a la LO 1/2004 basta como indicio de violencia de géneroIncapacidad Temporal y Seguridad Social04/02/2026
La demandante se separó en 1999 y se divorció en 2000. En el convenio regulador solo se pactó un pago único de 2,4 millones de pesetas, no una pensión compensatoria periódica. Meses antes de la separación había denunciado ante la policía a su marido por amenazas y por dejarla sin recursos, pero no consta qué ocurrió con las diligencias penales. Al fallecer el excónyuge en 2021, el INSS le denegó la viudedad por no ser acreedora de pensión compensatoria ni acreditar la condición de víctima, y tanto el Juzgado de lo Social n.º 1 de Terrassa como el TSJ de Cataluña confirmaron la denegación porque una denuncia aislada no era prueba plena.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina. El último párrafo del art. 220.1 LGSS permite acreditar la violencia de género por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, y la valoración debe hacerse con criterios flexibles y con perspectiva de género. En separaciones o divorcios anteriores a la LO 1/2004, una denuncia es un indicio sólido, porque entonces no llevaba aparejado ningún beneficio, y que no conste su desenlace no lo desvirtúa. Tampoco lo hace el pago único pactado, que puede responder al deseo de cerrar el conflicto. Reconoce la pensión con un 52 % de una base reguladora de 1.008,16 €, con efectos de 1 de marzo de 2021.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo reconoce el derecho a la prestación por desempleo y fija doctrina sobre el cómputo del plazo tras vacaciones no disfrutadasIncapacidad temporal y Seguridad Social04/02/2026
Un trabajador reclamó el reconocimiento de la situación legal de desempleo y la prestación correspondiente, en un litigio en el que resultaba determinante el cómputo del plazo de solicitud en relación con unos días de vacaciones no disfrutadas al finalizar la relación laboral.
El Tribunal Supremo estima su recurso, casa la sentencia del TSJ de Galicia y reconoce el derecho del trabajador a la prestación por desempleo, fijando doctrina sobre dicho cómputo del plazo.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaAlegar prescripción para denegar el complemento de maternidad a un varón no exime al INSS de indemnizar aunque luego lo reconozcaIT y Seguridad Social03/02/2026
Un pensionista con dos hijos e incapacidad permanente total reconocida desde 2017 solicitó en febrero de 2023 el complemento de maternidad por aportación demográfica. El INSS denegó la solicitud alegando prescripción; tras la demanda judicial, el INSS reconoció tardíamente el complemento, pero el demandante mantuvo su reclamación de indemnización por la discriminación sufrida.
La Sala revoca la sentencia de instancia y condena al INSS a abonar 1.800 euros por vulneración del derecho fundamental a la igualdad: la denegación inicial basada en la prescripción constituye discriminación por razón de sexo, con independencia de que el complemento se reconociera después. Unifica así el criterio de que alegar prescripción no exime al INSS de compensar económicamente a los varones discriminados en el acceso a este complemento.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa indemnización por despido pactada por encima del mínimo legal cuenta como renta y puede impedir el subsidio de desempleo para mayores de 52 añosIT y Seguridad Social29/01/2026
Un trabajador de más de 52 años fue despedido en un expediente de despido colectivo, percibiendo una indemnización superior a la legal (281.218 euros brutos en total, de los que 180.000 euros estaban exentos de tributación). Solicitó el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que le fue denegado porque sus rentas superaban el límite del 75% del Salario Mínimo Interprofesional exigido para acceder a la prestación.
El Tribunal Supremo desestima el recurso y confirma la denegación: por «indemnización legal» debe entenderse únicamente la establecida con carácter obligatorio (20 días de salario por año de servicio), sin que pueda excluirse del cómputo de rentas la cuantía superior pactada entre las partes. La indemnización pactada por encima del mínimo legal cuenta, por tanto, como renta a efectos de acceder al subsidio para mayores de 52 años.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo exime a la beneficiaria de reintegrar una prestación cobrada por error de la AdministraciónIncapacidad temporal y Seguridad Social28/01/2026
Una beneficiaria de una prestación tramitada por la Junta de Extremadura vio desestimada su demanda en instancia, en un litigio relacionado con el reintegro de cantidades percibidas a raíz de un error de la propia Administración.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina de la Dirección General de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y confirma la sentencia del TSJ de Extremadura, favorable a la beneficiaria.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaUna sentencia de despido anterior no genera cosa juzgada sobre la posterior determinación de contingencia de un accidenteIT y Seguridad Social28/01/2026
Un trabajador sufrió una caída desde una escalera en 2014 mientras reparaba una techumbre para su empleadora, siendo dado de alta como administrativo pese a realizar labores de albañilería y jardinería. El INSS denegó inicialmente la incapacidad permanente por «accidente no laboral»; años después, en 2023, se instó la determinación de contingencia como accidente de trabajo, que el INSS terminó estimando. La mutua demandó alegando cosa juzgada y prescripción, invocando un proceso de despido anterior entre las mismas partes.
La Sala desestima los recursos del INSS y del trabajador y confirma la sentencia de instancia: rechaza la cosa juzgada por falta de identidad de partes entre el proceso de despido anterior y la actual determinación de contingencia. Aunque lo resuelto en el proceso de despido constituye un «antecedente lógico necesario», la determinación de contingencia corresponde en exclusiva al proceso específico de Seguridad Social, con su propio régimen y plazos.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSi una mutua atiende un accidente que resulta ser enfermedad común, el servicio público de salud debe reintegrarle los gastosIT y Seguridad Social27/01/2026
Un trabajador causó baja médica en septiembre de 2017 por un presunto accidente laboral, siendo atendido por la Mutua FREMAP, que prestó asistencia sanitaria por 8.381,24 euros. El INSS declaró posteriormente que la contingencia era en realidad común, atribuyendo la responsabilidad de los costes sanitarios al Servicio Andaluz de Salud.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del Servicio Andaluz de Salud y confirma la condena a reintegrar a FREMAP los gastos médicos ya prestados: cuando una mutua colaboradora atiende una aparente contingencia profesional que después se acredita de origen común, el servicio público de salud debe reintegrarle esos gastos, limitados al régimen de prestaciones correspondiente a la enfermedad común. Impone costas de 1.500 euros al servicio autonómico.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSi el convenio solo exige presentar documentación, la empresa puede denegar la jubilación parcial anticipada sin acuerdo previoIT y Seguridad Social27/01/2026
Un trabajador de una empresa de contratas ferroviarias solicitó la jubilación parcial anticipada al cumplir 62 años y reunir 38 años y 9 meses de cotización. La empresa denegó la solicitud alegando dificultades de sustitución y falta de consenso empresarial; el caso transitó por tres instancias con pronunciamientos contradictorios sobre si el convenio colectivo obligaba a la empresa a aceptarla.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma que, cuando el convenio colectivo únicamente exige la presentación de documentación para acceder a la jubilación parcial anticipada, no impone a la empresa una obligación de aceptarla sin acuerdo previo: la empresa puede denegar la solicitud sin necesidad de una justificación especial, si bien debe actuar sin incurrir en arbitrariedad manifiesta.
Ver la ficha completa →Audiencia NacionalAgencias de viajes: limitar el complemento de IT según el absentismo de la plantilla discrimina por enfermedadIgualdad, discriminación y derechos fundamentales26/01/2026
El art. 48 del convenio estatal de agencias de viajes (BOE de 5 de noviembre de 2025) limitaba en el tiempo la mejora de la incapacidad temporal por contingencias comunes y la excluía en función del grado de absentismo, calculado computando todas las bajas de la plantilla, incluidas las incapacidades temporales y las ausencias por enfermedad justificadas. FeSMC-UGT, con la adhesión de Valorian y CC. OO.-Servicios, lo impugnó frente a la patronal CEAV.
La Audiencia Nacional anula esos pasajes y el último párrafo del art. 48, que quedaba sin objeto. Usar la enfermedad como criterio para reducir la mejora es una discriminación directa por razón de enfermedad o estado de salud (Ley 15/2022), y hacer depender el complemento de cada trabajador de las bajas del resto de la plantilla añade una discriminación por asociación. La mejora de las contingencias profesionales (100 % desde el primer día) no se ve afectada.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoUn juzgado no puede condenar de oficio al INSS a una indemnización por daños morales que nadie ha reclamadoIT y Seguridad Social23/01/2026
Un padre de dos hijos solicitó el complemento de maternidad por aportación demográfica para su pensión de jubilación. El juzgado de lo social estimó la demanda reconociendo el derecho a 122,59 euros mensuales, pero además condenó de oficio al INSS a abonar 650 euros por daños morales por vulneración del derecho a la igualdad, una cantidad que no había sido solicitada por el demandante.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina y confirma la firmeza de la sentencia del TSJ de Galicia, que había revocado la condena a esa indemnización por incongruencia extra petita: el juzgado no puede conceder de oficio una prestación no reclamada. Precisa además que falta el requisito de contradicción necesario para admitir un recurso de unificación de doctrina sobre esa cuestión.
Ver la ficha completa →Tribunal Supremo25 años de convivencia y una hija en común no bastan para la pensión de viudedad sin inscripción como pareja de hechoIT y Seguridad Social21/01/2026
Una mujer solicitó pensión de viudedad tras el fallecimiento de su pareja en junio de 2022. Habían convivido durante 25 años, tenían una hija en común nacida en 1999 y eran copropietarios de su vivienda desde 1997, pero nunca se inscribieron en un registro de parejas de hecho ni formalizaron su unión mediante documento público. El INSS denegó la prestación por falta de inscripción registral.
El Tribunal Supremo estima el recurso del INSS y desestima la demanda: para acceder a la pensión de viudedad, las parejas de hecho deben acreditar tanto una convivencia estable de cinco años como su constitución formal mediante certificación de inscripción en un registro específico o documento público, con al menos dos años de antelación al fallecimiento. La mera convivencia prolongada y la existencia de hijos comunes no son suficientes.
Actualización (RDL 31/2026): desde el 21 de octubre de 2026, si la pareja de hecho tiene hijos en común basta acreditar dos años de convivencia empadronada inmediatamente anterior al fallecimiento, sin inscripción ni documento público (art. 221.2 TRLGSS). Para fallecimientos anteriores, como el de este caso, la nueva disp. trans. 48.ª permite pedir la pensión en los 12 meses siguientes, con efectos desde el mes siguiente a la solicitud. Ver el análisis.
Tribunal SupremoUna ayuda pública para rehabilitar la fachada no cuenta como renta a efectos del Ingreso Mínimo Vital, aunque tribute como ganancia patrimonialIT y Seguridad Social21/01/2026
Una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital vio suspendida su prestación cuando el INSS consideró que sus ingresos computables de 2021 superaban el límite permitido, al haberse imputado en su IRPF una cuota proporcional de una subvención autonómica para rehabilitar la fachada de su comunidad de propietarios, registrada como «ganancia patrimonial».
El Tribunal Supremo estima el recurso y reconoce el derecho de la beneficiaria al IMV suspendido, con los correspondientes atrasos y regularizaciones: las ayudas públicas finalistas destinadas a la vivienda están excluidas del cómputo de rentas conforme al art. 18 del Real Decreto-ley 20/2020, con independencia de la calificación que reciban a efectos tributarios como ganancia patrimonial.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo fija la fecha del hecho causante del complemento del artículo 60 LGSS cuando la incapacidad permanente total viene precedida de incapacidad temporalIncapacidad temporal y Seguridad Social20/01/2026
El caso analiza el supuesto de una incapacidad permanente total que viene precedida de un período de incapacidad temporal, y la controversia sobre qué legislación resulta aplicable, en función de la fecha del hecho causante, al complemento por aportación demográfica del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social.
El Tribunal Supremo determina que el hecho causante debe fijarse en la fecha de extinción de la incapacidad temporal previa, y no en un momento posterior, zanjando así qué normativa rige el reconocimiento del complemento.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLas familias monoparentales tienen derecho a ampliar diez semanas la prestación por nacimiento y cuidado del menorIT y Seguridad Social20/01/2026
Una madre trabajadora en familia monoparental solicitó ampliar su prestación por nacimiento y cuidado del menor de las 16 semanas ordinarias a 32 semanas, equiparándola a la suma de los permisos que corresponderían a dos progenitores. El INSS denegó la solicitud en mayo de 2022, siendo desestimada también en instancia y suplicación.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina y reconoce el derecho a diez semanas adicionales de prestación, con fundamento en la STC 140/2024, que declaró inconstitucionales los artículos 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y 177 de la LGSS por la discriminación que generaban hacia los menores nacidos en familias monoparentales frente a los nacidos en familias con dos progenitores.
Ver la ficha completa →Tribunal Supremo1.800 euros de indemnización a un varón por la denegación inicial del complemento de maternidad, aunque se reconociera despuésIT y Seguridad Social20/01/2026
Un varón jubilado, padre de dos hijos, solicitó el complemento de pensión por aportación demográfica en abril de 2022. El INSS no resolvió la solicitud en plazo; tras reclamación previa y demanda judicial, reconoció finalmente el complemento antes del juicio. El demandante mantuvo su reclamación de indemnización por la discriminación sufrida en el proceso de reconocimiento.
El Tribunal Supremo unifica doctrina y fija en 1.800 euros la indemnización por discriminación en la denegación del complemento de maternidad a varones, con independencia del momento en que el INSS termine reconociendo el derecho: esa cantidad compensa todos los perjuicios sufridos, incluidos los honorarios profesionales y costas del procedimiento seguido para obtener el reconocimiento.
Ver la ficha completa →TSJ MadridExtinción procedente tras la declaración de incapacidad permanente totalIncapacidad temporal y Seguridad Social16/01/2026
Un trabajador de una empresa de servicios industriales fue declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual, lo que dio lugar a la extinción de su contrato de trabajo.
El TSJ de Madrid estima el recurso de suplicación de las empresas, revoca la sentencia de instancia y declara procedente la extinción contractual derivada de dicha declaración de incapacidad.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaUna bronquitis y 15.000 euros de indemnización adicional por un despido nuloIncapacidad temporal y Seguridad Social16/01/2026
El despido de un trabajador de una empresa de servicios fue declarado nulo en la instancia, por entenderse vulnerados sus derechos fundamentales en un contexto de incapacidad temporal, con reconocimiento de una indemnización adicional.
El TSJ de Cataluña estima el recurso de suplicación del trabajador y revoca parcialmente la sentencia únicamente en cuanto al importe de esa indemnización, que eleva a 15.000 €, confirmando el resto de pronunciamientos, entre ellos la declaración de nulidad del despido.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoNula la pérdida del complemento de asistencia por incapacidad temporal superior a tres díasIncapacidad temporal y Seguridad Social14/01/2026
Los sindicatos SITAC y ASA-C, del sector de ambulancias en Cataluña, impugnaron una cláusula del convenio colectivo que reducía el complemento salarial de asistencia cuando la incapacidad temporal se prolongaba más de tres días.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, y confirma la sentencia del TSJ de Cataluña que había declarado nula esa cláusula por constituir discriminación por enfermedad.
Ver la ficha completa →TSJ Comunidad ValencianaEl TSJ de la Comunidad Valenciana confirma el despido acreditado con vigilancia de un detective en un gimnasio durante la bajaPrueba, videovigilancia y protección de datos13/01/2026
Un trabajador de una empresa de gestión del agua, en situación de incapacidad temporal, fue despedido tras un informe de detective privado que le vigiló acudiendo a un gimnasio; su demanda frente al despido fue desestimada en la instancia.
El TSJ de la Comunidad Valenciana desestima su recurso de suplicación y confirma la sentencia de instancia.
Ver la ficha completa →TSJ MadridUn agente forestal obtiene en suplicación la incapacidad permanente total para su profesión habitualIncapacidad temporal y Seguridad Social09/01/2026
Un agente forestal reclamó la incapacidad permanente absoluta o, subsidiariamente, la total para su profesión habitual. El Juzgado de lo Social n.º 10 de Madrid desestimó ambas peticiones.
El TSJ de Madrid estima el recurso y le reconoce la incapacidad permanente total, con una pensión del 55 % de la base reguladora. Sus funciones exigen deambular por zonas forestales, cargar pesos y colaborar en la extinción de incendios, con una importante carga mental, y sus limitaciones físicas y psíquicas le impiden las tareas fundamentales de su profesión, aunque no cualquier trabajo sin esos requerimientos.
Ver la ficha completa →TSJ Comunidad ValencianaEl TSJ de la Comunidad Valenciana confirma la improcedencia del despido pese a la baja voluntaria firmada antes de la ITIncapacidad temporal y Seguridad Social07/01/2026
Una trabajadora de un negocio de restauración en Elche fue despedida, en un caso en el que se discutía la incidencia de una baja médica por incapacidad temporal sobrevenida tras la firma de una baja voluntaria; el Juzgado declaró la improcedencia del despido, con condena a readmisión o indemnización de 6.275,12 € y al abono de 734,28 € en cantidades adeudadas.
El TSJ de la Comunidad Valenciana desestima el recurso de suplicación de la empresa y confirma íntegramente la sentencia de instancia.
Ver la ficha completa →TSJ Illes BalearsDespido improcedente por no comunicar la ausencia el día de inicio de la baja médicaDespido y extinción del contrato29/12/2025
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears 617/2025, de 29 de diciembre, estima en parte el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador, revoca la resolución del Juzgado de lo Social n.º 6 de Palma y declara la improcedencia del despido disciplinario.
El tribunal fundamenta su decisión en que la falta de comunicación personal e inmediata de la ausencia el día en que el empleado inició una baja médica por incapacidad temporal —así como el hecho de haber avisado inicialmente a un compañero y no directamente a la empresa— no reviste la entidad ni la gravedad suficientes como para tipificar una transgresión de la buena fe contractual o un abuso de confianza que justifique la máxima sanción de despido, máxime cuando quedó acreditado que el trabajador se encontraba efectivamente enfermo y acudió al centro de salud.
Ver la ficha completa →TSJ AsturiasGanar una carrera de bicicleta de montaña durante una baja con recomendación de evitar actividades de riesgo justifica el despidoDespido y extinción del contrato16/12/2025
Un trabajador inició una incapacidad temporal por episodios de alteración de la conciencia y una posible patología neurológica, y los médicos le recomendaron evitar actividades de riesgo mientras se completaba el estudio. Pese a ello participó en una prueba de bicicleta de montaña, la ganó y publicó en redes una foto en bicicleta ironizando con que el médico le había mandado reposo absoluto. La empresa contrató detectives y lo despidió por transgresión de la buena fe. Él alegó que las actividades eran compatibles con la baja y que el despido era discriminatorio conforme a la Ley 15/2022.
El TSJ de Asturias confirma la procedencia. No toda actividad durante una baja justifica el despido; lo determinante es si es compatible con la patología y con las limitaciones médicas. Competir en una prueba de bicicleta de montaña pese a la recomendación expresa de evitar actividades de riesgo evidencia, o bien una simulación de los síntomas, o bien una conducta que puede retrasar la recuperación, y en ambos casos una transgresión de la buena fe.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaProcedente el despido de una trabajadora de baja médica sorprendida por un detective regentando el bar familiarDespido y extinción del contrato15/12/2025
Una sub-gobernante de hotel, en situación de incapacidad temporal por ansiedad y depresión, fue sorprendida por un detective privado atendiendo el bar familiar: cobrando, sirviendo mesas y reponiendo género.
El TSJ de Cataluña desestima su recurso de suplicación y confirma el despido disciplinario procedente por transgresión de la buena fe contractual, precisando que no es necesario que la actividad desarrollada durante la baja sea remunerada, y que la prueba del detective es lícita al tratarse de un bar abierto al público, y no de un domicilio ni de un "lugar reservado" en el sentido del art. 48 de la Ley 5/2014 de seguridad privada.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaEl TSJ de Galicia rechaza que requerir las llaves y excluir del WhatsApp corporativo durante la baja sea acoso laboralIncapacidad temporal y Seguridad Social09/12/2025
Un conductor, durante una baja laboral, vio cómo la empresa le requería la entrega de las llaves y lo excluía del grupo de WhatsApp corporativo; entendiendo que ello constituía acoso laboral, solicitó la resolución indemnizada de su contrato al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
El TSJ de Galicia desestima su recurso de suplicación y confirma la sentencia de instancia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoDar de baja en la Seguridad Social a una trabajadora que agota los 545 días de IT no es, por sí solo, un despidoIncapacidad temporal y Seguridad Social27/11/2025
Una limpiadora agotó el plazo máximo de 545 días de incapacidad temporal; la empresa la dio de baja en la Seguridad Social y le entregó un finiquito, y después se le reconoció una incapacidad permanente total. Demandó por despido improcedente. El Juzgado de lo Social de Barcelona desestimó la demanda y el TSJ de Cataluña confirmó esa decisión.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la trabajadora y reitera su doctrina (SSTS 233/2022 y 968/2022): para apreciar un despido tácito hace falta una voluntad empresarial clara de poner fin a la relación. Cursar la baja al extinguirse el subsidio por el transcurso del plazo máximo es cumplir el art. 174 LGSS y la normativa de cotización, no una conducta inequívoca de extinguir el contrato. Sin costas.
Ver la ficha completa →TSJ AsturiasAyudar puntualmente en el negocio de la pareja durante la IT no es simulación de enfermedadIncapacidad temporal y Seguridad Social25/11/2025
Un comercial fue despedido disciplinariamente durante una baja médica, al haber ayudado puntualmente en el negocio de su pareja; en la instancia el despido ya había sido declarado improcedente.
El TSJ de Asturias desestima el recurso de suplicación de la empresa y confirma que ese hecho aislado no constituye simulación de enfermedad ni infracción de la buena fe contractual que justifique el despido, conforme a un criterio de proporcionalidad.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLos efectos económicos de la reclasificación judicial de una IT como accidente de trabajo se limitan a tres mesesIncapacidad temporal y Seguridad Social24/11/2025
Una trabajadora con procesos sucesivos de incapacidad temporal solicitó que se reconociera su origen profesional, como accidente de trabajo.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de una mutua colaboradora con la Seguridad Social y casa parcialmente la sentencia del TSJ de Cataluña, limitando a tres meses los efectos económicos retroactivos derivados de esa reclasificación judicial de la contingencia.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaNo existe despido tácito cuando la empresa se limita a tramitar la baja en Seguridad Social por agotamiento del plazo máximo de incapacidad temporalDespido y extinción del contrato13/11/2025
Una trabajadora con contrato indefinido desde 2019 permaneció en incapacidad temporal desde julio de 2022. Al agotar en enero de 2024 el plazo máximo de 545 días, la empresa cursó su baja en la Seguridad Social y le entregó el finiquito. Tras denegarle el INSS la incapacidad permanente en abril de 2024, la empresa la reincorporó a su puesto, pero la trabajadora demandó alegando haber sido objeto de un despido improcedente o tácito.
La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia: la empresa se limitó a cumplir la legalidad aplicable a la baja por agotamiento de la incapacidad temporal, sin que exista despido expreso ni tácito. No se impone condena en costas al gozar la trabajadora del beneficio de justicia gratuita.
Ver la ficha completa →TSJ AsturiasReconocida una incapacidad permanente absoluta por enfermedad común tras la persistencia de secuelas físicas y psíquicas de un camareroIncapacidad temporal y Seguridad Social11/11/2025
Un camarero sufrió un accidente laboral al caer por una escalera, con fractura de cóccix, recibiendo el alta médica pocos meses después. Solicitó posteriormente la declaración de incapacidad permanente, que fue denegada administrativamente, pese a presentar dolor sacro persistente, limitaciones de movilidad, psoriasis y un trastorno adaptativo-depresivo crónico.
La Sala desestima los recursos tanto del trabajador como del INSS y confirma la sentencia de instancia: el conjunto de secuelas físicas y psíquicas acreditadas determina una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común, con derecho a una prestación del 100% de una base reguladora de 1.118,71 euros.
Ver la ficha completa →TSJ CanariasDeclarada la cesión ilegal de una trabajadora que prestó servicios para AENA a través de sucesivas contratistas, con responsabilidad solidaria en las prestaciones de Seguridad SocialContratación, movilidad y plataformas10/11/2025
Una trabajadora fue contratada formalmente por distintas empresas (Eulen, Ferrovial, Initial Services, UTE Serunion y Esastur XXI) mientras prestaba servicios reales para AENA desde marzo de 2008. Declarada judicialmente la cesión ilegal, reclamó las diferencias en la prestación por incapacidad temporal correspondientes al periodo comprendido entre agosto de 2019 y marzo de 2020.
La Sala estima parcialmente el recurso de AENA y la condena a abonar 5.433,15 euros por las diferencias en la prestación de incapacidad temporal del periodo entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo de 2020, descartando el mes de agosto de 2019 por caducidad del plazo de un año del artículo 54 de la LGSS, y confirma la responsabilidad solidaria de las empresas cesionarias en las obligaciones de Seguridad Social.
Ver la ficha completa →TSJ Comunidad ValencianaEl TSJ de la Comunidad Valenciana confirma la improcedencia del despido disciplinario durante la baja por realizar otra actividadIncapacidad temporal y Seguridad Social06/11/2025
Un trabajador de una empresa de servicios tecnológicos fue despedido disciplinariamente mientras estaba de baja por incapacidad temporal, al constatarse que realizaba otra actividad; el Juzgado de Elche declaró la improcedencia del despido, con una indemnización de 1.485 €.
El TSJ de la Comunidad Valenciana estima solo parcialmente el recurso de suplicación de la empresa, ajustando la cuantía de la compensación por vacaciones y manteniendo el resto de la condena.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaDespido procedente por bajo rendimiento tras una baja médica larga cuando no existe represaliaDespido y extinción del contrato24/10/2025
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 730/2025, de 24 de octubre, desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador y confirma la resolución de instancia que declaró la procedencia del despido disciplinario de un peón especialista dedicado a las labores de rebarbado de piezas metálicas.
El Tribunal ratifica que la empresa logró acreditar de forma fehaciente una disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal del trabajo —al emplear entre 26 y 32 horas en tareas cuyo tiempo estándar estimado oscila entre 3 y 5 horas, frente a las 3 horas y media invertidas por un compañero—, sin que dicha decisión extintiva suponga una represalia ni constituya una discriminación por razón de la salud o por haber reclamado previamente una cesta de navidad, al haberse roto el nexo causal y demostrado una causa real y objetiva de incumplimiento grave y culpable de la buena fe contractual.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEfectos retroactivos del complemento por brecha de géneroIncapacidad temporal y Seguridad Social16/10/2025
Una beneficiaria de una pensión de incapacidad permanente total cualificada, tras un proceso de incapacidad temporal iniciado en 2019, litigó sobre el alcance retroactivo del complemento por brecha de género reconocido en su pensión.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación del INSS y casa la sentencia del TSJ de Cataluña, precisando los efectos temporales de dicho complemento.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaLa pareja de hecho no inscrita en registro con dos años de antelación al fallecimiento no genera derecho a pensión de viudedadIncapacidad temporal y Seguridad Social08/10/2025
Un trabajador falleció en accidente laboral en octubre de 2021. Su pareja de hecho solicitó pensión de viudedad y su hijo menor, orfandad. El INSS denegó la viudedad al no constar la pareja inscrita en el registro correspondiente con dos años de antelación al óbito, reconociendo únicamente la orfandad al 20% de la base reguladora.
La Sala desestima el recurso de la demandante y confirma la sentencia de instancia: el artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social exige el cumplimiento del requisito formal de inscripción registral o constitución en escritura pública con la antelación mínima legal, sin que quepa sustituirlo por otros medios de prueba de la convivencia. Tampoco procede elevar la orfandad al 52%, al no concurrir una situación de orfandad absoluta ni circunstancias análogas conforme al artículo 38 del Decreto 3158/1966.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoRescatar un plan de pensiones puede ser incompatible con el complemento a mínimosIncapacidad temporal y Seguridad Social02/10/2025
Una pensionista debía reintegrar 2.779,14 € de complemento a mínimos, tras percibir el rescate de un plan de pensiones.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación del INSS y casa la sentencia del TSJ de Cataluña, confirmando la incompatibilidad entre el rescate del plan de pensiones y el mantenimiento íntegro del complemento a mínimos.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaFibromialgia severa y lumbalgia crónica: incapacidad permanente total para una maestra de educación infantilIncapacidad Temporal y Seguridad Social01/10/2025
Una maestra de refuerzo que trabajaba con niños de 3 y 4 años obtuvo en instancia el reconocimiento de una incapacidad permanente total para su profesión habitual derivada de enfermedad común, por la suma de fibromialgia severa, lumbalgia crónica con hernia discal y coxartrosis. El INSS recurrió en suplicación: pedía eliminar de los hechos probados la calificación de fibromialgia severa con apoyo en un informe médico reciente y sostenía que se había aplicado mal el art. 194 LGSS.
El TSJ de Cataluña desestima el recurso. La valoración de la prueba corresponde al juez de instancia (art. 97.2 LRJS) y el informe invocado por el INSS, leído entero, confirmaba precisamente la gravedad de la dolencia y su afectación funcional. En cuanto al fondo, la fibromialgia puede producir desde una incapacidad total hasta una repercusión leve según cada persona y su evolución. En este caso, el conjunto de dolencias impide las tareas esenciales de la docencia con niños pequeños, con una exigencia física de 3/4 y mental de 4/4, aunque no otras actividades menos exigentes, lo que encaja en la incapacidad permanente total.
Ver la ficha completa →TSJ Aragón46.600 euros de condena a una empresa por despedir dos veces a un trabajador de baja médicaDespido y extinción del contrato26/09/2025
Una empresa despidió, por segunda vez, a un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal; el Juzgado de Huesca descartó la nulidad, pero declaró la improcedencia del despido, condenando a la readmisión o indemnización.
El TSJ de Aragón desestima el recurso de suplicación de la empresa y confirma la sentencia, con una condena económica elevada —hasta 46.600 €— al tratarse de la segunda vez que la empresa despedía al mismo trabajador estando de baja.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaConfirmada el alta médica de una docente tras superar los 545 días de incapacidad temporal sin reconocerse incapacidad permanenteIncapacidad temporal y Seguridad Social25/09/2025
Una maestra cursó cinco periodos de incapacidad temporal entre 2020 y 2023 por un trastorno ansioso-depresivo. Una vez superados los 545 días de baja, se inició el expediente de incapacidad permanente, y el equipo médico concluyó que sus limitaciones no eran impeditivas para las tareas fundamentales de su profesión, por lo que la Administración le dio el alta y denegó la jubilación por incapacidad.
La Sala desestima el recurso de la docente y confirma íntegramente la resolución administrativa: al no concurrir causa que justifique mantener la incapacidad temporal una vez descartada la incapacidad permanente, procede el alta médica conforme a la valoración del equipo de valoración de incapacidades.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo confirma que el complemento convencional de incapacidad temporal tiene un límite máximo de 365 díasIncapacidad temporal y Seguridad Social18/07/2025
Una médica de una aseguradora de salud reclamó el complemento empresarial de incapacidad temporal, como mejora voluntaria de convenio, más allá del periodo inicialmente reconocido.
El Tribunal Supremo desestima su recurso de casación para la unificación de doctrina y confirma la sentencia del TSJ de Madrid, que fija en 365 días el alcance temporal máximo de dicho complemento.
Ver la ficha completa →Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso)La habitualidad en el RETA exige ingresos netos superiores al SMIIncapacidad temporal y Seguridad Social10/07/2025
La Tesorería General de la Seguridad Social dio de alta de oficio en el RETA a un trabajador, al considerar habitual su actividad por cuenta propia.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de la TGSS y confirma la sentencia del TSJ de Castilla y León (Burgos), fijando doctrina sobre la exigencia de ingresos netos superiores al salario mínimo interprofesional para apreciar esa habitualidad.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoQuien está en excedencia por cuidado de hijos no puede cobrar desempleo tras ser despedido de otra empresa sin pedir antes el reingresoJornada, permisos y conciliación04/07/2025
Una trabajadora en excedencia por cuidado de hijos firmó un contrato temporal en otra empresa; al ser despedida de esta sin su consentimiento, solicitó la prestación por desempleo sin haber pedido antes el reingreso en la empresa donde mantenía la excedencia.
El Tribunal Supremo deniega el desempleo: a diferencia de la excedencia voluntaria, esta excedencia otorga reserva de puesto incondicionada durante el primer año (y puesto equivalente después), por lo que debía agotarse esa vía de reingreso antes de acudir a la prestación.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo reconoce el complemento por brecha de género a un pensionista padre de tres hijosIncapacidad temporal y Seguridad Social25/06/2025
Un pensionista, padre de tres hijos, solicitó el reconocimiento del complemento por brecha de género en su pensión de jubilación, que el INSS le había denegado.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del INSS y confirma la sentencia del TSJ del País Vasco, favorable al reconocimiento del complemento.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoUn trabajador cedido por una ETT tiene derecho a la mejora voluntaria de incapacidad temporal del convenio de la empresa usuariaIncapacidad temporal y Seguridad Social27/05/2025
Un trabajador cedido por Adecco TT a dos empresas usuarias sucesivas prestó servicios bajo contratos de puesta a disposición y cursó dos situaciones de incapacidad temporal, una por enfermedad profesional y otra por accidente de trabajo. Los convenios colectivos aplicables a ambas empresas usuarias reconocían una mejora voluntaria en caso de IT que la ETT se negó a abonarle, alegando que el art. 11 de la Ley de ETT solo equipara el salario, no las mejoras voluntarias, apoyándose en una doctrina del propio Tribunal Supremo de 2004 que excluía esas mejoras. El juzgado de instancia y el TSJ del País Vasco dieron la razón al trabajador, y Adecco TT recurrió en casación para la unificación de doctrina.
La Sala Cuarta desestima el recurso y rectifica expresamente su propia doctrina de 2004, apoyándose en la STJUE de 22 de febrero de 2024 (C-649/22), que interpretó el concepto de "condiciones esenciales de trabajo y empleo" del art. 5 de la Directiva 2008/104/CE en sentido amplio. El Tribunal concluye que el concepto de remuneración del art. 11 de la Ley de ETT debe interpretarse ampliamente, incluyendo las mejoras voluntarias que contemplen los convenios de las empresas usuarias, para no dejar a los trabajadores cedidos en peor condición que los contratados directamente por esas empresas para el mismo puesto.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaEnviar correos electrónicos durante una incapacidad temporal vulnera la integridad moral: indemnización de 1.500 eurosIncapacidad temporal y Seguridad Social25/04/2025
Una trabajadora en situación de incapacidad temporal recibió correos electrónicos de la empresa relacionados con el trabajo durante su baja médica. El Juzgado de lo Social de A Coruña declaró vulnerados sus derechos a la integridad física y moral y al honor, y fijó una indemnización de 1.500 euros.
El TSJ de Galicia estima en parte el recurso de la empresa: revoca la declaración de vulneración de la integridad física y del honor, pero mantiene la de la integridad moral (art. 15 CE) y la condena a pagar 1.500 euros.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaLa extinción en periodo de prueba al reincorporarse tras 10 meses de baja no es discriminación por enfermedad si hay una causa real de rendimientoContratación, movilidad y plataformas06/03/2025
Una trabajadora inició su relación laboral como comercial el 1 de junio de 2022, con un periodo de prueba de 6 meses cuyo cómputo quedó interrumpido por una incapacidad temporal que se prolongó casi 10 meses, tras ser intervenida por una discopatía. Recibió el alta médica el 5 de septiembre de 2023, se reincorporó al día siguiente y, ese mismo día, la empresa extinguió su contrato por no superar el periodo de prueba.
La trabajadora alegó discriminación por enfermedad (Ley 15/2022), invocando indicios como la coincidencia entre la reincorporación y el cese. El TSJ de Cataluña confirma la extinción: aunque la extinción en periodo de prueba no exige motivación, cuando existen indicios de discriminación la empresa debe acreditar una causa real y ajena a la vulneración — y aquí quedó acreditado un rendimiento objetivamente inferior (2 captaciones y ninguna venta, frente a las 9-10 habituales entre comerciales), sin que la empresa hubiera extinguido durante la propia incapacidad temporal, sino al comprobar el rendimiento tras la reincorporación.
Ver la ficha completa →Juzgado de lo SocialNulidad del despido por vulneración de la integridad física durante una baja médicaIncapacidad temporal y Seguridad Social04/03/2025
Un trabajador de una empresa de autocares impugnó su despido producido durante una baja médica.
El Juzgado de lo Social estima la demanda, declara la nulidad del despido, condena a la readmisión inmediata con abono de los salarios dejados de percibir, y reconoce además una indemnización de 7.507 € por vulneración del derecho fundamental a la integridad física.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaDespido durante baja médica declarado procedenteIncapacidad temporal y Seguridad Social20/02/2025
Un gestor telefónico de una empresa de servicios fue despedido; el Juzgado de Lugo había declarado el despido improcedente.
El TSJ de Galicia estima el recurso de la empresa, revoca la sentencia y declara procedente el despido, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla y LeónTikTok durante la baja médica no justifica el despido si no se acredita fraude o perjuicio para la recuperaciónDespido y extinción del contrato27/01/2025
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sede Valladolid) 122/2025, de 27 de enero, desestima el recurso de suplicación interpuesto por la empresa y confirma la sentencia de instancia que declaró la improcedencia del despido disciplinario de una trabajadora.
El Tribunal ratifica que la publicación esporádica de vídeos en redes sociales (como Instagram y TikTok) ejerciendo como «Beauty Influencer» para una marca de belleza —actividad que la empleada ya realizaba desde antes de iniciar su baja médica por ansiedad— no constituye una transgresión de la buena fe contractual ni un abuso de confianza. La Sala argumenta que la realización de dicha actividad no evidencia simulación de enfermedad ni consta que perjudicara o retrasara el proceso de recuperación de la dolencia psíquica diagnosticada, por lo que la medida extintiva carece de justificación.
Ver la ficha completa →TSJ CanariasLas cotizaciones del subsidio para mayores de 52 años no sirven para completar la carencia genérica de la jubilación, y faltando 265 días no cabe aplicar la doctrina flexibilizadoraIncapacidad Temporal y Seguridad Social18/07/2024
Un trabajador nacido en 1954 solicitó la pensión de jubilación contributiva en noviembre de 2019. El INSS se la denegó porque a la fecha del hecho causante solo acreditaba 5.210 días cotizados, frente a los 5.475 (15 años) que exige el art. 205.1.b) LGSS. Había permanecido inscrito como demandante de empleo más de 8.000 días y percibido el subsidio por desempleo para mayores de 52 años. El Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas estimó la demanda aplicando la doctrina «humanizadora» o flexibilizadora del Tribunal Supremo.
El TSJ de Canarias estima el recurso del INSS y revoca la sentencia. Conforme al art. 280 LGSS en la redacción aplicable (anterior al RDL 2/2024), las cotizaciones que la entidad gestora efectúa durante el subsidio para mayores de 52 años sirven para calcular la base reguladora y el porcentaje, pero en ningún caso para acreditar el periodo mínimo de cotización, que debía reunirse ya al solicitar el subsidio. Sin poder sumar esos periodos faltan 265 días —casi un año—, una carencia demasiado amplia para flexibilizar los requisitos legales. La Sala apunta como alternativas la suscripción de un convenio especial con la TGSS o la reincorporación al mercado de trabajo. Sin costas.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaLa hipoacusia bilateral congénita y la atrofia corioretiniana no dan derecho a la incapacidad permanente total de una cocinera si puede seguir desempeñando su profesión con normal rendimientoIncapacidad temporal y Seguridad Social13/06/2024
Una cocinera solicitó al INSS el reconocimiento de una incapacidad permanente, absoluta o, subsidiariamente, total para su profesión habitual, alegando una hipoacusia neurosensorial bilateral congénita (con audífonos en ambos oídos) y una atrofia corioretiniana peripapilar con agudeza visual reducida al 0,5 en ambos ojos. El INSS denegó la prestación al no considerar las lesiones suficientes para constituir incapacidad permanente en ningún grado, y el Juzgado de lo Social de Granada confirmó la denegación.
El TSJ de Andalucía desestima el recurso de la trabajadora. Recuerda que la incapacidad permanente total exige que las secuelas impidan el desempeño de las tareas fundamentales de la profesión habitual con la dedicación y el rendimiento exigibles, no bastando con una limitación funcional genérica. A la vista del cuadro clínico descrito, la Sala concluye que las dolencias, aunque reales y permanentes, no alcanzan la entidad necesaria para impedir el desempeño de las funciones esenciales de cocinera con un mínimo de profesionalidad y rendimiento, y menos aún justifican una incapacidad absoluta. Confirma íntegramente la sentencia de instancia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo reconoce en familias monoparentales el derecho a la ampliación de la prestación por nacimiento que hubiera correspondido al otro progenitorIncapacidad temporal y Seguridad Social05/06/2024
En una familia monoparental, la progenitora única reclamó que se le reconociera, además de su propia prestación por nacimiento y cuidado de menor, la ampliación equivalente al período que la normativa reserva al otro progenitor en las familias biparentales, inexistente en su caso.
El Tribunal Supremo reconoce el derecho a esa ampliación de la prestación, para equiparar la protección del hijo o hija en las familias monoparentales a la que reciben los menores en las familias con dos progenitores, evitando que la ausencia de una segunda persona progenitora se traduzca en un menor tiempo de cuidado protegido.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaEl TSJ de Cantabria confirma la incapacidad permanente total y deniega un grado superior pese a la agorafobia del trabajadorIncapacidad temporal y Seguridad Social17/05/2024
El INSS reconoció a un trabajador la incapacidad permanente total derivada, entre otros factores, de agorafobia.
El TSJ de Cantabria desestima el recurso de suplicación del trabajador, que pretendía un grado superior de incapacidad, y confirma la resolución administrativa y judicial de instancia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoNo hay que devolver la jubilación parcial cobrada de más si su importe fue inferior al que habría correspondido por la jubilación ordinariaIncapacidad temporal y Seguridad Social07/05/2024
Una beneficiaria de jubilación parcial vio finalizado su contrato a tiempo parcial en diciembre de 2015 sin solicitar entonces la jubilación ordinaria, y siguió cobrando la pensión parcial hasta julio de 2019. El INSS consideró indebidas esas cantidades y exigió su devolución.
El Tribunal Supremo exime la devolución: aunque el INSS debió reconocer la jubilación ordinaria desde el fin del contrato, la pensión parcial efectivamente cobrada en ese periodo fue inferior a la que habría correspondido por la jubilación total, por lo que no hay cobro indebido reintegrable.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo desestima el recurso de un conductor de autobuses sobre la reubicación de su puesto tras la incapacidad permanente totalIncapacidad temporal y Seguridad Social17/04/2024
Un conductor de autobuses fue declarado en incapacidad permanente total para su profesión habitual, con derecho a pensión del 55 % de su base reguladora.
El Tribunal Supremo desestima el recurso del trabajador y confirma la sentencia del TSJ de Madrid sobre las obligaciones empresariales de adaptación o reubicación del puesto tras la reincorporación.
Ver la ficha completa →Audiencia NacionalLa Audiencia Nacional avala que un contact center exija preaviso por horas médicas y comunicación de la baja por ITIncapacidad temporal y Seguridad Social18/12/2023
El sindicato CGT, con adhesión de CCOO, UGT, CIG, USO, CSIF y TUSI, planteó conflicto colectivo frente a una empresa de contact center para que cesara la práctica de exigir preaviso por el uso de horas médicas y la posterior comunicación de la baja por IT.
La Audiencia Nacional desestima la demanda sindical y absuelve a la empresa de las pretensiones formuladas.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo resuelve sobre la compatibilidad entre la pensión de jubilación y un trabajo a tiempo parcial de escasa cuantíaIncapacidad temporal y Seguridad Social19/09/2023
Un pensionista de jubilación compatibilizaba su pensión con un trabajo a tiempo parcial cuya jornada era inferior a los límites mínimos que, con carácter general, exige la normativa para admitir esa compatibilidad entre pensión y actividad laboral.
El Tribunal Supremo unifica doctrina sobre si esa compatibilidad resulta admisible cuando el trabajo a tiempo parcial tiene una cuantía o jornada inferior a la mínima legalmente establecida, precisando el régimen jurídico aplicable a estas situaciones de jubilación activa a tiempo parcial.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo reconoce el derecho a una nueva baja por la misma enfermedad sin esperar seis mesesIncapacidad temporal y Seguridad Social19/07/2023
Un montador de andamios de una cooperativa vio desestimada en instancia su demanda relativa a un nuevo proceso de incapacidad temporal por la misma enfermedad iniciado antes de transcurridos seis meses.
El Tribunal Supremo estima su recurso de casación para la unificación de doctrina, casa la sentencia del TSJ de Murcia y resuelve el debate de suplicación a su favor.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo fija el cálculo de la base reguladora de la incapacidad permanente absoluta con cotizaciones en España y Reino UnidoIncapacidad temporal y Seguridad Social13/07/2021
Un trabajador que había cotizado tanto en España como en Reino Unido solicitó una pensión de incapacidad permanente absoluta, planteándose cómo debe calcularse la base reguladora aplicando las reglas de prorrata temporis y de cotizaciones ficticias propias de la coordinación entre los sistemas de Seguridad Social de distintos Estados.
El Tribunal Supremo unifica doctrina sobre la forma de cálculo aplicable en estos supuestos de carrera de seguro repartida entre España y Reino Unido, precisando cómo deben combinarse las cotizaciones reales y las ficticias para determinar el importe de la prestación a cargo de cada Estado.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaLa falta de prevención de riesgos psicosociales es indicio de que un trastorno de ansiedad deriva de accidente de trabajoPrevención de riesgos laborales y accidentes25/06/2019
Un mozo de almacén con numerosos litigios previos frente a su empresa inicia una incapacidad temporal por trastorno adaptativo y ansiedad, con recaída semanas después. La Inspección de Trabajo constata una planificación psicosocial insuficiente y que la empresa no había adoptado, antes de la baja, medidas para corregir el ambiente laboral pese al conflicto acreditado con la representación de los trabajadores.
El TSJ de Cataluña confirma que la incapacidad temporal deriva de accidente de trabajo: no es necesario acreditar acoso laboral, basta con que el trabajo sea la causa prevalente de la patología. Frente a la tesis de la mutua de que la baja respondía a la frustración del trabajador por litigios previos, la Sala exige una prueba pericial que la respalde; la ausencia de antecedentes psíquicos de origen común y las deficiencias constatadas en la prevención de riesgos psicosociales son indicio suficiente del origen profesional.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaReconocimiento de incapacidad permanente totalIncapacidad temporal y Seguridad Social03/04/2019
El Juzgado de lo Social de Melilla declaró en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual a un peón albañil con discoartrosis lumbar y gonalgia, y el INSS recurrió.
El TSJ de Andalucía (Málaga) desestima el recurso del INSS y de la TGSS y confirma la incapacidad permanente total: comparando las lesiones con los requerimientos del oficio de peón albañil, el trabajador no puede realizar las tareas fundamentales de su profesión.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoDespido improcedente de un trabajador que corrió una carrera popular estando de baja por un esguince: la doctrina gradualista impide la máxima sanciónIncapacidad temporal y Seguridad Social20/06/2017
Un trabajador de baja por un esguince de tobillo participó en una carrera popular de seis kilómetros. Aunque el chip de cronometraje registró un tiempo de 25 minutos y 53 segundos como si hubiera completado todo el recorrido, el TSJ dio por probado que en realidad solo corrió alrededor de un kilómetro y medio antes de abandonar por dolor, aprovechando que la salida y la meta se encontraban en el mismo lugar para volver a activar el chip al regresar. La empresa, entendiendo que había simulado su lesión o realizado una actividad incompatible con su recuperación, lo despidió por transgresión de la buena fe contractual; el juzgado de instancia declaró inicialmente la procedencia del despido.
El TSJ del País Vasco declara el despido improcedente. La Sala no disculpa la conducta —correr estando de baja fue imprudente y censurable, y podía dar lugar a sanción empresarial— pero aplica la doctrina gradualista: una conducta sancionable no justifica automáticamente la sanción máxima. Valora que se trató de un episodio único, que el trabajador abandonó al sentir dolor, que no actuó con ánimo de lucro ni para prolongar la baja, que no quedó acreditado que la carrera agravara la lesión o retrasara la curación (las revisiones médicas posteriores mostraron una ligera mejoría) y que acumulaba más de quince años en la empresa sin sanciones. Perder el empleo por aquel intento frustrado fue una sanción desproporcionada.
Ver la ficha completa →TSJ Comunidad ValencianaDespido procedente por no reincorporarse tras el alta médicaIncapacidad temporal y Seguridad Social14/09/2004
Una trabajadora de una cadena de supermercados había obtenido en instancia la declaración de improcedencia de su despido (indemnización de 26.246,78 €).
El TSJ de la Comunidad Valenciana estima el recurso de la empresa, revoca la sentencia y declara procedente el despido, al no haberse reincorporado la trabajadora tras el alta médica.
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Crónica de Jurisprudencia del Tribunal Supremo
El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo elabora cada año esta crónica con las sentencias más relevantes de todas sus Salas. En la página del CGPJ están todas las ediciones publicadas, desde la de 2016-2017 hasta la de 2025-2026.