Jurisprudencia sobre Prevención de Riesgos Laborales y Accidentes
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| Título | Tribunal | Fecha | Materia | ECLI |
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Tribunal SupremoAccidente de trabajo con cinco meses de cuotas impagadas: la empresa no responde de las prestaciones si no hay una ruptura voluntaria de la cotizaciónIncapacidad temporal y Seguridad Social06/10/2026
Un trabajador de Nerjogas sufrió un accidente de trabajo en junio de 2017 y estuvo de baja con varias recaídas. La mutua anticipó las prestaciones y reclamó a la empresa su reintegro (7.738,85 euros), con responsabilidad subsidiaria del INSS, porque en el momento del accidente la empresa llevaba varios meses sin cotizar. El TSJ de Cataluña declaró la responsabilidad empresarial al apreciar un incumplimiento reiterado y culpable.
El Tribunal Supremo estima el recurso del INSS y desestima la demanda de la mutua. Para que la empresa responda de las prestaciones por falta de cotización (art. 167.2 LGSS) no basta cualquier descubierto: hay que distinguir entre incumplimientos ocasionales y los que, por su duración, continuidad y proporción respecto del tiempo de aseguramiento, revelan una voluntad de romper la relación contributiva. Cinco meses de descubierto, sin más datos, no lo acreditan; los precedentes en que se condenó a la empresa eran de años sin cotizar. Responde, por tanto, la mutua. Para el despacho: ante una reclamación de reintegro por descubiertos, analice la duración y la regularidad del impago frente a toda la vida del aseguramiento.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl responsable del servicio de prevención elige entre readmisión e indemnización aunque se sentara en el comité de seguridad en nombre de la empresaDespido y extinción del contrato22/09/2026
Desde 2019 el demandante era responsable del servicio de prevención y seguridad de un hospital valenciano y formaba parte del comité de seguridad y salud como representante designado por la empresa. En 2022 fue despedido disciplinariamente por pérdida de confianza, acusado de elaborar un documento para perjudicar a la empresa en un juicio. El despido se declaró improcedente, pero el juzgado dio la opción a la empresa, y el TSJ de la Comunidad Valenciana lo confirmó: no era delegado de prevención, sino un cargo de la empresa que defendía sus intereses, así que no corría riesgo de represalias por su función.
El Tribunal Supremo estima el recurso del trabajador. El art. 30.4 LPRL dice que los trabajadores designados por el empresario para las actividades preventivas no pueden sufrir perjuicio por esas actividades y les extiende las garantías del art. 68 a), b) y c) ET, entre ellas el derecho de opción del art. 56.4 ET. Que el trabajador tuviera esa condición era un hecho declarado probado que nadie discutió en suplicación, y eso basta para atribuirle la opción, con independencia de que también representara a la empresa en el comité. Además, elija lo que elija, tiene derecho a los salarios de tramitación. Para el despacho: al despedir a quien figura como trabajador designado o responsable del servicio de prevención propio, hay que contar con que la opción será suya y con el coste de los salarios de tramitación.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoInspectores de ITV expuestos a humos diésel: la empresa debe lavar la ropa de trabajo, dar tiempo de aseo y poner doble taquillaPrevención de riesgos laborales y accidentes16/09/2026
El comité de empresa de una empresa de estaciones de ITV en la provincia de Barcelona planteó un conflicto colectivo para que se aplicaran en sus catorce centros las medidas del Real Decreto 665/1997 sobre agentes cancerígenos, que desde el Real Decreto 427/2021 incluye las emisiones de motores diésel. Pedía extracción localizada, limpiezas periódicas, lavado de la ropa por cuenta de la empresa, diez minutos de aseo antes de comer y otros diez antes de salir, doble taquilla para separar ropa de trabajo y de calle, y 10.000 euros de indemnización. El TSJ de Cataluña consideró cumplidas la extracción y las limpiezas (art. 5.5), rechazó la indemnización y condenó a la empresa a adoptar las medidas de higiene del art. 6: lavado de la ropa, tiempo de aseo y lugares separados para guardar la ropa.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la empresa. Su argumento era que exposición y riesgo de contaminación no son lo mismo y que en sus centros no había riesgo de contaminar la ropa. Pero la sentencia de instancia declaró probado que la exposición a los humos es inevitable en la inspección de vehículos y que conlleva un riesgo de contaminación, por pequeño que sea. Ese hecho no puede revisarse por la vía de la infracción de ley, y la empresa no pidió la nulidad de la sentencia por falta de motivación. Partiendo de ese riesgo, las medidas del art. 6 son exigibles. Para el despacho: tras la reforma de 2021, talleres, ITV, aparcamientos y otros puestos con exposición a gases de escape diésel deben revisar sus evaluaciones de riesgos y prever estas medidas de higiene personal.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoQuien compra una unidad productiva en concurso responde también del recargo de prestaciones por la silicosis contraída antesPrevención de riesgos laborales y accidentes16/09/2026
Un embalador de pizarra trabajó desde 1998 para una empresa de León que fue declarada en concurso. En marzo de 2018 el juzgado autorizó la venta de su unidad productiva a otra sociedad, que se subrogó en su contrato; meses después pasó, también por subrogación, a una tercera. En 2021 fue declarado en incapacidad permanente total por silicosis, y el INSS impuso un recargo del 30 % por falta de medidas de seguridad, a cargo solidario de la concursada y de la adquirente de la unidad productiva. El juzgado de Ponferrada y el TSJ de Castilla y León anularon el recargo frente a la adquirente: entendieron que la transmisión del recargo no opera en las ventas concursales.
El Tribunal Supremo estima el recurso del trabajador y confirma la resolución del INSS. La adquisición de una unidad productiva dentro del concurso es una sucesión de empresa, y la responsabilidad solidaria de los arts. 44.3 ET y 168.2 LGSS abarca el recargo de prestaciones (STS 1208/2024), pese a su naturaleza singular. Aquí ni siquiera se discutía la situación de contratos ya extinguidos, porque el del trabajador seguía vivo y la compradora se subrogó en él. Para el despacho: en la compra de unidades productivas conviene evaluar las contingencias por enfermedades profesionales de larga latencia, como la silicosis, que pueden aflorar años después en forma de recargo.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaCambiar el turno de la víctima de acoso y dejar intacto al acosador vulnera el art. 15 CE: 15.000 euros más de daño moralPrevención de riesgos laborales y accidentes04/09/2026
Un oficial de primera de mantenimiento denunció en 2018 acoso laboral por parte de un compañero. La comisión de investigación de la empresa lo confirmó y el propio TSJ de Galicia condenó después a ambos a indemnizarle con 6.000 euros. Sufrió dos bajas por ansiedad que se declararon derivadas de accidente de trabajo, y durante una de ellas la empresa lo pasó de mantenimiento a producción, cambio que se anuló por vulnerar su garantía de indemnidad. Al reincorporarse pidió no coincidir con el acosador sin perder sus condiciones, y la empresa le propuso cambiar él de turno. Tuvo que acudir a la ejecución de sentencia para volver a su puesto y horario. En instancia se le reconocieron 31.805,88 euros por los daños derivados del accidente.
La Sala desestima el recurso de la empresa, que pretendía rebajar la indemnización, y estima en parte el del trabajador. Aprecia una nueva lesión de su integridad moral (art. 15 CE): para evitar el contacto se alteraron las condiciones de la víctima y no las del acosador, de modo que las consecuencias laborales negativas recaían sobre quien había sufrido el acoso. La sentencia precisa que aplicar mal un protocolo antiacoso, o incumplir lo acordado en él, puede vulnerar derechos fundamentales cuando el incumplimiento es sustancial y causa o puede causar daño moral. Añade 15.000 euros por ese concepto, tomando como referencia orientativa las sanciones de la LISOS, y eleva la condena total a 46.805,88 euros.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaEl SERGAS vulneró la integridad física y moral de un trabajador al no evaluar específicamente sus riesgos psicosociales: 38.497,80 eurosPrevención de riesgos laborales y accidentes31/07/2026
Un trabajador del Servicio Gallego de Salud, en conflicto laboral prolongado, fue diagnosticado en 2023 de un trastorno adaptativo con síntomas ansioso-depresivos que relacionaba con su situación en el trabajo. Activó el protocolo de acoso, que se archivó al no apreciarse acoso ni discriminación, aunque la comisión constató una relación conflictiva y la ineficacia de las medidas adoptadas. Demandó por incumplimiento preventivo y vulneración de su integridad física y moral, pidiendo una evaluación específica de riesgos psicosociales y más de 63.000 € de indemnización. El Juzgado desestimó la demanda.
El TSJ de Galicia estima en parte el recurso. Los riesgos psicosociales forman parte del deber de protección de los arts. 14 y 15 LPRL, y aunque no todo incumplimiento preventivo lesiona el art. 15 CE, sí lo hace cuando existe un riesgo grave y acreditado para la salud sin protección eficaz. Las evaluaciones generales de 2019 y 2024 no detectaron riesgos, pero nunca se evaluó específicamente la situación del trabajador pese a sus reclamaciones, sus bajas y la intervención del servicio de prevención; el SERGAS fue cambiando funciones sin estudio técnico. Le condena a hacer esa evaluación y a pagar 38.497,80 € según el baremo de tráfico, y rechaza sumar otros 24.585 € por la LISOS por duplicar el mismo daño moral.
Ver la ficha completa →TSJ CanariasRecargo del 50% de las prestaciones tras un accidente al vaciar un contenedor sin evaluación de riesgos ni medios mecánicosPrevención de riesgos laborales30/07/2026
Un trabajador de limpieza que prestaba servicios desde 2008 sufrió en octubre de 2017 un accidente de trabajo mientras vaciaba un contenedor de basura, sintiendo dolor en la espalda; el propio informe de prevención de la empresa atribuyó el accidente a que "la posición del trabajador no era la correcta al levantar la carga". El accidente derivó en una Incapacidad Permanente Total para su profesión habitual, reconocida en 2019. Ya en un litigio anterior se había confirmado judicialmente la responsabilidad civil de la empresa por falta de medidas de seguridad, al no acreditar ésta que hubiera evaluado el puesto, formado al trabajador, ni facilitado medios mecánicos para el manejo de las cargas pese al peso y volumen de los contenedores. Sobre esa base, el trabajador reclamó el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, que el Juzgado de lo Social reconoció en el 50% —el máximo legal—, condenando a la empresa a abonarlo.
El TSJ de Canarias desestima el recurso de la empresa y confirma el recargo del 50%. Recuerda que la cuantía del recargo no depende de la calificación formal de la infracción administrativa sino de la gravedad real de las circunstancias del accidente: en este caso, la ausencia de toda evaluación de riesgos del puesto —sin que constara la adecuación de la formación, los equipos de protección individual, ni la posible sustitución por medios mecánicos de elevación— constituye un incumplimiento de extrema gravedad, agravado por el resultado lesivo definitivo (incapacidad permanente total) sufrido por el trabajador. La Sala concluye que el 50% de recargo es proporcionado a esa gravedad e impone las costas del recurso a la empresa.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaLa gestión negligente de un protocolo de riesgos psicosociales permite extinguir el contrato con indemnización aunque no se acredite acosoPrevención de riesgos laborales y accidentes29/07/2026
Una vigilante de seguridad con antigüedad desde 2005 llevaba años denunciando insultos, jornadas de doce horas, problemas de conciliación y riesgos psicosociales en su puesto. En 2023 inició una incapacidad temporal por ansiedad y en 2025 fue declarada en incapacidad permanente total, ambas por enfermedad común. Solicitó extinguir su contrato por incumplimiento empresarial grave del artículo 50.1.c) del Estatuto de los Trabajadores y reclamó 50.000 € por vulneración de su dignidad e integridad. El Juzgado de lo Social rechazó la demanda por prescripción y por apreciar conflictividad laboral, pero no acoso.
El TSJ de Galicia descarta la prescripción, porque la tramitación del protocolo interno y la intervención de la Inspección de Trabajo prolongaron la situación hasta fechas próximas a la conciliación, y tampoco considera acreditado el acoso, aplicando el Convenio 190 de la OIT y la doctrina de la STC 56/2019. Sin embargo, sí aprecia un incumplimiento autónomo: la empresa conocía el conflicto desde 2017 y no activó el protocolo hasta que la trabajadora lo pidió formalmente en 2022, y la investigación se cerró once meses después con una simple comunicación del abogado de la empresa, sin informe de conclusiones ni resolución final, y con el expediente destruido. Esa actuación incumplió el deber de protección eficaz de los artículos 14, 15 y 25 de la LPRL y 4.2.d) y 19.1 del ET, con gravedad suficiente para estimar parcialmente el recurso y declarar extinguida la relación laboral con una indemnización de 40.233,60 €, calculada conforme a los efectos del despido improcedente.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaAdaptar el puesto por motivos de salud pasando al trabajador al turno de noche es injustificado si la empresa no prueba que era la opción adecuadaPrevención de riesgos laborales y accidentes28/07/2026
Un trabajador de Stellantis desde 1996, que alternaba semanas de mañana y tarde de lunes a viernes, pidió la adaptación de su puesto por un síndrome del túnel carpiano y apnea del sueño. La empresa le comunicó que el único puesto compatible disponible estaba en turno de noche y le cambió de puesto y de distribución de jornada. Demandó por modificación sustancial y vulneración de derechos fundamentales, pidiendo la nulidad y 10.001 € o, subsidiariamente, que la medida se declarase injustificada.
El TSJ de Galicia descarta que se trate de una modificación sustancial del art. 41 ET, porque la decisión se enmarca en la normativa de prevención de riesgos. Pero el trabajo exclusivamente nocturno comporta mayor penosidad (art. 8 de la Directiva 2003/88, art. 36.4 ET y NTP 260 del INSHT), y era la empresa la que debía acreditar que el puesto adaptado cubría las necesidades del trabajador, sin que a este le correspondiera probar que existía otro puesto adecuado. Declara la medida injustificada y ordena reponerle en el turno de día de lunes a viernes, aunque no aprecia discriminación ni concede daños morales.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoEl TSJ del País Vasco descarta la responsabilidad civil empresarial por un accidente en un andamio al no acreditarse qué medida de seguridad omitida causó el siniestroPrevención de riesgos laborales y accidentes21/07/2026
Un trabajador sufrió un accidente mientras realizaba trabajos en altura subido a un andamio o plataforma móvil, pese a haber recibido formación e información específicas sobre ese tipo de tareas y a portar todos los equipos de protección individual preceptivos. Reclamó a la empresa una indemnización por daños y perjuicios por la vía de la responsabilidad civil empresarial derivada del accidente.
El TSJ del País Vasco desestima la reclamación: al tratarse de una acción de responsabilidad civil, no basta con que se haya producido el accidente, sino que es necesario concretar qué medida de seguridad se omitió y acreditar que precisamente esa omisión fue la que causó el siniestro. La Sala recuerda que la inversión de la carga de la prueba en materia preventiva no exime al trabajador de acreditar la relación de causalidad entre la conducta empresarial y el daño sufrido.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla y LeónLas bajas médicas por hipersensibilidad respiratoria de una empleada de Mercadona se declaran accidente de trabajoIncapacidad temporal y Seguridad Social20/07/2026
Una trabajadora de Mercadona, con funciones principalmente en caja y reposición, sufrió un accidente de trabajo por hipersensibilidad respiratoria a agentes presentes en su entorno laboral. Entre 2021 y 2022 inició cuatro procesos de incapacidad temporal por crisis respiratorias, de ansiedad y de angustia, que el INSS calificó como contingencia común.
El TSJ de Castilla y León confirma que las cuatro bajas médicas tienen nexo causal con el accidente de trabajo original y las declara derivadas de contingencia profesional, al considerar acreditado que todas ellas traen causa de la hipersensibilidad química que la trabajadora desarrolló en el entorno de trabajo.
Ver la ficha completa →TSJ AsturiasLas empresas que incumplen su deber de coordinación en materia preventiva responden solidariamente de los daños de un accidente de trabajoPrevención de riesgos laborales y accidentes14/07/2026
Un trabajador sufrió daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo producido en un contexto de concurrencia de varias empresas en un mismo centro de trabajo. Se discutía si las empresas implicadas habían cumplido su deber legal de coordinación de actividades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales (art. 24 LPRL), así como si la formación genérica y específica sobre el riesgo concreto había sido suficiente y correctamente evaluada, y si la póliza de seguro suscrita cumplía los requisitos exigibles para cubrir la responsabilidad.
El TSJ de Asturias declara la responsabilidad solidaria de las empresas que incumplieron su deber de coordinación: la falta de una coordinación preventiva efectiva entre las empresas concurrentes, unida a una formación insuficiente sobre el riesgo específico y su evaluación, determina que todas ellas respondan conjuntamente de los daños y perjuicios derivados del accidente. La Sala también se pronuncia sobre los requisitos de la póliza de seguro suscrita y exonera a la aseguradora del recargo de intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo prohíbe encomendar la limpieza de baños y zonas comunes a cajeros y reponedores de supermercado por el riesgo biológicoPrevención de riesgos laborales y accidentes09/07/2026
La Confederación Intersindical Galega planteó conflicto colectivo frente a Mercartabria SLU, empresa que opera los supermercados Gadis, por encomendar la limpieza de aseos y zonas comunes al personal de caja, reposición, dependientes y encargados, sin formación específica y con la misma ropa y guantes empleados en la atención al público.
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso y excluye a este personal de la limpieza de baños y zonas comunes: la limpieza de aseos presenta particularidades preventivas y de salud pública, por el contacto con agentes biológicos —bacterias, virus, parásitos u hongos— que la empresa no había evaluado ni dotado de las medidas de protección específicas exigibles.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia de VizcayaDespido nulo de un gerente de Mercadona que había denunciado ante la Inspección la falta de evaluación de riesgos psicosociales: 7.500 eurosDespido y extinción del contrato05/07/2026
Un gerente de Mercadona se quejó reiteradamente de la falta de tiempo para sus tareas, pidió refuerzos y reclamó una evaluación de riesgos psicosociales. Denunció la situación ante la Inspección de Trabajo, que en octubre de 2025 requirió a la empresa para hacerla, y el 5 de noviembre acudió con un delegado sindical a exponer de nuevo el problema. Tras iniciar la audiencia previa del art. 7 del Convenio 158 OIT, la empresa lo despidió el 11 de noviembre por actitud conflictiva, insultos, falta de interés, protestas sobre la organización, deficiencias en un sistema de control y pérdidas económicas. La carta le reprochaba también llamar continuamente a sus responsables para pedir cambios organizativos.
El Tribunal de Instancia de Vizcaya declara el despido nulo. Solo quedó probado un exabrupto aislado tras golpearse con un palé; no se acreditó su responsabilidad en el mal uso del sistema de control, en una plantilla de 72 personas, ni la gravedad de las pérdidas. Ese reproche por sus llamadas vinculaba el despido con sus reclamaciones y había una clara conexión temporal con la denuncia ante la Inspección y la reunión con el delegado. Aplica la garantía de indemnidad del art. 24.1 CE y la doctrina constitucional sobre denuncias ante la ITSS y actuaciones previas al proceso, y aprecia también lesión del derecho a la salud. Condena a readmitir, a pagar salarios de tramitación de 74,26 € diarios y 7.500 € por daños morales, cuantificados con la LISOS.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaEl «efecto látigo» en una tala: sin responsabilidad civil de la empresa si el accidente fue imprevisible y había medidas preventivasPrevención de riesgos laborales y accidentes03/07/2026
Un trabajador forestal con 26 años de experiencia resultó herido durante la tala de un árbol: en su caída, el árbol golpeó a otro y el tronco cambió bruscamente de trayectoria hacia una zona inicialmente segura, alcanzándole. Reclamó 24.351,85 euros alegando que la empresa no había evaluado correctamente el riesgo ni planificado la operación. La empresa acreditó una evaluación de riesgos específica, un procedimiento de apeo con instrucciones concretas, formación, equipos de protección y una distancia mínima de seguridad de 2 a 2,5 veces la altura del árbol.
El TSJ de Cantabria desestima la reclamación. La responsabilidad civil empresarial exige un incumplimiento de las medidas preventivas y un nexo causal con el daño; el accidente por sí solo no basta. Aquí se produjo por un hecho excepcional e imprevisible, y el deber de vigilancia no obliga a supervisar permanentemente a un trabajador experimentado, formado y conocedor del procedimiento.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaCondena a una empresa por daño moral al demorar de forma reiterada la tramitación de su propio protocolo antiacosoIgualdad, discriminación y derechos fundamentales02/07/2026
Una trabajadora presentó una denuncia por acoso a través del canal ético de su empresa. El Juzgado de lo Social de Ferrol declaró extinguida la relación laboral e impuso a la compañía el pago de 38.081 € por despido improcedente y de 3.750 € por daños y perjuicios, al constatar que la empresa había incumplido de forma reiterada y prolongada su propio protocolo de prevención del acoso, demorando la constitución de la comisión investigadora y la tramitación de la denuncia. Solo este segundo extremo fue recurrido por la empresa.
El TSJ de Galicia confirma la sentencia. La Sala destaca que la falta de diligencia en la gestión de la denuncia vulneró obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales y afectó a un elemento esencial de cualquier protocolo antiacoso: la urgencia en la actuación, con una doble dimensión de daño, individual sobre la salud de la trabajadora y colectiva sobre la confianza del resto de la plantilla en el protocolo. Precisa además que esa demora genera un daño moral autónomo, independiente de que la trabajadora estuviera de baja durante parte de la tramitación. La sentencia no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaDespido nulo por lesión de la integridad moral: trato humillante, disponibilidad absoluta y tareas ajenas al contrato, 7.501 eurosDespido y extinción del contrato30/06/2026
Un trabajador denunció un trato ofensivo y humillante por parte de su superior, cambios constantes de horario, instrucciones fuera de la jornada e incluso durante sus vacaciones, una fiscalización continua de su actividad y el encargo de tareas completamente ajenas a su contrato, como repartir tabaco en bares con su propio vehículo o hacer funciones comerciales para otros negocios. Acabó sufriendo un trastorno de ansiedad generalizada. Recibió la carta de despido el 25 de marzo de 2025 e inició una incapacidad temporal al día siguiente. El Juzgado no apreció vulneración de derechos fundamentales.
El TSJ de Galicia revoca la sentencia y declara el despido nulo conforme al art. 55.5 ET, con una indemnización adicional de 7.501 € por daños morales. La Sala valora el conjunto de circunstancias de la relación y no un episodio aislado: no toda extralimitación empresarial es acoso o lesión de la integridad moral, pero determinadas conductas, por su reiteración, intensidad y consecuencias, rebasan el mero conflicto laboral y adquieren dimensión constitucional. El poder de dirección del art. 20 ET es amplio, pero no permite convertirlo en un mecanismo permanente de presión, disponibilidad absoluta o degradación profesional.
Ver la ficha completa →TSJ La RiojaConfirmado el recargo del 30% de prestaciones: la escalera de mano no era un medio adecuado para montar una pasarela a más de 3,5 metros de alturaPrevención de riesgos laborales y accidentes23/06/2026
Un oficial de 1ª carpintero metálico, prestando servicios para su empresa en las instalaciones de una bodega cliente, sufrió una caída mientras montaba una pasarela metálica entre dos depósitos de vino: subido en el octavo peldaño de una escalera de mano apoyada sobre la superficie satinada y curva de un depósito, a un punto de operación situado entre 3,5 y 4 metros de altura, perdió el equilibrio al girarse para pasar una herramienta a su compañero y cayó al suelo desde 2,15 metros, sufriendo fractura de ambos codos, rotura de dos costillas que le perforaron un pulmón, rotura del bazo (con extirpación) y una herida en la cabeza. La Inspección de Trabajo instruyó expediente de recargo de prestaciones y el INSS declaró la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad, fijando el recargo en el 30% de las prestaciones derivadas del accidente. La empresa impugnó la resolución y, tras la desestimación en la instancia, recurrió en suplicación.
El TSJ de La Rioja desestima el recurso y confirma el recargo. Aunque el trabajador tenía formación en prevención y se le habían entregado los EPI, el Anexo II del RD 1215/1997 (apartado 4.2) limita el uso de escaleras de mano como puesto de trabajo en altura a los casos en que no se justifique un medio más seguro por el bajo nivel de riesgo o por las características del emplazamiento; aquí las circunstancias del lugar permitían emplear medios auxiliares más seguros, y la superficie satinada y circular del depósito impedía además un apoyo estable de la escalera. La Sala añade que, aun si el uso de la escalera hubiera sido adecuado, al desarrollarse la tarea entre 3,5 y 4 metros de altura —sin que la empresa acreditara que la operación se realizaba en el tramo inferior— resultaba preceptivo el uso de un equipo de protección individual anticaídas (arnés con sistema anclado a un punto fijo), que no consta que existiera en el lugar de trabajo. Confirma la sentencia de instancia y condena en costas a la empresa recurrente.
Ver la ficha completa →TSJ Cataluña«No apta» no significa despedida: nulo el despido por ineptitud de una vigilante sin intentar antes ajustes razonables, 30.000 eurosDespido y extinción del contrato19/06/2026
Una vigilante de seguridad estuvo más de dos años de baja por un trastorno de ansiedad y el INSS le denegó la incapacidad permanente. Tras el alta, el servicio de prevención la declaró no apta para su puesto y la empresa la despidió por ineptitud sobrevenida. La trabajadora había explicado que sus ataques de pánico se producían en las guardias nocturnas en solitario y había pedido trabajar en turno de mañana o, al menos, ir acompañada por las noches.
El TSJ de Cataluña declara el despido nulo por discriminación por discapacidad y fija 30.000 euros de indemnización por daños morales. El deber de realizar ajustes razonables no se cumple afirmando que la adaptación es imposible: la empresa debe acreditar que valoró e intentó esas medidas antes de despedir. No demostró por qué no podía asignarla al turno de mañana o reforzar el servicio nocturno con otro vigilante, y el informe de no aptitud ni siquiera concretaba qué limitaciones le impedían desempeñar el puesto.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoUna silicosis simple da derecho a la incapacidad permanente total si la profesión expone al sílice, aunque la trabajadora esté en paro cuando se la diagnosticanIncapacidad temporal y Seguridad Social16/06/2026
Una embaladora de pizarra de El Bierzo trabajó más de 23 años para distintas empresas del sector hasta su despido en julio de 2018. En 2021, estando en desempleo, pidió la incapacidad permanente por la silicosis crónica simple que le habían diagnosticado. El INSS se la denegó, y el Juzgado de Ponferrada y el TSJ de Castilla y León también, porque la enfermedad era leve y no le impedía físicamente realizar las tareas de su profesión.
El Tribunal Supremo estima el recurso y reconoce la incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, con el 55 % de una base reguladora de 1.648,19 euros. La incapacidad total no solo resulta de la imposibilidad física de trabajar, sino también de la incompatibilidad con las condiciones de la profesión cuando generan un riesgo grave para la salud (art. 25.1 LPRL). Una silicosis, aunque sea simple, es irreversible e impide trabajar expuesta al polvo de sílice, lo que ocurre en la generalidad de los puestos de embaladora de pizarra. Estar en desempleo al ser diagnosticada no puede perjudicar su derecho, y la posibilidad de ajustes razonables tras la Ley 2/2025 no impide reconocer la incapacidad.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaRecargo de prestaciones del 30% por salpicadura de jabón concentrado en el ojo sin protección ocularRiesgos laborales15/06/2026
Un trabajador de una empresa de procesado y conservación de carne sufrió un accidente mientras ayudaba a un operario de mantenimiento a reparar una bomba dosificadora de jabón: el tubo se escapó bajo presión y le salpicó jabón concentrado en un ojo, causándole amaurosis del ojo derecho secundaria a causticación severa y una posterior invalidez permanente total. La empresa recurrió el recargo de prestaciones impuesto, alegando que había cumplido sus obligaciones preventivas.
El TSJ de Cataluña desestimó el recurso empresarial y confirmó el recargo del 30% sobre todas las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente. La Sala constató que las gafas de protección ocular no se habían renovado desde 2010, que la evaluación de riesgos del puesto no incluía protección ocular obligatoria pese al riesgo de proyección de sustancias, y que el trabajo de mantenimiento se realizó sin supervisión especializada ni procedimiento adecuado.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaEmbargos no ingresados en Hacienda, retrasos en la IT y cambios de obra no bastan para hablar de acoso si el trabajador se va tres días después del altaIgualdad, discriminación y derechos fundamentales04/06/2026
Un encargado de obra de una constructora descubrió en agosto de 2024 que la empresa le retenía 319,80 euros al mes por un embargo de la Agencia Tributaria sin ingresarlos; tras reclamar, la empresa pagó 2.238,60 euros. Después lo destinaron a una obra donde salía una hora más tarde que el resto, le concedieron las vacaciones en fechas distintas de las pedidas y lo cambiaron de obra al volver de una baja. Estuvo en IT desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025, la empresa le abonó con retraso el pago delegado de la prestación (lo que motivó un acta de la Inspección) y la paga de Navidad. Tres días después del alta pidió la baja voluntaria. Demandó por acoso, con vulneración de los arts. 10, 15 y 24 CE, y reclamó 15.000 euros por daño moral. El tribunal de instancia de Santander desestimó la demanda.
El TSJ confirma la sentencia. No existe un panorama indiciario suficiente para invertir la carga de la prueba del art. 96.1 LRJS. Pesa mucho que el trabajador estuviera de baja, con el contrato suspendido, durante buena parte del supuesto hostigamiento y que dejara la empresa por voluntad propia tres días después del alta, lo que descarta la continuidad que exige el acoso. La falta de ingreso de las retenciones, los retrasos en la IT o en la paga extra y los cambios de obra pueden generar otras responsabilidades para la empresa, pero no prueban por sí solos un acoso ni un daño psicológico, y no pueden enjuiciarse en un procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Para el despacho: los incumplimientos se reclaman por su vía; para el acoso hay que acreditar una conducta reiterada dirigida contra la dignidad del trabajador.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaLa agresión de unos compañeros a un trabajador por haberse cambiado de sindicato es accidente de trabajoIncapacidad Temporal y Seguridad Social03/06/2026
Un trabajador de FCC Medio Ambiente sufrió en 2022 una agresión por parte de varios compañeros, uno de ellos delegado sindical de UGT. Según declaró, le estaban haciendo la vida imposible porque había abandonado ese sindicato para afiliarse a otro. Estuvo de baja del 7 de abril al 15 de julio de 2022 y el INSS declaró que la incapacidad temporal derivaba de accidente de trabajo. La empresa, colaboradora voluntaria en la gestión de la IT por contingencias profesionales, impugnó la resolución alegando que la agresión respondía a motivos personales ajenos al trabajo, pero el Tribunal de Instancia de Barcelona desestimó la demanda.
El TSJ de Cataluña desestima el recurso de la empresa. La excepción de los motivos personales entre agresor y agredido no se aplica: la afiliación sindical, y el derecho a separarse de un sindicato para afiliarse a otro, se ejercen precisamente en la condición de trabajador (art. 28 CE y art. 2.1.b LOLS, con cita del TEDH en el asunto Sørensen y Rasmussen c. Dinamarca). La agresión ocurrió en tiempo y lugar de trabajo y con ocasión de él, por lo que la baja es accidente de trabajo. Condena en costas a la empresa por 450 euros.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoDespido nulo del trabajador accidentado que se negó a firmar una entrega ficticia de EPI y formación: 15.002 eurosDespido y extinción del contrato02/06/2026
Un trabajador sufrió en 2023 un grave accidente laboral con quemaduras. La Inspección apreció falta de EPI, de formación y otras deficiencias preventivas, y el INSS impuso a la empresa un recargo del 40 %. Según los hechos probados, tras el accidente la empresa le pidió que firmara documentos que acreditaban una entrega de EPI y una formación que nunca recibió, y se negó. Meses después, todavía de baja, fue despedido por supuestas actividades incompatibles con la IT, con un informe de detectives que lo situaba en un pabellón de compraventa de vehículos y tirando bolsas de basura. No se acreditó que trabajara allí: era un lugar donde unos amigos guardaban vehículos y se reunían.
El TSJ del País Vasco aprecia un cuadro indiciario suficiente de vulneración de derechos fundamentales: el despido llega durante una incapacidad temporal larga derivada de accidente de trabajo y en un contexto de garantía de indemnidad ligado a las actuaciones tras el accidente y a la negativa del trabajador a colaborar en prácticas irregulares. La empresa no desvirtúa esos indicios. Declara el despido nulo y fija 15.002 euros de indemnización por daños morales.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoIndemnización por accidente de trabajo: el interés del 20 % de la aseguradora corre hasta la firmeza de la sentencia, aunque haya consignado para recurrirPrevención de riesgos laborales y accidentes27/05/2026
Un trabajador sevillano obtuvo en 2013 una condena solidaria contra su empresa y la aseguradora Plus Ultra por los daños de un accidente de trabajo, con el interés del 20 % anual del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro a cargo de la aseguradora. La compañía consignó la cantidad para poder recurrir en suplicación (art. 230.1 LRJS). En la ejecución se discutió hasta cuándo se devengaban esos intereses, y el Juzgado de Sevilla y el TSJ de Andalucía los limitaron.
El Tribunal Supremo estima el recurso del trabajador. La consignación para recurrir es un requisito procesal y una garantía, no un pago: no pone la cantidad a disposición del acreedor. Por eso los intereses del art. 20 LCS se devengan hasta que la sentencia recurrida adquiere firmeza, momento en que lo consignado queda disponible y su cobro ya depende solo del acreedor. Los retrasos posteriores imputables al juzgado o al propio acreedor no pueden cargarse a la aseguradora.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaUn informe de «no apto» del servicio de prevención no acredita por sí solo la ineptitud sobrevenida: despido improcedenteDespido y extinción del contrato20/05/2026
Un operario de una depuradora desde 1997 fue declarado no apto en 2023 por el servicio de prevención, con restricciones para trabajar solo, hacer guardias, trabajar en altura o en espacios confinados y manejar cargas de más de 15 kg, y fue despedido por ineptitud sobrevenida conforme al entonces art. 52.a) ET. Llevaba años trabajando con restricciones, la empresa había implantado medidas de apoyo desde 2022 y, tras el despido, empezó a trabajar en otra empresa del mismo sector. La carta afirmaba que era imposible adaptar el puesto o recolocarle.
El TSJ de Cataluña declara el despido improcedente. El informe del servicio de prevención tiene valor probatorio, pero no acredita automáticamente la ineptitud: debe explicar las limitaciones concretas y su incidencia real en las funciones del puesto, y apoyarse en otros elementos de prueba. Además, la empresa no acreditó qué puestos existían, qué análisis había hecho ni por qué los ajustes razonables o la reubicación eran inviables.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoDespido procedente de un recurso preventivo que empezó a trabajar a seis metros de altura sin sujetarse a la línea de vidaDespido y extinción del contrato19/05/2026
Un peón especialista designado como recurso preventivo, encargado de adoptar y revisar las medidas de prevención, participaba en la limpieza del tejado de una nave a seis metros de altura, con placas traslúcidas que aumentaban el riesgo de caída. Comprobó que la línea de vida no era segura, pero en lugar de repararla o sustituirla empezó a trabajar sin sujetarse, alegando que eso le retrasaría, y solo se ató cuando el encargado se lo ordenó. Tenía formación específica para trabajos en altura, disponía de los EPI y un año antes ya había sido amonestado por no usar el arnés. Fue despedido por indisciplina y transgresión de la buena fe, y el Juzgado de lo Social n.º 4 de San Sebastián declaró el despido procedente.
El TSJ del País Vasco confirma la sentencia. La carta era suficiente y la conducta revela una voluntad consciente de no cumplir las medidas de seguridad, no un descuido ni una falta de formación: la empresa había optado antes por la formación y por una amonestación, y el trabajador, siendo además recurso preventivo, asumió un riesgo evidente para él y para su compañero, lo que encaja en el art. 54.2.b) ET. Un voto particular considera que la conducta no alcanzaba gravedad suficiente para el despido y que este no puede usarse como herramienta de ejemplificación.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaEl TSJ de Galicia mantiene como contingencia común dos bajas por ansiedad de una trabajadora que las atribuía a acoso laboralIncapacidad temporal y Seguridad Social14/05/2026
Una trabajadora demandó al INSS, la TGSS, la mutua y su empresa para que dos procesos de incapacidad temporal por ansiedad, el primero de ellos iniciado el 10 de mayo de 2022, fueran reconocidos como derivados de accidente de trabajo. Existía ya una sentencia previa de instancia, confirmada por el TSJ de Galicia, que había descartado que se hubiera producido una vulneración de derechos fundamentales por acoso laboral. En el recurso de suplicación, la trabajadora intentó ampliar los hechos probados con nuevas crisis de ansiedad, correos internos e informes médicos.
El TSJ de Galicia rechaza la revisión de los hechos probados por no identificar con precisión los documentos concretos en los que se basaba y pretender una nueva valoración global de la prueba, algo incompatible con el estrecho margen del recurso de suplicación del art. 193.b) LRJS, que no permite reconstruir el relato fáctico salvo error claro, directo y derivado de prueba documental o pericial. Al no acreditarse, conforme exige el art. 156.2.e) LGSS, que la enfermedad derive exclusivamente del trabajo, la Sala confirma la sentencia de instancia y mantiene las bajas como contingencia común.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia (Sección Social)Confirmada la sanción por infracción grave frente al riesgo de altas temperaturas en el puesto de trabajoPrevención de riesgos laborales y accidentes13/05/2026
Adecco Outsourcing S.A. impugnó el acta de infracción grave (art. 12.16.b LISOS) levantada por la Inspección de Trabajo de Guadalajara por no adoptar medidas suficientes frente a temperaturas de 32°C registradas en una nave de picking/packing, muy por encima de los límites del RD 486/1997 (17-27°C en trabajos sedentarios, 14-25°C en trabajos ligeros).
El Tribunal de Instancia de Guadalajara desestima el recurso de la empresa y confirma la sanción de 2.451 €, rechazando las alegaciones de falta de audiencia previa, falta de motivación e incorrecta tipificación de la infracción.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaLa propietaria de la nave que contrató la obra responde como promotora del recargo por el derrumbe de una fachada que dejó parapléjico a un trabajadorPrevención de riesgos laborales y accidentes06/05/2026
En agosto de 2021 dos trabajadores saneaban y reconstruían la fachada de una nave dañada por un accidente de tráfico cuando esta se desplomó y los sepultó. Uno de ellos sufrió una lesión medular completa y quedó parapléjico. Se acreditaron numerosos incumplimientos: sin evaluación específica de riesgos, sin formación, sin protecciones colectivas frente al derrumbe, sin plan de seguridad ni investigación del accidente, y la propietaria no elaboró estudio de seguridad y salud ni designó coordinador pese a intervenir varias empresas. El Juzgado elevó el recargo del 40 % al 50 % para la empleadora y la contratista, pero absolvió a la propietaria por no ser del sector de la construcción y tener la nave arrendada.
El TSJ de Cataluña estima el recurso del trabajador. La responsabilidad en el recargo no depende de la actividad principal de la empresa, sino de si incumplió obligaciones preventivas de su ámbito. Al contratar la ejecución de los trabajos, la propietaria actuó como promotora y debía cumplir las obligaciones de la normativa de obras de construcción; sus omisiones tienen relación directa con el accidente, porque una correcta planificación y coordinación habría permitido detectar el riesgo de derrumbe. La Sala añade que el trabajador no estaba de alta ni tenía autorización de trabajo, algo que un control de acceso efectivo habría detectado. Las tres sociedades responden solidariamente del recargo del 50 %.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoEl INSS no activó su protocolo de violencia externa tras la denuncia falsa contra un médico inspector: 99.926,40 eurosPrevención de riesgos laborales y accidentes05/05/2026
Un médico inspector del INSS en Bizkaia fue denunciado por abuso sexual por una paciente días después de una consulta en enero de 2018. El INSS abrió un expediente interno, pidió alegaciones al médico y lo archivó en abril, y la causa penal se sobreseyó provisionalmente en mayo. El médico siguió trabajando sin pedir ayuda a recursos humanos, pero en febrero de 2019 causó baja por estrés postraumático, reconocida como accidente de trabajo, y después se le declaró una incapacidad permanente total, al no poder atender ni explorar a pacientes mujeres. Se jubiló en diciembre de 2021 y reclamó 249.816 euros por los daños sufridos.
El TSJ del País Vasco condena al INSS. El organismo tenía un protocolo frente a la violencia ocupacional externa que preveía contactar con el trabajador afectado para valorar las lesiones físicas y psicológicas y facilitar su reincorporación, y no lo activó: nadie le ofreció apoyo psicológico ni asesoramiento jurídico, pese a que el INSS conocía el incidente. El deber de prevenir los riesgos psicosociales es proactivo, y que el trabajador no pida ayuda no exime de ofrecerla. Sobre una base de 166.544 euros reconoce el 50 %, porque el empleador no causó el daño inicial pero contribuyó a agravarlo, más un 20 % adicional por omitir un riesgo conocido: 99.926,40 euros.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl infarto sufrido en el domicilio durante el teletrabajo puede calificarse como accidente de trabajoPrevención de riesgos laborales y accidentes23/04/2026
Una trabajadora de una empresa de externalización de servicios falleció por un infarto de miocardio mientras teletrabajaba desde su domicilio en horario flexible.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación del beneficiario, casa la sentencia del TSJ de Madrid y confirma que la mutua colaboradora con la Seguridad Social debe responder de la prestación por muerte y supervivencia, al aplicar la presunción de laboralidad y calificar el suceso como accidente de trabajo, sin que la mutua lograra desvirtuar dicha presunción.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo inadmite por falta de contradicción el recurso sobre la calificación de la infracción en un recargo de prestacionesPrevención de riesgos laborales y accidentes22/04/2026
El litigio tiene su origen en un recargo de prestaciones derivado de un accidente de trabajo, en el que se discutía la reducción de la calificación de la infracción imputada a la empresa, de muy grave a grave, con la consiguiente posible minoración del porcentaje del recargo fijado por la entidad gestora de la Seguridad Social.
El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina al apreciar falta de contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, por lo que la calificación fijada en la instancia queda inalterada.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo declara la responsabilidad de la empresa sucesora de la antigua Organización de Trabajos Portuarios por los daños del amiantoPrevención de riesgos laborales y accidentes22/04/2026
Un estibador portuario desarrolló una enfermedad profesional derivada de la exposición al amianto durante las tareas de descarga de buques que transportaban este material, en una relación laboral que se remonta a la antigua Organización de Trabajos Portuarios (OTP), posteriormente sucedida por otras entidades del sector.
El Tribunal Supremo declara la responsabilidad de Estibarna, como sucesora de aquella organización, por los daños y perjuicios derivados de la enfermedad profesional, en un pronunciamiento que se suma a la línea jurisprudencial sobre la responsabilidad civil de las empresas del sector portuario por la exposición histórica de sus trabajadores al amianto.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaEl TSJ de Murcia confirma el recargo del 30% en las prestaciones por un accidente en un hueco sin proteger de una escalera de obraPrevención de riesgos laborales y accidentes21/04/2026
Un oficial encofrador sufrió una caída al final de su jornada al descender por una escalera de tipo «pañuelo» en una obra, portando un cubo de herramientas. Entre los peldaños y el tabique existía un hueco de 52 centímetros de altura, sin rodapié, barandilla ni ningún otro elemento de protección que separara la escalera de ese vacío, y sin señalización específica que advirtiera del riesgo en ese punto concreto.
El TSJ de Murcia desestima el recurso de la empresa y confirma el recargo del 30% sobre las prestaciones de incapacidad temporal y de incapacidad permanente total derivadas del accidente. La Sala rechaza que se tratara de un caso fortuito o de un mero traspié imputable al trabajador: el empresario debe adoptar todas las medidas necesarias para neutralizar incluso los descuidos o imprudencias no temerarias del trabajador, y la familiaridad de este con el lugar no elimina un riesgo objetivamente evidente que exigía una protección específica, más allá de la señalización genérica existente en la entrada de la obra.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLos riesgos excepcionales de mantenimiento en un centro penitenciario dan derecho al plus de toxicidad, penosidad y peligrosidadPrevención de riesgos laborales y accidentes21/04/2026
Trabajadores de mantenimiento integral de un centro penitenciario de Tarragona accedían diariamente a celdas, lavandería, enfermería y patios en régimen de turnos de 24 horas, en zonas con presencia de internos. La Inspección de Trabajo confirmó su exposición a riesgos biológicos (jeringuillas, agentes infecciosos), peligrosidad (agresiones de internos) y penosidad en espacios confinados, por lo que reclamaron el plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad del convenio siderometalúrgico provincial.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de la empresa y confirma el reconocimiento del plus: los riesgos excepcionales acreditados no eran inherentes a la contratación inicial de los trabajadores ni fueron considerados al fijar su salario base, por lo que procede su abono adicional conforme al convenio colectivo aplicable.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEnfermedad profesional repartida entre mutuas: el periodo como autónomo sin cobertura de contingencias profesionales lo paga el INSSIncapacidad temporal y Seguridad Social16/04/2026
Un marmolista cordobés fue declarado en 2018 en incapacidad permanente total derivada de enfermedad profesional, y el INSS repartió el pago de la prestación entre varias mutuas (MAZ, CESMA, Fremap) y la propia entidad gestora en proporción a los periodos de exposición. Entre 2006 y 2009 había estado de alta en el RETA en una actividad de riesgo sin haber optado por cubrir las contingencias profesionales. La mutua CESMA reclamó que ese periodo no incrementara la parte de las mutuas, pero el Juzgado de Córdoba y el TSJ de Andalucía lo excluyeron sin más del cómputo.
El Tribunal Supremo estima el recurso de la mutua. El periodo en el RETA sin cobertura de enfermedad profesional sí debe computarse en el reparto proporcional de la responsabilidad, pero el porcentaje que le corresponde no se carga a las mutuas, sino al INSS como continuador del antiguo Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. El INSS debe fijar un nuevo reparto que le atribuya ese periodo (de febrero de 2006 a junio de 2009) y reduzca en consecuencia la responsabilidad del resto de entidades.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaEl cálculo del lucro cesante por accidente de trabajo debe partir de los ingresos netos de la víctima, no de los brutosPrevención de riesgos laborales y accidentes16/04/2026
Una empleada de una empresa de intermediación de productos sufrió una caída mientras inspeccionaba una mercancía en un muelle de carga sin techar del centro de trabajo, sin que la empresa le hubiera facilitado calzado antideslizante pese a que la Inspección de Trabajo ya había detectado deficiencias en el pavimento. El accidente le causó una fractura de muñeca que derivó en secuelas permanentes, mientras que en otro procedimiento paralelo se le reconoció una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común. Tras acreditarse el recargo de prestaciones del 30% por falta de medidas de seguridad, la trabajadora demandó a la empresa y a su aseguradora reclamando una indemnización adicional por daños y perjuicios, que el Juzgado de lo Social de Sabadell fijó en 178.545,21 euros.
El TSJ de Cataluña desestima el recurso de la trabajadora y estima parcialmente el de la empresa. Confirma que la posterior declaración de incapacidad permanente absoluta por enfermedad común no borra el daño causado por el accidente laboral, pero corrige el cálculo del lucro cesante: conforme al baremo de la Ley 35/2015, debe partirse de los ingresos netos —no brutos— de la trabajadora, lo que reduce ese concreto concepto de 71.054 a 59.212 euros y la indemnización total a 166.703,21 euros. La Sala absuelve además a la aseguradora por falta de legitimación pasiva, al haberse comunicado el siniestro cuando la póliza de responsabilidad civil ya llevaba más de un año extinguida.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Supremo confirma la denegación de coeficientes reductores de jubilación en la minería no carbonífera por defectos del recursoIncapacidad temporal y Seguridad Social16/04/2026
Trabajadores de actividad minera de exterior no carbonífera solicitaron el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación por las condiciones de su actividad.
El Tribunal Supremo desestima su recurso, tanto por incumplir los requisitos formales exigidos en casación como por ajustarse la sentencia recurrida a la doctrina ya consolidada de la Sala sobre esta materia.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoCorresponde al orden social, no al contencioso-administrativo, resolver sobre la designación de delegados de prevención en el SERMASPrevención de riesgos laborales y accidentes16/04/2026
Se impugnó una resolución del Servicio Madrileño de Salud sobre la designación de delegados de prevención en las juntas de personal, planteándose una declinatoria de jurisdicción a favor del orden contencioso-administrativo.
El Tribunal Supremo revoca la declinatoria y declara la competencia del orden social, al advertir que el litigio no versa sobre la gestión administrativa de riesgos laborales, sino sobre la vigencia, interpretación y aplicación de pactos colectivos sindicales suscritos en el ámbito sanitario.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaLas secuelas de hombro de un conductor de tranvía tras un accidente laboral no impiden su profesión habitualPrevención de riesgos laborales y accidentes08/04/2026
Un conductor de tranvía sufrió un accidente laboral en agosto de 2021 que le provocó una luxación de hombro intervenida quirúrgicamente, con limitación funcional a las rotaciones y disminución de fuerza. Tras 545 días de baja agotó el subsidio; el INSS reconoció únicamente lesiones permanentes no incapacitantes con una indemnización de 830 euros. El trabajador solicitó el reconocimiento de incapacidad permanente total, o subsidiariamente parcial.
La Sala desestima la demanda y confirma la resolución administrativa: aunque reconoce las secuelas permanentes en el hombro izquierdo, considera que las limitaciones de movilidad acreditadas no impiden el desempeño de las tareas fundamentales de conductor de tranvía, manteniendo el trabajador capacidad suficiente para realizar su profesión habitual de manera eficiente y eficaz.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoAccidente de trabajo sin indemnización adicional: si la empresa acredita que cumplió la normativa preventiva no hay responsabilidad civilPrevención de riesgos laborales y accidentes26/03/2026
Un peón albañil de una obra en una comisaría de Vitoria se lesionó la rodilla en septiembre de 2023 al estirarse tras trabajar agachado entre escombros. Sufrió una meniscopatía que requirió artroscopia, estuvo 111 días de baja y le quedó dolor con los esfuerzos. Reclamó 8.100,40 € de responsabilidad civil a la empresa, sus administradores y la aseguradora. La empresa acreditó documentalmente la evaluación de riesgos, el plan de prevención, la formación específica y la entrega de todos los equipos de protección, y el Juzgado desestimó la demanda por falta de nexo causal con un incumplimiento empresarial.
El TSJ del País Vasco confirma la sentencia. El accidente de trabajo tiene su protección automática a través de la Seguridad Social, pero la indemnización adicional a cargo del empresario exige culpa o incumplimiento del deber de seguridad y una relación de causalidad entre esa infracción y el daño; no es un sistema de responsabilidad objetiva. Como la empresa probó que había cumplido la LPRL y el trabajador no acreditó ningún fallo concreto, el accidente se considera inherente a la actividad ordinaria y no hay responsabilidad civil.
Ver la ficha completa →TSJ La RiojaRecargo del 30 % aunque el trabajador tuviera gafas de protección: la tarea no estaba evaluada y nadie vigiló que las usaraPrevención de riesgos laborales y accidentes24/03/2026
Un operario de mantenimiento electromecánico buscaba con una azada una fuga en una tubería de agua potable, dentro de una zanja abierta por una excavadora, cuando una esquirla le impactó en el ojo derecho. No llevaba las gafas de seguridad que la empresa le había entregado, y su jefe de explotación, presente en la obra, no le indicó que se las pusiera. El accidente le dejó una lesión permanente no incapacitante y el INSS impuso a la empresa un recargo del 30 % sobre las prestaciones. La Inspección llegó a levantar tres actas de infracción por los mismos hechos, y las tres se anularon por caducidad del procedimiento sancionador.
La Sala de lo Social desestima el recurso de la empresa. La caducidad del expediente sancionador no afecta al recargo: su tramitación no exige acta de infracción, el informe-propuesta de la Inspección describía con detalle los hechos y las normas incumplidas y la empresa pudo defenderse sin indefensión alguna. En cuanto al fondo, que el trabajador dispusiera del EPI no basta. La labor concreta que hacía no figuraba en la evaluación de riesgos, y así lo confirma que tras el accidente se elaborara un documento preventivo específico. Además, la empresa dejaba a su criterio cuándo usar las gafas sin vigilar su uso (art. 14.2 LPRL), y el deber de prevención alcanza también las imprudencias no temerarias (art. 15.4 LPRL). Condena en costas de 1.000 euros.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaCoordinador con 25 años de antigüedad: beber cerveza en la jornada, firmar horarios ajenos y faltar sin avisar justifican el despidoDespido y extinción del contrato19/03/2026
Un coordinador de un supermercado con más de 25 años en la empresa, responsable de organizar el centro, gestionar al personal y velar por la seguridad de la plantilla, fue despedido en julio de 2024 tras las quejas de la representación sindical y las denuncias de varias empleadas. Quedó probado que una semana trabajó menos horas de las debidas, que no acudió a un turno sin avisar ni justificarlo, que varios días salía a su coche a beber latas de cerveza durante la jornada, que lanzó un carro de reposición a una trabajadora llamándola «inútil», que firmó los registros horarios de dos compañeras que no reconocieron esas firmas (siendo él quien tenía el acceso exclusivo al sistema) y que asignaba puestos a personas sin la formación preventiva necesaria.
El juzgado declaró procedente el despido y el TSJ desestima el recurso del trabajador, que negaba los hechos, discutía su gravedad y alegaba falta de audiencia previa. La Sala da por correcto el trámite de audiencia y confirma la valoración de instancia: no son incumplimientos aislados, sino una sucesión de faltas graves ligadas a un puesto de mando y confianza, encuadrables en el art. 54 ET y en varias faltas muy graves del convenio de empresa. Pesan especialmente la transgresión de la buena fe, el abuso de confianza en el control horario, el consumo de alcohol en el trabajo y los incumplimientos en materia de seguridad. La antigüedad no neutraliza la gravedad cuando quien incumple es precisamente quien debe hacer cumplir las normas.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSin coeficientes reductores de jubilación para vigilantes y limpiadoras de una cantera: su exposición al polvo no es excepcionalIncapacidad temporal y Seguridad Social11/03/2026
USO de Cantabria pidió coeficientes reductores de la edad de jubilación (0,10 y 0,05) para los vigilantes de seguridad de explosivos, los vigilantes de seguridad y el personal de limpieza de contratas que trabajan en el exterior de una cantera de caliza de Solvay Química, al tratarse de un establecimiento de beneficio minero. La Secretaría de Estado de la Seguridad Social los denegó y el TSJ de Cantabria confirmó la denegación.
El Tribunal Supremo desestima el recurso. Los coeficientes reductores (art. 206 LGSS y Estatuto del Minero) exigen trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, con índices de morbilidad o mortalidad elevados y comparables a la minería. Estos colectivos no lo cumplen: los vigilantes de explosivos supervisan unas 66 voladuras al año desde sus vehículos sin manipular explosivos; los vigilantes trabajan sobre todo en una garita a más de 2 km, y la limpieza se hace principalmente en oficinas y vestuarios. Su riesgo no es equiparable al de quienes trabajan en el arranque, la molienda o la criba de la piedra.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoLa imprudencia del trabajador rebaja pero no elimina el recargo: 30 % por la caída de un tractor durante el sulfatado de viñedosPrevención de riesgos laborales y accidentes10/03/2026
En junio de 2022 un trabajador cayó del tractor con atomizador que usaba habitualmente para sulfatar viñedos y se fracturó el fémur. La Administración impuso un recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. La empresa no negó el incumplimiento, pero pidió rebajar su porcentaje. El Juzgado lo redujo del 50 % al 30 %: no se probó que un fallo de los frenos, la ITV o el cinturón fuera causa decisiva, la pericial apuntó incluso a que el cinturón podía haber agravado el daño en ese impacto concreto, y se dio un peso relevante a la imprudencia técnica del trabajador.
El TSJ del País Vasco desestima los recursos de ambas partes y confirma el recargo del 30 %. Rechaza la revisión de los hechos probados y recuerda que el recargo tiene una naturaleza cuasi objetiva y reforzada: la concurrencia de culpa del trabajador no elimina automáticamente la responsabilidad empresarial, aunque puede modular su graduación, como ocurrió en instancia. Tampoco prospera el argumento del trabajador basado en la doctrina de los actos propios por haber aceptado la empresa la sanción administrativa.
Ver la ficha completa →TSJ Andalucía149.157 euros de indemnización a un marinero por una hernia discal tras un accidente sin equipo de protección lumbarPrevención de riesgos laborales y accidentes26/02/2026
Un marinero de un club náutico almeriense sufrió en mayo de 2020 un accidente laboral mientras descargaba embarcaciones en la rampa portuaria, que le causó una hernia discal L4-L5 y exigió dos intervenciones quirúrgicas; en julio de 2021 fue declarado en incapacidad permanente total. La empresa había incumplido sus obligaciones preventivas: no contemplaba esa tarea concreta en la evaluación de riesgos, no entregó equipo de protección lumbar adecuado ni ejecutó las medidas preventivas documentadas.
La Sala condena al club náutico y a su aseguradora a abonar 149.157,58 euros por daños y perjuicios derivados del accidente, al acreditarse el incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales. Rechaza aplicar los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro al haberse actualizado ya el baremo aplicable al año del juicio, considerando que ambas compensaciones perseguirían la misma finalidad.
Ver la ficha completa →TSJ MadridDenunciar fallos de seguridad en una embajada no basta para probar un incumplimiento de la prevención de riesgos psicosocialesPrevención de riesgos laborales y accidentes19/02/2026
Tres policías nacionales destinados a la Embajada de España en Irak reportaron en mayo de 2018 presuntos incumplimientos de seguridad: la prohibición de usar chalecos antibalas en un evento diplomático y deficiencias en la protección durante los desplazamientos del embajador. Sus denuncias administrativas y penales no prosperaron, y reclamaron 150.000 euros por los daños derivados de un presunto incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales psicosociales.
La Sala desestima el recurso de suplicación y confirma la sentencia de instancia, que había absuelto a la Dirección General de la Policía: concluye que no queda acreditado un incumplimiento normativo en materia de prevención de riesgos, ni un daño causalmente vinculado a tal incumplimiento, por lo que no procede la indemnización reclamada.
Ver la ficha completa →TSJ Canarias139.045 euros a un bombero incapacitado tras resbalar en el camión de emergenciasPrevención de riesgos laborales y accidentes12/02/2026
Un bombero sufrió un accidente laboral en junio de 2015 al resbalar en el camión de emergencias, lo que derivó en una discopatía lumbar intervenida con artrodesis, una hernia discal cervical y un trastorno psiquiátrico asociado. Tras 517 días en incapacidad temporal, con 5 de hospitalización, fue declarado en incapacidad permanente total y percibió 100.000 euros en concepto de mejora voluntaria.
La Sala estima parcialmente el recurso y eleva la indemnización a 139.045,67 euros, frente a los 111.584,74 euros reconocidos en la sentencia de instancia, condenando a la aseguradora Mapfre a abonar la diferencia más los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde mayo de 2019, al considerar insuficiente la cuantía inicialmente fijada para compensar la totalidad de las secuelas físicas y psíquicas acreditadas.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaSe deniega el plus de toxicidad, peligrosidad y penosidad por no acreditarse la exposición habitual al riesgoRiesgos laborales06/02/2026
Nueve trabajadores de Agamba Obra Civil e Industrial, que ejecutaban obra civil en las unidades de Energía, Agua y Carbonato de la fábrica Solvay de Barreda, reclamaron el reconocimiento del plus de toxicidad, peligrosidad y penosidad alegando exposición a sustancias químicas (cloro, ácido clorhídrico, amoníaco), trabajos en altura con andamios y plataformas elevadoras, ruido, radiaciones y espacios confinados.
La Sala desestima el recurso por insuficiencia probatoria: aunque reconoce que existen riesgos potenciales en ese tipo de instalación, no consta probado que los demandantes desarrollaran sus funciones en las concretas condiciones de riesgo ni se acreditó la habitualidad excepcional que exige la norma. Rechaza como prueba documentos antiguos (1988-2002), inapropiados para acreditar las condiciones actuales del puesto, y fotografías sin contexto, recordando que cada caso exige una comprobación fáctica específica, sin presunciones genéricas por el tipo de instalación.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaNo todo incumplimiento en materia de prevención permite romper el contrato por el art. 50 ETPrevención de riesgos laborales y accidentes03/02/2026
Un peón recolector fijo discontinuo de una empresa agrícola, con miles de jornadas trabajadas desde 2007, solicitó la extinción indemnizada de su contrato al amparo del artículo 50 ET, invocando incumplimientos empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.
El TSJ de Murcia desestima su recurso de suplicación y confirma la sentencia de instancia, señalando que no cualquier incumplimiento en esta materia reviste la gravedad suficiente para habilitar la vía extintiva del artículo 50 ET.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaTres mensajes en un año y un cambio de puesto dentro de una reestructuración general no son acoso laboralIgualdad, discriminación y derechos fundamentales02/02/2026
Un agente de la Policía Local denunció acoso de su superior jerárquico. Se apoyaba en tres mensajes recibidos a lo largo de un año («espabila, se avecinan cambios», el consejo de pedir turno de tarde o noche antes de la reestructuración y un «elige mejor los días» sobre sus permisos) y en su traslado del servicio de radar a patrullas. El cambio se produjo dentro de una reorganización general de turnos del cuerpo, aprobada por el Concello con informe externo, informe jurídico favorable y acuerdo sindical mayoritario, y que afectó a numerosos agentes. El agente estaba de baja por ansiedad y el protocolo de acoso que se activó concluyó por unanimidad, tras un informe externo, que no había acoso. El juzgado desestimó la demanda.
El TSJ confirma la sentencia. Rechaza la revisión de los hechos probados porque el recurso no identificaba con precisión los documentos entre los 564 archivos del expediente judicial electrónico, una carga que corresponde a quien recurre, y porque la testifical no sirve para revisar hechos en suplicación. En cuanto al fondo, el acoso exige una violencia psicológica sistemática y prolongada con finalidad denigratoria, y hay que distinguirlo del conflicto profesional, del desgaste laboral o de la percepción subjetiva. No todo ejercicio discutible del poder de dirección es acoso: aquí faltaban la reiteración, una persecución individualizada y la conexión entre los mensajes y las decisiones organizativas.
Ver la ficha completa →TSJ AragónUsar una escalera defectuosa apartada por insegura, en vez de las seguras disponibles, justifica el despido por imprudenciaPrevención de riesgos laborales y accidentes02/02/2026
Un peón especialista sufrió un accidente laboral al utilizar, en una obra, una escalera defectuosa que ya había sido apartada por carecer de estabilidad, en lugar de las tres escaleras seguras que la empresa tenía disponibles. La caída le causó fracturas graves de rótula y vértebra. La empresa lo despidió por «imprudencia o negligencia» e incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, conforme al convenio colectivo del sector de la construcción.
La Sala desestima el recurso de suplicación y confirma que el despido fue procedente: quedó acreditado el incumplimiento disciplinario por imprudencia del propio trabajador al optar por una escalera ya apartada por insegura pudiendo usar las alternativas seguras, sin apreciar indicios de que el verdadero móvil del despido fuera una discriminación por enfermedad derivada del accidente.
Ver la ficha completa →TSJ MadridNo hay recargo de prestaciones si el accidente deriva de ayudar voluntariamente en una tarea ajena a las funciones asignadasPrevención de riesgos laborales y accidentes30/01/2026
Un trabajador de mantenimiento facilitó la entrada a operarios de otra empresa para cambiar un compresor de climatización en la azotea. Sin autorización explícita para participar en el traslado, decidió voluntariamente ayudar a descargar una máquina de unos 60 kilos, sufriendo una fractura vertebral. Reclamó el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad.
La Sala desestima el recurso de suplicación y confirma la resolución del INSS que denegó el recargo: no existió incumplimiento empresarial en materia de seguridad, puesto que el accidente derivó de una decisión voluntaria del trabajador de intervenir en una tarea ajena a las funciones que tenía asignadas, sin que la empresa hubiera de prever ni cubrir ese riesgo concreto.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaEl acuerdo transaccional ya cobrado por la silicosis de un marmolista impide reclamar una indemnización adicional a la misma empresaPrevención de riesgos laborales y accidentes29/01/2026
Un marmolista trabajó en varias empresas entre 2000 y 2011 manipulando aglomerados de cuarzo con alto contenido en sílice cristalina, desarrollando silicosis crónica complicada que le llevó a ser declarado en incapacidad permanente total en 2021. Antes de demandar, había suscrito un acuerdo transaccional de 100.000 euros con algunas de las empresas demandadas por los daños derivados de la exposición al polvo de sílice.
La Sala desestima el recurso de suplicación: el trabajador carece de acción para reclamar cantidades adicionales a las empresas ya indemnizadas mediante el acuerdo transaccional, al superar los 100.000 euros ya percibidos el importe que le correspondería por daños y perjuicios calculado conforme al baremo de accidentes de tráfico. Desestima también las acciones dirigidas contra el resto de codemandados.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia (Sección Social)Confirmada la sanción por insuficiencia de medios humanos en el servicio de prevención propioPrevención de riesgos laborales y accidentes27/01/2026
Una empresa del sector del aluminio impugnó una sanción de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, impuesta a raíz de una actuación de la ITSS relacionada con la suficiencia de los medios humanos de su servicio de prevención propio.
El Tribunal de Instancia desestima la demanda de la empresa y confirma la sanción impuesta.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaNo hay recargo si existían órdenes expresas contra la maniobra que causó el accidente y medios alternativos disponiblesPrevención de riesgos laborales y accidentes27/01/2026
Un soldador sufrió un accidente laboral en su turno nocturno al intentar voltear un taco de madera de 50 kilos, resultando en una lumbalgia que evolucionó a incapacidad permanente total. La empresa disponía de evaluación de riesgos que identificaba ese sobreesfuerzo, prohibía expresamente la manipulación de cargas pesadas de ese tipo, contaba con personal especializado para esas tareas y ponía a disposición medios mecánicos alternativos; el trabajador había recibido formación previa en manejo de cargas.
La Sala desestima íntegramente el recurso y confirma la denegación del recargo de prestaciones solicitado (50%, o subsidiariamente 40% o 30%): no existió incumplimiento empresarial determinante del accidente, al haber órdenes expresas contra la manipulación realizada, formación suficiente del trabajador y medios alternativos disponibles que no fueron utilizados.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoUna discusión aislada con un superior no es acoso ni obliga a la Administración a cambiar de puesto al trabajadorPrevención de riesgos laborales y accidentes20/01/2026
Un empleado de una Diputación estuvo de baja por ansiedad desde septiembre de 2020, calificada como enfermedad común, y demandó por tutela de derechos fundamentales y por incumplimiento de la normativa preventiva, atribuyendo su situación a una conducta hostigadora de su superior. El Juzgado desestimó la demanda: el único episodio acreditado fue una discusión por WhatsApp en abril de 2020, el trato general era correcto, la Diputación actuó con rapidez y concurrían otros factores de estrés, como la grave enfermedad de su esposa. Además, el trabajador pidió un cambio de puesto pero renunció a la plaza que obtuvo por concurso.
El TSJ del País Vasco desestima el recurso, que se limitaba a alegaciones genéricas sin combatir los hechos probados. La organización del trabajo corresponde al empleador y las medidas preventivas deben ajustarse a los riesgos efectivamente constatados: la reubicación solo procede en casos de acoso acreditado o cuando el conflicto genera un riesgo objetivo para la salud. Aquí había una mala relación personal sin incidentes graves, una psicóloga externa descartó el cambio de puesto y una baja por ansiedad calificada como común no prueba por sí sola la relación causal con el trabajo.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaNo hay responsabilidad empresarial si la empresa formó, equipó y planificó preventivamente, aunque un compañero cause el accidentePrevención de riesgos laborales y accidentes14/01/2026
Un trabajador sufrió un accidente laboral en 2017 mientras reparaba una fachada en una guindola: un compañero que operaba una radial la vio atascarse en la pared y, al intentar desatascarla con más fuerza, la herramienta se le escapó de las manos e impactó contra la mano del demandante, causando la sección completa de un tendón extensor y parcial de otro. La empresa había proporcionado formación preventiva, equipo de protección individual y un plan de seguridad con medidas específicas para el uso de radiales.
La Sala desestima la demanda de indemnización de daños y perjuicios dirigida contra la empresa y su aseguradora: al haber cumplido adecuadamente su obligación de seguridad mediante formación, equipamiento y planificación preventiva documentada, no puede exigírsele además una vigilancia constante de cada operación individual realizada por los trabajadores, por lo que el accidente no le resulta imputable.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoEstar de baja no permite al comité quitar el cargo a un delegado de prevención sin seguir el procedimiento: vulneración de la libertad sindicalIgualdad, discriminación y derechos fundamentales22/12/2025
Un trabajador afiliado a UGT, miembro del comité de empresa y delegado de prevención de una empresa metalúrgica, estuvo de baja desde octubre de 2023 hasta abril de 2024. Durante la baja avisó en el grupo de WhatsApp del comité de que, por recomendación médica, estaba desconectado, pero que retomaría sus responsabilidades al volver. En abril de 2024, sin convocarle y alegando su ausencia y varios accidentes recientes, el comité acordó nombrar otro delegado de prevención, y el presidente y el secretario lo comunicaron al registro del Gobierno Vasco. El juzgado de Vitoria-Gasteiz declaró vulnerada su libertad sindical, porque la revocación no siguió el art. 67.3 ET (asamblea convocada por un tercio de los electores y voto personal, libre, directo y secreto), y condenó solidariamente al comité y a sus miembros a pagarle 1.500 euros. La empresa quedó absuelta.
El TSJ estima en parte los recursos de dos de los miembros condenados. Confirma la vulneración: aunque la intención estuviera justificada por la baja, los nueve accidentes del periodo y la desconexión manifestada, la revocación debe hacerse conforme a la ley. El desconocimiento de los representantes no es un error excusable, porque sus sindicatos tienen asesoría, y el Decreto vasco 225/2012 exige además la autorización expresa y por escrito del afectado para inscribir la revocación. La indemnización de 1.500 euros se mantiene a cargo del comité como órgano colegiado. En cambio, absuelve a los dos recurrentes: para condenar personalmente a un representante haría falta dolo o culpa grave, que no se aprecian, y hacerlo podría afectar a su propia libertad sindical. Para el despacho: la baja médica no suspende las funciones representativas, y cualquier sustitución de un delegado de prevención exige el procedimiento formal.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaUna baja por ansiedad no convierte en acoso un conflicto con las compañeras: sin conducta sistemática y lesiva no hay tutelaPrevención de riesgos laborales y accidentes11/12/2025
Una empleada de atención al cliente de Transportes Metropolitanos de Barcelona inició en 2023 una baja por ansiedad y denunció acoso laboral por parte de varias compañeras, vulneración de su integridad moral y fallos preventivos, incluida la supuesta falta de protocolos. La investigación externa, con entrevistas y análisis documental, reconoció un sufrimiento psicológico real, pero concluyó que no había mobbing, sino un conflicto interpersonal con problemas de organización y comunicación; además, la trabajadora mantenía una relación social normal con las supuestas acosadoras y el servicio registraba muchas bajas, lo que apuntaba a un problema estructural. El Juzgado absolvió a todos los demandados.
El TSJ de Cataluña confirma íntegramente la sentencia. Los informes médicos y periciales no sirven para reescribir los hechos probados en suplicación. En cuanto al fondo, recuerda el estándar constitucional: no todo conflicto laboral es acoso, que exige reiteración, intencionalidad degradante, gravedad y un peligro real para la integridad. No se acreditó un hostigamiento sistemático ni que la baja se vinculara jurídicamente a conductas empresariales, y la crítica sobre la falta de protocolos decae porque la propia actora reconoció que existía un procedimiento interno.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoTendinitis reconocida como enfermedad profesional de una trabajadora administrativaPrevención de riesgos laborales y accidentes02/12/2025
Una oficial administrativa de una empresa de contact center, aquejada de tendinitis, reclamó que sus procesos de incapacidad temporal se calificaran como derivados de enfermedad profesional.
El TSJ del País Vasco estima su recurso de suplicación, revoca la sentencia del Juzgado de Bilbao y declara el origen profesional de esos procesos, condenando al INSS, la TGSS, la mutua colaboradora y la empresa.
Ver la ficha completa →TSJ Comunidad ValencianaRecargo solidario del 30% a la empresa de reparto y a la empresa usuaria por el accidente de un trabajador golpeado por un carro de repartoPrevención de riesgos laborales y accidentes27/11/2025
Un trabajador de una empresa de reparto sufrió un accidente en las instalaciones de un centro logístico cuando un compañero le golpeó el pie con un carro de reparto manual durante las labores de carga. Las botas de seguridad que llevaba resultaron insuficientes para evitar la lesión; tras el accidente se instalaron cubiertas de goma en los carros y se sustituyó el calzado de seguridad por modelos más altos.
La Sala desestima los recursos de ambas empresas y confirma el recargo del 30% sobre las prestaciones derivadas del accidente, impuesto solidariamente a la empresa de reparto y a la empresa usuaria del centro logístico por la omisión de medidas de seguridad adecuadas en la operativa de carga.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaRecargo de prestaciones del 50 % ratificado aunque se impute responsabilidad al propio trabajadorPrevención de riesgos laborales y accidentes20/11/2025
Dos empresas del mismo grupo impugnaron una resolución del INSS/TGSS que impuso un recargo de prestaciones del 50 % por falta de medidas de seguridad, tras el accidente sufrido por un mecánico de la empresa.
El TSJ de Andalucía desestima el recurso de suplicación de las empresas, con condena en costas, y confirma el recargo pese a que parte de la responsabilidad se atribuyera al propio trabajador.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoEl recargo de prestaciones por el fallecimiento de un trabajador aplastado por una carga se reduce del 40% al 30% por concurrencia de negligenciaPrevención de riesgos laborales y accidentes28/10/2025
Un trabajador falleció aplastado por bloques de gas mientras realizaba una operación de carga y descarga con grúa, al situarse bajo la carga suspendida en un espacio reducido. La Inspección de Trabajo detectó incumplimientos en los procedimientos seguros para la manipulación de equipos no evaluados específicamente, pese a que el trabajador había recibido formación en seguridad y participado en varias reuniones sobre prevención.
La Sala estima parcialmente los recursos de las empresas y reduce el recargo de prestaciones del 40% al 30% sobre el auxilio por sepelio, la pensión de orfandad y la indemnización a tanto alzado: aunque persiste el incumplimiento empresarial en la evaluación específica de riesgos, concurre también la negligencia del propio trabajador al posicionarse bajo la carga suspendida, lo que modera la responsabilidad empresarial. La sentencia cuenta con un voto particular discrepante.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoTeletrabajo: la empresa no está obligada a dar silla ergonómica a toda la plantilla por un riesgo ergonómico genéricoPrevención de riesgos laborales y accidentes10/09/2025
El sindicato FESMC-UGT planteó conflicto colectivo para que la empresa facilitara sillas ergonómicas al personal que presta servicios en la modalidad de teletrabajo, igual que hace con el personal presencial.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del sindicato y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, que no reconoció esa obligación. Un riesgo ergonómico considerado de forma genérica, sin evaluarlo en el puesto concreto como exige el art. 16.2 de la Ley 10/2021, no obliga a adoptar esa medida para toda la plantilla. La empresa tenía evaluados los riesgos y su planificación preventiva, y facilitaba la silla ergonómica cuando había prescripción médica y aprobación del servicio de prevención.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla-La ManchaNo procede el recargo de prestaciones cuando el accidente deriva del uso voluntario e indebido de equipos pese a existir medios preventivos adecuadosPrevención de riesgos laborales y accidentes30/06/2025
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sede Albacete) 974/2025, de 30 de junio, confirma la anulación del recargo de prestaciones del 30% impuesto a una empresa tras un accidente laboral.
El Tribunal establece que no procede el recargo de prestaciones cuando la mercantil cumple con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, poniendo a disposición los medios preventivos adecuados (como escaleras de mano), de modo que la imprudencia del trabajador —quien decidió de forma voluntaria y por comodidad prescindir del equipo seguro y subirse a una superficie inestable— rompe por completo la relación de causalidad y exonera de responsabilidad a la empleadora.
Ver la ficha completa →TSJ MurciaRecargo del 30% e indemnización de 74.209,96 euros por la caída desde una pila de palets que causó una incapacidad permanente totalPrevención de riesgos laborales y accidentes24/06/2025
Un conductor sufrió una caída de aproximadamente dos metros al trepar sobre una pila de palets para ajustar unidades descolocadas durante una operación de carga, fracturándose la cadera y siendo posteriormente declarado en incapacidad permanente total.
La Sala estima parcialmente el recurso: absuelve a la empresa titular de las instalaciones y a su aseguradora, pero mantiene la condena a la empresa empleadora y a otras responsables al pago de 74.209,96 euros de indemnización, con un interés legal incrementado del 50% desde la determinación de las secuelas, además de un recargo del 30% sobre las prestaciones de Seguridad Social a cargo exclusivo de la empresa responsable del accidente.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaEl recargo del 30% por la caída de cajas de una carretilla elevadora se confirma por falta de vigilancia empresarialPrevención de riesgos laborales y accidentes16/06/2025
Un trabajador sufrió lesiones en la pierna cuando un compañero, al transportar cajas en una carretilla elevadora, dejó caer la carga sobre él. La empresa había permitido el uso del equipo sin verificar la estabilidad de la carga ni la seguridad de la zona de trabajo, pese a disponer de evaluación de riesgos, formación y EPIs para sus trabajadores.
La Sala desestima el recurso de la empresa y confirma el recargo del 30% sobre las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente: disponer de evaluaciones de riesgos y formación no exime del deber de vigilancia efectiva sobre cada operación concreta, y la empresa incumplió esa obligación al no comprobar la estabilidad de la carga transportada. Se decreta además la pérdida del depósito constituido para recurrir.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoUna caída al salir del portal de casa no es accidente in itinerePrevención de riesgos laborales y accidentes02/06/2025
Un encargado de obra sufrió una caída al salir del portal de su casa, discutiéndose la calificación de la contingencia como accidente de trabajo in itinere.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social, casa la sentencia del TSJ de Murcia y resuelve que, en las circunstancias del caso, esa caída al iniciar el trayecto no reunía los requisitos del accidente in itinere.
Ver la ficha completa →TSJ MadridRecargo del 35% por la caída de 4 metros por el hueco de un montacargas sin señalizar ni bloquearPrevención de riesgos laborales y accidentes30/05/2025
Un trabajador cayó unos cuatro metros por el hueco de un montacargas mientras aparcaba, por instrucciones de la empresa, un vehículo en una zona restringida a la que accedió con llaves facilitadas por recepción. El montacargas carecía de señalización de fuera de servicio y de sistema de bloqueo de puertas, y el trabajador sufrió fractura de fémur, de pelvis y traumatismo craneal que derivaron en incapacidad permanente total.
La Sala estima el recurso del trabajador, revoca la sentencia de instancia y confirma la resolución del INSS que declaró la responsabilidad empresarial, imponiendo un recargo del 35% sobre las prestaciones de Seguridad Social derivadas del accidente: la empresa permitió el acceso a una zona con un riesgo grave sin adoptar las medidas de señalización y bloqueo exigibles.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoExiste obligación legal de medir la carga de trabajo dentro de la evaluación de riesgos laboralesPrevención de riesgos laborales y accidentes08/04/2025
Los representantes legales de los trabajadores de dos hospitales públicos (Madrid y Galicia) solicitan a la Administración que determine la carga de trabajo de facultativos y pediatras, y que se fijen cupos máximos de pacientes, para proteger su salud frente al exceso de carga.
El Tribunal Supremo condena a la Administración a elaborar de inmediato un plan de prevención que incluya la evaluación de riesgos laborales y la determinación de la carga de trabajo, con intervención de los representantes. Ahora bien, rechaza fijar directamente cargas máximas, número de pacientes o tiempos de atención: esas concreciones corresponden a la propia evaluación de riesgos, no al fallo judicial. La medición de la carga de trabajo forma así parte obligatoria de la evaluación de riesgos; establecer límites a esa carga es, en cambio, una medida posterior del plan de prevención.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLos tribunales pueden condenar a implantar una medida concreta de prevención de riesgos laboralesPrevención de riesgos laborales y accidentes03/04/2025
El Comité de Empresa de Vuelo de una aerolínea planteó conflicto colectivo por el esfuerzo lesivo que suponía la maniobra de cierre de los maleteros de un modelo de avión.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de la aerolínea y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional, que había condenado a la compañía a adoptar una solución técnica al defecto de diseño.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoPetición masiva de información por un delegado de prevención sin vulneración de la libertad sindicalPrevención de riesgos laborales y accidentes25/02/2025
Un conductor de una empresa de alquiler de vehículos, delegado de personal y de prevención, denunció vulneración de su libertad sindical en relación con sus peticiones masivas de información en ese cargo.
El TSJ del País Vasco desestima su recurso de suplicación y confirma la sentencia que no apreció dicha vulneración.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaNo hay responsabilidad civil patronal por accidente con carretilla elevadora cuando no se acredita infracción de medidas de seguridadPrevención de riesgos laborales y accidentes27/01/2025
Un trabajador sufrió en 2015 un accidente en una nave industrial cuando fue atropellado por una carretilla elevadora mientras transportaba una transpaleta, sufriendo lesiones en el pie izquierdo que derivaron en una incapacidad permanente total para su profesión de carpintero. Reclamó a la empresa y a las aseguradoras una indemnización adicional por daños y perjuicios.
La Sala desestima el recurso y confirma la absolución de las demandadas: no quedó acreditada ninguna infracción de las medidas de seguridad exigibles a la empresa que hubiera causado o contribuido al accidente, por lo que falta el nexo causal entre un eventual incumplimiento empresarial y el resultado dañoso, presupuesto imprescindible para apreciar responsabilidad civil patronal.
Ver la ficha completa →TSJ País VascoRecargo de prestaciones del 30 % por falta de medidas de seguridadPrevención de riesgos laborales y accidentes23/04/2024
Un conductor de camión de una empresa de gestión de residuos sufrió un accidente al transportar una grúa puente.
El TSJ del País Vasco estima su recurso de suplicación, revoca la sentencia de instancia y declara que hubo falta de medidas de seguridad, imponiendo solidariamente a las empresas implicadas un recargo del 30 % sobre las prestaciones derivadas del accidente.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo se pronuncia sobre las obligaciones empresariales de prevención de riesgos laborales frente a la pandemia en centros sanitariosPrevención de riesgos laborales y accidentes21/02/2024
El litigio plantea el alcance de las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales frente a los riesgos derivados de la pandemia en centros de salud y hospitalarios, en un momento en el que la evidencia científica y los protocolos sanitarios evolucionaban rápidamente.
El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación para la unificación de doctrina planteado, pronunciándose sobre la naturaleza extraordinaria de este tipo de recurso y sobre el fondo de las obligaciones preventivas exigibles a las empresas del sector sanitario en ese contexto excepcional.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo confirma el accidente in itinere de una trabajadora que se desvió a merendar cerca del trabajoPrevención de riesgos laborales y accidentes09/02/2023
Una trabajadora sufrió una caída camino de un bar situado a 60 metros de su centro de trabajo, donde iba a merendar tras la jornada; se discutía si la contingencia derivaba de accidente de trabajo in itinere.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la mutua y confirma que el trayecto inmediato hacia un lugar cercano al finalizar el turno mantiene la conexión con el trabajo a efectos de accidente in itinere.
Ver la ficha completa →TSJ CataluñaLa falta de prevención de riesgos psicosociales es indicio de que un trastorno de ansiedad deriva de accidente de trabajoPrevención de riesgos laborales y accidentes25/06/2019
Un mozo de almacén con numerosos litigios previos frente a su empresa inicia una incapacidad temporal por trastorno adaptativo y ansiedad, con recaída semanas después. La Inspección de Trabajo constata una planificación psicosocial insuficiente y que la empresa no había adoptado, antes de la baja, medidas para corregir el ambiente laboral pese al conflicto acreditado con la representación de los trabajadores.
El TSJ de Cataluña confirma que la incapacidad temporal deriva de accidente de trabajo: no es necesario acreditar acoso laboral, basta con que el trabajo sea la causa prevalente de la patología. Frente a la tesis de la mutua de que la baja respondía a la frustración del trabajador por litigios previos, la Sala exige una prueba pericial que la respalde; la ausencia de antecedentes psíquicos de origen común y las deficiencias constatadas en la prevención de riesgos psicosociales son indicio suficiente del origen profesional.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla-La ManchaEl TSJ de Castilla-La Mancha confirma el accidente in itinere pese a la parada por conciliación familiarPrevención de riesgos laborales y accidentes18/07/2005
El Juzgado de Guadalajara declaró que la incapacidad temporal de un trabajador derivaba de accidente de trabajo in itinere, condenando solidariamente a la empresa y a la mutua.
El TSJ de Castilla-La Mancha desestima el recurso de suplicación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social y confirma la calificación de accidente in itinere.
Ver la ficha completa →Documento oficial
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Crónica de Jurisprudencia del Tribunal Supremo
El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo elabora cada año esta crónica con las sentencias más relevantes de todas sus Salas. En la página del CGPJ están todas las ediciones publicadas, desde la de 2016-2017 hasta la de 2025-2026.