Jurisprudencia sobre Inspección de Trabajo y Sanciones
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| Título | Tribunal | Fecha | Materia | ECLI |
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Tribunal SupremoDos actas de una misma inspección: los trabajadores afectados se suman para aplicar el recargo del 50% del art. 40.1 e) LISOSInspección de Trabajo y procedimiento06/10/2026
En una misma actuación, la Inspección de Trabajo concluyó que varios colaboradores de Preventiva Compañía de Seguros y Reaseguros con contrato mercantil eran en realidad trabajadores por cuenta ajena y levantó dos actas. La primera recogía 28 infracciones graves por no darlos de alta en la Seguridad Social (art. 22.2 LISOS). La segunda, la impugnada, recogía tres infracciones muy graves por ocupar a tres beneficiarios de prestaciones por desempleo sin darlos de alta (art. 23.1 a) LISOS), y dos de ellas se incrementaron un 50% por afectar a cinco o más trabajadores, aunque esa acta solo incluía a tres. El Juzgado de lo Social n.º 2 de Jaén y el TSJ de Andalucía (Granada) confirmaron la sanción.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la empresa y la condena en costas (1.500 euros). Cuando una misma actuación inspectora da lugar a varias actas por infracciones homogéneas contra la misma empresa, se pueden sumar los trabajadores, beneficiarios o solicitantes afectados para aplicar la escala del art. 40.1 e) LISOS. Es un tipo agravado que depende de un dato objetivo fijado por la ley, el número de afectados, así que no se infringen los principios de legalidad ni de seguridad jurídica; el in dubio pro reo opera en la valoración de la prueba, no en la interpretación de la norma. Para el despacho: al calcular el riesgo de una inspección por falsos autónomos o por ocupar a perceptores de desempleo, cuente todos los afectados de la actuación, no los de cada acta por separado.
Ver la ficha completa →Tribunal Supremo (Sala 3ª)Quien denuncia ante la Inspección de Trabajo puede saber qué actuaciones hizo, por la Ley de TransparenciaInspección de Trabajo y procedimiento22/09/2026
Una persona que había presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo pidió al Ministerio de Trabajo saber qué actuaciones concretas se habían hecho (visitas, requerimientos, comprobaciones), si se había revelado su identidad al denunciado y quién era el funcionario actuante. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección, tiene un régimen propio de acceso que desplaza a la Ley 19/2013 de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le dio la razón al solicitante y el Juzgado Central de lo Contencioso n.º 4 lo confirmó, pero la Audiencia Nacional negó el acceso a las actuaciones concretas por el deber de sigilo de la Inspección.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo estima el recurso de casación del Consejo de Transparencia, anula la sentencia de la Audiencia Nacional y confirma la resolución del Consejo. Fija que ni el art. 10 de la Ley 23/2015, que regula el deber de sigilo y la confidencialidad del origen de las denuncias, ni su art. 20.4, que establece cuándo el denunciante es interesado en la fase de investigación, son un régimen específico de acceso a la información a efectos de la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013. Por tanto, se aplica la Ley de Transparencia, con sus límites y su procedimiento, a los documentos y actuaciones de la Inspección. Para el despacho: si un cliente ha denunciado y no sabe qué ha hecho la Inspección, puede pedirlo por la vía de la Ley 19/2013 y, si se lo deniegan, reclamar ante el Consejo de Transparencia; en el caso de la empresa denunciada, conviene contar con que esa información puede llegar al denunciante.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Fogasa puede alegar la prescripción de la ejecución de un despido en el incidente de no readmisión, no antesDespido y extinción del contrato09/09/2026
Un trabajador de Sevilla obtuvo en octubre de 2019 una sentencia de despido improcedente; la empresa no optó ni readmitió. Tras varios escritos mal encauzados en enero y febrero de 2020, el juzgado dictó en octubre de 2020 un auto de ejecución general y citó a las partes a la comparecencia del incidente de no readmisión, que se celebró casi un año después. Allí el Fogasa alegó que la acción ejecutiva había prescrito por haber pasado más de tres meses desde la firmeza (art. 279.2 LRJS). El juzgado lo rechazó y extinguió la relación con indemnización y salarios de tramitación. El TSJ de Andalucía tampoco entró en la prescripción: según su criterio, el Fogasa debió alegarla en reposición contra el auto de ejecución general (art. 239.4 LRJS).
El Tribunal Supremo da la razón al Fogasa en el punto procesal. Las reglas específicas de ejecución de sentencias de despido (arts. 280 y 281 LRJS) prevalecen sobre la regla general: el auto de ejecución general solo admite a trámite la solicitud y cita a comparecencia, sin fijar cuantías, así que en ese momento el Fondo no podía oponer la prescripción. El momento oportuno es el incidente de no readmisión, que termina con el auto que concreta el alcance de la condena. El Supremo anula la sentencia y devuelve las actuaciones al TSJ para que examine si la acción estaba o no prescrita; deja apuntado que los escritos de 2020 pudieron interrumpir el plazo. Para el despacho: el plazo de tres meses para instar la ejecución de la readmisión debe vigilarse desde la firmeza, porque el Fogasa puede discutirlo en la comparecencia del art. 280 LRJS.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoJust Eat no cedió ilegalmente a los repartidores de su subcontrata en Cataluña: anulada la sanción de 187.515 eurosContratación, movilidad y plataformas09/09/2026
A propuesta de la Inspección de Trabajo, la Generalitat de Cataluña multó con 187.515 euros a la plataforma de pedidos de comida por una infracción muy grave de cesión ilegal de trabajadores: entendía que los repartidores contratados por la empresa a la que subcontrataba el reparto en Barcelona, Cornellà, L'Hospitalet y Lleida trabajaban en realidad para ella. El TSJ de Cataluña anuló la sanción. Consideró probado que la subcontratista aportaba no solo trabajadores, sino su propia organización: un coordinador de tráfico y jefes de tráfico que organizaban, controlaban y daban instrucciones a los repartidores, y que decidían cuántos asignar según el volumen real de pedidos, aunque la plataforma enviara cada semana una previsión.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Generalitat y le impone 1.500 euros de costas. En materia de cesión ilegal hay que atender a las circunstancias concretas de cada caso, y de los hechos probados no se desprende que la contratista fuera una mera intermediaria. El recurso partía de unos hechos distintos de los declarados probados (lo que la Sala llama «hacer supuesto de la cuestión»), y en casación no se pueden revisar los hechos a partir de la prueba pericial. Para el despacho: en las subcontratas de reparto, la existencia de una estructura de mando propia de la contratista que organiza el trabajo día a día es el elemento que separa la contrata lícita de la cesión ilegal del art. 43 ET.
Ver la ficha completa →TSJ CantabriaAlta ficticia para cobrar la prestación por nacimiento: el TSJ de Cantabria confirma la sanción de 7.501 euros a la empresaInspección de Trabajo y procedimiento16/07/2026
Un trabajador de 18 años causó baja voluntaria al día siguiente del nacimiento de su hijo porque quería volver a su país. Después supo que, por ser menor de 21 años, podía cobrar la prestación por nacimiento y cuidado de menor sin periodo mínimo de cotización, con el único requisito de estar en alta, y pidió que le volvieran a dar de alta. El empresario aceptó y al día siguiente el autorizado RED le acompañó al INSS a tramitar la prestación, pero no volvió a trabajar, como la propia empresa certificó. Cuando la Inspección empezó a investigar, la empresa lo dio de baja por causas objetivas. La Administración sancionó a la empresa.
El TSJ de Cantabria confirma la sanción de 7.501 euros. El alta se produjo sin trabajo efectivo y con la finalidad de reunir el requisito necesario para acceder a la prestación. Si la intención hubiera sido que siguiera trabajando, no se explica que la empresa lo despidiera precisamente cuando la Inspección ya investigaba el alta. La Sala concluye que hubo connivencia entre empresa y trabajador.
Ver la ficha completa →Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso)Dar de baja a la plantilla cada fin de semana y volver a darla de alta el lunes no es la infracción del art. 22.2 LISOS: cae una sanción de 121.914 eurosInspección de Trabajo y procedimiento15/07/2026
Una fundación pública andaluza que presta servicios a personas con enfermedad mental cursaba la baja en la Seguridad Social de 26 trabajadores con contratos de interinidad cada viernes o víspera de festivo y volvía a darlos de alta el lunes o el primer día hábil siguiente, siempre con la misma modalidad contractual. La Tesorería lo consideró una forma de eludir la cotización de los días de descanso y le impuso, además de una liquidación de cuotas de 700,62 euros, una sanción de 121.914 euros por 26 infracciones graves del art. 22.2 LISOS, que castiga no solicitar la afiliación o el alta de los trabajadores. El TSJ de Andalucía anuló la sanción por vulnerar el principio de tipicidad y la TGSS recurrió en casación.
El Tribunal Supremo desestima el recurso. El art. 22.2 LISOS describe dos conductas concretas: no pedir la afiliación inicial o el alta de quien entra a trabajar, o pedirla tarde a raíz de una actuación inspectora. Aquí las altas se habían cursado; lo reprochado eran bajas y altas sucesivas de trabajadores ya incorporados al sistema, algo que el precepto ni menciona. La Sala admite que la práctica puede chocar con los arts. 139 y 144 LGSS, pero recuerda que la antijuridicidad material no suple la falta de tipicidad (art. 25.1 CE y art. 27.1 Ley 40/2015) y que no cabe extender el tipo por analogía in malam partem. Para los despachos, la lección es doble: esta práctica sigue siendo arriesgada, pero una sanción solo se sostiene si la Administración la encaja en el tipo exacto que la castiga.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia de GuadalajaraUn fijo discontinuo no es válido solo porque exista una contrata: 551 días seguidos de trabajo sin inactividad confirman la sanciónContratación, movilidad y plataformas24/06/2026
Una empresa encadenó varios contratos temporales con un trabajador y, al terminar el último, lo convirtió en fijo discontinuo para prestar servicios en una contrata logística vigente desde 2014. La Inspección de Trabajo consideró fraudulenta la modalidad contractual y sancionó a la empresa con 1.000 euros. La empresa impugnó la sanción ante el Tribunal de Instancia de Guadalajara.
El Tribunal desestima la demanda y confirma la sanción. El art. 16 ET permite usar el contrato fijo discontinuo en el marco de contratas, pero no elimina su requisito esencial: una alternancia real entre periodos de actividad e inactividad. Aquí el trabajador pasó sin interrupción del contrato temporal al fijo discontinuo, trabajó 551 días seguidos, siempre en las mismas funciones administrativas y en el mismo puesto, sin llamamientos sucesivos ni esperas entre contratas. La contrata acredita el marco formal de la contratación, no la discontinuidad real de la prestación.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoDespido colectivo ajustado a derecho: la presunción de certeza del informe de la ITSS no es «palabra de juez»Inspección de Trabajo y procedimiento23/06/2026
Una comisión representativa de trabajadoras impugnó un despido colectivo (ERE) solicitando su nulidad y la readmisión de toda la plantilla. El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación y confirma la sentencia del TSJ de Andalucía que había validado el despido colectivo.
La Sala precisa que la presunción de certeza del informe de la Inspección de Trabajo sobre la regularidad del período de consultas y la buena fe negocial es una presunción valorable por el órgano judicial junto con el resto de la documentación pertinente, y no una prueba tasada que se imponga automáticamente sobre el criterio judicial.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Supremo confirma una sanción de 180.000 euros por usar una ETT de forma permanente para cubrir necesidades estructuralesInspección de Trabajo16/06/2026
La Inspección de Trabajo sancionó con 180.000 euros a Schneider Electric España por cesión ilegal de trabajadores en su centro logístico de Sant Boi de Llobregat, donde más de treinta personas contratadas a través de una empresa de trabajo temporal representaban entre el 30% y el 45% de la plantilla operativa de determinadas secciones del almacén.
El Tribunal Supremo confirmó la sanción por infracción muy grave, rechazando que se tratara de irregularidades menores: los contratos de puesta a disposición se usaban de forma permanente para cubrir necesidades estructurales del almacén, no ocasionales, lo que "desborda completamente los límites legales" de la cesión temporal de trabajadores y constituye cesión ilegal sancionable. La Sala valoró como agravantes la negligencia e intencionalidad, la cifra de negocio de la empresa y el número total de trabajadores afectados.
Ver la ficha completa →TSJ AndalucíaSanción de 30.000 euros confirmada por obstrucción a la Inspección de Trabajo tras la fuga de cinco temporeros durante una visitaInspección de Trabajo y sanciones03/06/2026
Durante una visita de inspección a una finca de Huelva dedicada al cultivo de frutos rojos, realizada con agentes de la Guardia Civil, cinco trabajadores que se encontraban recolectando fresas se marcharon corriendo del centro de trabajo en presencia de los funcionarios actuantes, sin que pudieran ser identificados. El encargado y socio de la mercantil, presente en ese momento, fue advertido de que no identificar a los trabajadores huidos podía constituir obstrucción a la labor inspectora, pero mantuvo una actitud pasiva y no colaboró en su identificación. Días después, en una comparecencia posterior en las oficinas de la Inspección, la empresa solo presentó a dos trabajadores cuyas declaraciones —contradictorias entre sí y con los datos de alta en la Seguridad Social— no permitieron acreditar que fueran, en realidad, dos de los cinco huidos. La Inspección extendió acta de infracción por obstrucción, que derivó en una sanción de 30.000 euros (reducida desde una propuesta inicial de 60.000 euros).
El TSJ de Andalucía confirma la sanción y desestima el recurso de la empresa. Recuerda que el acta de infracción goza de presunción de certeza sobre los hechos objetivos que en ella constan, presunción que la empresa no logró desvirtuar con prueba alguna: no ofreció ninguna explicación sobre la identidad de los trabajadores que se marcharon, ni facilitó su identificación o documentación en el momento de la visita, correspondiendo esa obligación de identificación al empresario y, en su ausencia, al encargado del centro. La Sala concluye que la sanción resulta proporcionada, dado que la infracción afectó a cinco trabajadores, y condena a la empresa recurrente al pago de las costas.
Ver la ficha completa →TSJ Galicia (Sala de lo Contencioso)El TSJ de Galicia confirma la regularización de cuotas por horas extras registradas como "otros trabajos" en el tacógrafoInspección de Trabajo y procedimiento29/05/2026
La Inspección de Trabajo fiscalizó a una empresa de transporte durante el ejercicio 2022 y detectó diferencias de cotización por horas extraordinarias que no habían sido declaradas ni cotizadas. La empresa alegó que sus conductores habían consignado erróneamente en el tacógrafo, bajo la categoría de "otros trabajos", tiempos que en realidad correspondían a disponibilidad o presencia y no a trabajo efectivo, e impugnó tanto el acta de infracción (27.009,90 euros) como el acta de liquidación (33.758,16 euros).
El TSJ de Galicia desestima íntegramente el recurso de la empresa y confirma ambas actas. Declara que los períodos registrados en el tacógrafo como "otros trabajos" forman parte de la jornada efectiva computable a efectos de cotización, con independencia de las alegaciones posteriores de la empresa sobre un supuesto mal uso del dispositivo por parte de sus conductores: es al empleador a quien corresponde mantener registros horarios veraces y fiables, y no puede repercutir sobre la Seguridad Social las consecuencias de sus propios déficits de control.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia (Sección Social)Confirmada la sanción por infracción grave frente al riesgo de altas temperaturas en el puesto de trabajoPrevención de riesgos laborales y accidentes13/05/2026
Adecco Outsourcing S.A. impugnó el acta de infracción grave (art. 12.16.b LISOS) levantada por la Inspección de Trabajo de Guadalajara por no adoptar medidas suficientes frente a temperaturas de 32°C registradas en una nave de picking/packing, muy por encima de los límites del RD 486/1997 (17-27°C en trabajos sedentarios, 14-25°C en trabajos ligeros).
El Tribunal de Instancia de Guadalajara desestima el recurso de la empresa y confirma la sanción de 2.451 €, rechazando las alegaciones de falta de audiencia previa, falta de motivación e incorrecta tipificación de la infracción.
Ver la ficha completa →Tribunal Central de Instancia (Sección Contencioso-Administrativa)¿Puede un algoritmo convertir a un autónomo en trabajador asalariado?Derecho de la Unión Europea05/05/2026
Una plataforma digital de reparto impugnó una liquidación de cuotas y un acta de infracción de la Tesorería General de la Seguridad Social, derivadas de una actuación de la Inspección de Trabajo, relacionadas con la calificación laboral de sus repartidores (riders).
El tribunal decide suspender el procedimiento nacional y plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la incidencia de la gestión algorítmica del servicio en el concepto autónomo de «trabajador» propio del Derecho de la Unión Europea.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia de MurciaEl calor no justifica cambiar por jornada partida la jornada intensiva de verano del convenio: se confirma la multa de 3.000 eurosConvenios y conflictos colectivos04/05/2026
El convenio de empresas cosecheras de tomate, lechuga y otros productos agrícolas de la Región de Murcia fija, entre el 15 de mayo y el 31 de agosto, una jornada intensiva de 7 horas de trabajo efectivo como máximo, salvo que la empresa y el comité pacten otra cosa. Una empresa agrícola la aplicaba en una de sus fincas, pero en sus invernaderos del Campo de Cartagena mantenía la jornada partida. La Inspección levantó acta por infracción grave del art. 7.10 LISOS y la autoridad laboral impuso 3.000 euros. La empresa alegó que había pactado la medida con la representación de los trabajadores y que la jornada partida era una medida preventiva frente al estrés térmico, porque evitaba las horas centrales del día.
El tribunal desestima la demanda. No consta un acuerdo escrito con el comité, anterior al verano y referido a esos invernaderos: el acta de agosto de 2022 solo acredita que la jornada intensiva se limitó a una finca, y el Comité de Seguridad y Salud no puede sustituir al órgano al que el convenio encomienda pactar la jornada. La jornada intensiva tampoco puede vaciarse convirtiéndola en cualquier reparto de 7 horas con una interrupción larga. Si la empresa creía que la jornada del convenio era peligrosa por el calor, debía acreditarlo técnicamente y articular una adaptación válida, pero no aportó pericial ni testifical. Como la infracción es de relaciones laborales y no preventiva, no hacían falta mediciones térmicas por finca. La graduación en grado medio según la cifra de negocios (arts. 39.2 y 39.6 LISOS) es correcta y, por la cuantía, no cabe suplicación. Para el despacho: cualquier excepción a la jornada del convenio debe quedar pactada por escrito, con el órgano competente y antes de aplicarla.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia de ValladolidEl registro de jornada desmonta una multa por vulnerar la desconexión digital: las llamadas se hicieron cuando el trabajador ya había fichadoInspección de Trabajo y procedimiento04/05/2026
La Inspección de Trabajo impuso a una empresa una multa de 3.000 euros por vulnerar el derecho a la desconexión digital, a raíz de dos llamadas a un trabajador a las 7:49 y 7:53, cuando su turno empezaba teóricamente a las 8:00. La empresa impugnó la sanción y acreditó con el registro de jornada que ese día había fichado a las 7:48:40, que era habitual que empezara y terminara con flexibilidad horaria y que, tras un requerimiento previo de la Inspección, había firmado un acuerdo de desconexión con la representación legal.
El Tribunal de Instancia de Valladolid anula la multa. Las llamadas se hicieron cuando el trabajador ya había iniciado su jornada efectiva, y la desconexión digital debe valorarse atendiendo al tiempo de trabajo efectivo y no solo al horario teórico previsto. El registro de jornada, que suele usarse contra la empresa, se convierte aquí en su principal prueba de descargo.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoCabe sancionar por infracción muy grave aunque el empresario desconociera que el trabajador cobraba el paroInspección de Trabajo y procedimiento04/05/2026
Un empresario individual fue sancionado por la Inspección de Trabajo tras una visita a su centro de trabajo, al detectarse que tenía a un trabajador de alta pese a que este percibía simultáneamente prestación por desempleo.
El Tribunal Supremo desestima su recurso de casación para la unificación de doctrina, con condena en costas de 1.800 €, y confirma la sentencia del TSJ de Madrid, avalando la sanción por infracción muy grave conforme a la LISOS aunque el empresario alegara ignorar la situación de desempleo del trabajador.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia de A CoruñaUna jugadora amateur que solo recibe compensación de gastos no es trabajadora: se anula la multa de 18.001,50 euros a un club por ocupar a una perceptora de desempleoInspección de Trabajo y procedimiento30/04/2026
La Inspección sancionó a un club de hockey de A Coruña con 18.001,50 euros (12.001 euros incrementados un 50 %) por la infracción muy grave del art. 23.1 a) LISOS: dar ocupación sin alta previa a una persona que cobraba la prestación por desempleo, incompatible con el trabajo por cuenta ajena. Se trataba de una jugadora del club. Además, la Inspección ordenó su alta de oficio y la de otras jugadoras, decisión que el club recurrió ante la jurisdicción contenciosa. La jugadora entrenaba unas seis u ocho horas semanales y el club le facilitaba alojamiento, un vehículo (con combustible y peajes a su cargo), la ropa deportiva y un abono deportivo.
El tribunal estima la demanda y deja sin efecto la sanción. Lo que separa al deportista profesional del amateur, conforme al RD 1006/1985, es la existencia de una verdadera retribución, y aquí solo consta una compensación de gastos propia de una jugadora aficionada, sin contrato ni oferta laboral aceptada. Sin relación laboral no había obligación de alta ni incompatibilidad con el desempleo. Además, que el empresario sepa que la persona cobra la prestación es un elemento del tipo, y no se probó. La resolución también era desproporcionada: el incremento del 50 % del art. 40.1 e) LISOS, previsto cuando hay cinco o más trabajadores afectados, se apoyó en otras actas referidas a otras jugadoras, lo que vulnera el non bis in idem (art. 31 de la Ley 40/2015). Para los clubes y sus asesores: la clave es documentar que lo que se paga son gastos reales y no una retribución encubierta.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia de MurciaTrato humillante a las jugadoras de un equipo de fútbol femenino: club, entrenador y directora técnica pagan 8.000 euros a cada unaIgualdad, discriminación y derechos fundamentales27/04/2026
El entrenador de un equipo de fútbol femenino insultaba a sus jugadoras con comentarios sobre su peso y expresiones sexuales degradantes, y llamó drogadicta a una de ellas delante del resto. La directora técnica llevó a esa jugadora al vestuario y le dijo que no saldría hasta orinar en una botella recortada para un supuesto control antidopaje. El sindicato FUTPRO denunció los hechos; el club activó su protocolo interno y archivó el expediente, pero la Inspección de Trabajo entrevistó a la plantilla, hizo un cuestionario anónimo, levantó acta de infracción por vulneración de la dignidad y propuso una sanción de 30.001 euros. Cuatro jugadoras demandaron por tutela de derechos fundamentales.
El Tribunal de Instancia de Murcia comparte el criterio de la Inspección y constata un trato humillante y degradante incompatible con el derecho fundamental a la dignidad de las trabajadoras. La exigencia competitiva del deporte profesional no ampara estas conductas. Condena solidariamente al club, al entrenador y a la directora técnica a indemnizar con 8.000 euros a cada una de las cuatro jugadoras.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa infracción por contratar a un beneficiario de prestaciones incompatibles requiere conocimiento del empleadorInspección de Trabajo y procedimiento23/04/2026
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres levantó acta de infracción a una empresa por contratar a una persona beneficiaria de prestaciones incompatibles con el empleo, sin que constara previamente el alta correspondiente.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del Ministerio de Trabajo y Economía Social y confirma la sentencia del TSJ de Extremadura, exigiendo que el empleador conociera esa incompatibilidad de prestaciones para poder ser sancionado conforme al régimen del derecho administrativo sancionador.
Ver la ficha completa →TSJ GaliciaAnulada multa de la ITSS de 30.000 € a un club deportivoInspección de Trabajo y procedimiento21/04/2026
Un club deportivo de A Coruña impugnó un acta de infracción de la Inspección de Trabajo relacionada con el pago de salarios a las deportistas de su equipo femenino de hockey, cuya relación se cuestionaba bajo el régimen laboral especial de los deportistas profesionales.
El Juzgado de lo Social anuló la sanción y el TSJ de Galicia desestima el recurso de suplicación del Abogado del Estado, confirmando la anulación de la multa de 30.000 € impuesta al club.
Ver la ficha completa →Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso)Inviolabilidad del domicilio social frente a una actuación de la ITSS sin autorización judicialInspección de Trabajo y procedimiento14/04/2026
El 23 de octubre de 2024, inspectores de trabajo, con auxilio de la Policía Nacional, accedieron sin autorización judicial ni consentimiento del titular a una nave industrial en Foios (Valencia) que era simultáneamente el domicilio social y el centro de trabajo de la empresa Francisco Ballester S.L., sin llegar a practicar registro ni incautar documentación.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación de la empresa, anula la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana y declara contraria a derecho esa actuación por la vía de hecho: la inviolabilidad del domicilio social también ampara a las personas jurídicas frente a entradas sin la debida cobertura legal o judicial, y la exigencia de autorización judicial nace ya con la mera entrada, con independencia de que después se practique o no registro o incautación, salvo que exista una separación física clara entre domicilio social y centro de trabajo y la actuación se limite expresamente a este último.
Ver la ficha completa →Tribunal de Instancia de AlbaceteNo hay cesión ilegal en el reparto subcontratado por Correos: el Tribunal de Instancia de Albacete anula las sanciones de la InspecciónInspección de Trabajo y procedimiento10/04/2026
La Inspección de Trabajo sancionó a Correos con 10.000 € y a la contratista One Motion con 7.501 € por cesión ilegal de trabajadores en el servicio de reparto, infracción muy grave del art. 8.2 LISOS. Ambas empresas impugnaron las sanciones. En el juicio quedó acreditado que los repartidores empezaban y terminaban la jornada en las instalaciones de One Motion, recogían allí la furgoneta y la PDA y recibían instrucciones solo de su empresa, que organizaba rutas, horarios, vacaciones, sustituciones e incidencias, tenía vehículos, supervisores y poder disciplinario propios y trabajaba para otros clientes. Correos se limitaba a entregar los paquetes y verificar el resultado.
El Tribunal de Instancia revoca las dos sanciones al considerar que existía una subcontratación lícita. Para distinguirla de la cesión ilegal hay que analizar quién organiza el trabajo, distribuye tareas, concede vacaciones y permisos, ejerce el poder disciplinario y asume el riesgo empresarial, y si la contratista tiene medios y estructura propios. Las PDA servían para acreditar la correcta ejecución del servicio contratado, no para dirigir la prestación de los repartidores. La clave no es quién encarga el servicio, sino quién ejerce realmente las facultades empresariales; no toda coordinación entre principal y contratista supone cesión ilegal.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoLa dirección algorítmica de la contratista puede implicar cesión ilegal de trabajadoresInspección de Trabajo y procedimiento27/03/2026
Una empresa de mensajería internacional (DHL) y varias contratistas de mensajería subcontratadas impugnaron actas de infracción de la Inspección de Trabajo relacionadas con la organización del servicio de reparto.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de las contratistas y estima parcialmente el de la empresa principal, casando en parte la sentencia del TSJ de Cataluña, en un pronunciamiento relevante sobre cómo el control ejercido por la empresa principal a través de la dirección algorítmica del servicio puede evidenciar, pese a la apariencia de subcontratación, una cesión ilegal de trabajadores.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo declara que Grupo SADA es la verdadera empleadora de los trabajadores encubiertos como socios cooperativistas de ServicarneInspección de Trabajo y procedimiento25/03/2026
En un procedimiento de oficio, se plantea si Grupo SADA P.A. es la verdadera empleadora de las personas que prestan servicios en sus instalaciones bajo la formal condición de socios cooperativistas de la cooperativa de trabajo asociado Servicarne, en el marco de las actuaciones dirigidas a esclarecer situaciones de cooperativismo aparente en el sector cárnico.
El Tribunal Supremo confirma que existe una verdadera relación laboral entre Grupo SADA y estas personas, al apreciar que la cooperativa interpuesta carece de sustantividad propia y que es la empresa cliente quien realmente organiza, dirige y controla la prestación de servicios, en línea con la doctrina que la Sala viene consolidando frente al uso fraudulento de cooperativas de trabajo asociado para encubrir relaciones laborales.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla-La ManchaUna cooperativa sin estructura real servía para encubrir como falsos autónomos a los trabajadores de su único clienteInspección de Trabajo23/02/2026
Un trabajador prestaba servicios para la empresa Secalsa a través de una cooperativa de Castilla-La Mancha, figurando dado de alta como autónomo en el RETA. Una actuación de la Inspección de Trabajo de septiembre de 2020 constató que la cooperativa carecía de estructura organizativa real, que Secalsa era su único cliente y que ejercía un control total sobre horarios, supervisión y disciplina del trabajador.
La Sala estima el recurso y deja sin efecto las resoluciones administrativas impugnadas: aplicando la doctrina del levantamiento del velo, concluye que la cooperativa era un mecanismo fraudulento para eludir las protecciones laborales y que la relación laboral real con Secalsa existía desde marzo de 2017, reconociendo el derecho del trabajador a la devolución de 12.049,05 euros de cuotas de autónomo indebidamente abonadas.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo confirma la caducidad de las actuaciones previas de la Inspección de Trabajo frente a una plataforma VTCInspección de Trabajo y procedimiento03/02/2026
Una plataforma de VTC impugnó una sanción de la Generalitat de Catalunya, alegando la caducidad de las actuaciones comprobatorias previas practicadas por la Inspección de Trabajo antes de la incoación del procedimiento sancionador.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación de la Generalitat y confirma la sentencia del TSJ de Cataluña, favorable a la empresa, fijando doctrina sobre el plazo de caducidad de dichas actuaciones comprobatorias.
Ver la ficha completa →TSJ AsturiasDespido nulo por vulneración de derechos fundamentalesIgualdad, discriminación y derechos fundamentales27/01/2026
Una dependienta-vendedora impugnó su despido alegando vulneración de la garantía de indemnidad, tras haber intervenido en una actuación de la ITSS, y consideró que el cese constituía una represalia empresarial.
El TSJ de Asturias desestima el recurso de suplicación de la empresa y confirma la sentencia de instancia, favorable a la trabajadora, al no haber acreditado la empresa una causa ajena a toda represalia.
Ver la ficha completa →Audiencia NacionalLa Audiencia Nacional anula una multa de 90.009 € a una ETT por falta de competencia estatal para sancionarInspección de Trabajo y procedimiento09/12/2025
Una empresa de trabajo temporal recurrió una sanción de 90.009 € impuesta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social por obstrucción a la labor inspectora, cuestionando la competencia estatal para imponerla.
La Audiencia Nacional estima la demanda de la empresa y revoca la resolución sancionadora, dejando sin efecto la multa, al apreciar que la competencia sancionadora correspondía a la Administración autonómica.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl registro de un plan de igualdad opera por silencio administrativo positivo si la Administración no resuelve en tres mesesIgualdad y no discriminación17/09/2025
Singular Bank presentó su I Plan de Igualdad, negociado por una comisión ad hoc ante la ausencia de representación legal de los trabajadores en varios de sus centros, para su registro en REGCON el 28 de marzo de 2022. La autoridad laboral formuló dos requerimientos de subsanación fuera de plazo y finalmente dictó, ya transcurridos más de tres meses, una resolución denegatoria de la inscripción por entender que el plan debía haberse negociado con intervención sindical conforme al art. 5.3 del RD 901/2020. El TSJ de Madrid dio la razón al banco, declarando que había operado el silencio administrativo positivo y ordenando su registro; el Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Trabajo, recurrió en casación.
El Tribunal Supremo desestima el recurso y confirma la sentencia. Por un lado, reitera su doctrina consolidada de que, cuando existe un bloqueo negocial o negativa a negociar imputable a los sindicatos legitimados —como ocurrió aquí, pese a las convocatorias reiteradas de la empresa—, es válido que un plan de igualdad se apruebe sin intervención de la representación sindical, con carácter provisional y registrable. Por otro, confirma que el plazo de tres meses para resolver sobre el registro de un plan de igualdad opera conforme al régimen general de silencio administrativo positivo de la Ley 39/2015, de modo que una resolución denegatoria dictada fuera de ese plazo carece de eficacia jurídica y el plan debe entenderse estimado e inscribible.
Ver la ficha completa →TSJ Castilla-La ManchaConfirmada la sanción de 10.001 € por simular unas prácticas para encubrir el empleo no dado de alta de la nuera del titular de un barInspección de Trabajo y procedimiento17/07/2025
En una visita de la ITSS a un bar, los inspectores identificaron en la barra a una mujer vestida como el personal y contando monedas, que manifestó ser nuera del titular y no trabajar allí; el titular, en cocina, declaró que era su primer día en prácticas y que el alta estaba en trámite en la asesoría. Citada la empresa para aportar contratos, nóminas y registro de jornada, el asesor reconoció que tenía la documentación de alta de la mujer pero que no la había tramitado por orden expresa del titular. La consulta a la TGSS reveló que la mujer no estaba dada de alta y que, además, cobraba prestación por desempleo desde meses antes. La Inspección levantó acta de infracción muy grave del art. 23.1.a) LISOS, con propuesta de sanción de 10.001 €, confirmada en vía administrativa y en el recurso de alzada.
El titular demandó la nulidad de la resolución sancionadora alegando vulneración de la presunción de inocencia y falta de prueba suficiente de la relación laboral. El TSJ de Castilla-La Mancha recuerda que las actas de la ITSS gozan de presunción de certeza (Ley 23/2015, RD 928/1998 y RDL 5/2000) como prueba documental pública con presunción iuris tantum, si bien su valor probatorio se limita a los hechos constatados o deducibles por el inspector, no a sus valoraciones; el juez puede valorar el conjunto probatorio, pero aquí el acta no quedó desvirtuada. La mujer fue vista vestida como el personal realizando actos propios de una jornada laboral, el propio asesor de la empresa corroboró que la documentación de alta no se había tramitado por orden del titular, y quedó acreditado que percibía prestación por desempleo desde antes de esos hechos. El recurso se desestima y se confirma la sanción de 10.001 €.
Ver la ficha completa →TSJ Comunidad ValencianaConfirmada una liquidación de 6,4 millones de euros a Engel & Völkers por encubrir 549 falsos autónomos mediante muestreo estadísticoInspección de Trabajo17/06/2025
La Inspección de Trabajo levantó un acta de liquidación contra EV MMC Spain SLU (Engel & Völkers) por no afiliar al Régimen General de la Seguridad Social a 549 consultores inmobiliarios que prestaban servicios formalmente como agentes comerciales autónomos entre noviembre de 2018 y mayo de 2023, por un importe de 6.417.614,48 euros.
La Sala desestima el recurso de la empresa y confirma la resolución administrativa, considerando acreditada la relación laboral por cuenta ajena pese a la cobertura mercantil: la empresa organizaba las zonas de venta y fijaba las comisiones de los consultores, un control típico de la relación laboral. La sentencia es pionera al validar expresamente la técnica del muestreo estadístico como método de prueba para extender las conclusiones investigadas a la totalidad del colectivo afectado.
Ver la ficha completa →TSJ Comunidad ValencianaLa ITSS destapa una relación laboral encubierta bajo la figura de «becarios»Inspección de Trabajo y procedimiento11/04/2025
A raíz de un acta de infracción de la Inspección de Trabajo, la Tesorería General de la Seguridad Social reclamó que se declarase la naturaleza laboral de la relación de dos «becarios» con una consultora de asesoramiento empresarial.
El Juzgado de Alicante estimó la demanda y el TSJ de la Comunidad Valenciana desestima el recurso de suplicación de la empresa, con condena en costas de 600 €, confirmando la naturaleza laboral de la relación.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoSancionar administrativamente a la empresa y condenar penalmente al administrador por no dar de alta a trabajadoras no vulnera el non bis in idemInspección de Trabajo y procedimiento05/06/2024
Una empresa no dio de alta en la Seguridad Social a 30 trabajadoras; el administrador de la sociedad fue condenado penalmente por delito contra los derechos de los trabajadores, y la empresa recurrió después la sanción administrativa por los mismos hechos alegando non bis in idem.
El Tribunal Supremo descarta la vulneración al no existir identidad de sujetos entre la condena penal (dirigida al administrador) y la sanción administrativa (dirigida a la empresa), aplicando el triple test de identidad (sujeto, hecho, fundamento) del Tribunal Constitucional.
Ver la ficha completa →Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo confirma una sanción de 130.000 euros a una empresa agrícola que no identificó a 13 trabajadores que huyeron durante una inspecciónInspección de Trabajo04/04/2024
Durante dos visitas consecutivas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a una finca de cultivo y recolección de fresas en Huelva, realizadas el mismo día, varios trabajadores abandonaron los carros de recogida de fruta y huyeron del lugar sin poder ser identificados: en la primera visita, a las 12:20 horas, y de nuevo en una segunda visita a las 13:02 horas. En total, la empresa no pudo identificar a trece de los trabajadores que se dieron a la fuga pese a los requerimientos de los inspectores actuantes.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la empresa y confirma la sanción de 130.000 euros por una infracción muy grave de obstrucción a la labor inspectora: la conducta de la empresa constituyó una obstrucción grave a la comprobación de la situación de alta en la Seguridad Social de los trabajadores, ya que no ofreció ninguna explicación de la situación «anómala y extraordinaria» de que los trabajadores huyeran en dos ocasiones el mismo día, ni los identificó por ningún otro medio o registro pese a haber sido advertida de que podía incurrir en obstrucción.
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Crónica de Jurisprudencia del Tribunal Supremo
El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo elabora cada año esta crónica con las sentencias más relevantes de todas sus Salas. En la página del CGPJ están todas las ediciones publicadas, desde la de 2016-2017 hasta la de 2025-2026.